Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el ajuste fiscal en cuanto determina el impuesto al valor agregado por los períodos aquí controvertidos, con más sus intereses resarcitorios.
2Hacer lugar a la defensa de prescripción articulada por la recurrente respecto de la sanción aplicada por los períodos fiscales mayo de 2007 a noviembre de 2008.
3Confirmar la multa impuesta por los períodos diciembre de 2008 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011.
4Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
5Ordenar al Fisco Nacional que en el término de 15 (quince) días practique la reliquidación de la multa debida por la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VIII y IX.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-122933299-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Octubre de 2023 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación) y Claudio Esteban Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 42.037-I, caratulado “CUSTOM BAIRES S.A. s/ recurso de apelación” - impuesto al valor agregado- La Dra. Marmillon dijo:
I. Que a fs. 39/49 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 25/11/2014, suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI, mediante la cual se determina de oficio la obligación tributaria de Custom Baires S.A. en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales mayo de 2007 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011, con más los intereses resarcitorios. Asimismo se aplicó una multa con sustento en los artículos 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modif.).
La recurrente se agravia del criterio fiscal que resuelve impugnar el crédito fiscal proveniente de las operaciones realizadas con el proveedor Cecilio Gómez, por servicios de transporte de contenedores entre la zona franca La Plata y Capital Federal y transportes de cargas en general, para la realización de los cuales el ente recaudador estima que éste no tenía capacidad económica y que era una usina de documentación apócrifa. Manifiesta que dichas operaciones resultaron necesarias para el desarrollo de su actividad consistente en la prestación de “Servicios de gestión aduaneras realizadas por despachantes de aduana”, en el entendimiento de que para ejercer su función, requiere de fletes y transportes que lleven la mercadería al puerto o zonas francas, y de estos hasta los sitios indicados por los clientes que importan.
Sostiene que la fiscalización detectó que el transporte existía, se prestaba y ejecutaba por parte del Sr. Daniel Tonetti con sus vehículos, empleados y estructura propia, pero evitaba facturar bajo su cuit, haciéndolo con la de Cecilio Gómez. A su vez, indica que aquél le sugiere contratar los servicios del Sr. Gómez, actuando como intermediario entre ambos cuando no podía realizar los encargos de transporte por sí sólo. En este sentido, manifiesta que con fecha 5/09/2013 acompaña una declaración efectuada por el Sr. Tonetti ante escribano, en la que consigna que los trabajos proporcionados a Custom Baires fueron realizados por él y documentados mediante facturación a nombre del Sr. Gómez.
Enfatiza que si bien la inspección actuante señala que el proveedor cuestionado no detenta capacidad económica ni operativa para desarrollar su actividad, las facturas objetadas respaldan operaciones que efectivamente existieron, se concretaron y realizaron.
Respecto de la sanción aplicada, peticiona que se declare parcialmente prescripta la multa de los períodos mayo a noviembre de 2007 y diciembre de 2007 a noviembre de 2008, subsidiariamente pide que se reencuadre la conducta bajo la figura de omisión de impuestos y se reduzca al mínimo legal en caso de confirmarse el obrar doloso.
Finalmente, peticiona se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con expresa imposición de costas. Formula reserva de caso federal.
II. Que a fs. 62/77 contesta el recurso interpuesto la representación fiscal, quien señala respecto del ajuste practicado que ha quedado probada la imposibilidad de que el proveedor cuestionado brinde los servicios de transporte facturados. Asimismo, señala que la contribuyente confeccionó los cheques a nombre de una persona distinta al real prestador.
Manifiesta que no resulta controvertido el punto de la efectiva prestación de servicios contratado por la actora y es por eso precisamente, que al encontrarse identificado el beneficiario final de las operaciones, que no se ha efectuado determinación de oficio respecto del impuesto a las ganancias, ni ganancias - salidas no documentadas-.
Indica que a los efectos del impuesto al valor agregado, las facturas observadas quedan automáticamente excluidas como comprobantes válidos para documentar las operaciones cuestionadas y permitir el cómputo de créditos fiscal.
Señala que la excepción de prescripción planteada por la actora respecto a la sanción impuesta debe ser rechazada, toda vez que resultan de aplicación las suspensiones que con carácter general establecen los artículos 44 y 17 de la leyes 26.476 y 26.860, respectivamente Supletoriamente, expone que surge claramente la conducta defraudatoria tipificada por el artículo 46 de la ley de rito, toda vez que ha quedo demostrada la presentación de declaraciones juradas inexactas, así como también su intencionalidad dolosa.
Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa, solicita se confirme la resolución controvertida, con costas y hace reserva de caso federal.
III. A fs.90 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “C” y a fs.99 pasan los autos para dictar sentencia.
IV. Que la cuestión debatida en autos se centra en decidir acerca de la procedencia o improcedencia del actuar del Fisco Nacional en cuanto impugna los créditos fiscales computados por la recurrente por los períodos fiscales mayo de 2007 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011 , relacionados con el proveedor Cecilio Gómez.
Si bien no se encuentra en discusión la existencia de las operaciones en concepto de transporte, para el organismo recaudador está acreditada la realización de tales servicios facturados a través del Sr. Cecilio Gómez, pero prestados por Daniel A. Tonelli, por lo que imputa la carencia de sinceridad de los respectivos comprobantes.
Según luce de las actuaciones administrativas acompañadas por la administración fiscal con su escrito de responde, el 28/05/2012 mediante O.I. Nº: 720191, notificada en la misma fecha, se inicia la fiscalización de la empresa recurrente- fs. 10 del cuerpo IVA 1-.
En el marco de dicha fiscalización la inspección impugna las operaciones realizadas con el proveedor Cecilio Gómez, registradas mediante las facturas Nos. : 1/2935;1/2959; 1/2983 ;1/2997; 1/3019 ; 1/3035 ; 1/3063; 1/3078; 1/3101; 3116; 1/5227; 1/5243; 1/5270; 1/5318; 1/5338; 1/5349; 1/5367; 1/5396; 1/5415; 1/5434; 1/5446; 1/5457; 1/5473; 1/5476; 1/5495; 1/5510; 1/5535; 1/5558; 1/5570; 1/5579; 1/5606; 1/5643; 1/5652, 1/5678; 1/5707; 1/5729; 1/5746; 1/5777; 1/5788; 1/5814; 1/5833; 1/5858; 1/5879;1/5886; 1/5896, 1/6000; 1/6014, 1/6045, 1/6053; 1/6078; 1/6104; 1/10326; 1/10346; 1/10424; 1/10442; 1/10467; 1/10478; 1/10489; 1/10524; 1/10553; 1/10570; 1/10600; 1/10615; 1/10628; 1/10660 y 1/10667 , en cuyo detalle se consigna la prestación de servicios de transporte de contenedores entre zona franca La Plata y Capital Federal con retorno, realizados por Transporte Imperial de Gómez Cecilio ( ver cpo. IVA II).
Los funcionarios actuantes fundan su impugnación en que la apelante no habría acreditado la realización de las operaciones con el citado proveedor. Para arribar a tal conclusión se valen de una serie de indicios respecto de aquél, a saber: no posee bienes registrables ni empleados en relación de dependencia para prestar el servicio de transporte; no surgieron retenciones de donde pueda resultar que terceriza el servicio de transporte; no opera con entidades bancarias, no fue ubicado en sus domicilios fiscales/ alternativos (fs. 2/4 del cuerpo proveedores apócrifos -Cecilio Gómez)
Asimismo, de acuerdo con las consultas realizadas a la base e-Fisco, se verifica que la contribuyente no posee camiones para el desarrollo de la actividad económica que declara, consistente en: “Servicios de Gestión y logística para el transporte de mercaderías”. Asimismo, no posee propiedades, no se verifican acreditaciones bancarias desde el año 2004, se detectaron solicitudes de una importante cantidad de impresiones de facturas y remitos desde el año 2004, de la visualización de las DDJJ se observan créditos fiscales muy elevados en relación con la actividad. En función de dichas irregularidades, el proveedor cuestionado fue incluido dentro de la Base APOC por falta de capacidad económica con fecha 13/11/2009 (Cuerpo citado fs. 9)
V. Que en atención a lo expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer si los indicios invocados por el organismo recaudador para fundar los actos administrativos apelados adquieren relevancia probatoria.
Que en tal sentido, resulta esclarecedor lo manifestado por la propia recurrente a través de su presidente, mediante multinota del 5/09/2013, en el sentido que “atento a la OI de referencia, respecto del proveedor Cecilio Gómez CUIT …, el cual nos prestaba el servicio de fletes informo que la prestación real era efectuada por nuestro proveedor habitual Sr. Daniel Tonetti, DNI …, el cual en el período requerido nos envió por sus servicios prestados fechacientemente, facturas del Sr. Cecilio Gómez”. Como documentación respaldatoria de lo dicho se acompaña una nota suscripta por el Sr Daniel Tonetti (certificada ante escribano público), con idéntica fecha que la anterior con detalle como anexo adjunto I de servicio de flete por él prestados a Custom Baires SA durante el período mayo 2007 a febrero 2011 e informando que …“dichos servicios han sido documentados mediante el proveedor Gómez Cecilio” (ver fs. 487/491 a.a. – cpo. IVA III).
Por otra parte, en el informe de actuaciones (fs. 648/662 IVA III) también se consigna que a fin de identificar las operaciones de fletes aludidas como servicios realizados por el Sr. Tonetti, la contribuyente aporta remitos propios y controles de carpetas diarias, con copia de los despachos de aduana e identificación de los clientes a los que se le realizaron los servicios (fs. 36/484 del cuerpo principal IVA). Además acompaña comprobantes emitidos por la aduana sobre el control de salidas, en los que se identifican a las vehículos y choferes que egresan de la zona portuaria. En dichos comprobantes, se pudo constatar que los nombres y documentos de los choferes corresponden al personal que se encuentra registrado bajo relación de dependencia del citado Tonetti y que por la numeración de los camiones, los mismos son propiedad de éste (ver fs. 11/14 del cuerpo proveedores).
En relación con los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones, cabe destacar que a fs. 25/27 del cuerpo proveedores obra la multinota de fecha 26 de septiembre de 2013 por la que Daniel Tonetti acompaña el detalle de pagos recibidos de la empresa Custom Baires S.A por cancelación de fletes realizados, explicando que han sido documentados mediante el proveedor Cecilio Gómez; además informa que los valores recibidos han sido depositados en su cuenta bancaria o entregados a terceros.
VI. Que corresponde precisar en primer término que para que proceda el cómputo de un crédito fiscal en el impuesto al valor agregado deben cumplirse tres requisitos conjuntamente: a) debe existir un hecho o acto que haga nacer la obligación de pago del gravamen; b) salvo excepciones, ese hecho o acto debe estar documentado de acuerdo a las disposiciones legales, debiendo cumplirse con las formalidades y requisitos adicionales exigidos por las mismas, tales como que surja de una factura o documento equivalente emitido de manera correlativa (que sea abonado) y c) la factura o documento equivalente debe ser emitido por quien realizó el hecho o acto jurídico que generó la obligación tributaria, quien a su vez debe estar habilitado para ello por el organismo fiscal (el destacado es propio). Es decir que la posibilidad de computar el crédito fiscal depende de la observancia de dichos requisitos sustanciales y formales.
Tal criterio ha sido convalidado por nuestro Máximo Tribunal al establecer que ...”a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA)..., resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (Fallos 338:169) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente ( ADM Argentina SA c/ En AFIP-DGI del 15/3/2015), extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como surge de lo antes expuesto, el tributo cuyo reintegro pretende la actora, no proviene de operaciones genuinas realizadas por los proveedores indicados en las respectivas facturas “ (Molinos Río de la Plata SAS c/EN -AFIP-DGI, del 25/8/2015).
Sobre el particular, cabe destacar que lejos de acreditar la recurrente que la operaciones de transporte fueron realizadas por quien facturara el servicio, reconoce que el mismo fue llevado a cabo por el Sr. Daniel Tonetti y facturado a nombre de Cecilio Gómez, tal y como lo declarara el presidente de la sociedad en multinota del 5/09/2013, referida precedentemente y lo reconociera el Sr Tonetti. En ese sentido, la defensa articulada se centra en sostener que los servicios facturados efectivamente existieron y por lo tanto los créditos fiscales computados en las declaraciones juradas del gravamen son válidos, sin ofrecer prueba alguna en esta instancia. Ello así, surge con meridiana claridad que el crédito fiscal pretendido por la contribuyente no se corresponde con la realidad económica de las operaciones, por lo que procede confirmar el ajuste fiscal en cuanto determina el impuesto al valor agregado de los períodos aquí controvertidos.
VII. Que respecto de los intereses resarcitorios, el artículo 37 de la ley 11683 (t.o. en 1998 y modif.) autoriza su aplicación a partir el vencimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de interpelación alguna, como consecuencia de que ellos configuran una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el deudor.
Ante la ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre su carácter, es posible recurrir a la legislación común para llenar este vacío, resultando aplicable a la ley tributaria el artículo 509 del Código Civil, que exime al deudor cuando prueba que aquella no le es imputable (conf. Fallos 304:203). En el mismo sentido se expide hoy el artículo 888 del Código Civil y Comercial.
En consecuencia, su configuración requiere la existencia de dos requisitos, a saber: el retardo en el cumplimiento de la obligación y que el mismo no le sea imputable al deudor por haberse configurado circunstancias excepcionales, ajenas a él, que hubieren impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, debidamente acreditadas.
En el caso de autos, el contribuyente no acreditó la existencia de dichas causales exculpatorias, por lo que deben confirmarse los intereses resarcitorios aplicados por el organismo recaudador.
VIII. Que sentado lo que antecede, ha de resolverse si resulta procedente la defensa de prescripción parcial articulada por la recurrente respecto a la sanción por defraudación aplicada en relación con los períodos mayo a noviembre de 2007 y diciembre de 2007 a noviembre de 2008.
La ley 11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) establece que “Las acciones y poderes del Fisco… para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ellas previstas, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de los contribuyentes inscriptos… (art. 56) y su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible” (art.58).
Siendo así, el plazo de prescripción para aplicar la sanción bajo análisis comenzó a correr el 1º de enero de 2008 para los períodos fiscales mayo a noviembre de 2007 y 1º de enero de 2009 para los restantes períodos, con la cual de no haber mediado ninguna causal de suspensión, los cinco años se hubieran cumplido el 01/01/2013 y 01/01/2014, respectivamente.
No se desconoce el dictado de las ley 26.476 (B.O. 22/12/08) y 26.860 (B.O. 31/5/13), las que en sus artículos 44 y 17 establecen; “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos Sobre el particular, y dado el carácter eminentemente penal de las infracciones tributarias contempladas en la ley 11.683, resulta aplicable la doctrina expuesta por el Profesor Damarco en su voto recaído en la causa “Campisi, Norberto D. y Campisi, Claudio C.” de fecha 12/04/07 en donde sostuvo que “...La naturaleza de estos ilícitos es de carácter penal y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una doctrina estable y permanente a partir del caso “Parafina del Plata” (2/9/1968), pudiendo mencionarse en esta misma línea de pensamiento, los pronunciamientos recaídos en las causas “Colorín” (Fallos: 268:179), “Zielli” (Fallos: 271:338), “Usandizaga” (15/10/1981), “Woriman” (Fallos: 316:1313), “Guillermo Mirás” (18/10/1973 -LL - 1’. 154 - pág. 242) y “Lapiduz” (Fallos: 321:1043). El reconocimiento de la naturaleza penal de estos ilícitos conlleva la aplicación de los principios generales del derecho penal y del derecho procesal penal con las necesarias adecuaciones que requiere la existencia de una relación jurídico-tributaria subyacente.” “Entre los mencionados principios, el de la ley penal más benigna. Este principio se aplicó siempre por los Tribunales penales y de la justicia federal con sustento normativo en el artículo 2 del Código Penal y se lo sostuvo con la extensión amplia que establece dicho Código. En este aspecto, debe señalarse que el principio supone la comparación de los sucesivos ordenamientos penales desde el momento de configuración del ilícito hasta el momento de pronunciarse el fallo. El principio impone su aplicación de oficio”
“Desde el año 1994, este principio está incluido de manera expresa en la Constitución Nacional, al haberse incorporado a su texto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los artículos 9 de la Convención y 15 del Pacto disponen que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
“La aplicación del principio de la ley más benigna es perfectamente compatible con el de irretroactividad penal, desde que este principio lo que prohíbe es la retroactividad de las leyes penales cuando incriminan un hecho o agravan la situación del imputado, procesado o condenado frente a la ley penal, pero no se opone a su aplicación cuando es para beneficiarlos”.
“El concepto de ley más benigna incluye hipótesis distintas. En efecto, si la ley desincrimina un hecho, es más benigna porque antes el hecho era delito y ahora no lo es. Igualmente lo es aquella ley que elimina una causa de suspensión o de interrupción de la prescripción y de tal modo, acorta el plazo de prescripción. De la misma manera, cuando se favorece el cómputo de la condena condicional o cuando la ley establece una pena de menor entidad”.
“El principio de la ley penal más benigna está sustentado por el principio de justicia. Si se desincrimina un hecho como delito, no es justo que quien está cumpliendo una condena por la comisión de ese hecho deba cumplir la pena tal como le ha sido aplicada. Lo justo es que quede inmediatamente en libertad Ello así porque si se modifica la valoración social respecto del hecho no resulta justo tratar de distinta manera a quien realizó el hecho antes y a quienes lo realizan ahora. El mismo razonamiento debe formularse respecto de los demás supuestos de leyes más benignas. En definitiva, el principio de justicia requiere que en las mismas circunstancias el tratamiento jurídico conceda la misma solución “Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desde la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, tanto más, desde la última reforma de la Carta Fundamental -la que asignó a sus cláusulas jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22), párrafo 2 de la Constitución Nacional- no es posible “pretender que una rama del derecho represivo o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de aplicación de Id garantía. De otro modo, el camino de una interpretación amplia de esta última, supuesta en el propósito de ‘... que el delincuente se beneficie lo más posible de cualesquiera modificaciones ulteriores de la legislación’ (Naciones Unidas - Asamblea General - decimoquinto período de sesiones - Documentos Oficiales - Tercera Comisión - Nueva York - sesión 1010 - 2/11/1960 - intervención de la representante del Japón - pág.158), se vería inicialmente sembrado de obstáculos que un examen particular podría revelar arbitrarios” (CSJN - 11/4/2006 - “in re” “Cristalux SA’).
“Por ello y en virtud de lo establecido por los artículos 31 y 75, inciso 22) de la Constitución Nacional, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2y 4 del Código Penal, el principio debe aplicarse a los ilícitos de la ley 11683...”. En función de la doctrina precedentemente expuesta, que se comparte, no resultan aplicable al caso de autos las causales de suspensión contempladas en la leyes 26.476 y 26.860, en relación con las facultades y poderes del Fisco para imponer multa respecto del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales mayo de 2007 a noviembre de 2008, ya que la resolución controvertida fue dictada el 25 de noviembre de 2014.
Por ello, procede hacer lugar a la defensa de prescripción articulada por la recurrente por tales períodos.
IX. Que en lo atinente al encuadre de la conducta de la actora por los períodos diciembre de 2008 a julio de 2009, enero , abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011 en los artículos 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683, en cuanto a la configuración del elemento objetivo, la suscripta entiende que con los elementos obrantes en autos, desarrollados en los considerandos precedentes, el mismo ha quedado debidamente acreditado.
Respecto del elemento subjetivo, teniendo en consideración las inexactitudes de la declaración jurada original puestas de manifiesto como consecuencia de la inspección iniciada, le incumbía al recurrente la carga de probar que aquellas “...habían sido la consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia”...”porque...si bien es cierto que no cabe admitir la existencia de responsabilidad de índole penal sin culpa, no es menos exacto tampoco que una vez que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta sancionada por la ley, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el derecho penal vigente” (Wekser, Marcelo A -CNACAF Sala V 23-6-15).
Por otra parte, es dable sostener que de no ser por el ejercicio de las facultades de verificación del organismo fiscal, la conducta del actor hubiesen probablemente pasado desapercibida (conf. Sala I en “Mapri Distribuidora SRL” 7-3-2013 y “Refinadora Neuquina S.A.” 23-12-15).
Resulta necesario destacar que la apelante, no obstante haber contado en esta instancia con todas las posibilidades, no ofreció prueba alguna para demostrar la aludida falta de intencionalidad dolosa, limitándose a aducir la falta de intención de defraudar por existencia de las operaciones.
En virtud de lo expuesto, la sanción aplicada por los períodos diciembre de 2008 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011 ha sido adecuadamente encuadrada y ponderada, razón por la que corresponde su confirmación.
X. Las costas se aplican en proporción a los respectivos vencimientos.
XI. Por la forma en que se resuelve, corresponde que el Fisco Nacional en el término de 15 (quince) días practique la reliquidación de la multa debida por la recurrente de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VIII y IX.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello SE RESUELVE:
1. Confirmar el ajuste fiscal en cuanto determina el impuesto al valor agregado por los períodos aquí controvertidos, con más sus intereses resarcitorios.
2. Hacer lugar a la defensa de prescripción articulada por la recurrente respecto de la sanción aplicada por los períodos fiscales mayo de 2007 a noviembre de 2008.
3. Confirmar la multa impuesta por los períodos diciembre de 2008 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011.
4. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
5. Ordenar al Fisco Nacional que en el término de 15 (quince) días practique la reliquidación de la multa debida por la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VIII y IX. Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación (cfr. art. 184, 2do párrafo, ley 11.683 t.o. vigente y art.52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal)
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2023.10.12 13:57:34 -03:00 Date: 2023.10.17 15:17:41 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.17 15:17:41 -03:00
Fin de la sentencia