Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123371
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro.
La Plata, 10 de Julio de 2019.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza remitió, en noviembre de 2018, un oficio a la Receptoría General de Expedientes de esa departamental a efecto de que desinsacule el Juzgado de Familia que deberá intervenir a los fines previstos en el art. 12 del Código Penal respecto del señor N. F. A. quien fue condenado a la pena de tres años y ocho meses de prisión. Se informó también allí que su domicilio estaba situado en la localidad de González Catán y que se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria n° 47 de San Isidro (v. fs. 1, 2, y 4).
La titular del Juzgado de Familia n° 9, con asiento en San Justo sorteado (v. fs. 3), se declaró incompetente para conocer en la causa, al considerar que debe hacerlo el magistrado del lugar donde está alojado el causante, apoyándose a tal fin en una decisión de esta Suprema Corte que citó. En consecuencia, atendiendo a que el señor A. está detenido en la Unidad Carcelaria mencionada, la remitió a la Receptoría General de Expedientes de San Isidro para que practique el pertinente sorteo (v. fs. 4/5).
A su turno, el órgano de igual fuero n° 5 de esa jurisdicción al que le fue asignada la causa (v. fs. 6 vta.) asumió su actuación (v. fs. 8), pero luego el defensor oficial planteó la cuestión de competencia, alegando que la Unidad n° 47 se ubica en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, motivo por el cual consideró que la magistrada actual debía inhibirse de continuar conociendo en autos (v. fs. 10). En ese marco y con base en los citados argumentos, la jueza se declaró incompetente y remitió los obrados a la Receptoría General de Expedientes de General San Martín (v. fs. 11/12).
El Juzgado de Familia n° 1 de esa Departamental que resultó desinsaculado (v. fs. 13) también rehusó intervenir, con sustento en que la curatela del art. 12 del Código Penal no está comprendida en la competencia del art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que es un régimen distinto al de restricción de la capacidad previsto en éste último. Además, alegó que la Acordada n° 3.397 modificada por la n° 3.766/2015 de esta Corte establece expresamente que la curatela mencionada integra la competencia Civil y Comercial. En tal virtud, ordenó la remisión de los actuados al Juzgado de origen (v. fs. 14).
Recibidos, el órgano de San Justo los elevó ante este Tribunal (v. fs. 17).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, es del caso señalar que esta Suprema Corte ha resuelto por mayoría, en numerosas oportunidades, que subsiste un interés jurídico que justifica un pronunciamiento sobre la contienda de competencia suscitada como consecuencia de la aplicación del segundo párrafo del art. 12 del Código Penal a la persona condenada a pena privativa de la libertad por más de tres años que se encuentra detenida, dando cumplimiento a su condena. Interpretado armónicamente a la luz de los principios, valores y normas contenidos en la Constitución nacional, los tratados sobre derechos humanos y el Código Civil y Comercial, el mencionado precepto conserva una materialidad susceptible de descartar su genérica inaplicabilidad o tácita derogación. La denominada curatela prevista en el art. 12 del Código Penal no constituye técnicamente una pena accesoria, sino que se trata de una medida de carácter tuitivo y cautelar instaurada como consecuencia de una pena principal, en beneficio y no en perjuicio del penado.
Sentado ello, se subrayó que el art. 138 del nuevo Código remite al art. 112 del mismo, referido a la tutela, cuyo texto señala la conveniencia de la intervención del juez del lugar donde el pupilo tiene su centro de vida. Asimilado ese enunciado en este supuesto al sitio donde esté alojado el penado en cumplimiento de la sentencia condenatoria, concluyó considerando que resulta competente para intervenir en este conflicto de competencia, el Juzgado de Familia con jurisdicción en ese lugar (conf. doctr. causas C. 121.274, "L. S. F.", resol. de 8-XI-2017; C. 121.341, "A. I. S.", resol. de 20-XII-2017; C. 122.242, "A. F. N.", resol. de 7-III-2018; C. 122.643, "D., A. E.", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.770 "C., P.", resol. de 17-X-2018; C. 123.062, "C., L. P.", resol. de 13-II-2019; C. 123.052, "A., E. N.", resol. de 13-III-2019; C. 123.230, "G., J. M. ", resol. de 8-V-2019, entre otras).
Aplicando lo expuesto al caso que se considera, atendiendo a que, tal como ilustra la pieza obrante a fs. 1, el señor N. F. A. está cumpliendo su condena en la Unidad Carcelaria n° 47, la que según informa la página web del Servicio Penitenciario Bonaerense, pertenece al Departamento Judicial de San Isidro, corresponde declarar que resulta hábil para conocer en las presentes al Juzgado de Familia n° 5 de esa departamental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro.
Regístrese, hágase saber y remítase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia