Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 12.304-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, con costas. La tasa de actuación se reduce al tercio (cfme. art. 5°, ley 25.964 y modif.).
2Regular los honorarios de los profesionales del fisco nacional, en conjunto (doctrina de Fallos 343:1281 entre otros) en 18 UMA, suma hoy equivalente a $ 1.664.676 (pesos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis), por la representación y patrocinio del organismo recaudador, a cargo de la actora y no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-38560185-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 16 de Abril de 2026 “CURTIEMBRE ARLEI S.A.”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “C”, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7ª Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8ª Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la 9ª Nominación), para resolver el expediente Nº 2024-44373470-APN-SGAI#TFN caratulado “CURTIEMBRE ARLEI S.A. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante IF-2024-44373387-APN-DTD#JGM, CURTIEMBRE ARLEI S.A. interpone recurso de apelación en los términos de los artículos 76 y 159 inciso b) de la ley 11.683 contra la nota Nro. 861392 dictada el 9 de abril de 2024 por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI, en la cual se dispuso el archivo de la solicitud de reintegro de créditos fiscales de IVA atribuibles a operaciones de exportación correspondientes al período diciembre de 2022 (RE-2024-44371771-APN-SGAI#TFN).
Que hace una reseña de los hechos e informa que CURTIEMBRE ARLEI S.A. es una sociedad que tiene por objeto principal la industrialización de cueros y su posterior comercialización en el mercado internacional, exportando en promedio más del 90% de su producción. Indica que en fecha 30 de enero de 2023 solicitó a la AFIP el recupero de IVA por exportaciones correspondientes al mes de diciembre de 2022 por un total de $86.483.898,79, y a fin de dar curso con dicha solicitud se le requirió dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°609/2019 y artículo 26 de la R.G. 5173/2022 respecto a la liquidación de divisas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la R.G. 2000 de AFIP. Como consecuencia de no haber ingresado las divisas de los permisos de embarque que tienen reporte de “incumplido” su solicitud de recupero de IVA del período diciembre de 2022 fue archivada.
Considera que el acto apelado deviene en la supresión del derecho al recupero del IVA, ya que el archivo de la solicitud por cuestiones ajenas a la relación jurídico tributaria (incumplimiento a la obligación de ingresar y liquidar las divisas cobradas por exportación) constituye indudablemente una “sanción de otro tipo” prevista en el artículo 159 inciso b) de la ley 11.683, cuyo efecto práctico “…no solo es la pérdida de los “intereses resarcitorios a favor” que se devengan desde la solicitud de recupero, sino -sobre todo- que las deudas cuya compensación se realiza con los reintegros de IVA (que recién se efectiviza luego de la admisibilidad formal bloqueada en este caso por la “exigencia cambiaria”), se tornan exigibles con intereses resarcitorios desde el vencimiento original” y “…que por una “cuestión extra-tributaria” … podría entrar en un estado de cesación de pagos, cuando…es acreedor del Fisco por montos muy superiores a los que adeuda por regímenes de retención y percepción y por cargas sociales…”.
Sostiene que no es posible limitar la aplicación del artículo 159 inciso b) de la ley 11.683 solamente a las multas, atento la amplitud de la norma que agregó como hipótesis a las “sanciones de otro tipo, salvo la de arresto”, fórmula abierta y multicomprensiva, que ha sido mantenida a pesar de todas las reformas que sufrió la ley 11.683 y particularmente la reforma de la ley 27.430.
Que finalmente, plantea la ilegitimidad de la sanción de archivo, ya que la AFIP con el dictado de la RG 5173 (23-03- 2022) que introduce en el artículo 23 de la RG 2000 AFIP la exigencia de no registrar incumplimientos a la obligación de ingresar divisas como condición para la admisibilidad formal de la solicitud de recupero de IVA bajo apercibimiento de archivo, incurre en una extralimitación en el ejercicio de la facultad reglamentaria otorgada por la propia ley de IVA y excede la habilitación de la Com. A 6844 del Banco Central de la República Argentina. Agrega que en materia penal cambiaria la autoridad de aplicación es ineludiblemente el B.C.R.A. conjuntamente con la Justicia Federal, y no el Fisco Nacional, por lo que la sanción encubierta aplicada por el acto apelado vulnera los principios de Reserva de Ley y Non bis in ídem.
Que cita doctrina y jurisprudencia en sustento de su postura. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, hace reserva del Caso Federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que mediante IF-2024-84400118-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional y contesta el traslado del recurso oportunamente conferido, negando los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la contraria.
Que como de previo y especial pronunciamiento opone la excepción de incompetencia establecida por el artículo 171 inciso a) de la ley 11.683 por cuanto la nota de fecha 9 de abril de 2024 que apela la recurrente y a la cual le pretende otorgar el carácter de sancionatoria por ordenar el archivo de la solicitud efectuada, de manera alguna resulta constitutiva de imposición de sanción alguna ni determinativa de tributo y accesorios en forma cierta o presuntiva, como así tampoco se ha dictado como consecuencia de un reclamo por repetición de tributos abonados en exceso.
Agrega que la recurrente ha impetrado varios planteos en sede judicial respecto de la normativa involucrada en la cuestión –inconstitucionalidad del artículo 26 de la RG 5173-, los cuales resultaron adversos en lo que concierne a su tacha de inconstitucional, y en los que su parte ha expresado que de ninguna manera ha sustituido al B.C.R.A. en las facultades que le son propias y que surgen de su Carta Orgánica, del Decreto N°609/19 y de la Comunicación B.C.R.A. A 6770, por lo que la normativa cuestionada no constituye una sanción encubierta ni una violación a los alegados principios de reserva de ley y non bis in ídem, ya que la legislación remite al contribuyente al B.C.R.A. para que subsane las omisiones o inconsistencias observadas.
Por tales razones, entiende que corresponde se declare la incompetencia de este Tribunal para entender en autos, con costas.
Que en subsidio contesta el traslado del recurso, se opone a la prueba ofrecida, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se dicte sentencia haciendo lugar a la incompetencia impetrada; subsidiariamente, confirmando en todas sus partes el rechazo recurrido, con costas.
III. Que por PV-2024-86406092-APN-VOCIX#TFN se dio traslado a la actora de la excepción de incompetencia planteada, contestando la misma en IF-2024-94911730-APN-DTD#JGM y solicitando que se rechace la excepción y declare la competencia de este Tribunal para entender en autos, con costas. Indica que el Fisco no argumenta que la resolución apelada no encuadra en “sanciones de otro tipo”, supuesto que no se encuentra limitado legalmente a sanciones que reprochen transgresiones a obligaciones impositivas, por el contrario, refiere a resoluciones de AFIP que apliquen “sanciones de otro tipo” como es en el presente caso el “archivo” de la solicitud de recupero de IVA por exportación que es la consecuencia directa al incumplimiento cursado por el Fisco a su parte para que ingrese y liquide las divisas de los permisos de embarque con reporte de incumplido, privando de esa forma el derecho al recupero de IVA por exportación consagrado en el artículo 43 de la ley de dicho impuesto y constituyendo indudablemente una medida de orden punitivo.
IV. Que por PV-2026-28596178-APN-VOCIX#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “C” y por IF-2026-32496738-APN-VOCIX#TFN pasan los autos para dictar sentencia.
V. Que previo al tratamiento de cualquier otra cuestión, corresponde establecer si el acto apelado habilita la competencia asignada a este Tribunal por la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modificaciones).
Que el artículo 76 en su parte pertinente establece que “Contra las resoluciones que impongan sanciones o determinen los tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva, o se dicten en reclamos por repetición de tributos en los casos autorizados por el art. 81, los infractores o responsables podrán interponer -a su opción- dentro de los quince (15) días de notificados, los siguientes recursos: a) Recurso de reconsideración para ante el superior; b) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación competente, cuando fuere viable”.
Que, por su parte, el tercer párrafo del citado artículo 76 luego de la reforma introducida por la ley 27.430 (B.O. 29 de diciembre de 2017), dispone que “El recurso del inciso b) no será procedente respecto de: 1. Las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses. 2. Las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen. 3. Los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o las liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. 4. Los actos que declaran y disponen la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 5. Los actos mediante los cuales, se intima la devolución de reintegros efectuados en concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación. 6. Las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta ley”. Que, a su vez, la propia ley de procedimiento tributario establece cuál es la vía idónea a efectos de abrir la competencia de este organismo jurisdiccional, cuando en su artículo 159 establece, en lo que aquí interesa, que “El Tribunal Fiscal será competente para conocer: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva, o ajusten quebrantos..., b) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impongan multas..., c) De los recursos de apelación contra las resoluciones denegatorias de las reclamaciones por repetición de tributos, formuladas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, y de las demandas de repetición que, por las mismas materias, se entablen directamente ante el Tribunal..., d) De los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los casos contemplados en el segundo párrafo del art.81; e) De los recursos de amparo a que se refiere los arts. 182 y 183.”
Que en base a una interpretación armónica de los artículos de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) citados precedentemente, a juicio del suscripto, todos estos supuestos previstos en el art. 76 mencionado, se comportan como verdaderas limitaciones a la competencia del Tribunal, en función de la materia; más allá de la expresión “...no será procedente...” utilizada por el legislador para identificar determinados casos a los que pretendió otorgarle un trámite más ágil, ya que en la mayoría de ellos se trataría de meras intimaciones de pago o liquidaciones no definitivas, aun cuando pudieran estar comprendidos en los supuestos del artículo 159.
Que, en tal sentido, debe recordarse que no todos los actos administrativos que emanan de la AFIP abren su competencia, sino tan solo los descriptos en el artículo enunciado ya que “... la Dirección General Impositiva no realiza sólo funciones “determinativas”, ya que estando a su cargo la “aplicación, percepción y fiscalización de los tributos” ejerce para ello un cúmulo variado de funciones que se materializan, a su vez, en una variedad de actos jurídicos administrativos relativos sea a la percepción, a la recaudación, a la ejecución, a la devolución, o a la determinación de los tributos, sea, asimismo, a la interpretación de normas que le atañen (…) Que de ese conjunto de actos que continuamente produce la Dirección General Impositiva sólo un número determinado de ellos habilitan a los contribuyentes a iniciar una discusión en un órgano administrativo jurisdiccional como es este Tribunal Fiscal los que se encuentran expresa y explícitamente enumerados en el artículo 141 (hoy 159)...” (in re “Cresol SA s/apelación” expediente N° 12.304-I, sentencia de fecha 01/02/93).
Que con ello queda acotada y definida la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación y en ese marco es donde debe evaluarse la procedencia del recurso interpuesto.
VI. Que, en el caso de autos, la actora apela la nota Nro. 861392 dictada el 9 de abril de 2024 por la Dirección Regional Salta de la AFIP-DGI mediante la cual, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y/o 45 de la Resolución General N° 2000, dispuso el archivo de las actuaciones vinculadas a la presentación realizada por la recurrente el 31 de enero de 2023 solicitando el reintegro de la suma de $86.483.898,79 en concepto de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado atribuibles a operaciones de exportación correspondientes al mes de diciembre de 2022 conforme a su acogimiento al régimen de reintegro atribuible a exportación y asimilables, establecidos en la Resolución General N° 2000 (AFIP), su complementaria y modificatoria (RE-2024-44371771-APN-SGAI#TFN).
Que la R.G. N° 2000 de AFIP, reglamenta el procedimiento que debe seguirse al solicitar el reintegro del crédito fiscal, conforme lo previsto por el artículo 43 de la ley de IVA. Para ello, antes de proceder a la devolución el Fisco efectúa verificaciones selectivas con el ánimo de asegurarse que la mentada devolución tenga un origen legítimo, pues fiscalizaciones más profundas sobre todos y cada uno de los comprobantes de compra que presente el exportador podría llevar plazos exagerados de espera.
Que, en lo que incumbe al caso de autos, el artículo 23 de la citada resolución establece que en caso de que las presentaciones referidas a reintegros “…sean incompletas o insuficientes en cuanto a los elementos documentales que resulten procedentes; se comprueben inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas, destinaciones de exportación o comprobantes de exportación que respalden las operaciones encuadradas en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, relacionadas con el importe vinculado o se registren incumplimientos de la obligación de ingresar y liquidar divisas de conformidad con lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 609 del 1 de septiembre de 2019 y su modificatorio, y normas concordantes, el juez administrativo requerirá -dentro de los SEIS (6) días hábiles administrativos inmediatos siguientes al de la presentación realizada en los términos del artículo 13 o, en su caso, del artículo 14- que se subsanen las omisiones o inconsistencias observadas….” para ello “….se otorgará al responsable un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponerse el archivo de las actuaciones en caso de incumplimiento”.
Asimismo, el artículo 45 de la R.G. 2000 dispone “Como condición previa a la devolución y/o transferencia del monto que resulte procedente, los responsables deberán: a) Tener cumplida la presentación de todas las declaraciones juradas vencidas por cualquier concepto, relacionadas con sus obligaciones impositivas y/o previsionales. b) Cancelar y/o solicitar que este organismo proceda a cancelar en su nombre las deudas por aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social (…) En caso de incumplimiento a las obligaciones dispuestas en el primer párrafo, el juez administrativo requerirá que se subsanen los mismos, otorgando al responsable un plazo no inferior a CINCO (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponerse el archivo de las actuaciones”.
Que, si bien la recurrente sostiene que el acto apelado mediante el cual se ordenó el archivo de su solicitud constituye una sanción de naturaleza penal incluida en el artículo 159 de la ley 11.683 como “sanciones de otro tipo”, lo cierto es que el archivo dispuesto por el Fisco es consecuencia directa del incumplimiento a las disposiciones establecidas para obtener el pretendido reintegro en concepto de créditos fiscales. Por lo tanto, no puede entenderse que el acto atacado se encuentre comprendido en alguno de los supuestos que abren la competencia de este Tribunal, ya que del mismo no surge una represión a la violación de disposiciones legales, que se ha tornado más grave la situación originaria del contribuyente, o que revista naturaleza determinativa por cuanto en sede administrativa no existió un mecanismo equivalente a la vista que prevé el artículo 17 de la ley 11.683 con el posterior derecho a defensa correspondiente en manos del contribuyente. Nos encontramos frente a un acto mediante el cual se ordena el archivo de una solicitud en el marco de un régimen de reintegro de créditos fiscales establecido en la RG N°2000, dictado por el Fisco en ejercicio de las facultades de verificación sobre los saldos cuyo recupero se pretende, situación que resulta ser ajena a la competencia de este Organismo jurisdiccional. Al mismo tiempo, al momento de iniciar la solicitud de reintegro, el accionar de CURTIEMBRE ARLEI S.A. se sujetó voluntariamente al régimen de la citada RG N° 2000 en toda su plenitud, incluido las modificaciones introducidas por la R.G. 5173 (23-03-2022), y en relación al aspecto que consideró inconstitucional efectuó el planteo en el fuero correspondiente, no logrando un pronunciamiento a su favor, cuestión que reafirma la facultad de reglamentación y fijación de pautas por parte el organismo recaudador.
Que por los motivos expuestos precedentemente y atento a que la competencia de un órgano no puede presumirse, no cabe más que declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, con costas a cargo de la recurrente.
Asimismo, corresponde ordenar que, por Secretaría General de Asuntos Impositivos, una vez firme el presente decisorio, se remitan las presentes actuaciones a ARCA- Dirección General Impositiva para que le dé el trámite que corresponda.
VII. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $. 4.716.582 (pesos cuatro millones setecientos dieciséis mil quinientos ochenta y dos ) equivalente a 51 UMA –Unidad de Medida Arancelaria– y por la representación procesal en la suma de $ 1.886.633 (pesos un millón ochocientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y tres) equivalente a 20,40 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N°30/2023 de la C.S.J.N. y Res. 538/26 de la Secretaría General de Administración. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Los Dres. Marmillon y Luis dijeron:
I. Que vienen los autos a fin de tratar la excepción de incompetencia articulada por el fisco.
II. Que al respecto el art. 159 dispone que el Tribunal Fiscal de la Nación será competente para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios o ajusten quebrantos; impongan multas o sanciones de otro tipo -salvo la de arresto- y las que denieguen reclamaciones por repetición de tributos. Asimismo, respecto de las demandas directas de repetición, de los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante el organismo recaudador, en los casos previstos en el art. 81 de la ley 11.683 y respecto de los recursos de amparo regulados en los arts. 182 y siguientes de dicha ley. Dicho ello, advierto que el acto apelado por el que -en síntesis- se dispuso el archivo de la solicitud de reintegro de créditos fiscales del IVA atribuibles a operaciones de exportación del período 12/2022, fue dictado en el marco de las facultades de la RG (AFIP) 2000/2006 conferidas por el entonces vigente dto. 618/1997 para analizar tales solicitudes. Debe recordarse que la AFIP-DGI –ahora ARCA- no sólo realiza una función determinativa de la obligación tributaria, sino además las relativas a la recaudación, ejecución, devolución, etc. (v. doctrina TFN, Sala B, “Cresol SA”, sent. del 1/3/1993 entre otros). Así, encuentro que el art. 23 de la RG citada describe condicionantes para efectivizar tales devoluciones, entre ellas, la obligación de liquidar e ingresar divisas de conformidad con lo dispuesto en el DNU 609/19, por lo que la consecuencia del incumplimiento de tales condiciones -en el caso, el archivo de la solicitud- de ningún modo se la puede calificar como una sanción de naturaleza penal, represiva, punitiva; que son aquellas a las que inequívocamente alude el art. 159 de la ley 11.683.
Si bien el citado artículo 159 de la ley 11.683 en su inc. “b” habilita la instancia de este Tribunal frente a las resoluciones del organismo recaudador que impongan “multas” o “sanciones de otro tipo”, no encuentro que el acto apelado –que dispone el archivo de tal solicitud- revista naturaleza sancionatoria, punitiva o represiva; es decir, naturaleza penal infraccional. Adviértase que, según relata la misma actora, el acto que dispuso el archivo de la solicitud fue producto de su propio incumplimiento respecto del requisito exigido por la normativa aplicable: “Dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 609/2019 y Art. 26 de la RG 5173/2022, respecto a la liquidación de divisas”; sin que corresponda emitir opinión sobre el acierto o error respecto de tal exigencia normativa (Fallos 338:779, considerando 10 in fine, entre tantos otros).
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia articulada por el fisco, con costas.
III. Que por último, una vez firme el presente pronunciamiento, por Secretaría General de Asuntos Impositivos, corresponde remitir las actuaciones a la Dirección General Impositiva para que le otorgue el trámite que corresponda.
IV. Que en atención a la forma en la que se resuelve corresponde reducir al tercio la tasa de actuación (cfme. art. 5°, ley 25.964 y modif.).
V. Que respecto a la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el organismo fiscal corresponde aplicar las pautas de la ley 27.423, la Acordada CSJN N° 30/2023 y la Resolución SGA N° 538/2026, teniendo en cuenta -entre otros aspectos- el monto del proceso, el resultado obtenido y la única etapa procesal cumplida.
VI. Que por ello, debe regularse los honorarios de los profesionales del fisco nacional, en conjunto (doctrina de Fallos 343:1281 entre otros) en 18 UMA, suma hoy equivalente a $ 1.664.676 (pesos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis), por la representación y patrocinio del organismo recaudador, a cargo de la actora y no incluyen el IVA.
Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, con costas. La tasa de actuación se reduce al tercio (cfme. art. 5°, ley 25.964 y modif.).
2. Regular los honorarios de los profesionales del fisco nacional, en conjunto (doctrina de Fallos 343:1281 entre otros) en 18 UMA, suma hoy equivalente a $ 1.664.676 (pesos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis), por la representación y patrocinio del organismo recaudador, a cargo de la actora y no incluyen el IVA. Regístrese, notifíquese y por Secretaría General de Asuntos Impositivos, una vez firme el presente pronunciamiento, remítanse los presentes autos a ARCA -Dirección General Impositiva- a fin de que le imprima el trámite que corresponda.
Date: 2026.04.15 17:22:54 -03:00 Date: 2026.04.16 14:40:18 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.16 15:44:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.16 15:44:40 -03:00
Fin de la sentencia