Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en los presentes autos.
2Declarar formalmente procedente la acción de amparo promovida por la Sra. Karina Violeta D'Antonio (en representación de su padre J.D'A.).
3Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social de los Empleados Públicos para que en el término de tres (3) días de notificada, brinde la cobertura inmediata del 100% de la prestación de rehabilitación bajo modalidad de internación institucional en Centro de Neurorehabilitación Castillo Morales, ubicado en la provincia de Córdoba, sin ininterrupciones, y de todas las prestaciones médicas, de rehabilitación, enfermería, medicamentos, insumos, alimentación, alojamiento, estudios, prácticas, controles, traslados y de cualquier prestación que resulte necesaria conforme la indicación del equipo médico tratante. Debiendo la Dra. Natalia Herrera, en representación de la amparista, a prestar caución juratoria en cualquier día y hora de audiencia.
4Requiérase a la OSEP informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de tres (3) días, de quedar notificada.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cincuenta y nueve
San Fernando del Valle de Catamarca, 12 de agosto de 2026
Estos autos Corte Nº 051/2026, caratulados "D'ANTONIO, Karina Violeta (en representación de su padre J. D'A.) c/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (OSEP) "s/ Acción de Amparo", y,
1. Que a fs. 15/28 comparece la Sra. Karina Violeta D'Antonio, en representación de su padre J. D'A., afiliado de OSEP N° 19378 (fs. 10), con patrocinio letrado y promueve acción de amparo en contra de la Obra Social de los Empleados Públicos. Persigue se ordene a la demandada a mantener en forma inmediata, continua e ininterrumpida la cobertura del 100% de la prestación de rehabilitación bajo modalidad de internación institucional en el Centro de Neurorehabilitación Castillo Morales, ubicado en la provincia de Córdoba, a que brinde cobertura integral de todas las prestaciones médicas, de rehabilitación, enfermería, medicamentos, insumos, alimentación, alojamiento, estudios, prácticas, controles, traslados y toda otra prestación que resulte necesaria conforme la indicación del equipo médico tratante, a abstenerse de modificar unilateralmente la modalidad terapéutica prescripta y mantener dicha cobertura hasta el otorgamiento del alta o la modificación del tratamiento según opinión de los especialistas en base a la evolución clínica del paciente.
En el relato de los hechos describe las patologías médicas y características de las dolencias que padece su padre J. D'A., de 82 años de edad. Indica que su progenitor cuenta con Certificado Único de Discapacidad (fs. 09) por padecer de diabetes mellitus con complicaciones múltiples, anormalidades de la marcha y ausencia adquirida del miembro inferior izquierdo por debajo de la rodilla. Señala que el estado de salud es de extrema gravedad conforme acredita con historia clínica adjunta a fs. 10 vta. donde se describen las múltiples dolencias que padece, diabetes miellitus tipo II con complicaciones micro y macrovasculares, enfermedad vascular periférica, cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca, bloqueo auriculoventricular completo con marcapasos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y antecedentes oncológicos (cáncer de colon) lo que determina una marcada fragilidad clínica y funcional.
Manifiesta que como consecuencia de la evolución de su enfermedad, en diciembre de 2025 sufrió la amputación infracondílea del miembro inferior izquierdo, que determinó el inicio de un largo tratamiento de rehabilitación interdisciplinaria en el Centro de Neurorehabilitación Castillo Morales donde bajo la modalidad de internación recibe atención neurokinesiológica, kinesiología respiratoria, terapia ocupacional, psicología, psicomotricidad, fonoaudiología y funciones visuales con una intensidad estimada de cinco a seis sesiones terapéuticas diarias, cuya continuidad depende exclusivamente de la evolución clínica del paciente conforme opinión de los profesionales tratantes. Destaca el alto costo del tratamiento (fs. 11 y vta.) y la imposibilidad económica de afrontarlo (fs. 14 vta.).
Reseña que, en proceso de rehabilitación no culminado, la OSEP instó el alta del paciente en marzo/2026 contrariando las indicaciones del especialista y su padre sufrió una caída que produjo una infección en el muñón, debiendo practicarse toilette quirúrgica, reconstrucción del muñón, colocación de presión negativa (VAC), antibioticoterapia y seguimiento de los servicios de clínica médica, infectología y nutrición. Manifiesta que de la evolución de la fragilidad del paciente y de la amputación, según consta en resumen de historia clínica, su médico tratante solicita la internación prolongada del paciente en la institución de mención (fs. 10 vta.). Señala que presentó el pedido a la OSEP, pero que la Obra Social insiste en la atención del paciente de manera ambulatoria, conforme acredita con copias de mails adjuntos a fs. 12/14 y explica que en el Centro de Neurorehabilitación Castillo Morales, le informaron que la OSEP mantendría cobertura hasta julio/2026, lo que motivó el inicio de la presente acción el día 29/07/2026 (fs. 28).
Funda su derecho y justifica la cautelar peticionada a fin de que se mantenga la internación y prestación de los servicios que ello involucra a favor de su padre en el centro especializado. Ofrece CORTE Nº 051/2026 prueba y hace reserva del caso federal. Peticiona en definitiva se haga lugar a la demanda con costas.
Otorgada participación procesal se ordena vista al Ministerio Público para que se expida sobre la jurisdicción y competencia, viabilidad de la acción y cautelar peticionada, el que se pronuncia en dictamen N° 090/2026 en sentido afirmativo (fs. 30/31 vta.).
A fs. 32 obra proveído que ordena el llamado de autos para resolver, el que deja la causa en estado de emitir pronunciamiento.
2. Que por imperio de expresas normas constitucionales -art.204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido de que es la materia sobre la que versa el litigo la que define la competencia del Tribunal y conforme previsión legal expresa -art.4 -2da. Parte- de la Ley de Amparo 4642 reformada por Ley 4998, en tanto la cuestión planteada persigue el amparo de derechos constitucionales que indica violados por la autoridad administrativa de un ente descentralizado, cuya revisión debe hacerse a la luz del Derecho Administrativo aplicable y en la medida de la jurisdicción atribuida a la Corte de Justicia por expreso mandato constitucional, implica materia contencioso administrativa, corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en autos (Acordadas N° 4594/22 y N° 4776/25).
Teniendo en cuenta que la acción de amparo, regulada en el art.40 de la Constitución Provincial y reglamentada por la Ley 4642 y su modificatoria Nº4998, se caracteriza por ser un proceso urgente, sumarísimo, especial, que busca resguardar los derechos reconocidos expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional, cuando estos sean restringidos, amenazados o lesionados, en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta y procede contra todo acto u omisión de autoridad pública. En consecuencia, corresponde analizar si esos presupuestos procesales extrínsecos se configuran en la causa a los fines de determinar la admisibilidad formal de la acción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que, conforme a las constancias de la causa, se encontrarían acreditados los requisitos necesarios para declarar la procedencia formal de la acción, por cuanto la edad del paciente, como la multiplicidad de patologías presentes, y la falta de respuesta de la autoridad pública al mantenimiento de la internación peticionada -prima facie valorada- restringiría con arbitrariedad e ilegalidad un derecho reconocido explícitamente por el ordenamiento constitucional: a la vida, salud e integridad física del paciente.
Que el derecho alegado por la parte actora como vulnerado es, primordialmente, el derecho a la salud y calidad de vida de su padre, que goza de amparo constitucional, pues se encuentra comprendido dentro del derecho a la vida. Y la accionada de conformidad a previsiones legales de creación del ente, reviste el carácter de organismo del estado destinado a brindar la cobertura integral de la salud de los agentes públicos de la administración provincial y por medio del cual el Estado Provincial procura cumplir el mandato constitucional de garantizar la salud de sus habitantes, en este caso, afiliados a la obra social. De ello, se sigue que la documentación adjuntada por la accionante, justifican la admisibilidad prima facie de esta acción de amparo, sin perjuicio de la procedencia sustancial sea valorada en el momento procesal oportuno en que el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales. Surgiendo los restantes presupuestos previstos en la ley adjetiva, de las patologías de J. D'A., reconocidas por la Obra Social demandada.
3. Que, respecto a la medida cautelar impetrada, pretende se ordene a la OSEP la cobertura inmediata del 100% de la prestación de rehabilitación bajo modalidad de internación institucional en el Centro de Neurorehabilitación Castillo Morales sin ininterrupciones, y de todas las prestaciones médicas, de rehabilitación, enfermería, medicamentos, insumos, alimentación, alojamiento, estudios, prácticas, controles, traslados y de cualquier prestación que resulte necesaria conforme la indicación del equipo médico tratante, hasta que se dicte sentencia definitiva o exista indicación médica fundada que justifique su modificación.
Que acerca del proceso cautelar, debe destacarse que en la materia CORTE Nº 051/2026 este Tribunal sostiene que la presunción de validez de que gozan los actos de la administración pública, exige de una interpretación restrictiva en la determinación de su procedencia.
Y que el requisito de la verosimilitud del derecho si bien no exige el examen de una certeza absoluta, sino la probabilidad de la existencia del derecho, debe comprender la acreditación prima facie de la irregularidad del actuar de la administración y el peligro de que cause un daño grave e irreparable al amparista, en razón del debido resguardo del interés público y particular del afectado.
En consonancia con lo expresado, el fumus bonis iuris se encontraría acreditado en autos, debido a que el presupuesto fáctico sobre el que se asienta la acción goza de la apariencia de que los derechos cuyo amparo se pretende tienen visos de verdadero, al constar en autos en base a la documentación adjuntada, que la OSEP tiene pleno conocimiento de las múltiples patologías del Sr. J.D'A. y de la amputación efectuada.
Que el peligro en la demora se ve configurado por el transcurso del tiempo en que el paciente se encontraría sin recibir la rehabilitación necesaria para la continuidad de su tratamiento. Todo ello, según lo prescripto por el médico tratante con grave riesgo y compromiso a los derechos a la salud y a la vida.
En consecuencia y estimándose acreditados los presupuestos exigidos para la admisibilidad de la tutela cautelar solicitada, corresponde hacer lugar a la misma, previa caución juratoria que deberá prestar la Dra. Natalia Herrera en representación de la actora conforme peticiona a fs. 26, a fin de responder por los daños y perjuicios que la presente medida pudiera pudiera irrogar en caso de haber sido pedida sin derecho.
Por ello, oído el Ministerio Público, y de conformidad a lo prescripto por los arts.1, 4, 5 y 6 de la Ley 4642, y art. 230 y concordantes del CPCC,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en los presentes autos.
2. Declarar formalmente procedente la acción de amparo promovida por la Sra. Karina Violeta D'Antonio (en representación de su padre J.D'A.).
3. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando a la Obra Social de los Empleados Públicos para que en el término de tres (3) días de notificada, brinde la cobertura inmediata del 100% de la prestación de rehabilitación bajo modalidad de internación institucional en Centro de Neurorehabilitación Castillo Morales, ubicado en la provincia de Córdoba, sin ininterrupciones, y de todas las prestaciones médicas, de rehabilitación, enfermería, medicamentos, insumos, alimentación, alojamiento, estudios, prácticas, controles, traslados y de cualquier prestación que resulte necesaria conforme la indicación del equipo médico tratante. Debiendo la Dra. Natalia Herrera, en representación de la amparista, a prestar caución juratoria en cualquier día y hora de audiencia.
4. Requiérase a la OSEP informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del caso, el que deberá ser evacuado en el plazo de tres (3) días, de quedar notificada.
5. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora C/L) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia