Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126542
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída (art. 292, CPCC), con costas.
C. 126.542 "UGROTTE LUIS ANÍBAL C/ FRANCO MARCELO EDUARDO Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
I. En el marco de un juicio sobre cumplimiento de contrato, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda promovida por Luis Aníbal Ugrotte contra Marcelo Eduardo Franco y Alicia Edith Franco, condenando a la parte accionada a abonar, en concepto de pretensión por mejoras, la suma de cinco millones de pesos, más intereses. Seguidamente, rechazó la reconvención planteada por los demandados, con costas (v. sent. de 29-IX-2021).
Apelada la decisión por ambas partes, a su turno, la Cámara de Apelación del fuero departamental modificó el fallo dictado en la instancia de origen. En tal sentido, redujo el monto de la indemnización por mejoras que fuera reconocida a favor del actor e hizo lugar a la reconvención por daños y perjuicios deducida por los accionados. Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado (v. sent. de 17-V-2022).
Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 6-VI-2022). El Tribunal de Alzada concedió ambas vías y otorgó un plazo improrrogable de tres meses a fin de que el recurrente acreditara la concesión del beneficio de litigar sin gastos, bajo apercibimiento de declarar desierta la de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 28-VI-2022). Luego, tras verificar que pese al tiempo transcurrido no se había demostrado en autos la obtención de dicha franquicia, el órgano declaró desierto el remedio en cuestión (v. resol. de 2-V-2023).
Ello motivó la presentación de una queja ante esta sede (v. escrito electrónico de 10-V-2023), la que fue agregada a los autos principales (v. proveído de 12-V-2023).
II. Con relación a la vía anulativa que llega concedida, cabe recordar que este Tribunal tiene reiteradamente dicho que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 124.115, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 31-III-2021 y C. 125.216, "Marinucci", resol. de 10-VIII-2022).
En el caso, si bien en el recurso incoado se citan los arts. 168 y 171 de la Constitución local, de su desarrollo impugnativo no se advierten agravios sustentados en el contenido normativo de dichos preceptos. Así, en apoyo de la nulidad pretendida, el accionante esgrime argumentos sobre presuntos errores de juzgamiento, denunciando arbitrariedad y la supuesta violación del principio de congruencia. Tales planteos constituyen, en rigor, un cuestionamiento al acierto de la decisión atacada y resultan ajenos al remedio intentado, pues son propios del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.323, "Vargas", resol. de 18-IX-2019; C. 124.663, "Montenegro", resol. de 29-VI-2021; C. 124.967, "Safe", resol. de 24-VIII-2021; C. 124.247, "Fuentes", resol. de 30-IX-2021; C. 124.259, "Sarraille", resol. de 12-XI-2021 y C. 126.619, "Galeano", resol. de 13-IX-2023).
En tales condiciones, cabe concluir que la impugnación extraordinaria de nulidad resulta inadmisible y ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC; doctr. causas cits.).
Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.725, "Vera", resol. de 11-V-2020; C. 125.158, "Torreta", resol. de 18-XI-2021 y C. 125.985, "Ávalo", resol. de 5-IV-2023).
III. Pasando a analizar el recurso de hecho traído, cabe recordar que el término de tres meses otorgado por la Cámara, coincidente con el establecido por esta Corte en el precedente Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002), se fijó por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios a fin de la obtención del beneficio de litigar sin gastos definitivo (conf. doctr. causas C. 107.150, "Nenicka", resol. de 28-IV-2010; C. 105.147, "Tomassini", resol. de 30-III-2011; C. 121.411, "Fleitas Torres", resol. de 12-IV-2017; C. 121.791, "L. Y. V.", resol. de 27-VI-2018; C. 124.280, "Selser", resol. de 8-VI-2021 y C. 126.141, "Eandi Eberle", resol. de 29-IX-2023).
En el caso, el impugnante no ha cumplido con el emplazamiento a acreditar el otorgamiento de dicha franquicia en el lapso acordado a tal fin, el que -por lo demás- no fue cuestionado en su oportunidad ante la Cámara. En tales circunstancias, la deserción decretada luego de vencido el plazo establecido resulta ajustada a derecho (conf. doctr. causas C. 116.532, "Berlari", resol. de 21-III-2012; C. 118.941 "Fisco de la Pcia. de Bs. As.", resol. de 18-VI-2014; C. 121.791 y C. 124.280, cits.; C. 124.236, "Piran", resol. de 4-V-2021).
A ello corresponde agregar que no se ha verificado tampoco en esta sede, en el alongado lapso de tiempo transcurrido desde el decreto de deserción (v. resol. de 2-V-2023), la comprobación de la finalización del aludido beneficio a cargo del impugnante (conf. causas C. 121.000, "Loredo Frias", resol. de 30-V-2018; C. 122.739, "Marcos", resol. de 17-X-2018; C. 123.014, "Mandrile y Aguirre S.A.", resol. de 28-VIII-2019; C. 123.481, "H. O., G. E.", resol. de 20-XI-2019 y C. 125.667, "Arena", resol. de 23-XI-2022).
Así, en el contexto descripto, las argumentaciones efectuadas en la presentación bajo estudio al alegar, entre otros aspectos, la existencia de actividad impulsoria desarrollada por su parte en el incidente y señalar que la demora en el trámite obedece a los planteos deducidos por la contraria y al retraso que implica notificar a la contraparte en extraña jurisdicción, resultan insuficientes para evidenciar el yerro en la resolución del Tribunal de Alzada que hizo efectivo el apercibimiento -claramente dispuesto al intimar al recurrente-, por no haberse satisfecho en el plazo fijado el emplazamiento a acreditar el beneficio en cuestión (art. 280, CPCC; conf. doctr. causas C. 124.280 y C. 125.667, cits.).
Finalmente, se pone de manifiesto que no se observan en el presente, conforme a las circunstancias reseñadas, los presupuestos que fundaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Font, Alberto Mario c/ Romero, Birilo s/ cobro hipotecario" -CSJ 580/2013 (49-F), sent. de 16 de junio de 2015- (conf. doctr. causas C. 120.644, "Díaz", resol. de 23-XI-2016; C. 121.151, "R., M. C.", resol. de 29-III-2017 y C. 123.806, "Leys", resol. de 27-V-2020).
En igual sentido, cabe observar que los precedentes de esta Corte que se citan en la queja en relación a la acreditación tardía de la franquicia, resultan inaplicables al caso de autos en tanto se refieren a situaciones diversas a la aquí traída (v. pág. 4 de la queja).
Resta decir que tampoco se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se menciona la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales (v. escrito electrónico de 10-V-2023, apdo. "V"), lo cierto es que los argumentos expuestos en el recurso consisten en denuncias concernientes a la interpretación y a la aplicación del derecho común y procesal, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (conf. doctr. causas C. 119.954, "Chamorro", resol. de 26-VIII-2015; C. 120.932, "Cozcueta", resol. de 21-XII-2016; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.921, "Benítez", resol. de 7-III-2019; C. 125.388, "Castrosín", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.667, cit. y C. 125.724, "C. M. E. y otros", resol. de 29-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967) y 2) desestimar la queja traída (art. 292, CPCC), con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2023 12:53:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2023 13:06:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/11/2023 15:47:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:55:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:13:41 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:14:59 hs. bajo el número RR-818-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia