Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el fallo impugnado únicamente en relación a la distribución de costas en la presente incidencia, las que se imponen por su orden, en todas las instancias (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado a fs. 942/943 se restituirá al interesado (art. 293, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.136, "Bonino, José Luis contra Casanovas, María Andrea. Cumplimiento de contratos civiles y comerciales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la decisión anterior que, en etapa de ejecución de sentencia, rechazó -por extemporáneo- un pedido de reducción de importe de cláusula penal formulado por la demandada (v. fs. 885 y 902/907).
El actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 911/932).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Para una mejor comprensión de la temática traída a juzgamiento, conviene efectuar un breve repaso de los antecedentes del caso. Veamos:
I.1. Con base en el boleto de compraventa inmobiliaria suscripto el 24 de mayo de 2007 -obrante a fs. 46/49- José Luis Bonino demandó a María Andrea Casanovas por escrituración, pago de multa por incumplimiento contractual y daños y perjuicios (v. fs. 87/101).
El juez de la instancia de origen hizo lugar a la demanda de escrituración y emplazó a la vencida a otorgar la respectiva escritura traslativa de dominio, bajo apercibimiento de ser suscripta por su parte. En caso de imposible cumplimiento, dispuso que tal obligación se resolviera en una indemnización de daños y perjuicios. Correlativamente, ordenó que en dicho acto escriturario el actor pagara la cuota correspondiente al saldo de precio pactada en el boleto y la demandada el importe devengado por la cláusula penal estipulada, computándose esta desde el día en que la escrituración debió tener lugar hasta el momento de su efectiva concreción. Por otro lado, rechazó el reclamo adicional de daños y perjuicios. Impuso las costas al vencido en cada acción (v. fs. 610/615 vta. y aclaratoria de fs. 620).
I.2. Apelada por ambas partes, la señalada decisión fue confirmada por la Cámara (v. fs. 653/662 vta.).
Para así decidir, consideró el tribunal que la escrituración había sido pactada a un plazo expreso y cierto de sesenta días y no a una condición suspensiva, tal como lo venía postulando la demandada apelante (v. fs. 654/658 vta.).
Por otro lado, y en cuanto a la compensación de deudas (entre el saldo de precio adeudado y el importe resultante de liquidar la cláusula penal) cuya supuesta omisión en la sentencia de primera instancia agraviara al actor, ponderó que a tenor de lo preceptuado por el derecho común (art. 818, Cód. Civ.), aquella habría de tener lugar naturalmente en la etapa de ejecución de sentencia, oportunidad en la que se habrían de efectuar las cuentas correspondientes (v. fs. 659/660).
A renglón seguido, confirmó el rechazo de la reclamada indemnización de daños y perjuicios de fuente legal, más allá de la reconocida en concepto de cláusula penal (v. fs. 660/661 vta.).
I.3. Frente a este último pronunciamiento, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 665/669 vta.), cuya deserción fue declarada por esta Corte (v. fs. 713/715).
I.4. Interpuesto por la interesada un recurso extraordinario federal (v. fs. 721/723), este fue, a su vez, rechazado liminarmente por este Tribunal (v. fs. 726 y vta.).
I.5. Ya en etapa de ejecución de sentencia, y debido a una diversa inteligencia del sentido y alcance de la sentencia de fondo, ambas partes se imputaron recíprocamente su incumplimiento, dando lugar a una serie de actuaciones (v. fs. 738 y sigs.).
Ante tal contrapunto, el juzgado de primera instancia interviniente resolvió que el actor practicase liquidación de la cláusula penal por el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2007 y el 19 de mayo de 2008, único en el que, de acuerdo al informe presentado a fs. 829 por el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, no se encontraba inhibido para disponer de sus bienes y, por ende, para garantizar con hipoteca el saldo de precio del modo en que se lo había previsto en el boleto. Eventualmente decretada la compensación judicial entre esa cuantía arrojada por la liquidación y el precio adeudado, ordenó -a su vez- que la venta se escriturara en un plazo de treinta días (v. fs. 841/843 vta.).
I.6. Apelada por el actor la decisión, esta fue modificada por la Cámara respecto del periodo considerado para el cómputo de la multa, estableciéndolo entre el 23 de julio de 2007 y el 13 de noviembre de 2013. Para así decidir, ponderó que, conforme emergía del acta notarial de fs. 774/779, la escrituración prevista para esta última fecha se había frustrado por la inhibición que pesaba sobre el actor, cesando -en consecuencia- a partir de entonces la mora de la demandada en cuanto a su obligación de escriturar (v. fs. 864/867 vta.).
I.7. Practicada por el interesado la liquidación de tal modo ordenada (v. fs. 872 y vta.), la accionada contestó el respectivo traslado y solicitó su reducción a un límite razonable. Explicó que el actor había abonado 1/7 parte del valor del inmueble y que gozaba de su posesión desde el año 2007 a la actualidad, inclusive explotándolo comercialmente. Subrayó que la liquidación arrojaba un resultado contrario a la justicia y equidad que debía primar en toda relación jurídica, ya que permitiría al actor no solo adueñarse del inmueble tras haber pagado una ínfima fracción de su valor, sino que además lo constituía en acreedor de una deuda dineraria adicional por la penalidad devengada. Con apoyo en jurisprudencia de esta Corte y de la propia Cámara, concluyó que la pretendida aplicación de la multa resultaba groseramente irrazonable, prescindente de la realidad económica y evidentemente desproporcionada, violentando los arts. 953 y 1.071 del Código Civil (v. fs. 874/875).
Sustanciado el planteo, este fue rechazado por extemporáneo, a tenor de la firmeza adquirida por la sentencia definitiva sobre el fondo (v. fs. 885).
I.8. Apelado este último rechazo, el Tribunal de Alzada lo revocó, considerando justo, equitativo y proporcional a los perjuicios sufridos por el actor -desde la mora hasta el 13 de noviembre de 2013- que la multa pactada fuera reducida a un importe que no podía exceder el 25% del saldo de precio de la compraventa. Impuso las costas de la incidencia al actor (v. fs. 902/907).
Para así concluir, puso de relieve que la posibilidad de revisar multas fijadas por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada -tal la hipótesis de autos- había sido reiteradamente receptada por esta Suprema Corte (causa C. 120.695, "Richieri", sent. de 30-V-2018; v. fs. 903/904 vta.).
Seguidamente, puntualizó que en el caso el daño indemnizable mediante la cláusula penal en cuestión respondía a una inejecución parcial y no dolosa del contrato y que las llaves del inmueble habían sido consignadas el 24 de junio de 2007 (v. fs. 905 y vta.).
Asimismo, precisó que el actor había abonado solo $100.000 del precio de venta cuyo saldo impago ascendía a igual cantidad en pesos al momento de escriturar y USD 162.500 en cuotas, con garantía hipotecaria (v. fs. 905 vta.).
Por otro lado, puso de resalto que conforme fuera resuelto por la propia Cámara a fs. 864/868 vta., la accionada había demostrado su voluntad de escriturar en el frustrado acto (v. fs. 774/779), el que no fue llevado a cabo por encontrarse el actor inhibido para disponer de sus bienes (v. fs. cit.).
Finalmente, destacó que en esa sentencia también se había dicho, confirmando un aspecto resuelto en primera instancia que no había sido objeto de agravio por parte del actor, que la compensación pretendida por el mismo resultaba inviable en la medida en que no hubiera una decisión judicial que la decretase (v. fs. cit.).
En razón de estos elementos de juicio, consideró que el especial supuesto de autos habilitaba la reducción de la multa, ya que la liquidación practicada por el actor quebraba toda norma de razonabilidad -al resultar en la compensación de todo el saldo de venta, y constituir a la vez a la demandada vendedora en deudora por $310.000-, tornándose tal penalidad en absolutamente desproporcionada a los perjuicios que correspondía resarcir (v. fs. 905 vta. y 906).
En este sentido, hizo notar que, considerando la cotización actualizada de la divisa extranjera, la multa pactada convertida a dicha moneda no superaría el 23% del valor del saldo de venta. A la par, comparada con la valuación fiscal, no superaría su 35% (v. fs. cit.).
II. Contra esta decisión se alza el actor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la errónea aplicación de doctrina legal de esta Corte relacionada con los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y 242, 266 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial. Aduce quebrantados los principios de cosa juzgada y congruencia, así como los arts. 166, primera parte y 68 del citado digesto adjetivo. Subsidiariamente, solicita incremento de la multa e imposición de costas por su orden. Reitera reserva del caso federal (v. fs. 911/932).
Principalmente, y en cuanto a la vulneración de la cosa juzgada, aduce que la liquidación de la multa conforme los términos del boleto fue un tópico juzgado, consentido y firme, en función del derrotero procesal que describe. De allí que la morigeración estimada por la Cámara en la fase de ejecución de sentencia, modificando la suma de tal modo establecida, quebrantó el mencionado instituto (v. fs. 919/923).
De otro lado, respecto de la denunciada incongruencia por extralimitación, argumenta que la reducción de la cláusula penal no fue un capítulo propuesto en la contestación de la demanda ni al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia (del 28 de agosto de 2009), por lo que la decisión del Tribunal de Alzada ahora recurrida, en la medida en que se hizo eco de tal pretensión ajena, a su entender, a la traba de la litis, dejó a su parte sin oportunidad de un efectivo ejercicio de contradicción y defensa, quebrándose así el debido proceso (v. fs. 923/924 vta.).
III. La impugnación prospera en forma parcial.
III.1. Liminarmente, cabe decir que la crítica esgrimida en razón de una alegada violación de la cosa juzgada no es de recibo, en la medida en que más allá de precisar el sentido y alcance del instituto de la cosa juzgada -abonando el concepto con cita de doctrina y jurisprudencia- y de postular que la estimación de la morigeración de la cláusula penal por parte de la Cámara implicó una infracción al respectivo principio (v. fs. cit.), lo cierto es que el recurrente guarda absoluto silencio respecto de los motivos excepcionales que guiaron la contrapuesta decisión del juzgador.
En concreto, ninguna mención efectúa el impugnante respecto de la exorbitancia o grosera desproporción ponderada entre el importe resultante de la liquidación de la multa practicada por el actor, en cotejo con el daño resarcible. Tampoco expone crítica alguna sobre los criterios jurisprudenciales dimanados del precedente de esta Corte C. 120.695, "Richieri" (sent. de 30-V-2018, y demás referencias allí efectuadas), que el juzgador evocó especialmente, considerándolos aplicables al presente.
La protesta, en suma, se desentiende de los motivos concretos y puntuales tenidos en cuenta por el juzgador en orden a fundar la decisión.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que la crítica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo es un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante en vía extraordinaria, por lo cual resulta insuficiente la que, como en el caso, deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos sobre los que aquella se asienta (conf. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 122.006, "Rodríguez", sent. de 11-VIII-2020; C. 123.496, "Cohen", sent. de 19-IV-2021; entre muchas).
III.2. Seguidamente, cabe decir que tampoco resulta objetable la sentencia desde la perspectiva crítica que se formula por incongruencia por extralimitación.
Sin perjuicio de la cuestión relativa a si la demandada planteó la morigeración de la cláusula penal en las oportunidades procesales correspondientes, lo cierto es que, conforme doctrina de esta Suprema Corte, la facultad judicial de reducir multas convencionales excesivas o abusivas consagrada en el art. 656 del Código Civil puede ser ejercida de oficio cuando tal defecto aparezca manifiesto (conf. doctr. causas Ac. 16.353, "Celulosa Carhué S.A.", sent. de 16-III-1971; Ac. 41.880, "Consul", sent. de 4-XII-1990; Ac. 70.487, "Avolio", sent. de 7-II-2001; C. 120.055, "D'archivio", sent. de 23-XI-2016 y C. 120.695, "Richieri", sent. de 30-V-2018; v. asimismo: CNCiv., Sala C, LL 1991-B-354, Sala B, LL 96-587, Sala D, ED 67-490; CNCom., sala A, LL 1990-C-356).
Siendo que esta especial manifestación ha sido puesta de relieve por la Cámara, en aspecto que no logra el impugnante refutar -conforme se ha visto en el acápite que precede-, la suerte adversa de este segundo tramo de la protesta queda, sin más, sellada.
III.3. No mejor destino ha de correr la pretensión subsidiaria de incremento del porcentual establecido como límite para el cómputo de la penalidad (v. fs. 927/929).
Al respecto, cabe observar que, más allá del evidente disgusto manifestado en razón del guarismo porcentual resuelto, el recurrente no aporta elemento de análisis o ponderación alguna que justifique el aumento pretendido, máxime cuando nos encontramos ante una típica cuestión de hecho privativa de las instancias de mérito, solo revisable en esta fase mediante condigna denuncia y demostración de absurdo.
Es que la idea de la penalidad estipulada de antemano como sustitutiva de los daños y perjuicios por incumplimiento del contrato, la pena resuelta por el fallo de primera instancia en los términos del boleto, así como la dilación temporal en la escrituración y el entorpecimiento procesal atribuidos a la vendedora -argumentos que el recurrente esgrime como motivación de esta parcela de la crítica- (v. fs. cit.), no portan una concreta denuncia de absurdo en lo concerniente ni tampoco lo demuestran, exhibiéndose en definitiva como una simple disconformidad con lo resuelto.
Sabido es que discrepar con las decisiones de la sentencia -tal como en el caso- no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. doctr. causas C. 93.144, "Balaguer", sent. de 9-VI-2010; C. 120.316, "Calfin", sent. de 22-VI-2016; C. 120.608, "Buisart", sent. de 21-II-2018 y C. 122.613, "Badano", sent. de 21-VIII-2020).
III.4. Finalmente, corresponde estimar el agravio expresado -en subsidio- por la imposición de costas (v. fs. 929/931).
Tal como lo puntualiza el recurrente, el caso exhibe concretas y objetivas razones por las que bien pudo considerarse con razón para litigar en la presente incidencia (conf. doctr. art. 68 segundo párrafo, CPCC).
En efecto, la liquidación de la multa fue presentada por el interesado de acuerdo a los parámetros fijados por la sentencia de fondo firme y consentida y su cálculo no fue objetado. Por otro lado, la morigeración de la multa fue resuelta por la Cámara en el marco de un contrapunto especial y excepcional.
En tales condiciones, no parece razonable aplicar -sin más- el consabido principio general de la derrota objetiva. Por el contrario, la distribución de costas en el orden causado -solicitada en el recurso- se exhibe como una solución más justa en términos de responder por las respectivas erogaciones.
IV. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida por los distinguidos colegas, corresponderá estimar el presente recurso extraordinario en forma parcial y revocar el fallo impugnado únicamente en relación a la imposición de costas en la presente incidencia, las que se imponen por su orden, en todas las instancias (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, haciéndose lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca el fallo impugnado únicamente en relación a la distribución de costas en la presente incidencia, las que se imponen por su orden, en todas las instancias (arts. 68, 69, 274, 279 y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado a fs. 942/943 se restituirá al interesado (art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SC 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:31:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:12:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:56:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 18:09:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 15:08:25 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/06/2022 14:09:39 hs. bajo el número RS-9-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia