Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125994
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.994, "Buono, Jenaro y otro contra Di Scala, Jorge y otros. Cumplimiento de contratos civiles/comerciales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar al reajuste contractual por el vicio de lesión y condenado a los demandados al cumplimiento del contrato por el monto reajustado. En consecuencia, hizo lugar a la acción por cumplimiento contractual conforme a lo acordado por las partes (v. sentencia electrónica de fecha 15-III-2022).
Se interpuso, por los accionantes, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-IV-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Jenaro Buono y la señora Graciela María Di Scala iniciaron demanda contra los señores Jorge Di Scala, LE 8.615.058, Jorge Di Scala, LE 8.703.890 y Ángel Gabriel Di Scala (v. fs. 206/235). Reclamaron la nulidad por intimidación o el reajuste por lesión de varias cláusulas de los contratos que adjuntaron al escrito de inicio.
Relataron que la controversia había tenido su origen en dos sociedades anónimas familiares denominadas Daulias S.A. y Le Saumon S.A., propietarias de buques pesqueros destinados -prioritariamente- a la pesca de anchoítas. Refirieron que, formalmente, Jenaro Buono, su esposa Graciela María Di Scala y la hija de ambos Rafaela Valeria Buono aparecían como titulares del 100% de las acciones de Le Saumon S.A., mientras que los accionados figuraban como titulares del 100% de las acciones de Daulias S.A., pero que -en realidad- los demandados y Jenaro Buono tenían el 25% de las acciones de cada una de las sociedades. Alegaron que los accionados utilizaban esas sociedades discrecionalmente para generar ganancias en las empresas La Isolana S.R.L. y Mar Picado S.A. de propiedad de aquellos, en las cuales Jenaro Buono no tenía participación, aportando los fondos para los viajes de pesca y quedándose con la materia prima (anchoítas) sin abonar la debida contraprestación. Continuaron relatando que Rafaela Valeria Buono había sido designada como directora de Le Saumon S.A. y por indicaciones de los accionados había emitido cheques de manera indiscriminada.
Expusieron que, en el mes de junio de 2008, con anterioridad a la suscripción de los convenios cuya nulidad parcial o reajuste solicitaban, y en base a la confianza familiar, cedieron el 100% de las acciones de Le Saumon S.A. sin recibir nada a cambio, pues no le fueron entregados los instrumentos correspondientes a las acciones de Jenaro Buono. Adujeron que, luego, con fechas 18 de noviembre de 2008 y 15 de abril de 2009, habiéndose quedado sin documentación y bajo la amenaza de los accionados de iniciar acciones penales contra su hija por la emisión de los cheques, firmaron los siguientes acuerdos: a) convenio por el que se definió la propiedad del paquete accionario de Daulias S.A. (v. fs. 125/136); b) contradocumento relacionado con la cesión de acciones de Le Saumon S.A. suscripta el día 25 de junio de 2008 (v. fs. 138/15) y c) convenio con cláusulas adicionales (v. fs.152/153). Los agregaron como documental e impugnaron algunas de sus cláusulas.
Expresaron que en virtud de dichos contratos los demandados habían reconocido a Jenaro Buono su participación accionaria, pero le adquirían las acciones a un precio que reputaron vil al deducir de los activos de las sociedades los pasivos incluidos en los acuerdos, lo que motivaba la petición de nulidad de las cláusulas relativas a esos pasivos por intimidación o el reajuste por vicio de lesión, invocando un aprovechamiento del estado de necesidad de Jenaro Buono. Aclararon que Graciela María Di Scala solamente promovía la acción de nulidad por vicio de intimidación de las cláusulas de los convenios, en razón de que era fiadora solidaria con su esposo del libramiento de los cheques que la hija de ambos había efectuado.
Peticionaron que, una vez nulificados parcialmente o reajustados los acuerdos, se condenara a los demandados al pago del precio de las acciones en dólares estadounidenses con más un monto en pesos por las utilidades del año 2008 y por las campañas de anchoítas adeudadas. Posteriormente, ampliaron demanda (v. fs. 266/275, 335/337).
Corrido el traslado de ley, los demandados repelieron la acción (v. fs. 459/476, 514/531), asumiendo la negativa de todas las circunstancias expuestas en demanda y brindando su propia versión de los hechos que condicionaron el vínculo obligacional entre las partes.
Producida la prueba, se dictó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de nulidad parcial articulada por Graciela María Di Scala e hizo lugar a la acción incoada por Jenaro Buono de reajuste de las prestaciones por vicio de lesión y cumplimiento de contrato. Condenó a los demandados al pago de USD 587.040,91 y de $1.331.444,62.
Dicho pronunciamiento fue apelado por los actores, quienes presentaron sus agravios (v. escrito electrónico de fecha 18-XI-20201), siendo contestados por Jorge Di Scala, LE 8.703.890 (v. escrito electrónico de fecha 6-XII-2021). Asimismo apelaron los demandados, que expresaron sus agravios (v. escritos electrónicos de fechas 24-VIII-2021 y 15-XI-2021), los que fueron respondidos por la parte actora (v. escritos electrónicos de fechas 6-XII-2021 y 22-XII-2021).
I.2. El Tribunal de Alzada confirmó el rechazo de la nulidad parcial por el vicio de intimidación y dejó establecido que se rechazaban las acciones de nulidad interpuestas por ambos actores. Por otra parte, revocó el pronunciamiento en cuanto había reajustado las prestaciones y, consecuentemente, limitó la procedencia de la acción de cumplimiento a lo acordado por las partes.
Para así decidir, en la medida del recurso -en primer lugar- contestó los agravios esgrimidos por los reclamantes y, valorando las constancias de autos, entendió que no se encontraba acreditado el vicio de intimidación.
Advirtió la Cámara que la pretensión de nulidad parcial encontraba un obstáculo determinante porque los demandantes no habían cuestionado la validez del acto de cesión del 100% de sus acciones de Le Saumon S.A. Destacó que los acuerdos suscriptos posteriormente, cuyas cláusulas se pretendían impugnar, habían mejorado la condición en la que se habían posicionado inicialmente al ceder sus acciones. Concluyó que la pretensión de nulidad era inviable, por no poder considerarse lógicamente que la intimidación -aún en caso de haber existido- hubiera sido determinante de la firma de los contratos impugnados que solamente beneficiaban a los accionantes. Aclaró que no se juzgaba con una visión parcializada sino efectuando un análisis global o contextual de los actos; e insistió en que los actores habían cedido previa y voluntariamente sus acciones posicionándose, por voluntad propia, en una situación negocial desfavorable.
Añadió que no podía utilizarse al instituto de la lesión como medio para liberar a los contratantes de un mal negocio o sustraerlos de cumplir compromisos imprudentes. En ese sentido, entre otras cuestiones, observó que llamaba la atención que los demandantes se hubieran desprendido de sus acciones de Le Saumon S.A. suscribiendo un documento donde no se habría incluido la contraprestación supuestamente acordada.
Señaló que los accionantes no habían aportado elementos que permitieran distanciarse del concepto de mal negocio en el primer acto de cesión; que, a partir de allí, no resultaba comprensible que hubiera sido necesaria cualquier intimidación para la celebración de los acuerdos posteriores y que tampoco se había probado que la situación de los demandantes hubiese sido de precariedad, ni que hubieran carecido de la formación y nivel intelectual para comprender el alcance de las convenciones.
Con relación a la amenaza de que pudieran los accionados instar una acción penal contra su hija, el tribunal tomó en cuenta que al contar con un documento que les reconocía el 100% de las acciones, cabía inferir que no hubiera sido necesario que los demandados ejercieran violencia moral contra los reclamantes para que suscribieran los actos jurídicos cuestionados.
Destacó que los reclamantes habían contado con asesoramiento letrado al suscribir los contratos, conforme surgía de los instrumentos adjuntados, y que les correspondía la prueba de la intimidación, labor que consideró incumplida. Consecuentemente, rechazó sus argumentaciones reiterando que habían admitido que el primer instrumento de cesión había sido suscripto libremente y sin presiones, que dicho acto no había sido atacado de nulidad y que los acuerdos posteriores habían mejorado la posición de Jenaro Buono. Por lo que resultaba inexplicable que existieran amenazas determinantes para la suscripción de esos nuevos acuerdos.
Con relación a la interpretación contractual propuesta por los accionantes -en forma subsidiaria- acerca de que los pasivos no debían descontarse al momento de la firma de los acuerdos, el Tribunal de Alzada la descartó. Señaló que, según surgía de los convenios acompañados, las partes habían reconocido y aceptado los pasivos allí consignados y habían ratificado la aprobación de las cuentas, y que si bien los contratantes habían expresado que podía negociarse con terceros la disminución de las deudas -ello sujeto a rendiciones periódicas y auditorías-, dicha cláusula debía interpretarse no referida al precio de venta de las acciones sino al modo de negociar pasivos ya consolidados. Agregó, a todo evento, que no habían existido rendiciones de cuentas ni auditorías y que no era posible pensar que las partes habían sujetado el precio de las acciones a la cancelación de cada uno de los pasivos, pues ello importaba prolongar indefinidamente el pago de las acciones.
Concluyó que una interpretación integral y contextual de la operatoria llevaba a determinar que el precio no estaba indefinido a la suerte de la cancelación final de la totalidad de los pasivos, sino por el contrario había quedado cristalizado.
Involucrada en resolver la supuesta lesión inferida a los actores, sostuvo también que estos mismos eran quienes, primeramente, debían haber acreditado la notable desproporción en las prestaciones; y, en su caso, de haber esta existido, habría sido por la condición desfavorable en la que ellos mismos se habían posicionado al ceder las acciones de Le Saumon S.A. a los hoy demandados sin contraprestación alguna, a través de un acto que, además, no habían impugnado.
Reafirmó otra vez el Tribunal de Alzada que era inconcebible que se atacaran por lesión contratos que beneficiaban a los reclamantes sin los cuales no serían acreedores de precio alguno, según se había sido admitido en la demanda. Agregó que si existía algún tipo de desproporción en los convenios se encontraba justificada por la desfavorable posición negocial de los accionantes y no tenía su base en el aprovechamiento de una situación de necesidad, ligereza o inexperiencia.
Señaló que la comparación entre activos y pasivos debía necesariamente efectuarse al momento de celebración de los contratos y no debían contabilizarse contingencias posteriores, como había hecho el juzgador de primera instancia. Explicó que ello era así porque la lesión era un vicio que tenía lugar en la génesis del contrato y los cálculos debían hacerse según valores al tiempo del acto; por lo que la evaluación de la cuantía de las prestaciones para analizar si había mediado un desequilibrio debía realizarse al momento de la suscripción de los acuerdos impugnados sin computar las circunstancias sobrevinientes.
Destacó que los propios actores no habían cuestionado en su escrito de inicio la existencia o composición de los pasivos, ni ofrecido puntos de pericia para intentar demostrar su inexistencia, sino que se habían limitado a plantear si las deudas habían sido canceladas.
En particular, con relación a los cheques, estimó que no había existido aprovechamiento porque los propios actores habían dicho en el escrito de inicio que habían sido librados por su hija importando ello el reconocimiento de la deuda. Asimismo, encontró demostrada la asistencia financiera a las sociedades brindada por La Isolana S.R.L. y Mar Picado S.A., ya que había sido admitida en la demanda.
Siguió subrayando que los convenios sujetos a revisión no habían sido producto de un actuar irreflexivo dado que, según surgía de la prueba, habían existido tratativas durante varios meses y ambas partes habían sido asesoradas por profesionales letrados.
Concluyó que los actores no habían logrado demostrar el recaudo objetivo de procedencia de la lesión al no probarse una manifiesta desproporción y, menos aún, que esta hubiera sido injustificada; por lo que determinó el rechazo de la acción de reajuste. Consecuentemente, limitó la procedencia de la acción de cumplimiento a lo acordado por las partes arribando a la suma de USD 45.937,6 a favor de Jenaro Buono con más el monto en pesos reconocido en primera instancia que no había sido cuestionado.
II. Se agravian los actores aduciendo infracción de los arts. 34 inc. 4, 163, 272, 384, 386 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 818 a 831, 937, 954, 955, 956, 960, 1.137, 1.198, 1.071 del Código Civil; 43 a 67, 68 a 74 y 218 del Código de Comercio; 54 primera parte de la ley 19.550; 17 y 18 de la Constitución nacional y 15, 31 y 168 de su par local. Alegan, asimismo, absurdo y violación de la doctrina legal.
II.1. Argumentan, inicialmente, que la decisión de la Cámara contiene errores graves de razonamiento, que viola el principio de congruencia y que falla en la interpretación de los contratos y de los escritos liminares del proceso, además de incurrir en absurdo e infracción legal.
Expresan que el Tribunal de Alzada no alcanzó a comprender que la titularidad de las acciones de las sociedades eran actos simulados y que los convenios cuestionados tuvieron por objeto dejar sin efecto esa ficción y establecer un mecanismo de pago de las acciones. Por ello, señalan que el argumento central de la sentencia, de que no fue cuestionada la validez del acto de cesión del 100% de las acciones de Le Saumon S.A. y que, consecuentemente, los acuerdos posteriores los beneficiaron, contradice los postulados del proceso, afectando el principio de congruencia e implicando un absurdo en la valoración de la prueba. Arguyen que la transmisión de las acciones de Le Saumon S.A. no fue un acto válido porque no tenían ese porcentaje, invalidez que -afirman- no fue controvertida en autos.
A su vez, precisan que la Cámara, con ese mismo fundamento, rechazó la acción de reajuste por lesión entendiendo que la desproporción en las prestaciones fue justa con motivo de la cesión inicial; advierten que ese razonamiento es incongruente, arbitrario y absurdo cuando concluye que se ubicaron en una situación de despojo por mera imprudencia. Sostienen que la prueba producida en autos demuestra que no se trató de un mal negocio sino de una conducta dolosa y de mala fe de los demandados, quienes los privaron de los documentos por los que le reconocían a Jenaro Buono su participación accionaria.
II.2. A continuación, argumentan que no se han aplicado las normas vinculadas a los vicios de intimidación y lesión y que se ha incurrido en absurdo al valorar las probanzas.
Reiteran que la Cámara, partiendo siempre del mismo error, no entendió que se elaboraron mecanismos para dejar sin efecto actos simulados, con el objeto de adquirir posteriormente la participación de Jenaro Buono mediante intimidación y colocándolo en estado de necesidad para que suscribiera los acuerdos impugnados.
Dan cuenta de que quedó demostrado que los accionados acusaron a su hija de haber robado a las sociedades iniciándose un conflicto familiar y que les propusieron celebrar contratos para inscribir las participaciones accionarias reales; que en la firma de esos primeros contratos todas las partes fueron asesoradas por el mismo abogado, quien retiró la documentación y no se las entregó; que firmaron los convenios posteriores cuestionados por temor a que su hija terminara en prisión. Afirman que las probanzas acreditan que esos últimos contratos contienen cláusulas que son fruto de la intimidación y que reflejan una notoria desproporción en las prestaciones, producto de un estado de necesidad.
II.3. Indican que no están acreditados determinados pasivos que detallan y consideran que la sentencia realiza una interpretación absurda de la prueba, contrariamente a la que hizo el juez de primera instancia.
Exponen su propias ideas sobre la conformación del pasivo y la prueba rendida, volviendo a achacar a la contraria el incumplimiento en la carga de acreditar los extremos expuestos en la contestación de demanda.
Afirman que hay prueba suficiente sobre la inexistencia de alrededor de la mitad de los pasivos, lo que resulta más que suficiente para tener por acreditado el elemento objetivo configurativo de la lesión.
Arguyen que resulta absurdo sostener que no correspondía hacer una revisión sobre la procedencia o no de las deudas consignadas, lo cual entienden que es incongruente con las constancias de la causa de las que se desprende que el precio final de las acciones surgiría de una determinación por auditorías y rendiciones de cuentas. Consideran que esta afirmación solo puede tener origen en el grave error inicial del que partió la Cámara que le impidió inclusive evaluar el abuso del derecho invocado.
II.4. Denuncian que media absurdo en la interpretación de las cláusulas relativas a la determinación del precio de las acciones y la valoración de prueba.
Explican que los contratos preveían la posibilidad de renegociar las deudas y establecían que la disminución de los importes estaba sujeta a rendiciones periódicas y auditorías. Argumentan que deben interpretarse los contratos en el sentido de que se atribuían pasivos a Jenaro Buono que solo serían descontados del precio de las acciones si efectivamente eran afrontados por los demandados y que, en el caso de obtenerse alguna reducción, debía ser informada.
Dicen que, por el modo en que estaban redactados los acuerdos, no era posible concebir una especie de compensación de los activos y pasivos al momento de su firma, porque no se conocían a esa fecha cuáles serían realmente los pasivos ni su importe definitivo. A su vez, afirman que, más allá de su existencia o inexistencia, no obran constancias de la cancelación de los pasivos que detallan.
Afirman que los demandados debían intentar reducir los pasivos y cancelarlos, que el precio de las acciones a pagar a Jenaro Buono surgiría de los pasivos pagados y, eventualmente, reducidos y que, sin embargo, los demandados no rindieron cuentas ni pagaron absolutamente nada.
Alegan finalmente que la compensación de créditos recíprocos debió establecerse a la fecha de la sentencia, pues fue a través de la prueba rendida que recién se pudo conocer cuáles pasivos existieron realmente, cuáles fueron pagados y en qué medida y expresan que la Cámara, al entender que los pasivos estaban consolidados al momento de la firma de los contratos, resolvió de modo absurdo, en forma contraria a las constancias de la causa. Añaden que si el procedimiento de consolidación de los pasivos duró mucho tiempo fue consecuencia del incumplimiento y mora de los demandados y que ello no debe afectar el derecho a obtener un precio justo por las acciones.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.