Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 125241
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.241, "Rust, María Rosa contra Hecker, Fernando Raúl y Otros. Cumplimiento de Contratos Civiles/Comerciales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda y condenado a los accionados a hacer entrega a la actora de cincuenta vacas y cuarenta terneros y diferido la determinación de los daños y perjuicios a la etapa de ejecución de la sentencia; en consecuencia, rechazó la acción, con costas (v. sent. de 10-VI-2021).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 6-VII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora María Rosa Rust demandó a Hecker Fernando y Hecker Luciano Sociedad de Hecho y a los señores Fernando Raúl y Luciano René Hecker por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios (v. fs. 27/33).
Relató que celebró con los demandados un "contrato accidental de aparcería" que adjuntó a fs. 15/16. Expuso que allí cedió por cinco años -desde el 15 de enero de 2008 hasta el 15 de enero de 2013- quinientas hectáreas de un campo de su propiedad y cien vacas para destinar a la actividad agrícolaganadera. Adujo que, más allá de la denominación del contrato, no era accidental y era parcialmente de aparcería y parcialmente de arrendamiento, con la salvedad de que el precio del arrendamiento se había fijado en cuarenta terneros por año y no en dinero.
Dijo que producido el vencimiento del contrato los accionados siguieron con el uso y goce del campo por un año más, al amparo del art. 1.618 del Código Civil. Expresó que esto se mantuvo hasta que las partes otorgaron un nuevo contrato de arrendamiento que comenzó a regir el 15 de enero de 2014, que acompañó a fs. 21/23.
Reclamó el pago de la contraprestación anual de cuarenta terneros correspondiente al período 2013 y la devolución de cincuenta de las cien vacas en su momento cedidas, exponiendo que la deuda por las otras cincuenta vacas había sido cancelada a través de una compensación. Finalmente, solicitó el pago de los daños y perjuicios por el incumplimiento en la entrega de los animales reclamados, dejando su determinación librada a la prueba a producirse.
Corrido el traslado de ley, los accionados repelieron la acción (v. fs. 59/65). Esencialmente, con respecto a la pretensión de pago de cuarenta terneros, negaron adeudarlos y sostuvieron que el contrato de autos no había sido continuado, sino que había vencido el 15 de enero de 2013. Adicionaron que durante el año 2013 se había celebrado un nuevo contrato de arrendamiento del campo sin incluir las vacas, pero disfrazándolo de contrato de pastoreo para que no quedara sujeto a los plazos mínimos de arrendamientos rurales y dijeron que ese uso del campo había sido pagado en efectivo. Adjuntaron una factura a fin de acreditar la invocada circunstancia (v. fs. 56). En cuanto al reclamo de las cincuenta vacas, agregaron un contrato de mutuo formalizado el 14 de junio de 2014 (v. fs. 57/56) mediante el que la accionante les había cedido en préstamo las cincuenta vacas. Por lo que afirmaron que, en función de esa nueva convención, no debían tales animales.
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a los accionados a hacer entrega a la actora de cincuenta vacas y cuarenta terneros y difirió la determinación de los daños y perjuicios a la etapa de ejecución de la sentencia, con costas a los accionados (v. sent. de 7-IX-2020).
I.2. Apelada la sentencia por los demandados, quienes presentaron sus agravios -que fueron contestados por la actora- (v. escritos electrónicos de fechas 19-XI-2020 y 11-XII-2020), la Cámara la revocó y rechazó la acción, con costas de ambas instancias a la accionante (v. sent. de 10-VI-2021).
Para así decidir, en la medida del recurso, respecto del reclamo de cuarenta terneros por el período 2013 consideró que carecía de fundamento, pues el contrato había vencido el 15 de enero de ese año. Ello porque entendió que el contrato de fs. 15/16 era de aparcería, no porque su designación fuese definitoria sino debido a que la obligación nuclear había sido la entrega de animales por parte de la dadora conforme el art. 21 de la ley 13.246. Esta última se había reservado, en la cláusula sexta, la facultad de controlar el desarrollo de los distintos trabajos, pudiendo realizar todas las observaciones que creyera oportunas. Expuso que ello no se acomodaba a un arrendamiento sino a una aparcería en modalidad mixta, que tenía lugar cuando se convenían tareas agrícolas y pecuarias en forma simultánea, añadiendo que contenía también notas de un contrato de capitalización de hacienda, que era una variante de la aparecería.
Aclaró que el precio convenido no descartaba la figura sino que en todo caso viciaba la cláusula por violar el art. 32 de la ley 13.246, que vedaba "convenir como retribución el pago de una cantidad fija de frutos, o su equivalente en dinero". Expresó que lo determinante en este caso era la participación en los frutos y no el alquiler del predio y que no era necesario declarar la nulidad de la cláusula porque la razón principal que impedía el reclamo de los terneros era la expiración del plazo previsto por las partes el 15 de enero de 2013.
Consideró que, en cualquier caso, ya fuera que se tratara de un contrato de aparcería, de capitalización de hacienda o -como lo había sostenido la actora- "parcialmente de arrendamiento y parcialmente de aparcería", no cabía aplicar lo previsto por el art. 1.622 del Código Civil.
Dijo en este orden de ideas que la permanencia en el uso y goce de la cosa, luego de haber expirado los plazos convencionalmente pactados, se juzgaba por dicha norma como la continuación de la locación concluida y bajo los mismos términos y que, si bien no había dudas de que dicha disposición era aplicable al arrendamiento rural, conforme con lo establecido en el inc. "c" del art. 41 de la ley 13.246, la solución legal descansaba sobre la voluntad presunta del locador, en la tolerancia manifestada por su silencio, que en modo alguno podía trasladarse a una hipótesis como la de estos autos.
Explicó que en la locación la disponibilidad de la cosa por parte del locatario consentida por el locador se renovaba día a día, por lo que era lógico que si aquel seguía aprovechando su tenencia el contrato continuaba en los mismos términos, pero que no era razonable decir que de la sola voluntad presunta de la contraparte pudiera derivarse la intención de ambas de seguir participando con carácter asociativo en el reparto de frutos, que tratándose de semovientes se obtenían recién acabado un determinado ciclo reproductivo.
Añadió que tampoco podía considerarse que había existido una prórroga tácita, por imperio de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 13.246, y que a lo expuesto se sumaba la aparente celebración de un contrato distinto calificado de pastoreo, según la factura de fs. 56, en el período intermedio entre el convenio que se analizaba y el suscripto el 2 de diciembre de 2013 (v. fs. 21/23), este último sí de arrendamiento "puro".
Finalmente, expuso que el reconocimiento del señor Luciano Hecker a la segunda posición, de que había continuado con el uso y goce del campo, era ambigua y no se refería a la hacienda cuyos frutos se reclamaban sino al inmueble.
Por otro lado, en cuanto a la devolución pretendida de cincuenta vacas, dijo que la tradición que debía cumplir la sociedad de hecho demandada a la finalización del contrato de aparcería había quedado relevada a partir de la interversión bilateral de la relación de poder, esto es la traditio brevi manu, según los arts. 2.387 y 2.462 inc. 3 del Código Civil, que había tenido lugar al devenir aquella sociedad en propietaria del ganado, en virtud del carácter traslativo de la propiedad que informaba al contrato de mutuo de conformidad con los arts. 2.240, 2.241 y concordantes del citado Código.
Añadió que lo definitorio era que no se trataba de dos contratos con objetos independientes dado que la actora había dejado en claro al presentar su alegato que la firma del contrato de mutuo había significado extender el plazo para la devolución de las vacas; de ahí la íntima y necesaria vinculación entre el objeto de uno y de otro. Destacó que lo relevante era que había un inequívoco reconocimiento de que el objeto de ambos contratos había recaído sobre los mismos semovientes o los que, por hipótesis, los hubieran reemplazado.
Con respecto a los daños y perjuicios que habían sido diferidos para la etapa de ejecución de la sentencia, dijo que no habiendo obligación de entrega no podía existir daño compensatorio alguno. En lo atinente al daño moratorio, expuso que quedaba descartado desde que, debido al reconocimiento expreso de parte de la actora de haber extendido el término previsto para la devolución de los animales, dicha admisión dejaba vacía de contenido el reclamo indemnizatorio, por lo que revocó la sentencia también en ese punto. Impuso las costas de ambas instancias a la accionante en su condición de vencida.
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación de los arts. 1.622 del Código Civil; 2, 21 y 41 de la ley 13.246 y 44 del decreto 8.330/63. Alega, además, absurdo.
Sostiene, en primer lugar, que los demandados continuaron en uso del campo con posterioridad a su vencimiento y durante todo el año 2013, por lo que deben cuarenta terneros, que era el precio pactado, y considera desacertada la conclusión de la Cámara de descartar la aplicación del art. 1.622 del Código Civil.
En este orden de ideas, afirma que el convenio de autos es un contrato innominado "...ya que, si bien en principio se podría catalogar como de arrendamiento rural, el precio del arriendo no se estableció en dinero sino en la obligación de los aquí demandados de entregar anualmente 40 terneros". Añade que, en forma simultánea con el arriendo, dio en préstamo a los accionados cien vacas de cría que debían devolverse al vencimiento del contrato. En suma, aduce que en el caso se trata de un arrendamiento con una forma de pago vedada por la ley 13.246, pero sostiene que de dicha circunstancia no se desprende que es un contrato de aparcería, al no existir el elemento esencial que debe tener ese tipo de contrato, esto es que ambas partes participan de las utilidades y asumen riesgos. Destaca que el contrato de aparcería es de colaboración y de estructura asociativa, lo que no se verifica, según su criterio, en este caso.
Se explaya respecto de las diferencias entre el contrato de arrendamiento y el de aparcería citando varias opiniones doctrinarias para apoyar su postura y concluir que, dada su avanzada edad y delicado estado de salud y considerando que los arrendatarios eran sus sobrinos, no puede inferirse la celebración de un contrato asociativo. Asevera que no existe ningún elemento en autos que pueda dar a entender que el contrato era de aparcería sino, por el contrario, dice que surge de las manifestaciones de los accionados al contestar la demanda que su parte no era una empresaria agropecuaria sino que estaba ya retirada de la actividad y quería asegurarse un ingreso seguro que le permitiera transitar su vejez sin complicaciones.
Reitera que -contrariando la ley, la doctrina y la jurisprudencia- el Tribunal de Alzada interpreta que el contrato de fs. 15/16 es de aparcería y expone que la referencia a la cláusula sexta del contrato no tiene razón de ser, pues -según afirma- esa estipulación tiene sustento en la propia regulación del contrato de arrendamiento rural y no de aparcería, a la vez que constituiría prueba evidente de que el legislador ha previsto la posibilidad del pago en especie en el contrato de arrendamiento, lo que justificaría las facultades de control del arrendador. Añade que el propio fallo reconoce que los contratos de arrendamiento pueden ser pactados en frutos, aunque descarta en el caso esa posibilidad.
Insiste en la falta de riesgo en su posición contractual dado que tenía asegurado el pago de cuarenta terneros por cada año de contrato. A su criterio, resulta ilógico y absurdo el razonamiento efectuado en la sentencia al considerar el contrato como de aparcería, pues carece del elemento distintivo de la aparecería que es el riesgo que asume el dador y porque tampoco contiene otras notas presentes en los contratos de aparcería como la contribución en gastos de semilla o elementos de trabajo.
Por ello, entiende que el fallo efectúa una conclusión errada respecto de la naturaleza del contrato y lo considera vencido. Aduce que la relación contractual se continuó por un año más en sus mismos términos, que resulta aplicable el art. 1.622 del Código Civil y, consecuentemente, que los demandados deben los cuarenta terneros como contraprestación anual.
Expresa que el pronunciamiento impugnado reconoce que el art. 1.622 del cuerpo normativo referido es aplicable al ámbito rural por remisión del inc. "c" del art. 41 de la ley 13.246 y que, al desestimar su aplicación al caso, se contradice con lo dicho anteriormente respecto de que el precio en terneros es violatorio del art. 32 de la misma ley por quitar el riesgo del contrato.
Afirma que las conclusiones de la sentencia cuestionada convalidan la falta de pago por el uso del campo durante todo el año 2013 y se refiere a la contestación de demanda y a la prueba de confesión cuando el demandado Luciano René Hecker reconoció que continuó usando el campo hasta la celebración de un nuevo contrato el 15 de enero de 2014. Añade que a fs. 191/202 obra informe del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en el que se detalla la existencia de hacienda vacuna de la sociedad de hecho demandada durante el período en discusión.
Arguye que se configura un enriquecimiento sin causa al no fijarse valor alguno por el uso del campo en el año 2013 y entiende que carece de relevancia la supuesta factura obrante a fs. 56, dado que no contiene su firma y tampoco surge que el importe expresado haya sido pagado ni que la factura haya sido entregada por su parte a los accionados, más allá de que es por un período inferior y distinto al reclamado.
Sigue diciendo que debería integrarse el contrato de autos como de arrendamiento rural, conforme lo establece el art. 44 del decreto 8.330/63, dado que no es un contrato de aparcería por falta de riesgo y de los elementos característicos de este tipo de contrato; en consecuencia, sostiene que habiéndose acreditado la permanencia de los demandados durante todo el año 2013 en el inmueble, por imperio del art. 1.622 del Código Civil los accionados le adeudan el valor originariamente pactado. Agrega que, en el supuesto de no resultar aplicable el art. 1.622 citado, el rechazo del reclamo representa un enriquecimiento sin causa.
En segundo lugar, se agravia por el rechazo del reclamo de reintegro de cincuenta vacas exponiendo que, en la contestación de demanda, los accionados reconocieron que devolvieron la mitad de los animales y solamente dijeron que tiempo después se celebró un nuevo contrato. Destaca que tampoco las vacas sobre las que se pactó el nuevo contrato fueron devueltas y que los accionados carecen de recibo.
Manifiesta que por error reclamó la devolución de las vacas sin recordar -debido a su avanzada edad- que había otorgado a los demandados un mayor plazo, pues había firmado el nuevo contrato de fs. 57/58. Sin embargo, dice que igualmente al iniciar la demanda los accionados se encontraban en mora en la devolución de los animales porque estaban vencidos los plazos de ese nuevo contrato. Subraya que los accionados reconocieron y presentaron el instrumento en virtud del cual tienen las vacas cuya restitución reclama.
Plantea que los demandados se encuentran obligados a cumplir con dicho mutuo que, según postula, importa el reconocimiento de la obligación de devolver las vacas. También, que si el contrato de mutuo está íntimamente ligado al contrato primitivo debe mandarse a cumplir y señala que media absurdo en la valoración de la prueba. Termina diciendo que los demandados admitieron que jamás devolvieron esas vacas, agregaron un instrumento en base al cual las tenían, aceptaron que no lo cumplieron, no expusieron razones de ese incumplimiento y, a pesar de ello, son liberados de dicha obligación.
También funda su recurso en el enriquecimiento sin causa según la nota al art. 784 del Código Civil. Entiende que el uso por parte de los demandados del campo durante todo el año 2013, expresamente reconocido tanto en su presentación como al momento de absolver posiciones, así como la no entrega de las cincuenta vacas originariamente entregadas en el contrato de fs. 15/16 y que aparecen como debidas en el mutuo de fs. 57/58, implica un claro enriquecimiento sin causa. Ello pues, según dice, mejora la condición de los demandados que aprovecharon sin costo alguno el campo durante aquel año y tuvieron los animales sin pagar lo debido y, como consecuencia directa de lo anterior, su parte sufrió un perjuicio económico.
Finalmente, efectúa manifestaciones sobre su especial condición y la conducta desplegada por las partes durante el proceso y realiza una síntesis de sus agravios alegando la violación de las normas de la ley 13.246, la errónea interpretación de la verdadera naturaleza del contrato de fs. 15/16, el desconocimiento de la esencia del contrato de aparcería y sus rasgos esenciales, las diferencias con el contrato de arrendamiento y la aplicación supletoria de las normas del Código Civil -especialmente del art. 1.622 del citado Código-. A su vez, entiende violado el art. 44 del decreto 8.330/63, que establece la facultad para fijar el precio del contrato cuando se haya pactado en formas vedadas por la ley. También aduce violación del principio de equidad y la prohibición del enriquecimiento sin causa y denuncia absurdo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, la impugnante se agravia por el rechazo del reclamo de los cuarenta terneros como precio pactado en el contrato adjuntado a fs. 15/16 que, a su juicio, se deben con motivo de la continuación de esa convención durante el año 2013 por aplicación del art. 1.622 del Código Civil.
En este discurrir se esfuerza por controvertir el encuadramiento como aparecería del mencionado contrato que se efectuó en la sentencia desde que, en función de esa calificación contractual que el recurrente discute, el Tribunal de Alzada consideró que no era posible su continuación en los términos del art. 1.622 del Código Civil y que el plazo contractual había finalizado, por lo que concluyó que vencido el contrato nada debían los demandados por el año 2013 en función de la continuación de un pretendido arrendamiento.
El Tribunal de Alzada comenzó por precisar que "?la actora fue consciente de la debilidad de su reclamo, y por este motivo, en su escrito inaugural, en forma un tanto amañada y no exenta de una buena dosis de picardía, quiso tomar distancia de la verdadera naturaleza del convenio de fs. 15/16, pretendiendo que no estamos en presencia de un contrato de aparcería, -no por lo menos en su estado puro- , sino que contiene notas, principalmente, de arrendamiento rural". Ello, pues de su real significación "?derivan consecuencias jurídicas que no redundan precisamente en su provecho y de las que, por lo visto, ha querido ponerse a resguardo".
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.