Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Segunda Sala II de la Plata.cobro Ejecutivo
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la apelada resolución de fs. 19 (doct. art. 352 inc. 1 C.P.C.C.; art. 36, ley 24.240).
"D´ALESSANDRO, CLAUDIA BEATRIZ C/ ZANETTI, DANIEL GUSTAVO y otro/a S/ COBRO EJECUTIVO "
C.C.C. II Sala 2°a.
Registro N° ...156.... (S) Folio ....
Causa: 116737 //la ciudad de La Plata, a los un días del mes de octubre de dos mil trece, reunidos en acuerdo ordinario la Señora Juez Vocal de la Sala Segunda, de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Patricia Ferrer, y por integración de dicha Sala, el Señor Juez Vocal de la Sala Primera doctor Jaime Oscar López Muro, para dictar sentencia en la causa 116737, caratulada: "D´ALESSANDRO, CLAUDIA BEATRIZ C/ ZANETTI, DANIEL GUSTAVO y otro/a S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término la doctora FERRER.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es competente esta jurisdicción para intervenir en autos?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A LA PRIMERA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA FERRER DIJO:
I. Llegan los autos a la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 21 contra el decisorio de fs. 19, en cuanto la magistrada de grado anterior se inhibe de entender en las presentes actuaciones, con fundamento en lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240.
II. Esta Sala tiene dicho en innumerables casos que el órgano judicial es competente para conocer en un asunto determinado cuando, por ley, tiene aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdiccional en ese conflicto, causa o asunto. Mientras la jurisdicción es el poder de administrar justicia, la competencia es la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso en razón de la materia, cuantía económica, lugar y grado (causas 114.786, RSD-40/12, sent. del 27-3-12; 114.700, RSD-41/12, sent. del 27- 3-12; 115.496, RSD-152/12, sent. del 25-10-12; e/o).
Es principio receptado por el primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial que la competencia atribuida a los órganos provinciales es improrrogable. Sin embargo, es menester precisar los conceptos de competencia absoluta y relativa y prorrogabilidad e improrrogabilidad que se vinculan y complementan entre sí. De tal manera, mientras la competencia por la materia y el grado es absoluta, por cuanto sus disposiciones no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes, la de orden territorial, que obedece primordialmente al interés exclusivo de los litigantes, es relativa y puede, por tanto, ser renunciada en forma expresa o implícita por aquellos a favor de quienes fue establecida. Esta facultad sólo puede ser ejercida en asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 1, 2º párr. del C.P.C.C.; esta Sala, causas 114.786, 114.700, 115.496 citadas).
Dicha prórroga es expresa cuando al formarse la relación jurídica o antes de ejercitarse la pretensión, ambas partes la convienen por escrito, determinando explícitamente su sometimiento al juez ante el que acude el demandante, (art. 2 del C.P.C.C.). Su fundamento radica en las ventajas que para los contratantes pueda reportar que sea un juez próximo a su domicilio o al lugar de sus negocios, quien conozca en un eventual litigio y esté autorizado por el Código Civil (arts. 100 y 102 Código Civil; esta Sala, causas 114.786, 114.700, 115.496 citadas).
La tácita se configura cuando el demandado se somete a la competencia del juez elegido por el actor sin articular incidencia.
III. Cabe entender que, al ser una regla que en las cuestiones patrimoniales la jurisdicción territorial dentro del ámbito de la Provincia es prorrogable (arg. art. 1° del C.P.C.C.), la incompetencia no puede ser declarada de oficio por el Juez de grado que hubiese sido requerido, sino que corresponde al accionado oponer -eventualmente- la excepción.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo C. 109.305, "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro Rene s/ Cobro Ejecutivo" del 1° de septiembre de 2010, estableció que si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognositivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título (cfme. art. 542 C.P.C.C.), es posible una interpretación de la regla aludida a la luz de los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). En ese orden, admitió que los jueces declaren de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y justificados) de la existencia de una relación de consumo de las mencionadas en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Precisamente, la ley 24.240 -normativa de orden público (art. 65, ley citada)- introduce en su artículo 36 una disposición de competencia territorial no disponible por las partes y que conforme la cual será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por dicha norma - operaciones financieras para el consumo y de créditos para el consumo-, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal del domicilio real del consumidor. Se ha dicho que el crédito o financiación para el consumo será “todo aquel que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor, bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional. Usualmente, la operación de crédito al consumo quedará configurada sin perjuicio de la técnica empleada para la financiación, siempre que los bienes o servicios estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor” (Picasso, Vázquez Ferreyra, “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Tomo I, página 413, Editorial La Ley, año 2009).
La citada ley 24.240 constituye un cuerpo normativo de protección que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino también del comercial, procesal, administrativo, penal, etc.. Así, esta disposición, al regular un tipo de relación específica, incide en el régimen de competencia establecido en el sistema jurídico, al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aun, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que nos ocupa, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación.
Cabe señalar que esta especial disposición de competencia territorial, de orden público e indisponible para las partes, no puede quedar excluida por la aplicación de disposiciones preexistentes de competencia previstas para los procesos de ejecución (arts. 1, 2, 101 y 102 D/L.5965/63; 1 y 2 C.P.C.C.), respecto de las cuales, presenta jerarquía constitucional superior (art. 31 Const. Nac.).
Este plexo normativo impone, mas allá de la doctrina sentada por la Suprema Corte Provincial, que toda vez que se promueva una acción de cobro derivada de un título de crédito, en tanto por el domicilio del demandado el tribunal resulta incompetente, tal incompetencia debe ser declarada de oficio.. Es que el orden público derivado de la obligación de consumo torna inaplicable la prórroga tacita en materia de competencia territorial. Admitir que la abstracción procedimental o cambiaria impida la aplicación del artículo 36 de la citada ley 24.240, burlaría su finalidad protectoria y equilibrante. Aguardar que sea el deudor (usuario o consumidor) quien por vía de excepción introduzca la cuestión, importaría no sólo eventualmente posponer o diferir su análisis, sino también, lo que es más importante, frustrar la protección que impone la ley. Atribuir al lugar de pago establecido en los documentos base de la acción la aptitud de determinar la competencia judicial vulnera la garantía de la defensa en juicio, al crear obstáculos defensivos en función de la distancia. En el caso, adviértase que el accionado se domicilia en la ciudad de Gualeguaychu, Provincia de Entre Ríos, y ello podría generarle impedimentos de orden económico al verse obligado a trasladarse a larga distancia de su domicilio, "... puesto que una administración de justicia que quedare inhibida de escuchar a quienes no tienen recursos económicos para litigar, contraría lo dispuesto por el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre” (S.C.B.A., Ac. 33.302, sent. del 23-7-85).
Siendo posible que exista una relación de consumo y que corresponda la aplicación del artículo 36 de la ley 24.240, como acontece en la especie, debe tenerse en cuenta el principio rector conforme el cual, en los supuestos que exista duda ya sea en el carácter de consumidor o usuario del ejecutado, en la condición de proveedor del ejecutante o en la calificación de la relación, deberá estarse por la interpretación más favorable al consumidor, considerando aplicable al caso el plexo normativo del conjunto de las normas que protegen a los consumidores. Por consiguiente, el juez natural para entender en el proceso debe ser aquél del domicilio real del deudor (arts. 1, 2, 3, 36 y 37 ley 24.240).
Es dicho Juez el único que debe considerarse atribuído de competencia para determinar si existe o no relación de consumo en los términos que consagra el artículo 36 antes citado.
La actora, en cumplimiento de su deber procesal de lealtad y buena fe, por estar en mejores condiciones, quien debe acercar los elementos necesarios para esclarecer si se tipifica la relación de consumo (doct. art. 34 inc. 5 “c” y “d” y 36 inc. 2 del C.P.C.C.).
En el caso, la actora se ha limitado a manifestar que no se trata en la especie de una relación de consumo, sin siquiera indicar cuál ha sido la causa fin de creación del título base de la ejecución, incumpliendo así con el deber de explicarse.
Consecuentemente, el silencio del actor, respuestas evasivas o meras manifestaciones sin respaldo probatorio, al igual que los casos dudosos, imponen una solución que priorice la aplicación de la atribución de competencia dada por el domicilio del deudor (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240).
Es dable señalar que sin perjuicio de la validez del domicilio de pago expuesto en el pagaré que obra a fs. 3, a los fines netamente cambiarios (arts. 40 a 42, 45, 48 a 50, 64 a 70, 89, 103, 104 y ccdtes. Dec. Ley 5965/63) y que el mismo de ordinario fija la competencia territorial (arts. 1, 2, 101, 102, 103 y ccdtes. Dec. Ley citado), no es posible atribuir a dicho domicilio esta última aptitud cuando el librador del documento y ejecutado es consumidor en una relación de crédito (arts. 1, 18, 42, 75 inc. 22 y ccdtes. Const. Nac.; 1, 2, 3, 36, 37, 65 ley 24.240; 1, 2, 101, 102, 103 Decreto Ley 5965/63; 1, 2, 34 inc. 5 “c” y “d” y 36 inc. 2, 163, 352 inc. 1, 375, 384 C.P.C.C.).
Tal como se indicara, el único juez hábil para dirimir la cuestión de competencia, es el del domicilio del deudor, ya que de lo contrario se estaría impidiendo su acceso a la justicia, al tener que presentarse en extraña jurisdicción para hacer valer el planteo de incompetencia. No cabe en supuestos como el de autos admitir la prórroga tanto frente a la incomparencia del demandado ni habilitar a un juez de extraña jurisdicción que se atribuya una competencia que el demandado se vería impedido, por razones de distancia o económicas, de controvertir.
Por todo lo expuesto, considero que la apelada resolución de fs. 19 se ajusta a derecho y debe ser confirmada.
Voto, por la AFIRMATIVA.
El Señor Juez doctor LOPEZ MURO, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION LA SEÑORA JUEZ DOCTORA FERRER DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada resolución de fs. 19 (doct. art. 352 inc. 1 C.P.C.C.; art. 36, ley 24.240).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez doctor LOPEZ MURO por los mismos fundamentos votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la apelada resolución de fs. 19 (doct. art. 352 inc. 1 C.P.C.C.; art. 36, ley 24.240). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia