Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.732-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la extinción de la acción de la DGA para imponer penas, en relación a la co-actora Aníbal Godolfino Curotto, sin costas.
2Revocar parcialmente los artículos 1° y 2° de la Resolución 38/2017 (AD CAMP), en cuanto impone la pena de multa – e intima de pago – a la firma LACTEOS CONOSUR S.A., la que se reliquida y asciende a la suma de CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 30/100 ($ 108.250,30). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se determinan en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo del Fisco Nacional.
3Confirmar el artículo 3° de la referida Resolución 38/2017 (AD CAMP) en cuanto intima el pago de tributos. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-13458265-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 7 de Febrero de 2025 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver el expediente N° 37.732-A, caratulado “CUROTTO ANIBAL GODOLFINO c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, y su acumulado N° 37.779-A “LACTEOS CONOSUR S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 5/10 vta. se presenta, por apoderado, el Sr. ANIBAL GODOLFINO CUROTTO e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 38/2017 (AD CAMP), por la cual se lo condena en forma solidaria con la firma exportadora LACTEOS CONOSUR S.A. al pago de una multa de $ 476.480, por considerarlo incurso en la infracción prevista en los incisos a), b) y c) del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero, que fuera dictada en el sumario 008 SC 12 2012/2, notificado el 26 de febrero de 2017.
Relata los antecedentes del caso y manifiesta que ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo, ajustándose a las instrucciones del exportador. Sostiene que su actuación se circunscribe a gestionar despachos y a destinar mercaderías de terceros, lo cual se asimila al mandato. Argumenta que resultaría absurdo desde la perspectiva de la responsabilidad profesional que declarare en una destinación aduanera de exportación, de manera distinta o diferente a lo vertido en la documentación complementaria. Indica que su función es ajena a la realización del negocio exportador y que su responsabilidad debe quedar circunscripta a la declaración técnica como auxiliar del servicio aduanero, en cumplimiento de los reglamentos vigentes.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el fallo apelado en cuanto es motivo de agravio, con costas a la contraria. Que, asimismo, a fs. 26/35 ref. se presenta, por apoderado, la co-actora LACTEOS CONOSUR S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 38/2017 (AD CAMP), dictada el 03/02/17 en los expedientes administrativos SIGEA N° 12578-467-2008, 12578-467-2008/1, 12578-467-2008/2, y 17114-1797-2017, por la cual se la condena al pago de una multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954 incisos a), b) y c) del CÓDIGO Aduanero. Relata los hechos e indica que documentó la exportación de leche en polvo con destino a Brasil a los valores de factura y bajo las condiciones comerciales de compra/venta correspondiente.
Entiende que las declaraciones fueron exactas y veraces. Se agravia de que la Aduana: (i) se apartó del valor declarado ajustándolo, (ii) denunció a la empresa por la infracción al inc. b) del artículo 954 de la ley 22.415 por considerar que la mercadería exportada era prohibida, y (iii) emitió la resolución al límite de la prescripción, sin análisis alguno por parte del área legal pertinente. Sostiene que el informe emitido por la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación de la Dirección Regional Aduanera La Plata (SE FVEX) resulta incompleto y se aparta de manera intencionada de los hechos con el propósito de demostrar un ilícito que no existió. Insiste en que no surge de las constancias obrantes en el expediente que los hechos materiales a que se refieren los funcionarios intervinientes, configuren el tipo objetivo requerido por la norma para la procedencia de la sanción.
Señala que resulta llamativo que el fallo esté fechado el 3 de febrero de 2017, último día hábil anterior a que se produzca la extinción de la acción por prescripción, sin que se produjera un informe técnico, se analizará la prueba, poniéndose los autos para alegar. Manifiesta la inexistencia de declaración inexacta atento a que ingreso correctamente las divisas al país, en cumplimiento con las exigencias del BCRA. Indica que la infracción imputada únicamente podría generarse si se hubiere constatado una diferencia entre el precio declarado y el precio resultante de la verificación, lo que no ocurrió. En ese caso, no necesariamente cabe presumir la infracción de declaración inexacta, sino que la discrepancia podría ser subsanada a través de un mero ajuste de valor.
Además, arguye que la acción llevada a cabo por la exportadora no es una acción prohibida por la norma, por lo que no constituye una acción tipificada como infracción en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero. Entiende que la condena importaría un serio menoscabo del principio de razonabilidad tutelado por la Constitución Nacional, seguridad jurídica y propiedad. Finalmente, planeta que en caso de duda se debe aplicar el principio in dubio pro reo en favor del administrado, y cuestiona la liquidación tributaria por la dolarización de los tributos en la resolución recurrida. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se revoque el fallo apelado, con costas a la demandada.
II. A fs. 64/68 se presenta la demandada, y contesta el traslado de ambos recursos. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la recurrente que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Relata los hechos del caso e indica que la DGA realizó el control ex post y encontró una diferencia de valor FOB documentado, y que como consecuencia de ello, surge una presunta diferencia en el ingreso/egreso de divisas y un potencial perjuicio fiscal y de tributos. Sostiene que: (i) no se encuentra controvertido que la declaración en la destinación aduanera difería del resultado de la verificación física y documental, y (ii) resulta evidente la diferencia del egreso de divisas declarado respecto del que efectivamente correspondía. Asimismo, señala que la exportación de la mercadería en cuestión resulta prohibida atento a que en el expediente no surgen constancias del certificado de registro de exportación láctea (ROEL) emitida por la ONCCA, ni la certificación de SENASA; requisitos exigibles para su liberación. En consecuencia, la recurrente resulta responsable de la infracción - inciso b) ap. 1 del art. 954 del C.A. - por no cerciorarse si la mercadería venía acompañada de los certificados correspondientes. En cuanto al cuestionamiento de la validez de la liquidación en dólares estadounidenses, afirma que no debe prosperar atento a que las operaciones de comercio exterior se realizan sobre la base de la moneda norteamericana permitiendo que el valor de la mercadería se estandarice. Por ende, confirma que el artículo 20 de la ley 23.905 es totalmente aplicable y que debe rechazarse el planteo efectuado por el tipo de cambio. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución recurrida, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas n° 12578-467-2008, 12578-467-2008/1, 12578-467-2008/2, y 17114- 1797-2017 se inician, a fs. 1 con la nota “V” N° 1792/08 de la Aduana de Campana mediante la cual se envía para su evaluación al área de Exportación de la Región Aduanera La Plata el sobre contenedor OM2133 SIM. A fs. 2 luce el mencionado sobre contenedor con la Destinación de Exportación N° 08 008 EC01 008388 W y su documentación complementaria. A fs. 3/8 luce el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación N° 387/2011 (SE FVEX) emitido por la Dirección Regional Aduanera de La Plata donde se ratifican las infracciones del art. 954 ap. 1 inc. a), b) y c) y se determinan las diferencias a ingresar al Fisco. A fs. 9 consta la Nota N° 1527/2011 (DV FOLP) en la que se denuncia la Destinación de Exportación en trato. En fecha 06/02/2012 (ver fs. 10 de las act. adm.), se dispone la instrucción de sumario y se ordena correr vista de lo actuado a la importadora y al despachante de aduanas quienes, notificadas en fecha 09/02/2012 (a fs. 12 y fs. 14), presentan su descargo a fs. ref. 26/40 y fs. 20/25. A fs. 51/52 luce el Dictamen Nro. 18/2017 con la fundamentación técnica de la condena impuesta por la DGA. A fs. 53/54 vta. obra la Resolución N° 38/2017 (AD CAMP), aquí apelada.
IV. Que, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a las co-recurrentes al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, incs. a), b) y c) del CÓDIGO ritual se ajusta a derecho, en cuanto ha sido materia de recurso.
Que, en primer término corresponde aclarar que, habiéndose acreditado en autos el fallecimiento del Sr. Aníbal Godolfino Curotto, a fs. 41/42 de autos, resulta de aplicación lo normado por el artículo 929 inc. b) de la ley 22.415 que, expresamente, dispone que la muerte del imputado extingue la acción penal en su contra; en virtud de ello, corresponde declarar extinguida la acción penal contra el despachante de aduana y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa impuesta en el artículo 1° de la resolución apelada en autos, en relación al citado co-recurrente.
V. Que, sentado ello, cabe destacar que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y que dicha inexactitud haya producido o podido producir alguno de los efectos previstos en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
Que la referida norma señala que: "El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; (…) c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia". Que no se encuentra controvertido que, mediante la destinación 08 008 EC01 008388 W, en fecha 24/07/08 se documentó la exportación de mercadería consistente en 50.000 kilogramos de “Leche descremada en polvo marca La Suipachense”, clasificada en la PA 0402.10.10.900L, con destino Brasil.
Que la Aduana argentina, en su función de control aduanero ex post, determinó los costos de producción, que ascenderían a la suma de USD/Kg 3,927 (ver fs. 7 act. adm.), estableciendo así un nuevo Valor FOB que habría generado una supuesta diferencia de derechos de exportación, por un total de USD 1.350.-, así como de ingreso de divisas, la que asciende a la suma de USD 36.350.-
Que, por su parte, la firma recurrente manifiesta que la declaración fue correcta y veraz, y afirma que documentó la operación conforme los valores que surgen de la factura comercial, y que fueron éstas las divisas que ingresaron al país, en concordancia con lo establecido por el BCRA.
VI. Que, no obstante, y si bien es verdad que de la compulsa de la documentación surge que la información plasmada en la factura comercial E N° 006-0026 (obrante en sobre contenedor de fs. 2 de las actuaciones) resulta coincidente con la declarada en el DE 08 008 EC01 008388 W, lo cierto es que la empresa recurrente no ha aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar las observaciones – ajustes – relativas a los costos de producción, efectuada por la DGA.
Que, a mayor abundamiento, tampoco debe perderse de vista que la empresa recurrente no ha cumplimentado en debida forma la intimación cursada a fs. 131 –que data de fecha 29 de marzo de 2019-, por cuanto jamás puso a disposición de la perito designada en autos la documentación necesaria para que responda los puntos de la pericia por ella misma solicitada en la litis, como prueba a su favor para resolver el presente litigio. Que, en consecuencia, corresponde rechazar los agravios de la recurrente, planteados en relación a la aplicación, por parte del servicio aduanero, de lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
VII. Que, sentado ello, incumbe analizar la configuración del tipo previsto en el inciso b) de la norma en crisis, conforme la cual quien “para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (…) b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción…”; en el caso de autos, el servicio aduanero consideró que la mercadería documentada en la destinación de exportación 08 008 EC01 008388 W no podría haber sido embarcada, en virtud de la falta de una serie de certificados sanitarios y autorizaciones de organismos diversos, como la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario o el SENASA.
Que, asimismo, la Resolución N° 5655/07 de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario establece, en su artículo 1°, que “Las solicitudes de registro de las operaciones de exportación de las mercaderías comprendidas en la Resolución Nº 152 de fecha 21 de septiembre de 2007 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION deberán ser presentadas por los exportadores de los productos precitados, quienes deberán estar inscriptos como tales ante la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO(…)”; y agrega en su artículo 2: “La registración establecida por el artículo 1º de la presente resolución se efectivizará en el Registro de Operadores Lácteos creado por Resolución Nº 1621 (…)”.
Que, por su parte, la Resolución N° 2012/93 dictada por la Administración de Aduanas establece la competencia del SENASA “a los fines de la importación y de la exportación de los productos, subproductos y derivados, de origen animal que no constituyan productos alimentarios de consumo humano acondicionados para la venta directa al público (…)”, y añade en su artículo 2 que “el libramiento a plaza de las mismas queda sujeto a la previa autorización emitida por el SENASA y su intervención”.
VIII. Que la firma recurrente entiende que el efecto previsto en el inciso b) del artículo 954 del CÓDIGO de rito no pudo producirse en la especie, atento haber dado cabal cumplimiento a las prerrogativas de exportación del producto, aportando copias (a fs. 37 y 38/40 de las act. adm.) del: (i) ROEL n° 001049/2008 de fecha 08/08/2008 donde la ONCCA certifica la destinación de exportación y (ii) de la autorización del SENASA L 2684 del 02 de junio de 2008 correspondiente a la mercadería en trato, donde el funcionario interviniente certifica y autoriza la carga para embarque. En función a ello, entiende que la mercadería no era de exportación prohibida, ya que obtuvo las dos certificaciones que normativamente se le exigían, con fecha anterior a la carga.
Que bajo tal plataforma fáctica, y más allá de la prueba aportada por la parte actora, corresponde poner de manifiesto que la falta de presentación de dichas certificaciones no resulta punible en los términos del artículo 954, ap. 1., inc. b) del CÓDIGO Aduanero, por cuanto no está prohibido el egreso, en sí mismo, de la mercadería del territorio aduanero, sino que dicho egreso -que se condiciona al previo libramiento de la mercadería- exige contar con estas autorizaciones. En efecto, la mercadería resulta -o no- prohibida en cuanto una norma dispone que así lo sea y no por una mera restricción o autorización que se impone previo a su libramiento. En tal sentido, cabe aclarar que en la sentencia del 12 de junio de 2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA [TF 22.220-A]”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, recordó que las prohibiciones de importación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos exigidos para la importación de la mercadería. Allí se señaló que el CÓDIGO no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Que, en el mismo sentido, la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 02/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”).
Que, por lo tanto, no existe ninguna norma que expresamente establezca que la falta de presentación de los certificados sanitarios y autorizaciones de organismos como la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (“ONCCA”) o el SENASA constituye una prohibición para el egreso de la mercadería del territorio aduanero, sino más bien constituye una restricción a la exportación que impone el servicio aduanero a determinadas mercaderías a los efectos de autorizar su libramiento. Por ello, no corresponde atribuir a la conducta desplegada por la recurrente la infracción tipificada en el artículo 954, inc. b), del CÓDIGO Aduanero. Que, en atención a lo expuesto, y siendo que la condena prospera sólo por la configuración de las conductas tipificadas en los incisos a) y c) del referido texto legal, corresponde reliquidar la multa objeto de autos: Perjuicio Fiscal: USD 1.350.-
Diferencia en Ingreso de Divisas: USD 36.350.-
USD 36.350.- (máxima pena) = TC 2,978 = $ 108.250,30 IX.- Que, por lo demás, corresponde analizar el agravio referido a la liquidación de los tributos, respecto de lo cual la parte cuestiona que el monto intimado en la resolución definitiva – USD 1.350.- – no guarda relación alguna con el monto que fuera intimado en la corrida de vista – $ 4.020.- –.
Que, en relación a ello, cabe aclarar que, si bien es cierto que al momento de practicarse la primera liquidación (ver fs. 7 de las actuaciones), la Aduana aplicó el tipo de cambio 2,978 y convirtió los dólares estadounidenses a pesos, y luego, al dictarse la resolución definitiva, la suma adeudada fue – nuevamente – expresada en moneda extranjera, ello resulta ajustado a derecho, por estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23.905, que establece que “los derechos de importación, los derechos de exportación, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses”, incluso habiendo el servicio aduanero decidido pesificar la obligación tributaria en parte del procedimiento.
X. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo mi criterio– por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras S.A. c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la extinción de la acción de la DGA para imponer penas, en relación a la co-actora Aníbal Godolfino Curotto, sin costas.
2. Revocar parcialmente los artículos 1° y 2° de la Resolución 38/2017 (AD CAMP), en cuanto impone la pena de multa –e intima de pago- a la firma LACTEOS CONOSUR S.A., la que se reliquida y asciende a la suma de CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 30/100 ($ 108.250,30). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se determinan en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo del Fisco Nacional.
3. Confirmar el artículo 3° de la referida Resolución 38/2017 (AD CAMP) en cuanto intima el pago de tributos. Costas a la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
1. Declarar la extinción de la acción de la DGA para imponer penas, en relación a la co-actora Aníbal Godolfino Curotto, sin costas.
2. Revocar parcialmente los artículos 1° y 2° de la Resolución 38/2017 (AD CAMP), en cuanto impone la pena de multa – e intima de pago – a la firma LACTEOS CONOSUR S.A., la que se reliquida y asciende a la suma de CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 30/100 ($ 108.250,30). Costas por sus respectivos vencimientos, las que se determinan en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo del Fisco Nacional.
3. Confirmar el artículo 3° de la referida Resolución 38/2017 (AD CAMP) en cuanto intima el pago de tributos. Costas a la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dr. Ignacio Martínez Tanoira (20-23967656-2). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.02.06 17:02:16 -03:00 Date: 2025.02.07 06:19:48 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.07 06:19:48 -03:00
Fin de la sentencia