Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal, por mayoría, revoca la sentencia recurrida y hace lugar parcialmente a la demanda deducida por Liliana Beatriz Curutchet y Nadia Camposano en contra del Automóvil Club Argentino y de La Caja de Seguros S.A., condenándolas a pagar a las actoras en el término de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000) en concepto de destrucción total del vehículo y la de pesos quince mil ($ 15.000) por daño punitivo. La primera de las cuantías devengará intereses desde el día de la mora que se fija en el día 31-03-2014 (v, CD. fs. 48) y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; en tanto la segunda sólo los devengará a partir del incumplimiento de esta sentencia (arts. 17, 18, 42, Const. Nac.; 168, 171, Const. Prov.; 165 inc. 5, 242, 246, 260, 261, 266, 272, 375, 384, 385, 394, 473, 474, y concs. del CPCC; 7 y 768 inc. c CCyCN; 522, 622, 623, 1068, 1094, y concs. del Cód. Civil –ley 340-; 1, 2, 3, 5, 38, 39, 40, 52 bis, 65 y concs. ley 24.240 y sus mod.; 46, 47, 48, 56 ley 17.418). …
En la ciudad de Dolores, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.106, caratulada: "CURUCHET, LILIANA BEATRIZ C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. Silvana Regina Canale; María R. Dabadie y Mauricio Janka. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
I. Contra la sentencia de fs. 334/339 y vta., interpone la parte actora recurso de apelación a fs. 344; concedido -344-, se sustenta con la expresión de agravios presentada electrónicamente, no recibiendo réplica de las contrarias, encontrándose los autos en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC). Las actoras promueven la presente acción por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, contra el Automóvil Club Argentino y/o la Caja de Seguros S.A., refiriendo que el vehículo marca Honda, modelo Fit 1.4 LX, sedán, modelo 2006, dominio FRC-604, propiedad de la Sra. Nadia Camposano, fue asegurado por su madre Sra. Liliana Beatriz Curutchet, con “La Caja de Seguros S.A”, por intermedio del Automóvil Club Argentino, en tanto ésta última es socia de dicha entidad, recibiendo la pertinente póliza n° 8229-3002196- 01, abarcando la cobertura asegurativa el daño total del automotor, y que el pago de la prima, se efectuó a través de la tarjeta de crédito VISA de la Sra. Liliana Beatriz Curutchet (tomadora).
Señalan que el día 6 de enero de 2014, la Sra. Curutchet sufrió un accidente en la ciudad de Pinamar y a causa del mismo, el vehículo mencionado sufrió destrucción total, presentando a los fines de hacer efectiva la cobertura del riesgo asegurado, la totalidad de la documentación correspondiente.
Tal cuestión –destrucción total- no fue reconocida por la aseguradora demandada, habiéndose realizado las etapas previas administrativas a fin de llegar a un acuerdo, resaltando que ni siquiera realizó una propuesta en la mediación realizada, demostrando de tal forma un abuso de su posición dominante, sin importarle la violación de LDC –ley 24.240 t.o.-.
Que en su razón, ante la negativa señalada, las lleva a incoar la presente acción, solicitando que se haga lugar al resarcimiento de los daños que sostienen haber sufrido –patrimonial, moral, privación de uso-, más la fijación de una sanción punitiva en los términos del art. 52 bis de la referida ley consumeril –fs. 64/85-. El iudex a quo en el decisorio bajo revisión, desestimó la demanda entablada.
A fin de arribar a tal conclusión hubo de señalar que las actoras no han determinado el porcentaje de afectación que sufrió el vehículo que conducía la Sra. Curutchet a fin de acreditar la destrucción total del mismo, en los términos señalados al incoar la litis y de conformidad a la póliza contratada, carga que le incumbía en razón del art. 375 del CPCC. Señala que la prueba realizada a tal fin resulta insuficiente, pues quien debía determinar tal porcentaje era un perito ingeniero, y que su parte tenía que producir dicha prueba y desistió de la misma –fs. 334/339 y vta.-.
La recurrente se agravia de tal rechazo. Expresa, en principio, que debe recordarse que el decisorio expresamente sostiene que las demandantes solicitaron la intervención de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Pinamar, en la cual la representante legal de la compañía aseguradora demandada realizó una propuesta de pago, con lo que –a su entender- quedó acreditada su exclusiva responsabilidad en el tema en debate, deviniendo improcedente la aplicación de daños punitivos que reclaman las actoras.
Que tal aseveración no ha sido refutada por las demandadas, reconociendo haber realizado una oferta económica a las actoras, lo que demuestra a las claras que la aseguradora asumió su obligación y responsabilidad de resarcir a las actoras por la destrucción total de su automóvil.
Que al rechazar la demandada, la incongruencia resulta manifiesta ante el referido reconocimiento, ya que nadie ofrece indemnizar sino asume que existe una obligación de su parte.
Seguidamente se queja en cuanto el sentenciante ha considerado que su parte no acreditó, mediante prueba idónea, el porcentaje de afectación del vehículo a fin de considerar que los daños generados en el accidente se enmarcaban dentro del concepto de destrucción total de conformidad a la póliza de seguros contratada.
Resalta que existiendo libertad probatoria, ha cumplido con tal extremo, en tanto los daños se encuentran acreditados en el expediente y el martillero/tasador es el mejor dotado para cuantificar el eventual deterioro económico del vehículo. Igualmente pone de resalto que las oponentes no han cuestionado oportunamente la incumbencia profesional del martillero, por lo que mal puede el sentenciante asumir tal actitud defensiva de una de las partes.
Finalmente se agravia en cuanto el sentenciante le impone la carga de acreditar la existencia del hecho controvertido –en el caso el porcentaje establecido para considerar que existe destrucción total del rodado- ya que, estando ante una relación de consumo, existe una inversión de la carga de la prueba, resultando “ilegal” la aplicación del art. 375 del CPCC.
Concluye su líbelo peticionando a este Tribunal que haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con expresa imposición de costas a las demandadas.
II. Expuestos resumidamente los agravios incoados corresponde que me avoque al tratamiento de los mismos.
a. En primer lugar, cabe referir que el presente caso conforme ha sido postulada la litis, debe analizarse a la luz de la ley 24.240 publicada en el Boletín Oficial el 15-10-1993 (y sus mod. leyes 24.568, 24.787, 24.999, 26.361).
Asimismo, cabe resaltar que la modificación que produjo la ley 26.361 a la 24.240 amplió la noción de consumidor de forma tal que ahora atrapa a todos aquellos que adquieran o utilicen bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatarios finales; equiparando aún a quienes sin ser parte en la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, utilizan bienes o servicios como destinatarios finales y a quien, simplemente está expuesto en una relación de consumo.
El artículo primero reformado no se refiere ya a determinados contratos en particular, sino que en general comprende la utilización de bienes y servicios. No cabe duda que el seguro es un servicio y que como tal constituye un derecho a uno de los bienes a los que alude aquella regla jurídica.
A ello se añade que el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (art. 1 ley 17.418) es cumplido por un profesional (el asegurador) a favor de quien celebra el contrato su destinatario final (el asegurado).
El contrato de seguro constituye un típico contrato por adhesión ya que su contenido (póliza) es predispuesto en forma anticipada y unilateralmente por el asegurador, mediante condiciones generales uniformes, aplicables a todos los contratos que celebre en el ramo; mientras que el asegurado sólo puede decidir entre adherir en bloque a las condiciones generales de la póliza o no contratar, no participando de una etapa previa de tratativas con relación a ellas. En consecuencia, tratándose el seguro de un contrato por adhesión a condiciones generales, su contenido se halla bajo la órbita de los arts. 38, 39 LDC (conf. STIGLITZ, Gabriel, Seguros y defensa del consumidor, LL 2004-A- pág. 1496).
En síntesis, el contrato de seguro constituye un contrato de consumo cuando se celebra a título oneroso, entre un consumidor final y una persona jurídica, que actuando profesionalmente, se obliga mediante el pago de una prima, a prestar un servicio cual es la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida (causa de este Tribunal nº 91.701 Sent. del 19/03/2013).
En su razón, más allá de no encontrarse controvertida la cuestión, no existe duda alguna que la ley protectoria de los derechos del consumidor resulta de aplicación en la especie, ostentando tal carácter la recurrente.
b. Ahora bien, ya en el análisis señalado de las quejas de la recurrente, adelanto que las mismas no resultan de recibo.
En cuanto al reconocimiento que resalta en su primer agravio realizado ante la OMIC de la Municipalidad de Pinamar efectuado por el apoderado de la compañía aseguradora demandada al realizar un ofrecimiento de pago por destrucción total del rodado –v, copias de fs. 93/95-, [y más allá del desconocimiento de tal documental por la referida compañía realizado a fs. 116 vta.], lo cierto es que tales actuaciones se corresponden a una etapa administrativa de conciliación, realizadas ante una oficina dependiente del poder ejecutivo municipal, cuya finalidad es atender y resolver los reclamos de los usuarios dentro de esa jurisdicción comunal, por lo que ninguna influencia ejerce lo allí tramitado en esta instancia judicial.
No obstante lo señalado, debo decir que si bien puede considerarse que la razón le asiste a la recurrente en cuanto al reconocimiento que señala sobre el ofrecimiento de pago, lo cierto es que no tiene el alcance que le pretende asignar, por cuanto el mismo fue “sin reconocimiento de hecho ni derecho y a los efectos conciliatorios” –fs. 94, 1er. párr.-, sino mediando autocomposición entre partes.
En su razón, el reconocimiento efectuado no puede ser valorado en esta instancia judicial, por lo que corresponde rechazar la queja a su respecto.
En cuanto a los restantes agravios, relacionados entre sí, dirigidos a cuestionar la falta de acreditación del porcentaje de afectación del vehículo para acceder a la indemnización por destrucción total, establecido en la póliza asegurativa concertada entre las partes, y el medio de prueba para acreditar el mismo, considero que lo decidido se ajusta a derecho, no encontrando mérito para apartarme de los fundamentos dados por el sentenciante de grado.
Al respecto he de recordar que la litis queda constituida con los hechos alegados en la demanda y en sus respectivas contestaciones (arg. arts. 330, 354, 355 y concs. del CPCC). De tal modo, para la doctrina de la "sustanciación", lo que cuentan son los hechos, pues son éstos los que nutren el thema decidendum y vinculan al órgano jurisdiccional, tal como se desprende de la correlación de lo reglado por los arts. 34 inc. 4to. y 163 inc. 5to., del Código ritual y lo edictado por el inc. 6to. de este último.
En tal camino, tales hechos deben ser debidamente acreditados, es decir, se encuentran sujetos a la prueba a producirse en la causa, que -en definitiva- son los elementos sobre los que deberá sustentar el sentenciante su decisión (arts. 375, 384, CPCC).
Efectivamente, tal como correctamente lo enuncia el juez de grado, no se ha de dejar de lado por obvio que parezca que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos alegados como fundamento de la demanda y en su contestación. Y reiteradamente ha sostenido este Tribunal que es principio procesal insoslayable derivado de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, que las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.
La carga de la prueba no es otra que una carga jurídica, constituida por la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión.
Por ello, la actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas, en procesos regidos por el principio dispositivo, como el civil; de aquí se deduce que aquellas deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quieren obtener éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso.
Cabe agregar que la carga de la prueba “no supone ningún derecho del contrario, sino que consiste en un imperativo del propio interés” (SCBA, 14-5-56, AS. 1957-I-88), más aún es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quién no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis.
Sin embargo, el concepto de carga de la prueba ha evolucionado en el derecho procesal, aceptándose un criterio de interpretación más flexible de la clásica regla de distribución de esa carga, basado en el deber de colaboración que incumbe a cada parte de acuerdo a su postura respecto de la situación jurídica y en el principio de lealtad y buena fe, resultando así que en buena medida la prueba es tarea común de ambas partes (v, mi voto en causa n° 88.404, Sent. 2-12-2009).
Y tal excepción se acentúa en situaciones como la acontecida en el presente caso en el cual se encuentran en juego los derechos del consumidor.
Así, tratándose de una relación de consumo, donde rige la teoría de la “carga dinámica de la prueba” o “prueba compartida” (art. 53, ley 24.240), por la cual se hace recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de la justicia. Se trata de un concepto particularmente útil cuando los extremos son de muy difícil comprobación (arg. SCBA LP C 117760 S 01/04/2015).
Igualmente se sostiene que «Más allá de la profusa doctrina y jurisprudencia que en materia de derechos del consumidor viene sosteniendo que la prueba deberá ser llevada a cabo por quien se encuentre en mejores condiciones, la última reforma legal pretendió evitar malos entendidos al ordenar que “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”»(v, Iturraspe, J.M. y Wajntraub, J.H., “Ley de defensa del consumidor”, Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 283/284, ap. III, comentario al art. 53, tercer párrafo, ley citada). En razón de tales postulados, si bien rige el citado principio de la carga dinámica en la prueba, se pone el acento en el deber de colaboración probatoria a la parte dominante del contrato consumeril, que en la especie resulta ser la compañía demandada, sin que ello signifique realizar prueba en su contra. No obstante ello, la accionante no se encuentra relevada de acreditar, aunque sea prima facie, el hecho en que fundó su pretensión –que en el caso de encontraría determinado por el porcentaje de destrucción total del rodado-, conforme los principios sentados supra –art. 375, CPCC-. Pues en modo alguno puede pretenderse que se promueva una demanda indemnizatoria como la presente, con la expresa petición de aplicación de daños punitivos a su contraria, y quedarse a la espera a que ésta sea la única responsable de cumplir con la carga de la prueba que deje sin sustento los hechos alegados por la accionante. En la especie, conforme surge de la pericia contable obrante a fs. 298/302, realizada a petición de las demandadas –v, fs. 151 y vta. y fs. 331- se acreditó debidamente que la citada en garantía rechazó la pretensión actora –en referencia al referido porcentaje- conforme a la inspección técnica realizada –que si bien se señala que ha sido acompañada con la citada experticia, no se encuentra agregada a la causa-. Es decir que con tal pericia se acredita que se efectúo la inspección técnica del vehículo y que los daños sufridos a raíz del accidente no alcanzaban a ser de una entidad suficiente a fin de tener por acreditada la destrucción total del rodado, conforme los términos en que fuera realizada la póliza asegurativa (arts. 375, 384, 457, 474, y concs. del CPCC).
En su razón, correspondía a la accionante mediante prueba idónea, acreditar tal extremo, resultando insuficiente a tal fin la tasación efectuada por el perito Martillero obrante a fs. 236/247 y aclaración de fs. 293/295. Ello por cuanto en la misma, no se especifica porcentajes de afectación del rodado, es decir la destrucción sufrida a raíz del accidente para considerar su destrucción total en los términos señalados. Asimismo, se advierte de la misma que la perito ha realizado comparaciones de valores: el correspondiente antes de que suceda el siniestro; el que tendría en la actualidad sin la ocurrencia del siniestro y el que ostenta en la actualidad luego de acaecido el accidente. Y ello resulta insuficiente a los fines señalados. A lo dicho cabe agregar que en la citada pericia se informa que se ha considerado el método descriptivo, analizándose diferentes fuentes como agencias de la zona de radicación del automotor y entidades significativas en la determinación de valores para la comercialización (las que enumera) –fs. 246 vta., Pto. V-, sin embargo no se agrega documentación alguna respecto a lo informado por tales fuentes, lo que le quita entidad a las afirmaciones realizadas por la experta.
Tal como lo señala el sentenciante, la prueba por excelencia a los fines de acreditar los daños materiales experimentados por una cosa -en el caso un automotor-, está dada por la prueba del perito ingeniero mecánico, pues es la que tiene la idoneidad necesaria para expedirse acerca de las averías o deterioros en cuestión, que constituyen el hecho materia del juicio, así como el monto de la reparación y la real extensión de los daños padecidos por el vehículo.
Y si bien esta Alzada en situaciones similares a la presente se ha expedido sobre la procedencia de las indemnizaciones solicitadas por destrucción total de rodados, tales decisiones se han cimentado en la prueba pericial mecánica, que han determinado el grado de afectación concreto de los vehículos siniestrados (v, causas n° 92.365, Sent. del 7/05/13; 92.861, Sent. del 3/10/13).
Y en autos la propia accionante propuso como prueba la referida experticia en su escrito de demanda –fs. 83, pt. 7.7.-, sin embargo posteriormente desistió de la misma –fs. 316 y fs. 317-, por lo que corresponde que se haga cargo de su propio accionar.
En su razón, como fuera anticipado, a lo establecido por el sentenciante de grado al respecto ha de estarse. Finalmente he de señalar, en cuanto a la valoración de la prueba realizada por el iudex a quo, que el juez es soberano en la elección de las pruebas que considere útiles para la solución del litigio, pues no están obligados a ponderar una a una las agregadas al expediente. De tal manera hace bien al preferir algunas sobre otras, y omitir inclusive toda referencia a las que estimó inconducentes o no esenciales. Tampoco deben analizarse aisladamente, sino que deben ponderarse en su conjunto unas con otras a fin de formar la convicción acerca de la existencia y alcance de los hechos controvertidos en el proceso. Específicamente, la prueba confesional dentro de los medios de prueba producidos debe ser valorada en conjunto con principios de razonabilidad, atendiendo la mayor o menor convicción de que todo el material arrimado ayuda a fundar la sentencia. (FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial, Ed. Astrea). De conformidad con el art. 384 del CPCC, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba con las reglas de la sana crítica, que no son otras que las normas de la lógica que operan en el criterio personal de los jueces, o bien son reglas del entendimiento humano, criterios de la lógica no precisados en la ley, meras directivas señaladas al sentenciante cuya necesaria observación queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría (este Tribunal causa n° 87.916, sent. del 19/02/2009; n° 90.993, Sent. del 27-3-2012, mi voto). En la especie, conforme fuera reseñado supra, no encuentro mérito para apartarme de la valoración efectuada por el sentenciante en tanto no advierto que la misma haya sido errónea, por lo que a lo dicho ha de estarse.
Por los argumentos expuestos dejo propuesto al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada, tornándose abstracta de consideración las restantes alegaciones de la recurrente (arts. 242, 254, 375, 384, 385, 457. 474, y concs. del CPCC; 1, 37 y conc. Ley 24.240 y modif.).
III. Costas.
Las costas de esta instancia deben imponerse a la recurrente en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
I. He de disentir con la conclusión a la que arriba mi colega preopinante en cuanto considera que las accionantes no han acreditado los extremos que hacen a su reclamo, confirmando en su razón el decisorio apelado –arg. art. 375, CPCC-.
II. Con relación al hecho generador de la litis como las quejas que han sido traídas a consideración de esta Alzada, nada he de decir pues tales cuestiones han quedado expuestas de modo suficiente en el voto que abre el Acuerdo; ello a fin de no recaer en reiteraciones innecesarias, por lo que a lo dicho ha de estarse. a. Como ha quedado dicho en el voto preopinante, que remite a los argumentos vertidos en mi voto en la causa n° 91.701 –Sent. del 19/03/2013 -, en la especie existe una relación contractual donde las accionantes han adherido a cláusulas predispuestas, es decir, que no se encuentra en duda que se trata en la especie de un típico contrato de consumo, estableciéndose las condiciones de antemano por parte del asegurador, pudiendo únicamente el contratante –accionantes- adherirse al mismo.
Ello en virtud del carácter de consumidor final del asegurado, siendo además un típico contrato por adhesión ya que su contenido es predispuesto en forma anticipada y unilateralmente por el asegurador, mediante condiciones generales uniformes (arts. 38, 39 LDC; 7, 1092, 1093, 1094, 1095, 984, 985, 987, 988 y 1117 y concs. del CCyCN).
En decir entonces que la situación de autos debe ser analizada a la luz de las normas protectorias del consumidor, tal como han fundamentado su pretensión las actoras.
En tal sendero, la Ley 24.240 establece el principio protectorio in dubio pro consumidor, emergente del art. 3º de la ley 24.240, por el cual se dispone un criterio general de interpretación y en caso de duda, debe estarse siempre en una interpretación del derecho que le sea más favorable al consumidor recurriendo, en pos de tutelar a los consumidores y usuarios en sus relaciones contractuales, a la moderna aplicación de la regla favor debitoris, vale decir, que para interpretar las obligaciones de los usuarios, debe echarse mano a dicho principio entendiendo como "favor al débil", siendo orientador insoslayable para interpretar la ley, atento el carácter de orden público que ostenta la norma en análisis (art. 65 Ley 24.240).
En igual sentido a la referida norma, el Código Civil y Comercial consagra en el art. 1094 un principio interpretativo de alcance general, que aunado a las directivas constitucionales del art. 42 CN consolida a la "protección del consumidor" como un principio directriz que establece un modo diferente y expansivo de analizar al ordenamiento jurídico.
Refuerza esta normativa el art. 7 último párrafo del CCyCN, que autoriza la aplicación de las normas más favorables al consumidor a los contratos en curso de aplicación; tal el caso que me ocupa.
Tal tutela especial se fundamenta en el reconocimiento de una situación de debilidad y vulnerabilidad estructural, genética y funcional de los consumidores y usuarios frente a los proveedores en las relaciones de mercado.
En razón de tal principio protectorio, las clásicas reglas en materia de carga de la prueba han cedido frente a un proceso judicial en el cual se presentan afectados los derechos de un consumidor, resultando aplicable al caso la “teoría de las cargas probatorias dinámicas”, que cobra plena vigencia, ya sea desde la óptica contractual de la ley fondal como de la ley especial.
Tal teoría impone la aportación de la prueba a la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla, pues ambos litigantes están obligados a colaborar para que el juez llegue a conocer la verdad de los hechos alegados.
Al respecto ha sostenido la Suprema Corte que «…todo procedimiento en el que se encuentre en juego una relación de consumo importa la vigencia en materia probatoria de las "cargas dinámicas", principio que es llevado en estos casos a su máxima expresión (conf. Junyent Bas, Francisco y Del Cerro, Candelaria, art. cit.; Berstein, Horacio, "El derecho-deber de información y la carga de la prueba en las infracciones a la ley de defensa del consumidor"; LL 2004-B, 100)». (SCBA LP Rc 122162, Int. del 15/08/2018).
Los pilares fundamentales sobre los cuales se posa la teoría de las cargas probatorias dinámicas son, por un lado, la búsqueda por igualar a quienes se encuentran en inferioridad de condiciones frente a su adversario y, por el otro, sobre el deber de colaboración en el proceso (conf. ARAZI, Roland — BERIZONCE, Roberto O. — PEYRANO, Jorge W., "Cargas probatorias dinámicas", LA LEY del 01/08/2011, AR/DOC/2379/2011). En razón de tales principios, cabe concluir que en los procesos en que se discuten relaciones de consumo, el riesgo de la ausencia de prueba que existe en poder del proveedor no debe recaer en el consumidor o usuario, sino en quien, conforme las características del bien y servicio que es motivo de litigio, debería aportar los elementos respectivos.
Asimismo, sostuvo el Superior Tribunal -en el Acuerdo supra referido- que «el art. 3 en coordinación con el art. 65 de la citada ley establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público, de allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial» (SCBA., Rc 122162, entre otros).
En la especie, más allá de las presunciones legales previstas en la ley protectoria –favor debilis-, en virtud de la materia en revisión, cobran mayor importancia la prueba presuncional en general, siendo que las presunciones hominis o presunciones simples son un conjunto de razonamientos o argumentaciones mediante las cuales, a partir de hechos conocidos, se concluye afirmando otros desconocidos; no es un medio de prueba sensu stricto, sino más bien un procedimiento de prueba consistente en inferir, a partir de un hecho probado (indicio) y de una regla de expediente, la existencia de un hecho desconocido. El resultado de ese procedimiento, es un razonamiento enderezado a probar (indirectamente) la existencia de ciertos hechos, estos mal llamados presunciones se han presentado tradicionalmente como los elementos que soportan la convicción del juez en relación con esos hechos, identificado en el proceso civil con la sana crítica (v, mi voto en causa de esta Alzada n° 89.360).
Tales postulados han de ser tenidos presentes en mi decisión contraria a la formulada por la colega que me precede en orden de votación.
b. Dicho ello debo señalar que en autos fuera de duda queda, por encontrarse debidamente acreditada y no haber sido controvertida, la relación jurídica que une a las accionantes con las demandadas, mediante la póliza de seguro, cuya copia obra a fs. 27/43 (n° 8229-3002196-01) (v, además fs. 114/115; pericia contable de fs. 298/302- (arts. 375, 384, CPCC).
Asimismo, no se encuentra cuestionada la existencia del siniestro acaecido como su denuncia por parte de las actoras a la compañía aseguradora en los términos contratados –v, fs. 12, siniestro n° 8229-6034158/00- .
La cuestión a dilucidar se centra en determinar si los daños que ha padecido el vehículo de las accionantes –Honda Fit 1.4 LX, modelo 2006, dominio FRC 604- encuadran dentro del concepto de destrucción total determinado por la cláusula CG-DA 4.1 Daño Total de las Condiciones Generales de la póliza referida, vigente al momento del accidente (v, fs. 11, prueba pericial contable, fs. 299 vta., pto. 7.1.2-. De la misma se desprende que “habrá daño total en la medida que el valor de la realización de los restos de la unidad siniestrada no supera el 20% del valor de venta al contado en plaza del vehículo asegurado al momento del siniestro”. Y determina a continuación en los apartados siguientes (II y III) la forma de establecer tal valor, el que estaría a cargo del Asegurador –v, fs. 34-.
Así, y a los fines de valorar la procedencia de la acción, corresponde determinar si efectivamente el valor de los restos de la unidad supera o no el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro y respecto de la prueba de tal extremo.
Al respecto cabe señalar que, para ello, si bien en autos no se ha realizado la prueba por excelencia que, en casos como el que me ocupa, es la pericial mecánica a fin de determinar dicho valor, lo cierto es que existen otros elementos de convicción que, valorados junto con presunciones que emanan de la causa, me llevan al convencimiento que la razón le asiste a las accionantes.
En principio cabe señalar que el valor asegurado por destrucción total del vehículo ascendía a la suma de pesos sesenta y cuatro mil -$ 64.000-, conforme del certificado de cobertura de seguro de fs. 11, ratificada por la pericia contable –fs. 299 vta.-y las copias de la póliza acompañadas en sobre cerrado, cuestión que no se encuentra en discusión –v, fs. cit.-.
Las accionantes, a fin de acreditar el monto de los daños sufridos por el vehículo acompañaron dos presupuestos –fs. 44/45 y fs. 46- [ambos correspondientes a junio de 2014]. Por el primero, se detallan los valores de los elementos dañados, o sea los repuestos a cambiar, fijándose la suma de pesos cincuenta y siete mil setenta -$ 57.070-. Y del restante –fs. 46-, correspondiente a arreglos de chapa y pintura, se determina la suma de pesos treinta y dos mil doscientos -$ 32.200-, en ambos se incluye la mano de obra. Tales presupuestos han sido reconocidos por quienes los han expedido, conforme surge de la prueba de informes obrante a fs. 224 vta. y fs. 225 vta. (arts. 375, 384, 394, CPCC).
Asimismo, los daños sufridos por el vehículo han sido detallados en la pericia de tasación efectuada en autos –v, fs. 236/247-, apreciándoselos a simple vista de las fotografías acompañadas por el experto, de las cuales se puede advertir que se condicen con los detallados en los presupuestos referidos supra. Igualmente, de tal experticia, si bien no resulta ser la idónea, como dijera, a los fines de determinar con exactitud el valor de los rezagos o el de los daños sufridos por el automóvil –materia concerniente a un perito mecánico-, lo cierto es que la misma resulta valorable como prueba indiciaria en cuanto al valor del automotor antes y después de sufrir el accidente, a la fecha de realización del informe –arg. arts. 384, CPCC-.
Así, la perito determina que el valor de un vehículo de similares características al siniestrado, antes de que suceda el siniestro, en enero de 2014, ascendía a la suma de pesos setenta mil -$ 70.000-, siendo que el valor actual del vehículo siniestrado es de pesos veinticuatro mil -$ 24.000- promedio y el valor actual en las condiciones que se encontraba antes del siniestro es de pesos ciento cincuenta y ocho mil -$ 158.000 [v, explicaciones de fs. 293/295](args. arts. 375, 384, 457, 473, 474, CPCC).
En suma, estimando los valores señalados, tanto los establecidos en los presupuestos cuya autenticidad ha quedado demostrada, como en la tasación efectuada, puede determinarse que el valor de los rezagos no resulta ser superior al 20% establecido en la cláusula CF-DA 4.1 de las Condiciones Generales de la póliza de seguros –n° 8229-3002196-08-.
En su razón, con tales elementos de convicción, considero que, aún en forma mínima, las reclamantes han cumplido con la carga que impone el principio general del art. 375 del CPCC, máxime teniendo en consideración la presunción que impone la ley consumeril.
No obstante ello, y de mayor significancia, desde otra óptica he de resaltar que el procedimiento para determinar el valor de los rezagos, correspondía realizarlo a la compañía aseguradora, conforme las obligaciones asumidas por las partes en la póliza asegurativa –v, cl. señalada ap. II-.
Y en autos no existe elemento probatorio alguno que acredite que la obligada lo haya realizado. Únicamente existe como constancia la inspección técnica acompañada por la perito contadora por la cual la compañía aseguradora sostiene que el caso no encuadra en el rubro “Destrucción Total” –v, pericia fs. 301, 1er. párr. y copias acompañadas en sobre cerrado-. Y dicho formulario que da cuenta de tal inspección, ninguna cuantía indica, por cuanto únicamente se desprende del mismo el rechazo de la cobertura por destrucción total, sin especificarse cuál es el valor de reparación del vehículo, encontrándose todos los ítems –repuestos, pintura, mano de obra, posibles adicionales- sin especificar. Más aún, no se determinan razones que justifiquen tal rechazo. De ello se desprende que ha resultado ser la negativa por la negativa misma, conducta que no ha sido revertida por las accionadas en ninguna parcela de este proceso indemnizatorio.
Tal circunstancia debe valorarse a la luz de los principios sentados al inicio de este voto en cuanto a lo sostenido respecto de la carga de la prueba, siendo que la aseguradora ostenta una relación de superioridad respecto de la asegurada en la relación de consumo. Y en tal carácter le correspondía acreditar el extremo bajo análisis, que el valor de los rezagos superaban el 20% establecido del valor del vehículo para considerar que el mismo no encuadraba en la destrucción total conforme lo pactado. Ello teniendo en consideración, reitero, la posición dominante que tiene la aseguradora, con respecto a los derechos del asegurado, en razón de la vinculación contractual que une a las partes en razón de cláusulas predispuestas, encontrándose en mejores condiciones de acreditar el extremo señalado y valorando el deber de colaboración que pesaba sobre la misma (arg. arts. 375, CPCC; 1, 3, y concs. ley 24.240 t.o.). En virtud de ello, debe soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés. Así, el asegurado cumplió con informar el siniestro y aducir el daño total del mismo, además acompañar los presupuestos señalados, en su razón, debió la aseguradora demostrar, mediante prueba convincente y concluyente, estar amparada por la exención que consagra la póliza, máxime cuando el vehículo fue puesto a disposición de ella y obra un informe de peritación técnica elaborado por la propia compañía de seguros, cuestión que –como fuera dicho- no aconteció en autos.
En razón de lo expuesto considero que -valorando la finalidad que persigue la ley de aplicación al caso- por un lado, la accionante a través de los elementos de convicción señalados, que si bien no constituyen prueba concreta de los hechos que afirma, se enervan como presunciones de entidad suficiente para tenerlos por acreditados y, por el otro, que la demandada en la condición de indudable superioridad, atendiendo al principio de las cargas dinámicas de las pruebas, ninguna prueba idónea ha aportado a fin de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, debe soportar las consecuencias de su propia desidia.
Concluyo pues, en atención a que la solución que más favorezca al consumidor es la que debe prevalecer (art. 3 LDC), que debe admitirse la demanda entablada y condenarse en su consecuencia a las accionadas, revocándose de tal forma la sentencia bajo revisión.
c. A mayor abundamiento y a fin de apuntalar la conclusión señalada, en atención a los términos expuestos por la compañía aseguradora al contestar la acción instaurada en su contra –v, fs. 117 y vta.-, cabe señalar que en la póliza concertada, específicamente se estableció la obligación del asegurado de denunciar el siniestro en el plazo de tres (3) días, bajo pena de caducidad de su derecho –v, cl. CG-CO 16.1-, de conformidad a lo establecido por los arts. 46 y 47 de la ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677).
Y en autos, tal denuncia se efectuó en tiempo y forma –v, formulario de fs. 12, siniestro n° 8229- 6034158/00-, cuestión que –como sostuviera- no se encuentra controvertida en autos, encontrándose expresamente reconocida por la aseguradora demandada –fs. 117, Pto. 4.-.
De tal forma la asegurada cumplió con su obligación contractual y legalmente establecida –art. 46 cit.-. Y ello pone en movimiento el mecanismo establecido en las referidas normas y el 56 de la citada ley, estableciendo plazos perentorios respecto de la compañía asegurados, y la obligación de expedirse respecto de la denuncia del siniestro efectuada.
Así, ante un siniestro como el de autos, se presenta como carga del asegurado no sólo denunciarlo sino además –cuando se lo soliciten- el cumplimiento de la información complementaria. Si bien es cierto que al asegurado ha de tenérsele por cumplida su carga de denunciar con hacerlo de modo elemental y esquemático, la ley aduna el dispositivo de requerimiento de informaciones complementarias y medidas probatorias atinentes en el art. 46-2 y 3 L.S., cuestión que en la especie no ha acontecido. Por su parte, el asegurador lleva la carga de aceptar o rechazar el siniestro en tiempo oportuno (art. 56 L.S.).
La carga que el art. 56 L.S. le requiere al asegurador es en su propio interés, y de cuya inobservancia resulta el decaimiento de su facultad consistente en pronunciarse contra el derecho del asegurado. La referida carga procura limitar en forma razonable el tiempo en el cual debe decidirse favorable o adversamente sobre el derecho del asegurado, resultando relevante la cuestión a los fines de establecer el tiempo del pago (STIGLITZ, Rubén S; Derecho de Seguros, T. II, pags. 161 y sgtes., Abeledo-Perrot 1998, Bs. As.). Como contracara, el incumplimiento de las cargas por uno u otro han de acarrear sanciones de diferente naturaleza que el propio legislador se ha encargado de establecer.
En caso de que el asegurador no se pronuncie sobre el siniestro su silencio será entendido como aceptación (art. 56 in fine).
A su vez, la sanción para el incumplimiento de la carga complementaria por parte del asegurado está contenida en el art. 47 de la L.S., consistente en la caducidad de sus derechos para la ejecución de la carga, mas sólo es aplicable al párrafo primero del art. 46 esto es, ante la falta de denuncia en tiempo. En síntesis, el plazo de que dispone el asegurador para pronunciarse acerca del derecho del asegurado, es de treinta (30) días. Dicho término cursa a partir de la fecha en que el asegurado cumple con las cargas complementarias -si es que le son requeridas por el asegurador- establecidas en el artículo 46, Ley de Seguros, y ello acontece el día que el asegurador recibe la última de las informaciones recabadas o la prueba instrumental (CNCiv. y Com. Federal, Sala III, 18-III-1988, “Chiarelli, M. c/ Automóvil Club”, J.A., 1990-I-494). A contrario sensu, si el asegurador, luego de efectuada la denuncia del siniestro, no reclama del asegurado informaciones complementarias ni prueba instrumental, el plazo de treinta días para pronunciarse (art. 56, L.S.), cursa desde la fecha de la denuncia del siniestro (CNCom., Sala D, 2-XII-1987, “Caccuri, H. c/ Cosmos Cía. de Seg.”, L.L., 1989-A-654 (38.073-S).
Y el silencio del asegurador, opera (ministerio legis) como manifestación de voluntad. En efecto, se trata de un supuesto de silencio opuesto a un acto (pronunciamiento acerca de los derechos del asegurado) que constituye un deber de "explicarse por la ley" (art. 919, Cód. CiV.) (CNCom., Sala B, 18-XII-1986, “Bandell, J. c/ Unión Comerciante Cía. de Seg.”, L.L., 1989-A-51, 1987-III-107) (v, STIGLITZ, Rubén S.; Derecho de Seguros, T. II, págs. 166 y sgtes., Abeledo-Perrot 1998, Bs. As.) (v, mi voto en causa Nº 94.683, caratulada: "BERMUDEZ DAVID C/ PROV. SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ.", Sent. del 22/09/2015).
En autos, la accionante cumplió con lo solicitado, conforme surge de inspección técnica realizada sobre el vehículo por parte de la compañía aseguradora –v, pericia contable y documentación acompañada-, poniendo a disposición de la misma el vehículo siniestrado.
Asimismo, no se encuentra acreditado que se le haya solicitado información complementaria, en los términos señalados supra, conforme lo denuncia la propia aseguradora al contestar la demanda –fs. 117, arg. art. 375, CPCC-.
Y aun teniendo por válida tal afirmación, nada ha acreditado al respecto.
En razón de ello, a partir de tal verificación, tenía la aseguradora treinta días para expedirse sobre la aceptación o rechazo del reclamo. Sin embargo, valorando las constancias de autos, ello no ocurrió. Conforme surge del intercambio epistolar, cuyas misivas obran a fs. 48/51, surge que la actora Curuchet intima en fecha 31 de marzo de 2014, es decir, pasados casi tres meses de efectuada la denuncia –fs. 12-, a que la compañía se manifieste sobre el siniestro de autos, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales – v, fs. 48-.
A tal interpelación, contesta la aseguradora por igual medio, de fecha 9 de mayo de 2014, ratificando los términos de una carta documento –que identifica con el n° 438322876-, dando por finalizado el intercambio epistolar –fs. 49-.
A fs. 51 la accionante contesta a tal misiva negando haber recibido la carta documento que refiere la demandada, considerando que tal contestación importa una denegación de su reclamo e, igual que aquella, da por concluido el intercambio epistolar.
De lo actuado se advierte que la demandada no ha cumplido con su obligación de expedirse en el plazo legal que tenía para hacerlo.
Es decir que la única comunicación existente en autos ha sido vencido holgadamente el plazo previsto por el art. 56 de la ley 17.418 t.o., por lo que, no cabe duda que operó la aceptación tácita del derecho del asegurado.
Lo expuesto complementa la solución a la que arribo conforme los fundamentos dados precedentemente.
III. En atención a lo dicho, al proponer la procedencia de la demanda instaurada, con su consecuente revocatoria de la sentencia cuestionada, corresponde analizar la admisibilidad de los rubros indemnizatorios solicitados, asumiendo la recomposición positiva de la litis.
Al respecto en la presente causa he de tener presente el principio de la anticipación del ejercicio de las pautas de la apelación adhesiva; ello a fin de no violentar normas de raigambre constitucional como lo es el art. 18 de la Const. Nacional y la tutela judicial efectiva que alberga el art. 15 de la Const. Provincial (SCBA, causa 88.683, sent. del 12-XII-2007, voto JUEZ HITTERS), respecto de las demandadas.
Tiene dicho esta Cámara -siguiendo a nuestro Superior provincial- que si la sentencia que favorece a una parte es apelada por otra, toda la cuestión materia del litigio pasa al superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior (conf. Ac. 34.286, sent. del 17-IX-1985; Ac. 52.242, sent. del 6-XII-1994; Ac. 63.004, sent. del 8-IX-1998; Ac. 78.251, sent. del 19-II-2002; esta Alzada en causa N° 87.747, sent. del 14-5-2009). Implicando ello un nuevo análisis sobre las cuestiones que ante el cambio de rumbo del fallo le han de provocar un perjuicio a la parte gananciosa en la sentencia dictada en la primera instancia, dejada sin efecto por esta Alzada.
En ese entendimiento, también debe tenerse en consideración que la sentencia que resuelve sin considerar el postulado de la apelación adhesiva o implícita, según el cual las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto de que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento, autoriza a la declaración de nulidad requerida a través del recurso extraordinario (SCBA, C. 114.178, Sent. del 9-10-2013).
En tal tarea, cabe señalar que los argumentos expuestos por la compañía aseguradora al contestar la demanda –fs. 116/120 y vta.- han quedado desestimados en atención a los fundamentos que sustentan mi propuesta revocatoria, por lo que a lo dicho debe estarse.
+En referencia a los planteados por la codemandada Automóvil Club Argentino –fs. 102/105-, tampoco pueden prosperar.
Alega le entidad demandada en su defensa que resulta ser una intermediaria con la empresa aseguradora, cuestión que considera reconocida por la propia accionante, sabiendo éstas con quien contrataban el seguro. Califica a la demanda entablada en su contra como manifiestamente improcedente.
Resalta que al resultar ser una entidad civil, cuestión de público conocimiento, y de conformidad con el art. 2 de la ley 20.091, se encuentra impedida de asumir el carácter de aseguradora, resultando ser ésta La Caja de Seguros S.A., por lo que las accionantes únicamente debieron dirigir su pretensión hacia ella –v, fs. 102/105-.
Analizada la cuestión, considero que la razón no le asiste.
Resulta claro que, en el contrato de seguro concertado, el Automóvil Club Argentino actuó como estipulante y la Caja de Seguros S.A. como aseguradora, como también lo es, que no asumió la posición de aseguradora, por lo que si bien es la segunda el único sujeto obligado a indemnizar el siniestro y el responsable por los daños derivados del incumplimiento contractual, en razón del carácter señalado el Automóvil Club Argentino también debe responder, en igual medida en su condición de intermediario. Cabe recordar que claramente se desprende de la pieza de inicio de las actoras que le fue atribuida responsabilidad extracontractual por los daños ocasionados por su actuación como intermediaria y socia de la entidad aseguradora, habiéndose tomado el seguro en la agencia que el ACA tiene en la ciudad de Pinamar –v, fs. 65, 2do. párr.).
Asimismo señalan aquellas que surge del seguro que el mismo debía ser debitado de la tarjeta de crédito de la tomadora; que la misma era socia del ACA que le ofrece el servicio y le impone como aseguradora a Caja de Seguros SA.; que era condición(es) indispensable para incorporarse al seguro y obtener prórrogas que el socio se encuentre al día con las cuotas sociales del ACA, poniendo de resalto, la posición dominante y del abuso que se hace de la misma –fs. 65 vta.-.
Fundaron su pretensión –entre otras disposiciones legales- en los términos de la ley 24.240 (arts. 1, 2, 3, 5, 8 bis, 52 bis y ccdtes.).
Y de autos se aprecia claramente que no sólo el ACA puso su nombre en la papelería de que fue entregada al asegurado sino que, desde el inicio del vínculo negocial, desplegó un rol activo en la contratación. Así, en el encabezado de la póliza figura su logo a la misma altura que aquel correspondiente a la Caja de Seguros S.A. (fs. 11, 27 y 28); que de las constancias de fs. 13 se desprende que también aceptaban pagos o acreditaban el debitado por la tarjeta de crédito de la accionante en tanto los comprobantes mensuales se encuentran también sellados en la oficina del ACA de Pinamar; como igualmente la denuncia del siniestro fue realizada y recepcionada en dicha oficina, conforme surge del instrumento de fs. 12 –v, sello al pie del dorso; igualmente de los comprobantes obrantes a fs. 16/17 se advierte que se le debitaba a la Sra. Curutchet de su tarjeta de crédito –VISA- el importe correspondiente a ACA SEGUROS.
Finalmente, debe remarcarse que el propio ACA envía una comunicación, en abril de 2015, informándole a la socia la modificación a la cláusula del seguro por destrucción total, expresándole que a partir de la renovación el seguro tendría una cláusula del 80% -modificando el establecido en el 20%- lo que significa que se considerará Daño o Pérdida Total cuando el costo de la reparación o reemplazo de las partes afectadas del vehículo alcancen o superen el 80% del valor asegurado. Finaliza la misma señalando que ante cualquier consulta la socia podrá comunicarse en el Departamento de Administración de Seguros del ACA, señalando la dirección de correo electrónico y el número telefónico del Centro de Atención Telefónica.
Y tal misiva se encuentra suscripta por la persona a cargo del Departamento de Administración de Seguros del Automóvil Club Argentino –v, fs. 25-.
Igualmente de la misma se advierte que resulta remitida por el Convenio que tiene el ACA con la entidad Caja de Seguros S.A., quien resulta ser la entidad emisora –v, nota al pie (*)-.
Con lo expuesto queda demostrado que tanto en la etapa de concertación del contrato, como su ejecución, el ACA participó activamente no sólo cursando la póliza y sus renovaciones al asegurado sino y especialmente, recibiendo de éste el pago de la prima del seguro (fs. cit.).
De igual manera cabe resalta que en la sede de Pinamar de dicha entidad se realizó la denuncia del siniestro, cuestión que no se encuentra controvertida –art. 375, CPCC-, por lo que el rol que desplegó el Automóvil Club Argentino en el iter contractual resulta indiscutible.
En tal sendero que señalar que el art. 2 de la Ley de Defensa del Consumidor define al sujeto pasivo de la relación de consumo, esto es, el proveedor de cosas o servicios, que comprende a todos aquellos que ofrecen bienes en el mercado y, por lo tanto, alcanza al productor, al importador, al distribuidor y al comercializador (cfr. Rouillón, en “Código de Comercio comentado y anotado", tº. V, pág. 1102; ed. La Ley, Buenos Aires, 2006; Wajntraub, en "Protección jurídica del consumidor, pág. 32, ed. Depalma, Buenos Aires, 2004).
Por su lado, el art. 40 responsabiliza al productor, al fabricante, al importador, al distribuidor, al proveedor, al vendedor y a “quien haya puesto su marca en la cosa o servicio”; de modo tal que más allá de que la enumeración legal es simplemente enunciativa, corresponde interpretar que la Ley de Defensa del Consumidor quiere responsabilizar a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que han participado en la concepción, creación y comercialización del bien o del servicio, y no sólo a quien lo provee en forma directa (v, CNAC, Sala C, “Palumbo, Guillermo Gabriel c/ Ford Argentina S.C.A.”, 3.6.14; íd., “Díaz, Paula Carolina c/ Ford Argentina S.A.”, 4.9.14; cfr. Monti, en “Esbozo sobre el daño resarcible en el Derecho Comercial”, publ. en “Derecho de daños” 5° parte, cap. IX, págs. 209 y sig.; obra dirigida por Etcheverry y Gagliardo). Tal vinculación funcional es lo que determina la responsabilidad del ACA, en razón de lo normado por el art. 40 de la ley 24.240, en tanto aquel integra la organización económica y obtiene beneficios y existe actuación conjunta generadora ante terceros de obligaciones, y se aviene a efectuar en conjunto una prestación de servicios que se encuentra alcanzada por la citada norma legal (conf. Cám. Nac. Com., Sala C, Sent. del 4-V-de 2015, in re, “MARVASO OSCAR FELIPE Y OTRO c/ CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO s/ORDINARIO”).
En razón de tales argumentos, considero que si bien el ACA no debe ser considerado responsable del incumplimiento del contrato de seguro que vinculó al actor con la Caja de Seguros S.A., debe serlo concurrentemente con ésta por las consecuencias dañosas resultantes de un servicio que fue deficientemente prestado (art. 40, últ. párr., ley 24.240: 40, último párrafo; 850 del CCyCN), lo que así dejo propuesto al Tribunal.
A mayor abundamiento podría nacer una acción de repetición entre el ACA y la Caja, que excede este proceso.
IV. Dicho lo anterior, corresponde abocarme a valorar y, en su caso, cuantificar los rubros indemnizatorios solicitados.
La accionante solicita por daño moral la suma de pesos cuarenta mil –$ 40.000-; como daño patrimonial, teniendo en consideración el valor del rodado a mayo de 2015, la suma de pesos ochenta y cinco mil - $85.000-; daño punitivo –conforme al art. 52 bis de la ley 24.240- que es dejado a criterio del sentenciante y finalmente pretende por el rubro “privación de uso” la suma de pesos sesenta mil -$ 60.000- [fs. 70 vta./79 vta.].
Las demandadas de su lado solicitan la desestimación de los mismos, resaltando su improcedencia. En tal sendero señalan, respecto del daño punitivo, que resulta de aplicación excepcional y para supuestos en que el accionar del responsable resulte de gravedad, no resultando de aplicación para todos los casos de incumplimiento. La aseguradora resalta que no obró ni con dolo o malicia o culpa grave, circunscribiéndose a tratar de hacer cumplir las disposiciones de la póliza.
Asimismo señala, en cuanto al daño moral, que en el ámbito contractual, debe valorarse con criterio restrictivo, en tanto las molestias y permanentes situaciones de incertidumbre y demás cuestiones propias del mundo de negocios, no puede derivar en un daño.
Referente al daño patrimonial, resalta que no existe destrucción total tal como lo alega la accionante; y finalmente, en cuanto a la privación de uso, expresa que la misma no se encuentra acreditada (v, fs. 105/106 vta., pto. II. b. y fs. 120 vta./122, pto. 6).
a) En referencia al primer rubro –daño patrimonial-, conforme lo ya dicho, su existencia se encuentra debidamente acreditada por lo que no cabe duda respecto de la admisibilidad de la pretensión. En cuanto a la cuantía, debo decir que encontrándose asegurado a la fecha del siniestro el automotor por pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000) –v, certificado de cobertura de seguro de fs. 11-, corresponde fijar el monto del rubro en dicha suma, a la que habrá que adicionársele los intereses correspondientes. En cuanto a los rezagos del automotor deberá estarse a lo establecido en la póliza de seguros (v, cl. CG-DA 4.1).
b) Con relación al daño moral he de señalar que ante una pretensión sustentada en un contrato, en la especie de seguro, la pretensión de indemnización por daño moral ha de resultar juzgada a la luz del art. 522 del Código Civil –ley 340- [en atención a la fecha de ocurrido el hecho que diera origen a estas actuaciones, conf. art. 7, CCyCN].
Deviene procedente la indemnización por daño moral que regla la norma indicada al tiempo en que existe el incumplimiento de una obligación pre-existente, entendiéndose por tal cualquier hipótesis de responsabilidad por infracción a un deber pendiente con relación al lesionado. La fijación de este daño queda remitido a la prudencia y discreción del magistrado y el derecho a la reparación nace con la sentencia que reconoce la existencia de aquella premisa.
El incumplimiento tiene que haber sido causado por el deudor, la conducta dolosa de éste resulta la causa eficiente del daño. Por ello la índole del hecho y sus circunstancias son los datos fundamentales que en todo sistema represivo permiten elaborar una sanción justa, para ello se ha de apreciar la gravedad de la falta.
Prima facie podría afirmarse la existencia del daño moral ante el incumplimiento de la compañía aseguradora, cuando es dable presumir que el actor contrató con pie en la buena fe de su co-contratante, más en materia contractual este resarcimiento debe interpretarse con criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido. La procedencia del daño moral en materia contractual se encuentra supeditada a la producción de prueba, pues no adviene in re ipsa, requiere al menos de la existencia de prueba indiciaria suficiente para alimentar el razonamiento jurídico del juzgador; extremo que no se encuentra satisfecho ni siquiera mínimamente en autos, por lo que tengo plena convicción que el daño moral pretendido por la actora debe desestimarse (SCBA, Ac. 69.113 Sent. del 21-11-2001; conf. mi voto en causas de este Tribunal n° 84.833, 92.861, entre otras).
c) En cuanto a la privación de uso, cabe señalar que cuando la destrucción del automotor ha sido total, por aplicación de lo dispuesto en el art. 1094 del Cód. Civil corresponderá en concepto de indemnización el pago de la cosa destruida; es decir la suma necesaria para adquirir otro vehículo de las mismas características de aquél, en punto a marca, modelo, accesorios y estado de conservación. Es que el monto del resarcimiento no debe determinarse por lo que costaría adquirir una cosa nueva para sustituir la destruida, sino por el valor de ésta en las condiciones en que se hallaba al producirse el siniestro que provocó la destrucción, o sea su valor objetivo y corriente, el que tenía en el mercado y que hubiera podido obtenerse de su venta.
Asimismo, cuando la destrucción del rodado es total, existe un perjuicio íntegro, un daño conmensurado y que confiere derecho al reembolso también total del menoscabo patrimonial sufrido.
No corresponde por tanto la compensación adicional por el lapso razonable de detención y privación correspondiente a su uso, como ordinariamente se otorga, ya que el resarcimiento integral que se concede cubre todo perjuicio posible al propietario (art. 1068, CC).
La privación del uso del automotor tiene en miras únicamente situaciones transitorias de indisponibilidad del vehículo, y no una definitiva como la que se deriva precisamente de la destrucción total; por ello corresponde rechazar el rubro reclamado (F. A. Trigo Represas -R.H. Campagnucci de Caso, Responsabilidad civil por accidentes de automotores, p, 555-2). (Causa de este Tribunal nº 88.881 Sent. del 14-09-2010; mi voto en causa n° 92.861, Sent. del 03-10-2013).
d) El daño punitivo se encuentra incorporado normativamente al plexo consumeril(art. 52 bis ley 24.240 mod. por ley 26.361) y ha sido objeto de elogios y al mismo tiempo de críticas por ser considerado fuente de inseguridad jurídica y eventual inequidad al tiempo de su tarifación.
Más allá de tales posiciones enfrentadas al juzgador sólo le resta verificar si el incumplimiento del proveedor enmarcado en este caso en el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato son de tal magnitud que merezcan como pena la denominada multa civil como sanción.
Siguiendo autoría reconocida aquella sanción pecuniaria implica que la beneficiaria ha sido víctima de ciertos ilícitos, ante la conducta deliberada o groseramente negligencia, que es causa del perjuicio sufrido por el reclamante. (Pizarro, Ramón D., “Daños punitivos” en “Derecho de daños”, Segunda parte, Kemelmajer de Carlucci, Aída (Dir.), Parellada, Carlos A. (Coord.), Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 337).
En virtud de los extremos señalados, he de valorar a fin de la admisibilidad de la pretensión actoríl la procedencia de la acción oportunamente instaurada, la existencia del contrato de seguro, el cumplimiento del asegurado de las obligaciones a su cargo y probado el incumplimiento por parte de la aseguradora, el intercambio epistolar, del cual emerge que la accionada se negó a reconocer el daño total del automotor, cuando para así apreciarlo era suficiente con una vista de fotografías de la naturaleza de las de fs. 58/59, que se condicen con las acompañadas por el perito martillero a fs. 237/239 realizada por el ojo del hombre común, porque el daño se encontraba localizado en partes vitales para el funcionamiento del motor del vehículo, resultando la reparación más gravosa tanto para el actor cuanto para la aseguradora, cuestión que debió advertirse al momento de realizarse la verificación vehicular por parte de la demandada. Corresponde además valorarse la conducta procesal de las demandadas que han sido de la más absoluta desidia en tanto se han limitado a estar a derecho por medio de la contestación de demanda y a ofrecer las pruebas habituales que podrían decirse de “cliché” a fin de tratar de evadir su responsabilidad. Ello sobretodo ante el encuadre que se ha dado en la normativa consumeril que conlleva el desplazamiento del principio general del onus probandi.
Es así como esa reticencia a cumplir con el contrato de seguro por parte de la accionada, con una dilación infundada, hace procedente en mi criterio la sanción que prevé el art. 52 bis de la Ley del Consumidor. A los efectos de determinar el quantum de la multa no puede perderse de vista la función de este instituto: sancionatoria y disuasoria. Entonces, no corresponde evaluar el daño punitivo como una compensación extra hacia el consumidor afectado o como una especie de daño moral agravado. Antes bien, debe ponderarse muy especialmente la conducta del proveedor, su particular situación, la malignidad de su comportamiento, el impacto social que la conducta sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o amenaza para otros potenciales consumidores, el grado de inmoralidad de la conducta reprochada y el de desprecio por los derechos del consumidor afectado, como antes se señaló. (v, CNAC., Sala F, Sent. del 15-dic-2016, in re “Berrio Gustavo Osvaldo c/ La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario”).
Bajo tales parámetros, y ponderando asimismo el límite cuantitativo que determina el LDC –art. 52 bis señalado- y la prudente discrecionalidad que ha de orientar la labor judicial en estos casos (art. 165, CPCC), estimo adecuado justipreciar la indemnización de este concepto en la suma de pesos quince mil ($ 15.000).
V. Llegado el momento de dar la solución del caso a la luz de los hechos alegados y probados y las normas vigentes temporalmente aplicables; entiendo que corresponde revocar la sentencia recurrida. Hacer lugar parcialmente a la demanda deducida por Liliana Beatriz Curutchet y Nadia Camposano en contra del Automóvil Club Argentino y de La Caja de Seguros S.A., condenándolas a pagar a las actoras en el término de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000) en concepto de destrucción total del vehículo y la de pesos quince mil ($ 15.000) por daño punitivo. La primera de las cuantías devengará intereses desde el día de la mora que se fija en el día 31-03-2014 (v. CD. fs. 48) y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; en tanto la segunda sólo los devengará a partir del incumplimiento de esta sentencia. (arts. 17, 18, 42, Const. Nac.; 168, 171, Const. Prov.; 165 inc. 5, 242, 246, 260, 261, 266, 272, 375, 384, 385, 394, 473, 474, y concs. del CPCC; 7 y 768 inc. c CCyCN; 522, 622, 623, 1068, 1094, y concs. del Cód. Civil –ley 340-; 1, 2, 3, 5, 38, 39, 40, 52 bis, 65 y concs. ley 24.240 y sus mod.; 46, 47, 48, 56 ley 17.418).
VI. Costas.
Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por las demandadas en su condición objetiva de vencidas (arts. 68 y 274 CPCC).
VII. Encontrándose en sobre separado la prueba documental acompañada por el perito contador público – v, proveído de fs. 303- agréguese al expediente con la debida foliatura.
VOTO POR LA NEGATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
Adhiero al voto de la Dra. Dabadie por compartir sus fundamentos, especialmente en lo tocante a la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas y las presunciones emergentes de la legislación consumeril, lo que en el caso sin dudas se traduce en una efectiva protección de los derechos de la parte más débil en la contratación de consumo, tal como lo ha postulado con fuerza y claridad el legislador (arts. 42 Const. Nac.; 38 Const. Pcial.; 1094 y 1095 CCyCN; 3 ley 24.240 -text. según ley 26.361). En consecuencia, voto también por la NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA. CANALE DIJO:
Por mayoria del Tribunal se propone al Acuerdo revocar la sentencia recurrida y hacer lugar parcialmente a la demanda deducida por Liliana Beatriz Curutchet y Nadia Camposano en contra del Automóvil Club Argentino y de La Caja de Seguros S.A., condenándolas a pagar a las actoras en el término de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000) en concepto de destrucción total del vehículo y la de pesos quince mil ($ 15.000) por daño punitivo. La primera de las cuantías devengará intereses desde el día de la mora que se fija en el día 31-03-2014 (v, CD. fs. 48) y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; en tanto la segunda sólo los devengará a partir del incumplimiento de esta sentencia (arts. 17, 18, 42, Const. Nac.; 168, 171, Const. Prov.; 165 inc. 5, 242, 246, 260, 261, 266, 272, 375, 384, 385, 394, 473, 474, y concs. del CPCC; 7 y 768 inc. c CCyCN; 522, 622, 623, 1068, 1094, y concs. del Cód. Civil –ley 340-; 1, 2, 3, 5, 38, 39, 40, 52 bis, 65 y concs. ley 24.240 y sus mod.; 46, 47, 48, 56 ley 17.418).
Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por las demandadas en su condición objetiva de vencidas (arts. 68 y 274 CPCC).
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal, por mayoría, revoca la sentencia recurrida y hace lugar parcialmente a la demanda deducida por Liliana Beatriz Curutchet y Nadia Camposano en contra del Automóvil Club Argentino y de La Caja de Seguros S.A., condenándolas a pagar a las actoras en el término de diez (10) días de quedar firme la presente, la suma de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000) en concepto de destrucción total del vehículo y la de pesos quince mil ($ 15.000) por daño punitivo. La primera de las cuantías devengará intereses desde el día de la mora que se fija en el día 31-03-2014 (v, CD. fs. 48) y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; en tanto la segunda sólo los devengará a partir del incumplimiento de esta sentencia (arts. 17, 18, 42, Const. Nac.; 168, 171, Const. Prov.; 165 inc. 5, 242, 246, 260, 261, 266, 272, 375, 384, 385, 394, 473, 474, y concs. del CPCC; 7 y 768 inc. c CCyCN; 522, 622, 623, 1068, 1094, y concs. del Cód. Civil –ley 340-; 1, 2, 3, 5, 38, 39, 40, 52 bis, 65 y concs. ley 24.240 y sus mod.; 46, 47, 48, 56 ley 17.418).
Las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por las demandadas en su condición objetiva de vencidas (arts. 68 y 274 CPCC).
Encontrándose en sobre separado la prueba documental acompañada por el perito contador público -v, proveído de fs. 303- agréguese al expediente con la debida foliatura.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE MAURICIO JANKA SILVANA REGINA CANALE GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia