Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122431
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
La Plata, 20 de Febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Negri, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco de la causa penal seguida respecto de L. M. I. por el delito de homicidio, remitió un oficio a la Receptoría General de Expedientes departamental a efecto de que proceda a sortear el órgano de Familia que deba intervenir con relación al nombrado, a los fines previstos en el art. 12 del Código Penal (v. fs. 1/24), resultando desinsaculado el Juzgado n° 5 de ese fuero (v. fs. 25).
Más adelante, el magistrado declinó su competencia para intervenir en las actuaciones así iniciadas, haciendo lugar a la petición efectuada en tal sentido por la Asesora de Incapaces n° 4 (v. fs. 29), a la que prestó conformidad el agente fiscal (v. fs. 31). A tal fin, sostuvo que conforme lo comunicó aquella funcionaria, el interesado se encontraba -en aquel momento- detenido en la Unidad Penal n° 54 de Florencio Varela y que la Corte Suprema nacional ha resuelto que en casos de este tenor debe conocer el juez del lugar donde reside efectivamente o donde esté alojado el causante. En consecuencia, remitió las actuaciones al Juzgado del mismo fuero en turno del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 32).
A su turno, su par n° 4 de esa jurisdicción, al que fue asignado el expediente (v. fs. 40), rehusó la atribución conferida, al considerar que del juego armónico de los arts. 5 inc. 8 del Código Procesal Civil local y 73, 77, 78, 112 y 138 del Código Civil y Comercial de la Nación, resulta competente el magistrado del domicilio del interesado, por lo que procedió a devolverlo al remitente (v. fs. 41), quien finalmente lo elevó a este Suprema Corte a fin de que resuelva la contienda de competencia así surgida (v. fs. 42).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, es del caso señalar que esta Suprema Corte ha resuelto por mayoría, en numerosas oportunidades, que subsiste un interés jurídico que justifica un pronunciamiento sobre la contienda de competencia suscitada como consecuencia de la aplicación del segundo párrafo del art. 12 del Código Penal a la persona condenada a pena privativa de la libertad por más de tres años que se encuentra detenida, dando cumplimiento a su condena. Interpretado armónicamente a la luz de los principios, valores y normas contenidos en la Constitución nacional, los tratados sobre derechos humanos y el Código Civil y Comercial, el mencionado precepto conserva una materialidad susceptible de descartar su genérica inaplicabilidad o tácita derogación. La denominada curatela prevista en el art. 12 del Código Penal no constituye técnicamente una pena accesoria, sino que se trata de una medida de carácter tuitivo y cautelar instaurada como consecuencia de una pena principal, en beneficio y no en perjuicio del penado.
Sentado ello, se subrayó que el art. 138 del nuevo Código remite al art. 112 del mismo, referido a la tutela, cuyo texto señala la conveniencia de la intervención del juez del lugar donde el pupilo tiene su centro de vida. Asimilado ese enunciado, en otros supuestos sobre la misma materia, al sitio donde esté alojado el penado en cumplimiento de la sentencia condenatoria, concluyó considerando que resulta competente para intervenir en este conflicto de competencia, el Juzgado de Familia con jurisdicción en ese lugar (conf. doctr. causas C. 121.274, "L. S. F.", resol. de 8-XI-2017; C. 121.341, "A. I. S.", resol. de 20-XII-2017; C. 122.242, "A. F. N.", resol. de 7-III-2018 , C. 122.643, "D., A. E.", resol. de 15-VIII-2018, C. 122.770 "C., P.", resol. de 17-X-2018, entre otras).
Sin embargo, en el caso que se considera, debe destacarse que, de acuerdo a lo que surge del informe recibido vía electrónica con fecha 19 de diciembre de 2018, el señor L. M. I. V. se encuentra acogido al beneficio de libertad asistida (art. 104, ley 12.256), el cual le fue concedido por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el mes de junio de 2017 y fijó domicilio en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, el que corresponde, en el mapa judicial de la provincia, al Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
En consecuencia, aplicando las consideraciones expuestas a las particularidades que presenta este supuesto, en especial, atendiendo al dato suministrado al que se hizo referencia en el párrafo anterior, corresponde declarar que resulta hábil para conocer en las presentes al Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por mis colegas en el Punto I del apartado anterior de la presente.
II. Sobre lo que manifestaron en el Punto II, debo decir que la postura que sustenté en la causa 120.105, "R., R. A." (resol. de 21-XII-2016) y otras posteriores (tales como causas C. 121.028, "P. C. J.", resol. de 21-VI-2017; C. 121.274, "L. S. F.", resol. de 8-XI-2017; C. 121.340, "D. M. G.", resol. de 27-XII-2017; C. 121.130, "F. L. F.", resol. de 7-III-2018 y C. 122.643, "D., A. E.", resol. de 15-VIII-2018), ha resultado minoritaria.
En dicho precedente sostuve, en muy prieta síntesis, que no reviste interés jurídico resolver el conflicto de competencia suscitado con motivo de discernir la curatela a quien fue condenado a pena de prisión por más de tres años (art. 12, Código Penal), considerando los importantes cambios e innovaciones que han tenido lugar desde una perspectiva de los derechos humanos en torno a los distintos aspectos involucrados en la restricción al ejercicio de la capacidad de las personas, con un sustento no discriminatorio basado en la igualdad (arts. 31 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nac.; arts. 3 y 12 de la CDPD), y a la luz del control de convencionalidad y constitucionalidad que los jueces deben efectuar respecto de las normas.
Sin embargo, la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema que se erigen en doctrina legal sobre la cuestión, me llevan, siempre dejando a salvo mi opinión al respecto, a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden en el Punto II mentado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Regístrese, hágase saber y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia