Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123329
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fecha 1 de diciembre de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.329 "SALVUCCI ADRIANA MARISA Y OTRO/A C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
I. El apoderado de la demandada Caja de Seguros S.A. deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que, en lo que interesa destacar, rechazó -por mayoría y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el de inaplicabilidad de ley articulado (arts. 68 y 289, CPCC; v. sent. de 31-VIII-2021, "PROCURADOR - DICTAMINA" de fecha 11-IX-2019, trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 29-XI-2021 y su archivo adjunto identificado como "REF+DIGITALIZADO.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda contra Automóvil Club Argentino, condenándolo solidariamente con Caja de Seguros S.A. A su vez, hizo lugar a la multa por daño punitivo por el monto que fijó y modificó lo decidido, estableciendo el valor de restitución del bien a la fecha de su pronunciamiento (v. sents. de 20-III-2018 y 14-III-2019 -y aclaratoria de fecha 16-IV-2019-).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, seguridad jurídica, razonabilidad y debido proceso (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 12, Const. nac.; v. págs. 2, 24/27, 31, 34 y 36/38, adjunto "REF+DIGITALIZADO.pdf" cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 337:329; 340:765; 322:653; 319:3489; 341:648; 342:2198; 307:1094; 312:2007; entre muchos), en particular la causa "Colalillo" (Fallos: 238:550; v. págs. 21/38, adjunto cit.).
En tal sentido, alega que la decisión en crisis omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la valoración de la prueba -en particular la pericial-, la revisión de las circunstancias fácticas del caso, la interpretación del art. 52 bis de la ley 24.240 y la consecuente aplicación del daño punitivo en contra de su representada. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, los agravios traídos resultaban suficientes para demostrar que no hubo dolo ni culpa grave en el actuar de su mandante y, en consecuencia, refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada y evidenciar el absurdo de su fallo.
En razón de lo manifestado peticiona que la mentada sanción sea dejada sin efecto. Subsidiariamente, y con sustento en el voto que integró la minoría, solicita su reducción al mínimo posible (v. págs. 21/29, adjunto "REF+DIGITALIZADO.pdf" cit.).
II.3. Cuestiona, por otro lado, el monto de la condena fijado con criterio de actualidad. Asevera que tal forma de decidir desconoce la legislación de seguros vigente, en tanto confirma una cuantificación que excede el límite de cobertura estipulado en el contrato que une a las partes y contradice, no sólo su propia doctrina al respecto, sino también la del máximo Tribunal nacional en los casos que cita. Y agrega, que dicha circunstancia configura -además- un supuesto de indexación de los montos históricos, vedada por ley.
En consecuencia, entiende que corresponde que el pronunciamiento objetado sea revocado y se ordene dictar uno nuevo (v. págs. 25/36, adjunto "REF+DIGITALIZADO.pdf" cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 1-XII-2021) el mismo fue contestado por la parte actora (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 16-XII-2021).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en ella no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2, 4/13, 15/18 y 20; v. archivo adjunto identificado como "contestan+agravios.pdf" del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándosela inoficiosa (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias en lo que hace a la limitación de la cobertura esgrimida por la aseguradora, la cuantificación de los montos resarcitorios con criterio de actualidad y la aplicación del daño punitorio, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 3/14 del trámite "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 1-IV-2019; v. págs. 21/38, adjunto "REF+DIGITALIZADO.pdf" cit. y sent. en crisis).
IV.3. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por el interesado (v. págs. 29/36, adjunto cit.), toda vez que las circunstancias allí juzgadas, tal como se explicó en la sentencia atacada, no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso (v. sent. en crisis).
IV.4. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, seguridad jurídica, razonabilidad y debido proceso; arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31 y 75 inc. 12, Const. nac.; v. págs. 2, 24/27, 31, 34 y 36/38, adjunto "REF+DIGITALIZADO.pdf" cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Colalillo", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fecha 1 de diciembre de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 08:55:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 11:45:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 15:19:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:31:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:40:23 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:12:21 hs. bajo el número RR-475-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia