Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.561-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada en la Actuación Nº SC33-10- 217 (SIGEA N° 12591-30-2010), en cuanto impone multa a CURTIDURÍA GAITA S.R.L., que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($206.517,45) por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al D.I.T. Nº 08 033 IT11 000522 B, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos XII y XIII.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada en la Actuación Nº SC33-10- 217 (SIGEA N° 12591-30-2010), en relación a los conceptos de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., que asciende a la suma de DOLARES ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 11.211,59), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-31428572-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Marzo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “CURTIDURIA A. GAITA S.R.L. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, expediente N° 35.561-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 14/20 Curtiduria A. Gaita S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada el 02/12/2014 por el Administrador de la Aduana de La Plata en la actuación SIGEA N° 12591-30-2010, en virtud de la cual fue condenado, en los términos del artículo 970 del Código Aduanero (“C.A”), al pago de $335.346,30 en concepto de multa y U$S 28.118,40 en concepto de tributos más los intereses previstos en el art. 794.
II. El actor se presentó manifestando que importó mercadería en el marco del Decreto N° 1330/04, ocasión en la que registró una destinación suspensiva de importación temporaria registrada bajo el N° 08 033 IT11 000522 B y cuyo vencimiento operó el 13/04/2010 (“DIT”). Según indicó el recurrente, el acto administrativo dictado por la Aduana careció de “motivación y fundamento” al no describir la conducta que se le imputó. Reconoció que, efectivamente, su parte fue rebelde en el procedimiento para las infracciones sustanciado en sede aduanera, pero que la ausencia de presentación de evidencia por su parte no le otorgó a la administración derechos ilimitados, al punto de imputarle una infracción que carece de la documentación que justifique el saldo de mercadería que se reputa en infracción. En el escrito de inicio también cuestionó la condición de reincidente que la Aduana utilizó para graduar la sanción de multa. En este sentido, señaló que, a su entender, existen diversas deficiencias en los antecedentes considerados, subrayando además que no todos poseen la capacidad suficiente para justificar la declaración de reincidencia. Por último, denunció el concurso preventivo del actor, hizo reserva del caso federal y solicitó la revocación de la resolución apelada con costas.
III. Por su parte, a fs. 28/36, el representante fiscal contestó el traslado del recurso interpuesto por el actor y defendió la justicia del acto administrativo recurrido. Luego de realizar una negativa genérica señaló jurisprudencia que consideró aplicable e indicó normativa prevista en el C.A. que reguló la destinación aduanera bajo análisis. En ese entendimiento, consideró que el importador no logró demostrar la reexportación total de la mercadería antes del vencimiento del plazo de la importación temporaria. Explicó que, en el contexto de la infracción imputada, la carga de la prueba respecto al cumplimiento de las obligaciones del régimen corresponde al importador. Para finalizar, ofreció como prueba el expediente administrativo, hizo reserva del Caso Federal y solicitó la confirmación de la resolución con expresa imposición de costas al actor.
IV. A fs. 46 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentencia a fs. 50.
V. De la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA 12591-30-2010 advierto que, mediante el DIT oficializado el 22/04/2008 y cuyo vencimiento operó el 13/04/2010 por un pedido de prórroga autorizado mediante la Nota “R” N° 409/09, obrante a fs. 5 de las actuaciones administrativas, el actor importó 8.000 kg netos de mercadería de la PA 3204.12.10.180T. En el marco del análisis del DIT, y a través de la Nota N° 091/10 “R” de fecha 11/03/2010 obrante a fs. 1 de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero determinó que el actor “no estaría cumpliendo con las obligaciones establecidas por el art. 250 s.s. y c.c. de la Ley 22.415, situación prevista y penada por el art. 970, del mismo cuerpo legal.” En este contexto interpretativo, el servicio aduanero procedió a la apertura del sumario contencioso, corrió la vista de ley (ver fs. 20 y su rectificatoria obrante a fs. 43 del expediente administrativo) y notificó el aludido acto administrativo tanto al actor como a la aseguradora Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. Sin embargo, únicamente la aseguradora presentó un descargo respecto de los hechos que dieron origen al sumario infraccional, aunque no aportó información ni documentación sobre el cumplimiento del régimen suspensivo; el importador, por su parte, no ejerció su derecho de defensa.
Consecuentemente y en línea con la opinión del servicio aduanero que vengo reseñando, se dictó la resolución aquí apelada, la cual confirmó la imputación infraccional y el reclamo tributario.
VI. Desde el análisis del caso, resulta fundamental tener presente que conforme reiterada y uniforme jurisprudencia del Alto Tribunal, el sentenciante no está obligado a seguir y dar tratamiento a todas y cada una de las argumentaciones que se le presentan, ni a examinar la totalidad de las probanzas aportadas a la causa, sino a abordar aquellas cuestiones y analizar los elementos arrimados que resulten relevantes y conducentes para dirimir el conflicto y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento valido (CSJN Fallos 258:304, 262:222, 265:301, 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
Particularmente, dado que la operación se realizó bajo el régimen del Decreto 1330/2004 (“Decreto 1330”), corresponde integrar sus disposiciones con las normas del Código Aduanero, conforme lo dispuesto en los arts. 23 y 32 del decreto. El art. 32 del Decreto 1330 establece que:
"Serán de aplicación todas las normas del Código Aduanero en los aspectos no contemplados expresamente en el régimen que se instituye.”
Por su parte, el art. 23 prevé que:
"Serán aplicables a las infracciones que se cometan al presente régimen las disposiciones especiales contempladas en los Capítulos 7 y 10 del Título II de la Sección XII del Código Aduanero, según corresponda. Regirán en tales casos las normas de procedimiento, sustanciación y resolución previstas en la mencionada legislación.”
En este marco normativo, del análisis armónico de los arts. 250, 970 y 274 del Código Aduanero se desprende que la obligación esencial del régimen de importación temporaria es la reexportación de la mercadería dentro del plazo acordado. El art. 274 establece que:
"La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar.”
Además, el apartado 2 dispone:
"Quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere.” En cuanto a las sanciones aplicables, el art. 970 del Código Aduanero estipula:
"Será sancionado con una multa de UNA (1) a CINCO (5) veces el monto de los tributos que se hubieran dejado de pagar, quien omitiere el pago de tributos que gravaren la importación o exportación para consumo, o utilizare indebidamente una destinación suspensiva, si no mediare la configuración de un delito.”
Por otro lado, el art. 20 del Decreto 1330 dispone que:
"Cuando se autorice la importación para consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen deberá abonarse, además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha del registro de la misma, una suma adicional del DOS POR CIENTO (2%) mensual calculada sobre el valor en Aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a partir del primer mes computado desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de importación y en ningún caso podrá ser inferior al DOCE POR CIENTO (12%) del mencionado valor en Aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor.”
Considerando que el presente caso trata de una importación temporaria, corresponde destacar que la carga de la prueba sobre el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería dentro del plazo establecido recae, indudablemente, sobre el beneficiario del régimen preferencial. Esta condición resulta esencial para acceder a la ventaja que presupone ingresar mercadería al territorio aduanero sin abonar los tributos aplicables a las destinaciones definitivas, tal como lo ha reconocido de manera uniforme la jurisprudencia.
En este marco, es responsabilidad del importador, o en su caso del garante, demostrar de manera fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente, como permisos de embarque o despachos de importación a consumo, que ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones asumidas. Además, dicha documentación debe permitir verificar una adecuada correspondencia entre los insumos ingresados bajo el régimen de importación temporaria y aquellos que posteriormente se exportan o se destinan al consumo definitivo.
En definitiva, corresponde al importador acreditar que el despacho registrado bajo la modalidad temporaria fue debidamente cancelado dentro del plazo otorgado. Por su parte, el servicio aduanero, para configurar la infracción al régimen, solo debe acreditar el vencimiento del plazo de permanencia autorizado, ya que la constatación de este hecho objetivo produce, en este tipo de infracciones, una inversión de la carga de la prueba.
VII. Efectivamente el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los Permisos de embarque ) para acreditar el cumplimiento de la obligación esencial del régimen temporaria, sin perjuicio, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Es por ello, que corresponde que los beneficiarios de los regímenes especiales demuestren en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente el cumplimiento de las obligaciones que conlleva la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la importación para consumo.
Bajo este parámetro, y ante la ausencia probatoria del caso, el servicio aduanero no consideró cancelada la totalidad de la mercadería importada temporariamente, motivo por el cual instruyó el sumario por presunta infracción a lo dispuesto en el art. 970 del C.A. y avanzó hacia una condena materializada en la resolución objeto de recurso y no encuentro en autos elementos que me permitan opinar de manera diferente de la plasmada en la resolución, ya que el importador no acreditó que hubiera hecho efectiva la reexportación de la totalidad o una parte de la mercadería la documentación necesaria para acreditar la reexportación de la mercadería del DIT; todo lo cual es sin perjuicio de que se instó a la importadora en dos oportunidades (ver fs. 20 y 43 del expediente administrativo) a que presente los permisos de embarque, pero la importadora tampoco ejerció su derecho de defensa.
A la luz de los argumentos expuestos, corresponde mantener la conclusión del servicio aduanero, ya que el incumplimiento del régimen de importación temporaria por parte del importador quedó fehacientemente acreditado. En particular, la ausencia de prueba por parte del actor sobre la reexportación de la mercadería importada temporariamente, refuerza la validez de la resolución impugnada. En este sentido, no se advierten elementos que permitan apartarse de la posición plasmada en la resolución recurrida, la cual se ajusta estrictamente a derecho y al marco normativo aplicable, razón por la cual merece ser confirmada con costas al actor.
VIII. Con relación al argumento del actor relativo a su concurso preventivo, es relevante señalar que dicha circunstancia no obsta a que la Aduana, en ejercicio de las funciones y facultades conferidas por el Dto. Nro. 618/97, proceda a tramitar un procedimiento por infracciones, imponga sanciones y exija el pago de tributos en virtud de considerar configurada una infracción. Asimismo, el procedimiento para infracciones establecido en el Código Aduanero no se verá afectado por las disposiciones de la Ley N° 24.522.
Debe añadirse que, aun cuando la importadora se encuentre en situación de quiebra, ninguna disposición de la Ley de Concursos y Quiebras establece que la Aduana esté obligada a verificar el crédito relacionado con la obligación tributaria de la misma como requisito previo para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente.
IX. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “Frisher S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME Nº 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 20 del Decreto 1330/2004 atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
X. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos IX y X, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT Nº 08 033 IT11 000522 B V.A. U$S 29.087 D.I. 14 % 4.072,18 T.E. 0,5 % 145,44
Base IVA 33.304,62 IVA 21 % 6.993,97 TOTAL U$S 11.211,59 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de U$S 11.211,59, en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A.. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A..
XII. Con relación al agravio relativo a la atenuación de la multa en los términos del art. 916 C.A., y sin perjuicio de que frente a un incumplimiento del régimen tan palmario no vislumbro argumentos o circunstancias que podrían actuar como atenuantes, tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable.
Así lo he expresado al publicar en doctrina que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La Potestad Sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED-DCCLXIV-708).
XIII. Asimismo, observo que se han incluido en la liquidación de la multa obrante a fs. 41 de las actuaciones administrativas, los rubros de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por lo que se procede a su reliquidación.
En atención a lo expuesto, corresponde declarar que el monto adeudado en concepto de multa asciende a $ 206.517,45 (5 veces el importe de $41.303,48).
XIV. Por las razones indicadas, voto por confirmar parcialmente el criterio del fisco, según lo expuesto en los Considerandos VI a XIII.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada en la Actuación Nº SC33-10- 217 (SIGEA N° 12591-30-2010), en cuanto impone multa a CURTIDURÍA GAITA S.R.L., que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($206.517,45) por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al D.I.T. Nº 08 033 IT11 000522 B, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos XII y XIII.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada en la Actuación Nº SC33-10- 217 (SIGEA N° 12591-30-2010), en relación a los conceptos de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., que asciende a la suma de DOLARES ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 11.211,59), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada en la Actuación Nº SC33-10- 217 (SIGEA N° 12591-30-2010), en cuanto impone multa a CURTIDURÍA GAITA S.R.L., que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($206.517,45) por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al D.I.T. Nº 08 033 IT11 000522 B, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos XII y XIII.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 826/14 (AD LAPL) dictada en la Actuación Nº SC33-10- 217 (SIGEA N° 12591-30-2010), en relación a los conceptos de Derechos de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A., que asciende a la suma de DOLARES ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (U$S 11.211,59), con más los intereses del art. 794 del C.A. que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista hasta la fecha de su efectivo pago. Revocarla en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.03.25 14:14:10 ART Date: 2025.03.26 12:32:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.26 14:24:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.26 14:24:28 -03:00
Fin de la sentencia