Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123389
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro.
La Plata, 21 de Agosto de 2019.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza remitió, en noviembre de 2018, un oficio a la Receptoría General de Expedientes de esa departamental a efecto de que desinsacule el Juzgado de Familia que deberá intervenir a los fines previstos en el art. 12 del Código Penal respecto de la señora T. A. V. quien fue condenada a la pena de seis años y ocho meses de prisión. Se informó también allí que su domicilio estaba situado en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza y que se encuentra alojada en la Unidad Carcelaria n° 47 de San Isidro (v. fs. 1/14, 15/16).
La titular del Juzgado de Familia n° 8, con asiento en San Justo sorteado (v. fs. 17), previo dictamen del Ministerio Público (v. fs. 19) se declaró incompetente para conocer en la causa, al considerar que debe hacerlo el magistrado del lugar donde está alojado el causante, apoyándose a tal fin en los arts. 112 y 138 del Código Civil y Comercial y en una decisión de esta Suprema Corte que citó. En consecuencia, atendiendo a que la señora V. está detenida en la Unidad Carcelaria mencionada, la remitió a la Receptoría General de Expedientes de San Isidro para que practique el pertinente sorteo (v. fs. 20).
A su turno, el órgano de igual fuero n° 2 de esa jurisdicción al que le fue asignada la causa (v. fs. 22 vta.), previa certificación del actuario (v. fs. 23) se inhibió de intervenir en los presentes, alegando que la Unidad n° 47 se ubica en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín, motivo por el cual y con base en la misma normativa citada por su par que previno, remitió los obrados a la Receptoría General de Expedientes de General San Martín (v. fs. 24/25).
El Juzgado de Familia n° 1 de esa Departamental que resultó desinsaculado (v. fs. 27) también rehusó intervenir, con sustento en que la curatela del art. 12 del Código Penal no está comprendida en la competencia del art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que es un régimen distinto al de restricción de la capacidad previsto en éste último. Además, alegó que la Acordada n° 3.397 modificada por la n° 3.766/2015 de esta Corte establece expresamente que la curatela mencionada integra la competencia Civil y Comercial. En tal virtud, ordenó la remisión de los actuados al Juzgado de origen (v. fs. 28).
Recibidos, el órgano de San Isidro los elevó ante este Tribunal (v. fs. 30 y 31).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, es del caso señalar que esta Suprema Corte ha resuelto por mayoría, en numerosas oportunidades, que subsiste un interés jurídico que justifica un pronunciamiento sobre la contienda de competencia suscitada como consecuencia de la aplicación del segundo párrafo del art. 12 del Código Penal a la persona condenada a pena privativa de la libertad por más de tres años que se encuentra detenida, dando cumplimiento a su condena. Interpretado armónicamente a la luz de los principios, valores y normas contenidos en la Constitución nacional, los tratados sobre derechos humanos y el Código Civil y Comercial, el mencionado precepto conserva una materialidad susceptible de descartar su genérica inaplicabilidad o tácita derogación. La denominada curatela prevista en el art. 12 del Código Penal no constituye técnicamente una pena accesoria, sino que se trata de una medida de carácter tuitivo y cautelar instaurada como consecuencia de una pena principal, en beneficio y no en perjuicio del penado.
Sentado ello, se subrayó que el art. 138 del nuevo Código remite al art. 112 del mismo, referido a la tutela, cuyo texto señala la conveniencia de la intervención del juez del lugar donde el pupilo tiene su centro de vida. Asimilado ese enunciado en este supuesto al sitio donde esté alojado el penado en cumplimiento de la sentencia condenatoria, concluyó considerando que resulta competente para intervenir en este conflicto de competencia, el Juzgado de Familia con jurisdicción en ese lugar (conf. doctr. causas C. 121.274, "L. S. F.", resol. de 8-XI-2017; C. 121.341, "A. I. S.", resol. de 20-XII-2017; C. 122.242, "A. F. N.", resol. de 7-III-2018; C. 122.643, "D., A. E.", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.770 "C., P.", resol. de 17-X-2018; C. 123.062, "C., L. P.", resol. de 13-II-2019; C. 123.052, "A., E. N.", resol. de 13-III-2019; C. 123.230, "G., J. M. ", resol. de 8-V-2019, entre otras).
Aplicando lo expuesto al caso que se considera, atendiendo a que, tal como ilustra la pieza obrante a fs. 16, la señora T. A. V. está cumpliendo su condena en la Unidad Carcelaria n° 47, la que según informa la página web del Servicio Penitenciario Bonaerense, pertenece al Departamento Judicial de San Isidro, corresponde declarar que resulta hábil para conocer en las presentes al Juzgado de Familia n° 2 de esa departamental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro.
Regístrese, hágase saber y remítase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia