Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 18 de marzo de 2022;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 22 de marzo de 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 10 de marzo de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.751 "RODRIGUEZ DANIELA SUSANA C/ R 1 BAHIA BLANCA S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES"
I. Con la presentación electrónica de fecha 22 de marzo de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 18 de marzo de 2022.
II. La actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 3-II-2022, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 21-II-2022 y su archivo adjunto identificado como "Interpone+Recurso+Extraordinario+Federal.pdf").
En el caso, en lo que resulta pertinente destacar, la Cámara interviniente modificó la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto la orden de pago previo por parte de la actora y condenando a la demandada a abonar a la actora la suma que fijó, con más los intereses que determinó (v. sents. de 27-XII-2019 y 1-XII-2020).
III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y debido proceso (arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 1/2, 5/6, adjunto cit.).
III.2. Cuestiona, en primer término, la falta de voto individual de los Jueces de esta Corte en la decisión que rechazó la vía intentada. Aduce que la exigencia impuesta por el art. 168 de la Constitución provincial a todos los tribunales colegiados no tiene excepción y que los ministros firmantes no tuvieron en cuenta que la figura reglada por el art. 31 bis de la ley 5.827 no los habilita -a su modo de ver- a emitir su opinión en forma impersonal (v. págs. 5/7, adjunto cit.).
III.3. Sostiene, por otro lado, que la sentencia en crisis debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, rechazó el remedio local al ponderar -mediante fundamentos dogmáticos- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 308:2188; 342:148; 340:1441; 324:1518; 321:1462; 294:309; págs. 7, 8, 12/13).
En tal sentido, alega que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la aplicación al caso de la ley 24.240 y la procedencia de los rubros indemnizatorios. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, esos agravios resultaban suficientes para refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 5/17, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 2-III-2022) el mismo fue contestado por la parte actora (v. escritos electrónicos de fecha 10-III-2022 y del 22-III-2022 y su archivo adjunto.).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2/3; v. archivo adjunto identificado como "rodriguez.pdf" del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como también su par electrónico de fecha 22 de marzo de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias, de los rubros indemnizatorios reclamados y de la atinencia de la ley 24.240, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En igual sentido, los planteos referidos a las formalidades de la sentencia y el modo de emitir el voto en los tribunales colegiados, tampoco justifican la habilitación de la instancia federal (conf. CSJN, Fallos: 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335; entre muchos otros).
En efecto, en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el presente, donde los argumentos expuestos por la recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente -como tal- para habilitar la vía intentada (arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable tampoco se observan agravios que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado -debido a su insuficiente fundamentación- insistiendo la agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 5/17, adjunto cit. y resol. de 3-II-2022).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso; arts. 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 1/2, 5/6, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.022, "Moscatello", resol. de 18-II-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 18 de marzo de 2022; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 22 de marzo de 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 10 de marzo de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2022 13:48:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/06/2022 14:24:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2022 09:20:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:34:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:46:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:16:12 hs. bajo el número RR-574-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia