Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 42037-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del 17/10/23 en cuanto ha sido materia de agravios.
2Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, habida cuenta del resultado obtenido y lo dificultoso de la cuestión en debate (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
CUSTOM BAIRES SA (TF 42037-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2024.
VISTOS Y
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 17/10/23, el Tribunal Fiscal de la Nación: 1) Confirmó el ajuste fiscal en cuando determinó el impuesto al valor agregado (IVA) por los períodos fiscales mayo de 2007 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011, con más sus intereses resarcitorios. 2) Hizo lugar a la defensa de prescripción articulada respecto de la sanción aplicada por los períodos fiscales mayo de 2007 a noviembre de 2008. 3) Confirmó la multa impuesta por los períodos diciembre de 2008 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011. 4) Las costas fueron impuestas en proporción a los respectivos vencimientos.-
II.-Que a fs. 128 apeló la parte actora, quien expresó agravios a fs. 143/147vta. El Fisco Nacional apeló a fs. 134 y expresó agravios a fs. 150/167. La demandada contestó el traslado de la actora a fs. 178/191vta. y la accionante contestó el traslado de los agravios de su contraria a fs. 173/176. El 23/4/2024 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 26/6/2024 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que en los presentes actuados, la firma actora interpuso demanda contra la resolución del 25/11/2014 suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI por la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la actora por el IVA por los períodos fiscales mayo de 2007 a julio de 2009, enero, abril a diciembre de 2010 y febrero de 2011, con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicó una multa con sustento en los arts. 46 y 47 inc. d) de la Ley 11.683.-
IV.-Que la actora se agravia del criterio sostenido por el Fisco Nacional en cuanto impugnó el crédito fiscal Alta en sistema: 18/10/2024 proveniente de las operaciones realizadas por el proveedor Cecilio Gómez, por servicios de transporte de contenedores entre la zona franca La Plata y Capital Federal y transportes de cargas en general para la realización de los cuales el ente recaudador estima que aquel no tenía capacidad económica y que era una usina de documentación apócrifa. En efecto, afirma la actora que las operaciones existieron, lo que remite en definitiva al análisis de la prueba producida en autos.-
V.-Que para resolver como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación consideró: “Los funcionarios actuantes fundan su impugnación en que la apelante no habría acreditado la realización de las operaciones con el citado proveedor. Para arribar a tal conclusión, se valen de una serie de indicios respecto de aquel, a saber: no posee bienes registrables ni empleados en relación de dependencia para prestar el servicio de transporte; no surgieron retenciones de donde pueda resultar que terceriza el servicio de transporte; no opera con entidades bancarias, no fue ubicado en sus domicilios fiscales/alternativos…Asimismo, de acuerdo con las consultas realizadas en la base e-Fisco, se verifica que la contribuyente no posee camiones para el desarrollo de la actividad económica que declara, consistente en: ‘Servicios de Gestión y logística para el transporte de mercaderías’.
Asimismo, no posee propiedades, no se verifican acreditaciones bancarias desde el año 2004, se detectaron solicitudes de una importante cantidad de impresiones de facturas y remitos desde el año 2004, de la visualización de las DDJJ se observan créditos fiscales muy elevados en relación con la actividad…Que en atención a lo expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer si los indicios invocados por el organismo recaudador para fundar los actos administrativos apelados adquieren relevancia probatoria”.+ VI.-Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma, cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683.
En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed Alta en sistema: 18/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).- VII.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
VIII.-Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- IX.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las Alta en sistema: 18/10/2024 razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
X.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa (conf. esta Sala in re “Noble Argentina S.A. (TF 32885-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 15283/2010, sentencia del 19/9/2017). Por otra parte, las manifestaciones de la actora trasuntan una mera disconformidad con el criterio esbozado por el a quo –el que se comparte- más no logra desvirtuarlos de manera fundada. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio en trato de la actora.- XI.-Que también se agravia la accionante de la multa aplicada y que fuera confirmada por el Tribunal Fiscal de la Nación, pues afirma que no existió dolo de su parte en atención a la existencia de las operaciones. Sobre el punto, cabe señalar que en el decisorio recurrido el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que la actora no aportó prueba alguna para acreditar que de su parte no hubo dolo, circunstancia que no se ve desvirtuada a partir de su expresión de agravios por ante esta Alzada. Es por ello que cabe desestimar el agravio deducido.-
XII.-Que se agravia la demandada en cuanto el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar a la prescripción parcial articulada respecto de la multa aplicada por los períodos fiscales 5 a 11 de 2007 y 12 de 2007 a 11 de 2008. Sobre el punto, comparto lo considerado y decidido por el a quo en cuanto sostuvo que no resultan aplicables al caso de autos Alta en sistema: 18/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V las causales de suspensión contempladas en las leyes 26.476 y 26.860, en relación con las facultades y poderes del Fisco para imponer multa respecto del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales mayo de 2007 a noviembre de 2008, ya que la resolución controvertida fue dictada el 25 de noviembre de 2014”.-
En consecuencia, deviene inoficioso inoficioso pronunciarse respecto de los restantes agravios de la recurrente.- XIII.-Que se agravia la actora en cuanto a la condena en costas impuesta por el a quo. Sobre el punto y de acuerdo con lo que surge de los considerandos anteriores, corresponde confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de recurso por la actora y también en cuanto ha sido materia de agravios por parte de la demandada. En consecuencia, habida cuenta del resultado obtenido y lo dificultoso de la cuestión en debate, corresponde confirmar la forma en que fueron impuestas las costas por el a quo e imponer las de esta instancia por su orden (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN). ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy adhiere al voto que antecede.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).- En virtud de las consideraciones del Acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del 17/10/23 en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, habida cuenta del resultado obtenido y lo dificultoso de la cuestión en debate (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Regístrese notifíquese, y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 18/10/2024 Alta en sistema: 18/10/2024
Fin de la sentencia