Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98091
En la ciudad de Dolores, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.091, caratulada: "MAZZOTTI, SILVANA BEATRIZ C/ CALIGARI, CARLOS MARTIN S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka; Silvana Regina Canale y María R. Dabadie. No interviniendo la Dra. Canale por encontrarse en uso de licencia (Resol. SE 9571/19 SCBA).
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la resolución apelada de fs. 1087/1091?
Segunda cuestión ¿Lo es la de fs. 1120/1122?
Tercera cuestión ¿Lo es la de fs. 1145?
Cuarta cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. A través del decisorio de fs. 1087/1091 -de fecha 20.05.2019- la iudex a quo procede a efectuar el cálculo del prorrateo previsto en el art. 730 del CCyCN, en razón del tope del 25% que establece la norma. Incluye en el mismo los honorarios correspondientes a la mediadora, Dra. Nancy Daniela Ruiz.
Contra esa forma de resolver, el Dr. Julián Manuel Abraham -letrado apoderado de la parte actora- interpone el recurso de apelación de fecha 30.05.2019, por considerar que tanto a la parte que representa como a él mismo, lo decidido les causa un perjuicio irreparable. Concedido a fs. 1104 -en fecha 06.06.2019-, se sustenta con el memorial presentado el 18.06.2019, replicado por la contraria mediante el escrito del 24.06.2019 -presentado por el Dr. Blanco-.
El Dr. Sebastián Emiliano Stival por derecho propio recurre mediante la presentación de fecha 03.06.2019; apelación que concedida mediante el proveído de fs. 1102 -del 04.06.2019-, se sustenta con el escrito del 11.06.2019, que merece réplica de la contraria con el del 24.06.2019 -presentado por el Dr. Blanco-.
II. Ambos recurrentes se quejan por cuanto fueron incluidos en el prorrateo los honorarios de la Dra. Nancy Daniela Ruiz, al entender que el art. 730 del CCyCN se refiere expresamente a aquellos honorarios devengados en el marco del proceso judicial y no a los correspondientes a una instancia previa a la judicial, establecida como medio alternativo de resolución de conflictos y que, justamente está a cargo de quien asume el rol de mediador o mediadora.
Indican que los honorarios de la Dra. Ruiz tampoco derivan de sentencia o transacción -supuestos también contemplados en la norma-, a la vez que se establecen conforme a escalas previstas en legislaciones especiales, lo que demostraría que el análisis de la cuestión debe hacerse teniendo en cuenta que la situación de los letrados y auxiliares de la justicia no es igual a la de la mediadora.
Agrega el Dr. Stival que el texto de la norma es de orden público y es claro al referirse únicamente a las labores profesionales producidas en la etapa judicial, y no a aquella de carácter extrajudicial.
III. A fin de analizar el planteo formulado, resulta pertinente partir de la idea de que el prorrateo del art. 730 del CCyCN y la aplicación del 25% allí previsto, no implica más que un límite de responsabilidad por las costas, como se desprende de la misma norma.
Es decir, se trata de un tope a la afectación al deudor en lo vinculado a su deber de abonar los gastos, con consecuencias razonables para él, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que éstas representan (CSJN, L.L. T. 319 V, 2 p. 1914 y sgtes.).
En aras de analizar aquello que se entiende inmerso en el concepto de costas procesales, ha de considerarse que las mismas alcanzan y comprenden a todos los gastos que para la declaración de los derechos de una parte ha obligado a realizar la sustanciación del proceso, como así también a aquellos realizados para evitarlo (SCBA, Ac. del 26.10.2011, “Arroyo, José Luis v. EMAPI SAICFel s/ accidente de trabajo; citado por Morello y otros, “Códigos...”, Ed. Abeledo Perrot, Tomo II, pág. 972, y demás jurisprudencia allí citada).
Es el art. 77 del CPCC el que en forma expresa establece que la condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso, como así también aquellos que se hubiesen realizado para evitar el pleito.
Por su parte, sabido es que el mediador desarrolla su función en una instancia previa a la del litigio judicial, con el objetivo de cambiar la dinámica de comunicación entre las partes para destrabar el conflicto y, en consecuencia, evitarlo.
El profesional de la mediación es el encargado de ayudar a los sujetos implicados a buscar posibles alternativas al problema, generando un clima lo suficientemente cordial como para que las partes comiencen a proponer alternativas de futuro.
Teniendo así en consideración que la finalidad de la intervención de un mediador no es otra que la de “evitar el litigio”, cabe concluir en que de acuerdo con lo establecido en la propia letra del art. 77 del CPCC, los gastos que su actuación genere han de quedar comprendidos en el concepto de “costas”, en el sentido técnico de la palabra.
Dicha conclusión también encuentra respaldo evidente en la circunstancia de que el mediador debe reclamar sus honorarios exclusivamente al vencido o condenado en costas, conforme lo dispuso el propio legislador en forma expresa en el art. 27 del decreto 2530/2010, precisamente por formar parte de ellas.
Así también se lo ha entendido al señalarse que dentro del concepto de costas cabe incluir los estipendios correspondientes a los mediadores que aún no los percibieron (Morello; ob. cit., Tomo II, pág. 979/980; jurisprudencia allí citada).
Considero entonces que los honorarios de la mediadora deben ser incluidos en las costas del juicio y, por ende, son también objeto del prorrateo previsto en el art. 730 del CCyCN, el que, como dije, implica un límite a los gastos causídicos del proceso.
Ello al igual que sucede con los honorarios del resto de los abogados y auxiliares de la justicia.
Por el contrario, y de considerarse que por su carácter de prejudiciales no están comprendidos -como aseveran los recurrentes-, podrían eventualmente resultar desproporcionados con los del resto de los letrados sí alcanzados por el prorrateo (CC0001 SI 37970 2014 560 I 17/12/2018, “Ávila Elena Gabriela C/ Marzetti María Paola y otros S/ Daños y perjuicios”; CNCiv., sala C, causa nº 67.175, del 22-09-2015; CNCiv., sala H, causa nº 34.335, del 11-09-2015).
Ello devendría, en definitiva, en contra de todas aquellas pautas de proporcionalidad e igualdad que son o fueron tenidas en cuenta en general para regular los honorarios del mediador; pautas que de hecho, fueron consideradas por esta Alzada en el caso al ser revisados los estipendios de la mediadora mediante el resolutorio de fs. 1048/1055, Considerando III.7.
Al respecto, cabe señalar que el decreto 2530/2010, reglamentario de la ley 13.951, fijó las pautas mínimas para la determinación de los emolumentos de los mediadores, estableciendo una escala de jus arancelarios en función del valor económico del litigio (art. 27).
Pero lo cierto es que para la fijación de los emolumentos, se ha establecido que, al igual que en todos los casos de determinación de honorarios profesionales, no deben perderse de vista principios tales como el de una remuneración adecuada y justa y el de proporcionalidad. Ello tanto en relación al monto en juego y a la labor efectivamente desarrollada, como a otros honorarios de otros profesionales que se deban regular o ya se hubieren determinado.
Atendiendo a tal objetivo, es que el art. 1255 del CCyCN –análogo al anterior art. 1627 del CC–, ha otorgado a los magistrados la potestad de disminuir los honorarios e incluso ir por debajo de las escalas arancelarias, cuando haya una evidente e injustificada desproporción en las prestaciones, disposición que resulta aplicable a todos los servicios profesionales, sin distingos.
Tal criterio, no es sino reflejo de la doctrina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentara en “Cantos” -sent. del 28-XI-02, párr. 55- al señalar que: “…para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales (SCBA LP B 65125 I 08/07/2008 Juez HITTERS (MA), “Arias, Hugo Hernando y otros c/ Ministerio de Economía (IPS) s/ Amparo – Cuestión de competencia art. 6 CCA”).
Considerando estas pautas, que han sido tenidas en cuenta para su regulación, es que dejar ahora los honorarios de la mediadora por fuera del prorrateo, implicaría ir precisamente en su contra.
La inequívoca finalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del CC -reiterada en el actual art. 730 del CCyCN- es propender a una disminución general del costo de los procesos judiciales, la que se vería frustrada con una interpretación restrictiva.
No resulta coherente pensar que, habiéndose buscado aquel objetivo, se restrinja ahora la norma, a través de una construcción forzada en sustento de tal postura, dejando afuera a los honorarios de la mediadora (arts. 2 y 10 del CCyCN).
Se acude así a un criterio finalístico en la interpretación de la norma acorde a los nuevos paradigmas de ponderación, a los cuales, los jueces como aplicadores de aquella al caso concreto sometido a decisión, pueden y deben acudir.
Ello producto de una actividad de apreciación razonadamente fundada (art. 3 del CCyCN), atendiendo a los principios generales que surgen de todo el ordenamiento jurídico, dejando de lado toda interpretación individualista de una norma que no contempla -ni puede contemplar- todos los casos, a riesgo de menospreciar su última finalidad que queda evidenciada en estos supuestos, cuando la misma es observada a la luz de otros parámetros que surgen de igual fuente -la legal-, y no de otra.
Sólo se trata de sopesar cuál de todos los valores a resguardar reclaman mayor autoridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos: 325:3380- ha expresado en tal sentido que el criterio finalista indica en definitiva que por encima de lo que las leyes parecen expresar literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente. No significa desconocer las palabras de la ley sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines y en especial al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y principios fundamentales del derecho, en el grado y jerarquía con que ellos son valorados por el todo normativo.
Es por estas razones que de dejar fuera del prorrateo a los honorarios de la mediadora por su carácter de prejudiciales, podrían eventualmente resultar desproporcionados con los del resto de los letrados sí alcanzados por el prorrateo, aún cuando se acepte que la actividad desplegada por los letrados y auxiliares de la justicia no es igual a la de la mediadora.
IV. En torno al fundamento esgrimido por la sentenciante de grado como sustento de su decisión, cabe señalar lo siguiente.
En el resolutorio apelado señala que en el caso debía considerarse que la Alzada confirmó la decisión de fs. 986 donde se efectuara una reserva de sumas de dinero en la cuenta de autos, entre las que se encontraban los honorarios de la mediadora. Concluye en que por eso debía entenderse que los estipendios habían sido puestos en pie de igualdad con los de los otros letrados y auxiliares de la justicia.
Sin embargo, lo así resuelto oportunamente no amerita esa interpretación.
En primer lugar, el Tribunal nunca se expidió con relación a si debían o no incluirse los honorarios de la mediadora, pues nada de ello fue planteado. En segundo, bien puede efectuarse una reserva de gastos y determinarse luego la forma de llevar a cabo el cómputo del art. 730 del CCyCN, pues una cosa no implica ni impide, en principio, la otra.
Tampoco resulta adecuado eludir la concreta dilucidación del planteo de la mediadora, al referir la iudex a quo que “...la exclusión no resulta aquí aplicable, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en otros casos” (fs. 1099, primer párrafo), bajo el argumento de que los recurrentes no se opusieron a la reserva de honorarios o por haber guardado silencio frente al depósito del demandado.
De las constancias de autos no surge que del pedido de prorrateo formulado por el Dr. Blanco -donde incluía los honorarios de Ruiz- (fs. 1063) se haya dado traslado a todos los interesados (arts. 15 de la Const. Prov., 18 de la Const. Nac.).
Las presentaciones de los letrados Stival y Abraham de fechas 29.03.2019, 08.04.2019 y 10.04.2019, en que van solicitando transferencias de sumas de dinero, no importan la notificación tácita de lo acontecido en el proceso.
Ni menos aún de las presentaciones del resto de las partes, salvo que tal conocimiento surja de modo inequívoco del contenido de los escritos, extremo que aquí no se advierte.
El conocimiento de los actos procesales debe emanar inequívoco, desde que la ley requiere en materia de notificación no la solemnidad de actos rituales, sino la verosimilitud de que el interesado se haya impuesto de su contenido.
Por tal razón, mal puede aseverar la sentenciante silencio o desinterés, cuando de la solicitud de prorrateo del Dr. Blanco sólo se corrió traslado a la mediadora y a la demandada (fs. 1081 y presentación de fecha 30.04.2019).
Debió en definitiva la iudex a quo dar los fundamentos por los cuales incluía los honorarios en el prorrateo. Pues por un lado, ninguna incidencia tenía lo resuelto por la Alzada con relación a la reserva de gastos; y por otro, los interesados nunca consintieron el pedido de prorrateo.
Llevado por el mismo parecer de la juzgadora, el Dr. Blanco al replicar el memorial del Dr. Stival -en fecha 24.06.2019- señala que el pedido de prorrateo fue consentido por los recurrentes, siendo la Dra. Ruiz la única que contestó el traslado. Afirma además que el auto de fs. 1067 -donde se pasaran los autos para resolver- cerraba la cuestión.
Sin embargo, ello no es así; cabe remitirse a lo dicho en relación a que a los recurrentes no se les corrió el traslado de la presentación de fs. 1063/1064 para asegurar su derecho de defensa de manera tal que no genere duda alguna su vulneración.
Y si bien el auto de fs. 1081 ordena el traslado del planteo de la mediadora de fecha 24.04.2019 -efectivizado mediante la cédula del 30.04.2019 dirigida a la demandada-, lo cierto es que ello nunca implicó un traslado a los letrados de la actora; asimismo, el “autos para resolver” de fs. 1067 y de fs. 1083, en modo alguno resolvía sobre la inclusión de los honorarios de la mediadora, lo que recién se hizo en la sentencia interlocutoria de fs. 1087/1091.
Por todo lo expuesto, es que considero que corresponde desestimar los recursos de apelación interpuestos y confirmar -aunque por otros fundamentos- lo resuelto por la iudex a quo en lo que fuera materia de agravios; con costas de esta instancia a los recurrentes vencidos en virtud del principio objetivo de la derrota y las oposiciones formuladas en fecha 24.06.2019 (art. 68 del CPCC).
V. Finalmente, el Dr. Daniel Alberto Blanco interpone contra el resolutorio de fecha 20.05.2019, el recurso de apelación de fecha 12.06.2019, en cuanto impone las costas en el orden causado, recurso que concedido a fs. 1109 -en fecha 13.06.2019- se sustenta mediante el escrito de fecha 24.06.2019.
Sabido es que el tribunal de apelación está facultado para examinar de oficio la procedencia del recurso o sus efectos, pues sobre el punto no está obligado ni por la conformidad de las partes ni por la resolución de la jueza de primera instancia (arts. 246 y 271 del CPCC).
Siendo ello así, corresponde decir que habiendo el abogado Blanco presentado electrónicamente las cédulas de notificación de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 20.05.2019 -conforme se desprende del sistema informático Augusta- en fecha 24.05.2019 por él suscriptas el mismo día, se observa que el recurso de apelación interpuesto el 12.06.2019 es extemporáneo (arts. 244, 245, 246 del CPCC).
Así, depositada con un certificado digital validado la presentación electrónica en cuestión, adecuada y eficazmente en el Servidor de Presentaciones Electrónicas del Poder Judicial, es que a partir del día hábil siguiente se ha de comenzar a computar el plazo procesal pertinente, esto es a partir del día lunes 27.05.2019 (arts. 3, 5 y 6 del "Reglamento para las Presentaciones Electrónicas", anexo a la Resolución N° 1827/2012 de la Suprema Corte).
El art. 6 del mismo reglamento dispone que "la presentación se tendrá por efectuada en la fecha y hora en la cual el documento digital ingresó al Servidor de Presentaciones Electrónicas y quedó disponible para el organismo", salvo que se realice en días u horas inhábiles, en cuyo caso "se tendrá como fecha al primer día hábil siguiente a la presentación electrónica, y como horario de presentación a la hora de apertura de atención judicial". De esta manera, la pieza procesal ingresa y queda almacenada en el sistema, y en consecuencia, la parte finaliza la actividad de presentación, agotando así el íter de exteriorización formal de la voluntad y de comunicación al órgano ("Nardachione C/ IOMA S/ Amparo. Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”; SCBA; Int. del 28 de diciembre de 2016).
Razón por la cual, siendo que el presentante ha quedado notificado de la resolución que pretende apelar, el día 27.05.2019, día siguiente a la presentación del 24.05.2019 a las "12:40:20 pm", es que el recurso interpuesto el 12.06.2019, no lo ha sido en tiempo propio, razón por la cual corresponde que se lo declare mal concedido a fs. 1109. Sin costas atento el modo de resolverse la cuestión (arts. cit.).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Mediante el decisorio de fs. 1120/1121, de fecha 25.06.2019 la iudex a quo dispone hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la demandada contra el proveído de fs. 1103, que ordenara la presentación de fotocopias para la certificación y formación de Incidente de Ejecución de Honorarios del Dr. Julián Abraham, dejándolo sin efecto por contrario imperio, e imponiendo las costas por su orden atento la forma de resolver la cuestión.
Contra dicho resolutorio interpone recurso de apelación la parte demandada mediante el escrito de fecha 28.06.2019; concedido a fs. 1128 -de fecha 01.07.2019-, se sustenta a través del memorial de fecha 02.07.2019. El escrito merece réplica mediante la presentación del Dr. Abraham del 18.07.2019.
Luego de un pormenorizado resumen de lo acontecido, se queja en cuanto se imponen las costas en el orden causado cuando su parte no es vencida en la incidencia generada, sino gananciosa frente a la existencia de posiciones opuestas. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura.
II. Analizadas las constancias de autos tengo que la incidencia se generó con la presentación del demandado donde plantea revocatoria contra el proveído de fs. 1103, aduciendo que no había necesidad de instar un incidente de ejecución de honorarios. Que ello traería aparejado mayores costos para su parte, frente a la existencia de fondos en la cuenta judicial que superan holgadamente los honorarios del letrado, los cuales no se encuentran en debate y pueden ser percibidos por el mismo con un simple pedido de transferencia bancaria.
De dicha presentación se corrió traslado, mediante el auto de fs. 1105. Así, el Dr. Abraham, en el escrito de fecha 11.06.2019 sostuvo la falta de legitimación activa del demandado, a la vez que se opuso
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