Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 33566
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada.
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac 3971 de la Excma. SCBA) se reúnen en Acuerdo ordninario los señores Jueces de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. LUCAS RICARDO GOMEZ Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY, con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SII-33566 , en los autos: “ETCHEBEHERE LEONARDO LUJAN C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. LUCAS RICARDO GOMEZ Y TOMAS MARTIN ETCHEGARAY.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. La sentencia apelada.
En fecha 22 de junio de 2022, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 5 del Departamento Judicial Mercedes falló: "I) Haciendo lugar a la pretensión por cumplimiento de contrato promovida por Leonardo Lujan Etchebehere contra Compañia de Seguros la Mercantil Andina S.A. y en consecuencia condenando a esta última a pagar a la actora la suma de pesos veinticinco mil trescientos ($ 25.300), con más los intereses fijados en el considerando III); ello en el plazo de cinco días de quedar notificados de la aprobación de la liquidación que deberá practicarse conforme a las pautas señaladas precedentemente y bajo apercibimiento de ejecución, II) Haciendo lugar a la pretensión de daños y perjuicios promovida por Leonardo Lujan Etchebehere contra Compañía de Seguros la Mercantil Andina S.A. en el apartado V) del líbelo de inicio en cuanto al daño punitivo requerido en el apartado V) por la suma de pesos cuatrocientos ocho mil ($ 408.000), con más los intereses determinados en el último párrafo del considerando IV.2), debiéndose abonar también en quinto día de aprobada la pertinente liquidación y desestimando los demás rubros reclamados de conformidad con lo expuesto en el considerando IV), III) Rechazando por los fundamentos expuestos en el considerando V) la declaración de inconstitucionalidad del artículo 40 bis de la ley 24.240, IV) Imponiendo las costas a la parte demandada vencida y difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, para una vez firme la presente".
II. El recurso de la demandada.
1. En fecha 30 de mayo de 2022 apela el Dr. Carlos María García en su carácter de apoderado de la demandada Compañía de Seguros Mercantil Andina S.A la sentencia definitiva antes transcripta, el que fuera concedido libremente por el juzgado de origen en fecha 2 de junio de 2022, expresando agravios en fecha 14 de junio de 2022.
En su expresión, la demandada se agravia en cuanto a la procedencia del daño punitivo. Afirma que en el caso, no se dan los elementos que hacen a su procedencia.
En dicho sentido afirma que el daño punitivo no se aplica en cualquier caso sino sólo cuando la conducta de la parte que provoca la ruptura del contrato va más allá del mero incumplimiento contractual, debiendo tener tal incumplimiento del proveedor una magnitud y una gravedad tal que justifique una sanción a modo de prevención de inconductas.
2. En fecha 6/7/22, el a quo, ante la falta de contestación del actor a la expresión de agravios del demandado, dispuso expresamente que ha perdido el derecho que ha dejado de usar.
3. En fecha 1/8/22, el Fiscal de Cámaras Dr. Pablo Alejandro Merola dictaminó en lo pertinente que "En el caso concreto teniendo presente la relación de consumo subyacente, la profesionalidad de la demandada, el principio de buena fe y las reglas de interpretación de los contratos de consumo que la rigen, no habiéndose agraviado la demandada del rechazo de la exclusión de cobertura por ésta planteada, resultando en consecuencia, como refiere el juez de grado, un incumplimiento contractual sostenido por la aseguradora a lo largo de diez años; el interrogante a mi criterio merece una respuesta positiva, quedando sujeta su cuantificación a la estimación prudencial de V.E".
III. La solución del caso.
Como primer punto a considerar, es dable destacar que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios.
Sobre ese piso de marcha, la sentencia definitiva dictada por el a quo, como se puede apreciar del ap. 1 del considerando anterior, sólo fue apelada por la demandada en torno a la procedencia -y en su caso extensión- del daño punitivo.
Para comenzar a dilucidar la cuestión, a modo liminar, es dable estacar que no llega atacada la parcela del decisorio en tanto a la aplicación de la legislación consumeril al caso de marras (arts. 1 y sig. ley 24.240)
En relación al daño punitivo, el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) dispone que: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
La doctrina especializada, establece que "los daños punitivos son de aplicación estrictamente excepcional. La regla es que los daños punitivos no proceden en ningún tipo de acción. No basta demostrar, por ejemplo, que se ha sufrido un daño injustamente causado por otra persona. Además en el mismo proceso hay que probar que concurren otras circunstancias, por ejemplo la actitud del dañador hacia la víctima, su malicia, temeridad o la actividad dañosa, teniendo en cuenta el mayor beneficio obtenido después de pagar las indemnizaciones" (LOPEZ HERRERA, Edgardo"Los daños punitivos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág 20/23, cit. WAJNTRAUN, Javier H. " Régimen del Consumidor Comentado", Rubinzal Culzoni, 1ra Ed., Pág. 312).
Asimismo, se establece que los daños punitivos "son un agregado, un plus a la indemnización por daños sufridos, algo que se concede a título distinto de la mera indemnización del daño causado, que puede tener una finalidad preventiva y también satisfactiva o sancionatoria" (WAJNTRAUN, Javier H. " Régimen del Consumidor Comentado", Rubinzal Culzoni, 1ra Ed., Pág. 311).
A la luz de lo reseñado, procedo a analizar las constancias de la causa a los efectos de poder determinar, si se encuentra configurada - o no- una actitud del demandado que lo haga pasible del daño punitivo que se le reclama.
Veamos.
1. Para comenzar a dilucidar la cuestión es dable destacar que el hecho que ha desencadenado en el caso de marras y en el consiguiente incumplimiento contractual por parte del demandado, acaeció el 12 de septiembre de 2012.
Antes de iniciar la acción principal en fecha 25 de marzo de 2015, el 5 de febrero de 2013 el actor había iniciado un incidente por diligencias preliminares (prueba anticipada).
De dicho expediente por diligencias preliminares (prueba anticipada) que tengo a la vista y que ha sido debidamente sustanciado con el demandado, obra a fs. 12 un documento suscripto por el Sr. Fabián Britos dueño de la firma ALFA Inyección Electrónica, fechado 4/10/12 donde consta que "se localizó una obstrucción en el regulador de presión lo cual provocó un aumento de la presión en la bomba de nafta, ocasionando un pérdida de combustible en la rampa de inyectores, con lo cual ocasionó un salpicado en los cables de la bujías que se encontraban debajo de ella".
Del mismo expediente incidental surge a fs. 53 informe pericial efectuado por el perito ingeniero mecánico Victor Antonio Irureta -en fecha 19 de diciembre de 2013- quien establece en su dictamen en lo relativo a la causa del incendio que "El motivo expresado en la demanda es una posible causa del incendio (aunque el suscripto ignora cómo pudieron determinarlo luego del mismo ya que todo el sistema resultó afectado). En términos generales los incendios extendidos en los motores son debido a derrames de combustible. Y estos pueden deberse a múltiples causas (siempre vinculadas a la rotura o falla de algún conducto portador del mismo)".
Analizando dicho material probatorio y el resto de las constancias del expediente, el juez de origen, con buen criterio, llegó a la conclusión de que "si bien la cláusula en cuestión solo exige, a efectos de que el asegurador quede "liberado de toda responsabilidad indemnizatoria con motivo de cualquier siniestro" el incumplimiento descripto en la misma, circunstancia no controvertida en el presente, lo cierto es que, de conformidad con lo normado por el artículo 36 de la ley de seguros, solo resultaría viable la procedencia de la defensa de exclusión de cobertura esgrimida por la accionada siempre y cuando el incumplimiento alegado por ésta se encuentre vinculado causalmente con el acaecimiento del siniestro de autos". Agrega en consecuencia que "...no habiendo acreditado la accionada que el incendio acaecido en la parte frontal del automotor propiedad el actor haya tenido como causa el equipo de GNC instalado en infracción de las normas establecidas al efecto por el ENERGAS, corresponde desestimar la defensa de exclusión de cobertura conforme cláusula CA-RC 6.1. (Conf. arts. 36, 37, 46, 56 y ccs. ley 17.418)" -
Esta parcela del decisorio, como podemos advertir -y como lúcidamente destacó el Fiscal de Cámara Dr. Merola en su dictámen- no fue apelada por la demandada. Es decir, que consintió la sentencia en torno a la cobertura y la causalidad adecuada del incendio generador de su responsabilidad derivada del plan prestacional celebrado con el actor.
Tales elementos probatorios, como señalé, ya surgían en forma previa a la fecha en que el actor entabló la demanda y en consecuencia, al momento en que el demandado contestó la demanda. Si bien tales circunstancias no son óbice para que el demandado ejerza su derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional, sí lo son para la procedencia del daño punitivo.
Explico porqué.
Conforme puedo visualizar de la página web www.mercadolibre.com.ar, el valor de un rodado de similares características al objeto de autos (Fiat Palio 1.3 modelo 2000) promedia los $700.000. El contrato por el que estaban obligadas las partes establecía el valor del reposición del rodado en la suma de $25.300. Sin mayores esfuerzos interpretativos, cualquiera que sea la tasa de interés que se utilice, el mero transcurso del tiempo ha sido y sigue siendo por demás beneficioso para el demandado. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que "...no se ignora el posible aprovechamiento del estado de morosidad que en materia de seguros pudiesen hacer las compañías aseguradoras, al no honrar las deudas en tiempo oportuno; sin embargo, ello se debe corregir, por un lado, con la aplicación de los intereses legales y, por otro, recurriendo a los institutos sancionatorios como el daño punitivo..." ("Julien, Norberto Osvaldo vs. La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. s. Ordinario CNCom. Sala E; 16/09/2021; Rubinzal Online; RC J 7050/21)
En conclusión, las circunstancias reseñadas, a criterio del Infrascripto, dan cuenta que en el caso deviene imprescindible la procedencia del daño punitivo por cuanto no sólo el accionado ha tenido un escenario nítido a los efectos de dilucidar su posible obligación sin la necesidad de hacerle transitar todo un proceso judicial a la parte débil de la relación jurídica (art. 42 CN); sino que además, con toda claridad se configuraría un evidente e indebido beneficio obtenido por la demandada al pagar la indemnización más de 10 años después del incumplimiento contractual. Circunstancia ésta, que el instituto en análisis, tiene como fin primordial desalentar.
Por todo ello, considerando que la conducta del demandado deviene en el caso máximamente reprochable para con la parte débil del contrato de consumo, propongo confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto admite la procedencia del daño punitivo.
2. En razón de dicha procedencia corresponde a analizar la extensión del monto fijado por daño punitivo por el juzgado de origen.
Para ello, considero que el análisis no puede ir desentendido del valor actual del rodado que fuera antes reseñado; ello sumado a que el monto establecido por el juzgado de primera instancia representa apenas un poco más del 10% del valor del rodado okm más barato que se comercializa en el país (precio de lista) que asciende a la fecha a $3.743.000 (Fiat Moby Conf. www.lanación.com.ar), tales circunstancias, analizadas con un criterio realista, me llevan a proponer que se confirme el monto establecido por el juzgado origen por daño punitivo en la suma de $ 408.000.
3. En cuanto a las costas, no encontrando motivos para apartarme del principio general de la derrota, propongo que las mismas sean impuestas al perdidoso (art. 68 CPCC)
VOTO POR LA AFIRMATIVA
El señor juez Tomás Martín Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Lucas Ricardo Gomez dijo:
Visto el acuerdo logrado al votarse la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es el de confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido motivo recurso y agravio.
ASI LO VOTO.
El señor juez Dr. Tomás Martín Etchegaray, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada.
Firmas
Funcionario Firmante: 16/03/2023 10:07:46 - ETCHEGARAY Tomas Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 12:04:08 - GOMEZ Lucas Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2023 12:33:44 - RIJAVEC Maria Eugenia - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia