Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123534
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 1, con sede en Azul, de ese Departamento Judicial, para lo cual serán remitidas a la correspondiente Receptoría General de Expedientes a fin de que proceda a su asignación.
La Plata, 6 de Noviembre de 2019.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza remitió, en abril de 2019, un oficio a la Receptoría General de Expedientes de esa departamental a efecto de que desinsacule el Juzgado de Familia que deberá intervenir a los fines previstos en el art. 12 del Código Penal respecto del señor B. J. M. quien fue condenado a la pena de catorce años de prisión. Se informó también allí que su domicilio estaba situado en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza y que se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria n° 2 de Sierra Chica (v. fs. 1/6, 7/9, 10).
Sin perjuicio de lo reseñado, también se observa que en la sentencia de fs. 1/9 se refirió que el causante se encontraba cumpliendo la pena en la Unidad n° 48 de General San Martín.
La titular del Juzgado de Familia n° 9 sorteado, con asiento en San Justo (v. fs. 9 vta.), se declaró incompetente para conocer en la causa, al considerar que debe hacerlo el magistrado del lugar donde está alojado el causante, apoyándose a tal fin en los arts. 112 y 138 del Código Civil y Comercial y en una decisión de esta Suprema Corte que citó. En consecuencia, atendiendo a que el señor M. está detenido en la Unidad Carcelaria mencionada, la remitió a la Receptoría General de Expedientes de General San Martín para que practique el pertinente sorteo (v. fs. 12).
A su turno, el órgano de igual fuero n° 1 de esa jurisdicción al que le fue asignada la causa (v. fs. 16 vta.), también rehusó intervenir, con sustento en que la curatela del art. 12 del Código Penal no está comprendida en la competencia del art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que es un régimen distinto al de restricción de la capacidad previsto en este último. Además, alegó que la Acordada n° 3.397 modificada por la n° 3.766/2015 de esta Corte establece expresamente que la curatela mencionada integra la competencia civil y comercial. En tal virtud, ordenó la remisión de los actuados al Juzgado de origen (v. fs. 15).
El órgano de San Justo los elevó ante este Tribunal (v. fs. 17).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Recibidos (v. fs. 17) y advertida la discrepancia del lugar de detención del causante, obrante en el oficio de fs. 10 (Sierra Chica) y lo reseñado a fs. 12 (General San Martín), se requirió al órgano remitente que informe a esta Corte acerca del lugar donde se encuentra alojado en la actualidad el señor M. (v. fs. 18), extremo cumplido con el oficio electrónico de fecha 30 de septiembre del corriente año (v. fs. 19).
III. Al respecto, es del caso señalar que esta Suprema Corte ha resuelto por mayoría, en numerosas oportunidades, que subsiste un interés jurídico que justifica un pronunciamiento sobre la contienda de competencia planteada como consecuencia de la aplicación del segundo párrafo del art. 12 del Código Penal a la persona condenada a pena privativa de la libertad por más de tres años que se encuentra detenida, dando cumplimiento a su condena. Interpretado armónicamente a la luz de los principios, valores y normas contenidos en la Constitución nacional, los tratados sobre derechos humanos y el Código Civil y Comercial, el mencionado precepto conserva una materialidad susceptible de descartar su genérica inaplicabilidad o tácita derogación. La denominada curatela prevista en el art. 12 del Código Penal no constituye técnicamente una pena accesoria, sino que se trata de una medida de carácter tuitivo y cautelar instaurada como consecuencia de una pena principal, en beneficio y no en perjuicio del penado.
Sentado ello, se subrayó que el art. 138 del nuevo Código remite al art. 112 del mismo, referido a la tutela, cuyo texto señala la conveniencia de la intervención del juez del lugar donde el pupilo tiene su centro de vida. Asimilado ese enunciado en este supuesto al sitio donde esté alojado el penado en cumplimiento de la sentencia condenatoria, concluyó considerando que resulta competente para intervenir en este conflicto de competencia, el Juzgado de Familia con jurisdicción en ese lugar (conf. doctr. causas C. 121.274, "L. S. F.", resol. de 8-XI-2017; C. 121.341, "A. I. S.", resol. de 20-XII-2017; C. 122.242, "A. F. N.", resol. de 7-III-2018; C. 122.643, "D., A. E.", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.770 "C., P.", resol. de 17-X-2018; C. 123.062, "C., L. P.", resol. de 13-II-2019; C. 123.052, "A., E. N.", resol. de 13-III-2019; C. 123.230 "G., J. M.", resol. de 8-V-2019; C. 123.280, "R., F. M.", resol. de 12-VI-2019, e. o.).
Aplicando lo expuesto al caso que se considera, atendiendo a que, tal como ilustra el oficio electrónico de fecha 30 de septiembre de 2019, el señor B. J. M. estuvo alojado en la Unidad Penal n° 2 de Sierra Chica, luego en la Unidad Penitenciaria n° 17 -Urdampilleta- hasta el 23 de septiembre de 2019, fecha en que se ordenó el traslado del mismo a la Unidad Penitenciaria n° 30 de General Alvear, corresponde declarar que resulta hábil para conocer en las presentes actuaciones al Juzgado de Familia n° 1, con asiento en Azul, del mismo Departamento Judicial.
Ello por cuanto, esta Corte ha dicho que siendo la encargada de decidir esta clase de cuestiones, puede declarar la competencia de los órganos que realmente la tengan, ello aún cuando la contienda no se haya trabado con su intervención (conf. causas C. 119.739, "B., D. F.", resol. de 26-III-2015; C. 119.862, "C., L. N.", resol. de 13-V-2015; C. 120.294, "G., R. M. A.", resol. de 23-IX-2015; Fallos 236:650; 253:419, e. o.)
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en las actuaciones arribadas, al Juzgado de Familia n° 1, con sede en Azul, de ese Departamento Judicial, para lo cual serán remitidas a la correspondiente Receptoría General de Expedientes a fin de que proceda a su asignación.
Regístrese, hágase saber y remítase.
HECTOR NEGRI
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia