Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 56.441
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Decretar la DESERCIÓN del recurso de apelación deducido por la parte actora (Sra. A. d. B.) contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 1028/1058 de la causa nº 25.957, "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos".
2Confirmar el fallo que admitió la demanda deducida por la Sra. A. D. B. contra L. C. A., M. A. B., M. P., E. G., F. C., J. M. G. H. y A. T. de G. H. en su condición de sucesores de R. G., T. S.A. E. de R. y T., A. S.A.C.Y.F. y P. S. S.A.
3Revocar la condena de $ 60.000.- por daño a los derechos personalísimos y confirmar la de daño moral por $ 40.000.-
4Confirmar las costas de Primera Instancia a los demandados vencidos, en base al principio objetivo del vencimiento (art. 68 C.P.C.).
5Imponer las de la Alzada en el 80% a la demandada y a la actora el 20%, en orden al progreso de los respectivos agravios (art. 68 C.P.C.).
6Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Causa nº: 2-56441-2012 "D. B., A. C/ A. L. C. Y OT. S/ DERECHOS PERSONALISIMOS - SUMARIO"
Causa nº: 2-56571-2012 "D. B., A. C/ A. L. C. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 121 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 08 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós, Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi, para dictar sentencia única en los autos caratulados: "D. B., A. C/ A., L. C. Y OTROS S/ DERECHOS PERSONALÍSIMOS" (CAUSA Nº 56.441) y “D. B., A. C/ A. L. C. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (CAUSA Nº 56.571), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi - Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ª.- ¿Corresponde declarar la deserción de los recursos interpuestos a fs. 1074 por las partes actora (Sra. A. d. B.); a fs. 1077 por los demandados (Sr. L. C. A.) y a fs. 1125 por el codemandado (Sr. F. M. C.), en el expediente nº 25.957, "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos"?.
2ª.- ¿Es justa la sentencia única apelada obrante a fs. 1028/1058 de la causa n° 25.957, "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos" y acumulada a la causa nº 25.956 "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Daños y perjuicios" (causa n° 56.571)?.
3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C I Ó N –
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
I. Contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 1028/1058 de la causa nº 25.957, "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos", las partes actora (Sra. A. d. B.) y demandadas (Sr. L. C. A. y Sr. F. M. C.), dedujeron recursos de apelación a fs. 1074, fs. 1077 y fs. 1125 respectivamente, habiendo sido concedidos libremente por la Sra. Juez “a-quo” a fs. 1075, fs. 1078 y fs. 1140 primer párrafo. Elevados los autos a la Alzada se dictó la providencia de fs. 1141, por la que se manda expresar agravios de conformidad a lo dispuesto por el art.
254 C.P.C.
El informe de Secretaría que obra a fs. 1153, da cuenta del vencimiento del término legal en el cual los apelantes debían dar cumplimiento a dicha carga procesal, sin haberlo hecho. Por consiguiente corresponde decretar la deserción del recurso de la actora quién no fundó su recurso en éste proceso y consintió la sentencia en el otro juicio acumulado. En cambio las impugnaciones deducidas por los demandados A. y C. deben ser tenidas por fundadas, toda vez que cumplieron con esa carga procesal en la causa nº 25.956 "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Daños y perjuicios" (causa n° 56.571) en la que dedujeron recurso de apelación y expresaron agravios, según resulta de fs. 2299, 2357, 2397, 2357, 2401/2418 vta., y 2442/24457. Ello así, ya que tratándose de dos pretensiones que se interpusieron en dos procesos que se acumularon entre sí, tramitados entre las mismas partes y en base a hechos comunes, en función del principio de unidad de las causas corresponde extender los alcances del recurso de la demandada concedido y fundado en una de ellas (causa nº 25.956) a su acumulada (causa nº 25.957) (arts. 188, 189, 194, 260, 261 y concs CPC).
En consecuencia, no habiendo presentado la actora recurrente el escrito de expresión de agravios dentro del plazo legal (conf. informe de fs. 1153), debe declararse desierto el recurso de apelación deducido por dicha parte accionante (Sra. A. d. B.), y por interpuestos y fundados en el expediente nº 25.956 los recursos de apelación de los codemandados A. y C. (arts. 188, 189, 194, 260, 261 y cons. CPC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores LONGOBARDI y PERALTA REYES, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
I. 1.- Se dictó sentencia única comprensiva de los siguientes actuados: Expediente "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos" (causa n° 56.441 y, según numeración de Primera Instancia causa nº 25.957 y que, en adelante e indistintamente, denominaré expediente derechos personalísimos o causa 25.957) y Expediente "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Daños y perjuicios" (causa n° 56.571, con numeración de Primera Instancia causa nº 25.956, en adelante, expediente daños y perjuicios o causa 25.956). Ambos expedientes quedaron radicados en la jurisdicción de este Departamento Judicial ante el fallecimiento de uno de los codemandados, y como consecuencia del fuero de atracción del sucesorio (art. 3284 C.C.).
La sentencia única dictada en ambos juicios admitió la demanda y condenó a los accionados a pagar la suma de $ 100.000.-, más sus intereses. Ese pronunciamiento, en literal transcripción y en lo pertinente dispuso: “… 1°) Hacer lugar parcialmente al reconocimiento de la violación a los derechos personalísimos de la actora determinando en concepto de indemnización por la afectación de sus derechos personalísimos, su nombre, honor, intimidad personal y familiar, su propia imagen, daño moral y material” la suma de pesos cien mil $ 100.000,00, condenando a los demandados L. C. A., M. A. B., M. P., E. G., F. C., J. M. G. H. y A. T. de G. H. en su condición de sucesores de R. G., T. S.A. E. de R. y T., A. S.A.C.Y.F., P. S. S.A. a abonar a la actora Sra. A. D. B. en el plazo de 10 días de quedar firme la presente, la suma mencionada, con más sus intereses, a cuyo fin deberá practicarse la liquidación del caso. 2°) Dar a publicidad la presente sentencia cuando la misma se torne firme …” (sic., fs 1028/1058 expediente derechos personalísimos).
A.- Expediente “D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos" (causa n° 25.957).
La Sra. A. d. B. interpuso demanda contra L. C. A., M. A. B., M. P., E. G., F. C., R. G. (hoy sus sucesores J. M. G. H. y A. T. de G. H.) T. S.A. E. de R. y T., A. S.A.C.Y.F. y P. S. S.A. por considerar violatorio de sus derechos personalísimos el contenido y la difusión de las notas periodísticas emitidas en el programa “I.” en Noviembre de 1997, por C. 9 de B. A., y en la edición de la revista "P. " del mes de Noviembre de 1997 (ejemplar Nº 67) que afectan su reputación, honor, imagen y estima personal. Señala que en el programa televisivo “I.”, emitido por C. 9 y conducido por L. A., éste y su equipo periodístico, desarrollaron una serie de notas referidas a ella, su estado de salud y su situación personal, marcadamente ofensivas y lesivas de su intimidad y honor.
Explica que esas emisiones televisivas estaban dirigidas a lesionar sus derechos personalísimos, a agraviarla y herir sus sentimientos, lo que se desprende de las siguientes circunstancias que enumera: 1) todos los programas televisivos constituían una conducta periodística pre ordenada y ejecutada a fin de afectar su reputación; 2) fueron realizados por profesionales de los medios de comunicación que manejan las palabras, sonidos, imágenes, música, etc. que dan sentido a la nota periodística; 3) acudieron a todos los elementos y efectos simbólicos; 4) la ofensa es parte de una conducta pre ordenada, meditada y analizada; 5) todas las notas son lesivas de su privacidad; 6) con la difusión de esas notas no se pretendió informar al público y 7) todos los demandados actuaron con conocimiento de la falsedad de lo difundido.
A ello se agregó y acumuló otra conducta enderezada en el mismo sentido y consistente en la nota publicada en la revista “P.”, el ejemplar n° 67 del año 2, de fecha 12 de Noviembre de 1997. En el relato de los hechos dañosos la actora transcribe parte de las opiniones y conversaciones de los integrantes del equipo periodístico del programa “I.” las que –reitera- afectaron su derecho a la intimidad y lesionaron su buen nombre y honor, toda vez que difundieron noticias falsas sobres aspectos de su vida privada y realizan diversas manifestaciones respecto de la salud, estado emocional, laboral, sentimental. Destaca que le atribuyeron padecer de una grave enfermedad de difícil curación, la denominada esclerosis múltiple.
En dicho programa televisivo promocionaban la Revista “P.”, que contiene una nota referida a ella e igualmente falsa, vinculada con su estado de salud, en la que también le endilgan padecer una enfermedad grave, difundiendo de ese modo información indebida. Por ello solicita que se condene a los demandados a: cesar en las actividades que desarrollan vulnerando sus derechos personalísimos; abstenerse de afectar la intimidad y honor; inhibir la divulgación de datos individuales y reservados; cesar en la utilización y explotación comercial de su imagen; difundir por medios masivos la sentencia de condena que se dicte en autos; se ordene el decomiso de los ejemplares editados por la accionada que reproducen su imagen y difunden datos individuales y de los fotocromos, planchas de impresión, películas fotográficas y/o cintas de video y/o material fílmico de cualquier naturaleza y demás elementos para realizar la reproducción no autorizada de su imagen.
La demanda fue contestada a fs. 61/74 por el Sr. L. C. A., en representación de "P. S. S.A.". Sostiene que la posibilidad cierta de que la Sra. D. B. estuviese enferma justificaba informar con los elementos de que se disponían, relativizando lo expresado porque se utilizaron tiempos de verbos potenciales. Describe lo que entiende constituye el contenido real del derecho a la intimidad y su afectación; argumenta que las imágenes de la actora fueron tomadas con motivos de entrevistas o en lugares públicos, lo que tampoco configura violación al derechos a la intimidad. La demanda es contestada en idénticos términos por A. S.A. (fs. 87/96), M. B. (101/102), R. G. (104), L. C. A. (116/127) y F. C. (fs. 171/172), toda vez que adhirieron al responde de fs. 61/74. Por su parte a fs. 133/137 contestó la demanda el Dr. Juan Martín Odriozola, apoderado de T. S.A.- E. de r. y t.
B.- Expediente “D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Daños y perjuicios" (causa n° 25.956)”. En base a los mismos hechos, la Sra. A. D. B. promovió demanda de daños y perjuicios contra los mismos demandados, solicitando la reparación, por medio de una indemnización dineraria que comprenda los siguientes rubros: a) el lucro cesante, b) daño moral, c) restitución de utilidades y frutos y d) enriquecimiento sin causa. Respecto del lucro cesante sostiene que con motivo de las noticias falsas publicadas se frustraron las negociaciones que se encontraba llevando a cabo para la realización de una novela, estimando las ganancias dejadas de percibir en la suma de $ 500.000. Referido al daño moral, reclama $ 500.000.- por todas sus afecciones extrapatrimoniales. En lo que hace a la restitución de utilidades, sostiene que los accionados recurren a la violación de su intimidad como negocio habitual y rentable, y por lo que debe condenarse la restitución de lo obtenido ilícitamente lo que constituye el sustrato ético de no permitir que un infractor se beneficie gratuitamente con el producido de la infracción. En cuanto al enriquecimiento sin causa señala que los demandados se enriquecieron con la utilización, sin su autorización, de su imagen, lo que la empobreció, pues ha dejado de percibir regalías por ello.
La demanda fue contestada a fs. 85/97 por el Sr. L. C. A., en representación de "P. S. S.A.", con el patrocinio letrado de los Dres. Carlos A L Turco, Fernando L. Cessani Azurro y Jorge Donadío. Luego de reiterar lo dicho en la causa acumulada al momento de contestar demanda, cuestiona los rubros reclamados. La demanda fue contestada en idénticos términos por L. C. A. (fs. 108/120), M. B. fs. (124/126), “A. S.A.” (fs. 138/151), R. G. (fs. 152), y F. C. (fs. 220/221), toda vez que adhirieron al responde de fs. 85/97.
Por su parte a fs. 168/181 contestó el Dr. Juan Martín Odriozola, apoderado de T. S.A. E. de R. y T. quien interpuso excepción de defecto legal, la que fue rechazada por el juzgado de origen a fs. 294. Alega que según el contrato que lo vincula al conductor y al productor, éstos son exclusivamente responsables por el contenido del programa televisivo. Sostiene que de los diálogos no surge agravio alguno para la actora, y que los conductores se mostraron preocupados expresando sus deseos de que la dolencia sea leve. Sólo se informó sobre su estado de salud, lo que no afecta su buen nombre y honor. Además aduce que como el programa televisivo se desarrolla en vivo el canal se encuentra impedido de ejercitar una actividad que importe censura previa.
2. La sentencia apelada.
La sentencia única apelada obrante a fs. 1028/1058 de la causa n° 25.957, hizo lugar a la demanda y tuvo por acreditada la difusión de información inexacta y lesiva de los derechos personalísimos de D. B. en el programa televisivo “I.”, ya que consideró probada la autenticidad de las cintas grabadas acompañadas con la demanda, las que fueron sometidas a prueba pericial que las declaró auténticas -no adulteradas- y que corresponden a varios de los programas emitidos. En ellos se expresó que D. B. padece cefalea con fiebre y alteraciones gastrointestinales y se presentó un informe especial que concluyó afirmando que en realidad la verdadera enfermedad sería esclerosis múltiple, una dolencia que directamente afecta el sistema nervioso central.
Asimismo dice que en el artículo publicado en la R. P. no concurrió ningún interés público sino que se trató de una mera curiosidad sobre sucesos que involucran a una figura que pertenece a la farándula, con gran trayectoria actoral, pero que se traspasó el ámbito privado. En lo relativo a los reclamos efectuados en el expediente de derechos personalísimos, sostiene que lo peticionado se trata en realidad de una serie de medidas que encuadran en lo que hubiera sido la prevención del daño, el que quedó superado por los sucesos posteriores. Concluye enfatizando que no hay ningún un interés superior que autorice la intromisión en la vida privada de la actora, quién fue perturbada por la ilegítima y abusiva actuación de los demandados.
En cuanto a los rubros resarcitorios reclamados admite la pretensión y otorga $ 60.000.-, para reparar los derechos personalísimos lesionados, nombre, honor, intimidad personal y familiar, y su propia imagen. Engloba en esa suma y por ese concepto los daños que identifica como afectación de los derechos personalísimos. Por otra parte consideró que los padecimientos y aflicciones a que estuvo sometida la actora como consecuencia de las publicaciones que violaron claramente su derecho a la intimidad son susceptibles de indemnización, cuantificando ese rubro que identifica como daño moral en la suma de $ 40.000.-. Sin embargo rechazó el lucro cesante y la restitución de utilidades o frutos y el enriquecimiento sin causa, ya que la parte actora no probó que la imposibilidad de realizar novelas o películas provinieran de los hechos considerados lesivos y tampoco acreditó que los demandados obtuvieran ganancias indebidas con motivo de la divulgación de las noticias falsas.
Finalmente, condenó a dar publicidad a la sentencia, luego de que quede firme e impuso las costas a los demandados vencidos.
3. Los recursos.
Contra dicho pronunciamiento único dictado en las dos causas acumuladas, la actora interpuso recurso de apelación (fs. 1074) en el expediente n° 25.957, el que fue concedido libremente a fs. 1074 pero que no fue fundado (conf. informe de fs. 1153). También en esa causa interpuso recurso de apelación el Dr. Juan Martín Odriozola, letrado apoderado de T. S.A. E. de R. y T., el que fue concedido a fs. 1113 y fundado a fs. 1147.
Los agravios del codemandado “T. S.A.” apelante versan sobre los siguiente tópicos: 1) la sentencia no aplicó la doctrina de la real malicia, 2) medió omisión de considerar que la demandada no actuó con dolo, y 3) no se analizó la circunstancia particular del canal de televisión que no puede controlar el contenido de las emisiones de los programas transmitidos en vivo. Respecto del primero sostiene que la actora, por su fama y su carrera actoral desplegada desde muy corta edad, tiene transcendencia pública, no sólo a nivel nacional, sino también internacional. No es un simple particular por lo que le resulta aplicable el estándar de la real malicia. En cuanto al segundo de los agravios formulados, alega que la actora debió haber probado el dolo o la temeraria despreocupación de los demandados en la obtención de la información, ya que lo único que hizo el programa televisivo fue informar al público en general el estado de salud de la Sra. D. B.. Finalmente, y en lo atinente al rol de los canales de televisión, aduce que la sentencia no hace mérito a la cuestión relativa a su falta de participación e injerencia en la producción del programa, ya que sólo realiza la emisión, sin posibilidad fáctica ni jurídica de control previo, ya que lo contrario importaría reconocer como legítimo un cercenamiento a la libertad de expresión a través del ejercicio de una censura previa.
También apeló la sentencia a fs. 1077 el Dr. Néstor Guillermo Di Giano, por la representación de L. C. A. y de “P. P. S.A.” y a fs. 1125 la Dra. Laura Di Giano, por la representación del Sr. F. C.. Si bien del informe de Secretaría obrante a fs. 1153 del expediente de derechos personalísimos (causaº 25.957) resulta que no se expresó agravios, en causa n° 25.956 los mismos letrados invocando idéntica representación apelaron la sentencia. En efecto, a fs. 2299 lo hizo el Dr. Néstor Guillermo Di Giano, por la representación de L. C. A. y “P. P. S.A.”, que fuera concedido a fs. 2300 y fundado a fs. 2401/2418 y 2419/2438; y a fs. 2357 la Dra. Laura Di Giano, por la representación del Sr. F. C., concedido a fs. 2365 y fundado a fs. 2440/2457.
Los argumentos de todos los recursos de los demandados A., C. y “P. P.” son idénticos. Señalan que no se probó la autenticidad de las grabaciones de los programas televisivos, los que fueron cuestionados en la etapa procesal oportuna. Sostienen – con citas de doctrina- que esas cintas de video les resultan inoponibles ya que se trata de copias no autenticadas. Luego cuestionan la actividad probatoria desarrollada tendiente a acreditar su autenticidad y, por ende, su fuerza probatoria, descalificando el trámite procesal relativo a la producción de la prueba pericial. También se agravian porque se ponderó con efectos favorables para la pretensión de la actora la rebeldía de los codemandados P. y G..
Más adelante afirman que de los textos incluidos en las cuestionadas copias de grabaciones televisivas, se aprecia claramente que el relato de los trascendidos circulantes provino del personal del Instituto Fleni y que sólo procuró reflejar la inquietud provocada por tales versiones mientras transmitía simpatía y preocupación por la salud de la actora. Agregan que la expectativa sobre la salud de la afamada actriz, provocada por su permanencia en un instituto neurológico durante un tiempo mayor que el afirmado por ella, explica las especulaciones al respecto. Aduce también que todo lo expresado sobre los programas de T.V. es aplicable a la nota de la revista “P.”, pues de su mera lectura se desprende que se hizo referencia al éxito profesional de la actora, de su contracción al trabajo desde la niñez, la preocupación por el bienestar de su familia, y en particular de su padre.
Acota que no se definió ninguna enfermedad y se limitaron a recoger distintas versiones sobre las posibles dolencias de D. B., sin asumir ninguna. Reiteran, que su parte invocó la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Campillay", la que fue mencionada pero omitida analizar por la sentencia que no se pronunció sobre el tema. La actora es una figura pública a quién le incumbía probar que las informaciones habían sido difundidas conociendo su falsedad o con imprudencia. En cuanto a los montos indemnizatorios primero se refieren al acierto en el rechazo del daño por lucro cesante, restitución de utilidades o frutos y enriquecimiento sin causa, y luego cuestionan los dos rubros indemnizados por separado expresando que media superposición de conceptos indemnizatorios.
Manifiestan que la sentencia aludió al daño moral, contraponiéndolo al material y por el que se otorgó la suma de $40.000.-, pero por otro lado se cuantificó en $ 60.000.- el mismo daño cuando se refiere a la vulneración de los derechos personalísimos. Insiste sobre ello y puntualiza que el daño es material o moral y no se admiten terceras categorías por lo que el resarcimiento del daño moral está superpuesto con el otro, conferido a título de cercenamiento de los derechos personalísimos y a la intimidad de D. B.. Finalmente se quejan por la imposición de costas ya que dicen que la demanda prosperó en mínima parte con relación a lo pretendido, ya que sólo se admitió el 10% de lo reclamado.
4. Llamados autos para sentencia y firme el resultado del sorteo del orden de votación, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (conf. fs. 2461 y 1155).
II.- 1.- Como ya quedó anticipado se dictó sentencia única en los dos expedientes acumulados: autos “D. B., A. c/ A. y Otros s/ Derechos Personalísimos” (expte. nº 25.957), y en autos “D. B., A. c/ A., L. C. y Otro s/ Daños y Perjuicios” (expte. nº 25.956).
La referida sentencia única admitió la demanda promovida por la Sra. A. D. B. contra L. C. A., M. A. B., M. P., E. G., F. C., J. M. G. H. y A. T. de G. H., en su condición de sucesores de R. G., T. S.A. E. de R. y T., A. S.A.C.Y.F., P. S. S.A. La condena se dictó en concepto de “indemnización por la afectación de los derechos personalísimos de la actora, su nombre, honor, intimidad personal y familiar, su propia imagen” y por daño moral, todo lo que se cuantificó en la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-), discriminados en $ 60.000 y $ 40.000.-, respectivamente.
Así las cosas, y con antelación al análisis de los agravios corresponde formular algunas aclaraciones previas. Mediando duplicidad de pretensiones con identidad de partes en los dos procesos acumulados, procede analizar de modo conjunto y unitario lo actuado en ambos expedientes aún cuando sólo se glosó copia de la sentencia única en la causa “D. B., A. c/ A. y Otros s/ Derechos Personalísimos” (fs. 1028/1058, expte. Nº 25.957). Por lo demás, los agravios vertidos en una de las causas y que repercuten en la restante, deben considerarse presentados e incorporados con efectos indistintos en ambos procesos, haciendo extensivo a ambos lo que -actuado en uno de ellos- extiende sus efectos en el otro (arts. 34 inc. 4; inc. 5 a, b; 36 inc. 1 y concs. C.P.C.).
Todo ello sin perder de vista que la pretensión deducida en el expediente referido a los derechos personalísimos ha devenido abstracta, tal como implícitamente fue resuelto por Primera Instancia (cf. fs. 2333 vta. expte. 27.957) y admitido por la actora y los restantes litigantes que consintieron ese pronunciamiento. Versando dicha pretensión en una suerte de medida de cesación del daño, esa “causa pretendi” había desaparecido al momento de promover las demandas. Siendo que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes (C.S. , 6/8/2015, “D. 1. P., c/ V. G.”) ponderando los hechos extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, conforme lo prescribe el art 163 inc 6º CPC, la referida pretensión vinculada con el cese del daño (hoy recogida por los arts 1710 a 1713 CCCN) se tornó abstracta y carente de actualidad (doct. art. 165 inc. 6º, segundo párrafo del C.P.C.C., conf. causas S.C.B.A., Ac. 104700 I, 9-12- 2010, “Tosoni, Juan Miguel c/ Maggliore”; C 100.185, 29-6-2011, “R., M. c/ V., J.”; Ac. 60.478, 28-08-1995; Ac. 85.223, 18-02-2002; Ac. 89.684, 24-05-2006, C. 108.514, 10-03-2010, C. 103.445, 24-11-2010, entre muchas otras).
Otra importante aclaración preliminar: los daños y perjuicios reclamados tienen presupuestos fácticos y legitimados pasivos que resultan conexos y vinculados entre sí pero que obedecen claramente a dos hechos distintos. Uno de ellos consiste en la afectación de los derechos personalísimos de la actora, analizada en la sentencia de grado y producida por las expresiones vertidas en las ediciones del programa televisivo “I.”, conducido por el demandado L. C. A. y que se emitía por C. 9 de lunes a viernes de 14 a 16 horas. Las expresiones, manifestaciones y consideraciones reputadas ilícitas alcanzan al conductor del programa y a los dos restantes periodistas (P. y B.) que integraban su equipo en esa fecha, aunque de los videos agregados resulta claro que los comentarios y apreciaciones de estos dos últimos no fueron vertidos simultáneamente con A., sino por separado y en distintas ocasiones. El restante hecho también considerado lesivo de los derechos de la actora corresponde a la difusión en la revista “P.” del día 12 de Noviembre de 1997 de noticias inexactas e injuriosas. En ambos casos se le atribuía esclerosis múltiple, una enfermedad que no tenía.
Este deslinde de hechos (omitidos en la sentencia de Grado) conduce a discriminar las legitimaciones pasivas de los demandados (también omitida). Si bien esta cuestión no gravitará en el resultado final (porque el fallo no fue recurrido por la actora ni fue objeto de agravio por los accionados apelantes, arts. 260 y 261 CPC) por razones de método y de pura lógica deben ser correctamente delimitadas. Las demandas promovidas adolecen de cierta oscuridad – consentidas por las partes, con excepción de “T. S.A.”- y por la sentencia apelada que enumeró a todos los demandados y los condenó a todos juntos pero omitió distinguir e indicar cuál era cada una de las legitimaciones pasivas con relación a cada hecho (los programas televisivos o la publicación en la revista P.).
Por ello, conforme lo actuado y lo que resulta de ambos procesos, y a mérito de la sentencia de condena de Primera Instancia, corresponde precisar que L. C. A. fue condenado en su carácter de conductor del programa “I.”, conjuntamente con los periodistas M. A. B. y M. P., que participaron en él (todos por sus respectivas intervenciones en los programas transmitidos los días 11, 12, 13 y 24 de Noviembre de 1997), con “T. S.A. E. de R. y T.” como titular del C. 9 que lo emitió, y con “A. S.A.C.Y.F.” como sociedad productora de los programas de A. (conf. confesional C. de fs. 523, expte. 25.956; expte. 29.957: copia estatuto fs. 46/53 de “P. S. S.A.”; fs. 76/80 estatuto de “A. S.A.C.Y.F.”; fs. 130/132 poder judicial extendido por “T. S. A. E. de R. y T.”).
Por otro lado F. C. fue condenado por otro hecho, las publicaciones de la revista “P.”, en su carácter de director (conf. staff editorial de los ejemplares glosados por cuerda a fs. 10 y 11 y confesional fs. 522/524 1ra. ampliación del expte. nº 25956). E. G. y R. G. (hoy sus sucesores- J. M. G. H. y A. T. de G. H.) como autores de la nota titulada “Preocupación por la salud de A.” publicada en la edición del miércoles 12 de Noviembre de 1997 (conf. págs. 2 a 6, ejemplar agregado a fs. 11) y “P. S. S.A.” en su condición de propietario de dicha revista (conf. contrato celebrado entre “A. S.A.”, A. y B. a fs. 1446/1449 expte. 25956 y recibos de fs 1452/1464; contratos de producción del programa I. entre T. S.A., A. S.A. y A., fs. 1465/1469, 1470/1475, 1476/1480; estatutos de P. S. SA fs. 484/494; confesional de C. de fs. 522/524 1ra ampliación; v confesional de fs. 525/526 de E. L. J. quién reconoce la autenticidad de la nota periodística y de la revista; declaración del representante de P. S. SA E. M. L. G. de fs. 497; arts. 384, 421, 456 y concs. C.P.C.). Finalmente resulta pertinente aclarar que no corresponde, en este estado, hacer extensiva la condena a P. P. SA, que se presentó como parte a fs. 975 y 1905 (expte 25.957) y fue tenida por presentada en ese carácter (fs. 1906 expte. cit.). Ello así, y no obstante habérsele concedido el recurso y admitido que exprese agravios (expte. 25956 fs. 1077; expte. 25957 fs. 2419), ya que no fue demandada en autos y no explicó cuál era su legitimación pasiva (arts. 330 inc. 2, 338, 163 inc. 2, 164 y concs. C.P.C.).
2. Cabe mencionar, muy sucintamente, que este proceso está alcanzado por las normas del Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1º de Agosto de 2015 (leyes 26.994 y 27.077). El art 7 CCCN -sustancialmente análogo al art. 3 CC, según la modificación del año 1968- dispone que la ley nueva se aplica (“aún”, decía el texto anterior) a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Se trata de una de las reglas contenidas en ese precepto: la aplicación inmediata de la nueva ley (Borda, Guillermo, “La Reforma de 1968 al Código Civil”, Bs. As., Ed. Perrot, p. 41; Moisset de Espanés, Luis, “La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3° del Código Civil (“Derecho Transitorio”), ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, pág. 41; Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015; pág. 18).
Borda distinguía conceptualmente la relación de la situación jurídica. “Relación jurídica – decía- es aquella que establece entre dos o más personas, con un carácter peculiar y particular, esencialmente variable, las más frecuentes son las que nacen de la voluntad de las partes: contratos, testamentos. La situación objetiva –continuaba- es permanente; los poderes que de ella derivan son susceptibles de ejercerse indefinidamente, sin que por ello desaparezca la situación o poder; está organizada por la ley de modo igual para todos. Ejemplos característicos son el derecho de propiedad y, en general, todos los derechos reales; la situación de padre, hijo, esposo, etcétera” (Borda, Guillermo, “La Reforma de 1968 al Código Civil”, Bs. As., Ed. Perrot, p. 41). Empero y como lo propone Moisset de Espanés por razones de practicidad y economía conviene utilizar ambos términos de manera indistinta y como sinónimos (Moisset de Espanés, Luis, “El daño moral (arts. 522 y 1078) y la irretroactividad de la ley (art.3)”, J.A., T. 13, Serie Contemporánea, 1972-352, nota 16 y ob. cit., “La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3° del Código Civil”, pág. 41, nota 17). Ahora bien, una de las primeras reglas de interpretación del actual art. 7º CCCN consiste en distinguir los “hechos constitutivos” de la relación jurídica, de sus consecuencias, derivaciones o efectos. Las relaciones jurídicas nacen, se modifican o se extinguen en virtud de hechos a los que la ley le asigna efectos generadores o constitutivos; esos “hechos constitutivos” (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos, tal como también lo enseña Moisset de Espanés) se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse. En cambio los efectos o consecuencias de la relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior se rigen de inmediato por la nueva ley (Moisset de Espanés, Luis, “El daño moral (arts. 522 y 1078)” y “La irretroactividad de la ley (art. 3)”, cit., J.A., T. 13, Serie Contemporánea, 1972-355). Esta opinión también es compartida por Kemelmajer de Carlucci quién afirma que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” cit., pág. 100).
Entonces: los hechos constitutivos de la relación jurídica de autos, que tienen origen en un daño de fuente extracontractual por resultar de la vulneración del deber de no dañar a otro (art. 1716, primera parte CCCN) se rigen por el Código anterior, porque en materia extracontractual el momento que fija la ley aplicable es la fecha en que ocurrió el hecho ilícito (en lo contractual es la fecha “del incumplimiento de la obligación”, art. 1716 segunda parte CCCN).
En consecuencia: el art 7º del nuevo Código Civil y Comercial dispone que este proceso se debe resolver en base a las normas sustanciales vigentes al momento de producirse el hecho dañoso (o sea en el año 1997). El fundamento es el siguiente: los presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad, causalidad, daño y factor de atribución) son hechos constitutivos que se rigen por la ley vigente en el momento de su producción, lo que no impide que queden alcanzadas por la ley nueva las consecuencias o efectos no concluidos, no operados o no consumidos, aunque se trate de relaciones jurídicas constituidas con anterioridad. Esta es también la postura de Moisset de Espanés y de Kemelmajer de Carlucci quienes enfatizan en que deben diferenciarse los hechos constitutivos (insisto: comprensivo de los modificativos y de los extintivos), que se rigen por la ley vigente en el momento de acaecido el hecho dañoso, de las consecuencias de la relación jurídica (auts. y ob. cit.).
Las consecuencias no consumidas, no agotadas o no operadas quedan alcanzadas por el nuevo Código, tal como lo imponía el anterior art. 3 CC, ahora el actual art. 7 CCCN. En suma: las consecuencias de la relación jurídica deben ser diferenciadas: las ya consumidas, agotadas o producidas, es decir las que ya concluyeron sus efectos, quedan en la órbita de la ley anterior (vgr. el daño que se consolidó antes de la entrada en vigencia); en cambio las consecuencias que no son instantáneas sino que se prolongan en el tiempo quedan alcanzadas por el nuevo Código. A modo de ejemplo las cuestiones inherentes a la cuantificación del daño se trata de consecuencias no agotadas, que como los intereses que se devenguen a partir de su entrada en vigencia quedan en la esfera de la ley nueva (arts. 1745, 1746, 1747, 1748 y concs.
CCCN). Acudiendo otra vez como argumento de autoridad a la opinión de Moisset de Espanés, vertida a propósito de lo que enseñaba cuando comenzó a regir la reforma del año 1968, a los efectos de analizar los hechos constitutivos de la responsabilidad civil contractual o extracontractual “es irrelevante” el momento de la traba de la litis porque los hechos constitutivos de la relación jurídica (como presupuesto de hecho que da nacimiento a la obligación de resarcir) se rigen por la ley vigente en el momento en que se producen y los efectos o consecuencias se rigen de inmediato por la ley nueva. Con estos fundamentos el autor que vengo siguiendo aprobó la solución de la mayoría en un fallo plenario que decidió que el nuevo art. 1078 CC (luego de la reforma del año 1968) no era de aplicación a los hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia (C.
Civ. en Pleno Cap. 21/12/71, “Rey, José c/ Viñedos y Bodegas Arizu S.A” en ob cit). La solución del profesor cordobés fue compartida por Kemelmajer de Carlucci y por Rivera quién también sostuvo que el daño moral es un presupuesto de hecho de la obligación de resarcir (Rivera, Julio Cesar, “Instituciones de Derecho Civil. Parte General”, T. I, 94, Cuarta Edición Actualizada, Lexis Nexis, pág, 255, nº 205).
Por lo demás la doctrina y jurisprudencia de modo conteste sostiene, en base a los argumentos mencionados, que “los hechos ilícitos se rigen en lo que atañe a sus efectos u consecuencias por la ley vigente al momento en que ocurrieron … porque la acción derivada de un hecho ilícito nace el mismo día y las relaciones jurídicas no están en curso de desarrollo cuando adviene el cambio legislativo” (Borda, Guillermo, “La Reforma de 1968 al Código Civil” cit., pág. 54, nº 27; en el mismo sentido: Dell’ Orefice, Carolina – Prat, Hernán, “La aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el derecho transitorio”, RCCyC, Julio 2015, pág. 19).
Todo lo expuesto no importa soslayar que, como también se lo reconoce casi sin discrepancias, las normas procesales –lo que incluye las atinentes a la producción de la prueba-son de aplicación inmediata y a los procesos en trámite (Quadri, Gabriel, “Incidencia del Código Civil y Comercial en materia probatoria”, RCCyC, 2015, (Agosto) pág. 38; C.S., Fallos 200:180; CS, 11/12/2014, “Urquiza, Juan C c/ Provincia ART SA”, E.D. 14/4/2015). Se afirma que revisten naturaleza de normas procesales, para lo que aquí interesa y entre otros, los arts.
1734, 1735, 1736, 1744 CCCN.
Igualmente debe acudirse a otra importante regla interpretativa: el nuevo CCCN es invocable, en todos los casos, como argumento de autoridad o como doctrina interpretativa, es decir que las normas actuales constituyen valiosas herramientas de interpretación incluso del Código Civil derogado (conf. para otro supuesto (cf. Moisset de Espanés – Tinti, Guillermo P., “El artículo agregado a la fianza en las locaciones. Primera aproximación”, Zeus, T. 90, D-141). Ello así porque, con palabras de Saux, “el nuevo Código no ha generado variaciones sustanciales con relación al sistema precedente (está mejor ordenado el tema a nivel metodológico, sin duda alguna), y, a nivel personal, no conseguimos imaginar qué afectación constitucional puede sufrir un justiciable que demanda como víctima o que es demandado como victimario si se le aplica el Código nuevo en lugar del Código derogado” (Saux, Edgardo I., “El controversial tema del derecho transitorio: ley aplicable al juzgamiento de la responsabilidad civil por hechos ilícitos acaecidos durante la vigencia del Código derogado” (inédito).
Los criterios interpretativos expuestos son lo que han de regir el juzgamiento del “presente caso”, conforme lo prevé el art 1º CCCN (arts. 2 y 3 CCCN).
III. Por razones metodológicas analizaré en primer lugar si los demandados cometieron algún hecho antijurídico durante las emisiones del programa periodístico “I.” difundido por C. 9 los días 11, 12, 13 y 24 de Noviembre de 1997, conducido por A. y en el que también participaron P. y B., aunque con distinto grado de intervención.
Los codemandados apelantes critican la sentencia porque dicen que admitió el valor probatorio de las cintas de videos grabaciones acompañadas en autos, que fueron objeto de pericia scopométrica y en base a las cuales se tuvo por acreditado el hecho dañoso y por auténticos los diálogos y comentarios transcriptos en el escrito de demanda (conf. fs. 2330 vta./2331 expte. nº 25957) y correspondientes a las emisiones de los programas de los días 11, 12, 13 y 24 de Noviembre del año 1997 los que la sentencia consideró reproducciones auténticas. Destaco este punto porque el fallo tuvo por probado el hecho ilícito (en realidad los hechos ilícitos porque son más de un programa televisivo y distintas intervenciones de los tres periodistas en diferentes oportunidades) y después, y para evitar su reiteración, el pronunciamiento se remitió a los diálogos y apreciaciones de A. y de los otros periodistas relatados y transcriptos en la demanda los que fueron tenidos por auténticos (fs. cit. 25957 especialmente 2331).
En la doctrina se señala que la fotografía, la cinematografía, los videos y otras grabaciones insertas en soportes magnéticos y ópticos constituyen una prueba incompleta que requiere de su complementación con otros medios probatorios, especialmente para descartar posibles trucos del contenido y alteraciones de composición (cf. Falcón, Enrique M., “Tratado de la prueba. Civil. Comercial. Laboral. Penal. Administrativa”, tomo 1, pág. 743 y sigtes.). Por ello y en general, dichos medios de prueba se integran con otros a fines de constituir prueba completa (arts. 384, 385, 386, 390 y concs. C.P.C.). También se afirma, en jurisprudencia aplicable al caso, que “no corresponde privar de valor al documento fílmico, pues nada indica que las imágenes que muestra no se correspondan con la realidad, es decir que no se dieran en el orden en que efectivamente se sucedieron, o que presenten ‘agregados’ o ‘supresiones’ que le quiten autenticidad al contenido” (cf.
Quadri, Gabriel H., “La prueba en el proceso civil y comercial. Tipos de prueba. La prueba en los procesos en particular”, Tomo II, pág. 858 y sus citas). En reciente pronunciamiento se receptó esa jurisprudencia al decidirse que “no se trata de saber si el documento –filmación o grabación- del programa fue hecho por determinada persona, en determinado lugar, fecha y aparato, sino si éstos se corresponden con la realidad, (cf. C. N. Civ., Sala I, 03/09/2014, “N. V., J. c/ D. B., A. s/ Daños y Perjuicios”, en El Derecho, ejemplar del 22/07/2015, nro. 13.774).
La prueba compuesta resulta de la materialidad del soporte que contiene las grabaciones, las declaraciones de numerosos testigos, la prueba pericial producida y la conducta procesal de la demandada que sólo negó su validez probatoria pero sin contraponer otra prueba de similar o superior rango probatorio, máxime que los hechos considerados dañosos (la atribución de una enfermedad) y difundidos en los programas de televisión son compatibles con los mismos hechos narrados en la revista P., cuya autenticidad fue fehacientemente probada. Además el mismo A. en los programas de televisión recomendó leer las notas de la revista, de similar contenido, y resulta evidente y no discutida la vinculación que media entre el conductor del programa (A.), la empresa productora de la que era Presidente (A.
SA), y la empresa propietaria de la revista (expte. 25.957 fs. 85). La verosimilitud de los hechos recogidos en los videos surge del cóngruo y sólido aporte testimonial de varias personas, aunque algunas de ellas muy vinculadas con la actora, que grabaron los programas televisivos (declaración de S. G. G., fs. 525/527 expte. 25.957) o lo vieron en ocasión de su originaria emisión por c. 9 (arts. 384 y 456 CPC). En éste último sentido son muy claras y convincentes las declaraciones de O. A. P. (fs. 537/540), M. B. S. (fs. 544/546) y M. E. T. (fs. 550/552). Pese a tratarse de personas cercanas a D. B., no se advierten contradicciones en sus dichos y en las audiencias los demandados pudieron repreguntar y controlar su producción (arts. 384 y 456 C.P.C.).
En definitiva: esos testimonios, que describen las afirmaciones efectuadas en el mencionado programa televisivo por A., P. y B., permiten integrar y completar el valor probatorio de las cintas (arts. 384, 456 y concs. C.P.C.). Tampoco debe soslayarse que el Tribunal, y como resulta del acta glosada a fs. 2464 del expediente nº 25.956, tuvo oportunidad de ver los videos, particularmente los identificados como nº 1 y 2, los que lucen verosímiles, a los ojos del neófito, es decir desde el punto de vista de quien carece de conocimientos técnicos. A todo lo dicho sobre el valor de las grabaciones como prueba compuesta debe añadirse –con fuerza decisiva- el importante y categórico resultado de la prueba pericial scopométrica que permitió desestimar cualquier alteración, adulteración o maniobra artificiosa en ellos (arts. 384 y 474 C.P.C.).
En efecto a fs. 1812/22 y fs. 2287/2291 de la causa nº 25.957 se agregó el dictamen pericial que explica detalladamente que los videos agregados no presentan anomalías, que sólo se verifican cortes seleccionados por quién efectuó la grabación, unos pocos “saltos eventuales” de la transmisión y cortes de sonido y que en esos videos no se intercalaron discursos (en alusión a los comentarios de los periodistas que interactuaban en él). Se admitió la metodología empleada para analizar el material procediéndose a cronometrar los tiempos de grabación, la verificación de las secuencias y la determinación de la existencia o no de saltos, cortes o interrupciones efectuándose una minuciosa descripción del contenido de cada cassette, con indicación del tiempo de duración y de su contenido.
En el informe se explica que los videos 1, 7, 8, 9, 10 y 11 corresponden a programas completos o casi completos y que “los videos números 2, 3, 4, 5, 12 y 13, muestran secuencias breves, muchas veces varias del mismo programa, que demuestran que se seleccionaban las secuencias durante la grabación y se eliminaban las propagandas institucionales y comerciales y los aspectos del programa que no interesaban (por ejemplo, los sorteos), para concentrar el interés en las manifestaciones de quienes participaban en el programa, especialmente los dichos de L. A., M. B. y M. P., y para aprovechar la cinta al máximo …” (cf. fs. 1821 expte. cit. 25.956). Más adelante el perito acota que en los videos “no se han interpolado discursos, los que habrían sido fácilmente detectables a partir de la imagen, el sonido, y la lógica discursiva” (sic. fs. 1821 último párr. expte. cit. 25.956).
La pericia analizada se funda en principios científicos, es convincente y su valor probatorio no fue desvirtuado con prueba en contrario (arts. 384 y 474 C.P.C.). Tiene resuelto este Tribunal que “para contradecir científicamente los argumentos fundantes de una conclusión pericial es necesario aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas por el experto. Es decir que es necesario contar con la presencia de elementos de igual –o mayor- jerarquía que los invocados por el perito, y que los mismos se constituyan como suficientes para sostener conclusiones diversas a las que se arribó en la prueba pericial” (conf. esta Sala, causa nº 53.493, 31.03.2010, “D., R.
V. c/ Sucesores de D., P. V. M. y Otro s/ Acción de Impugnación”). Cabe añadir que tiene valor probatorio, al menos indiciario, la conducta procesal de la demanda (doctrina art. 163 inc .5 C.P.C. Nacional, aplicable por analogía), quien se limitó a cuestionar la prueba sólo por razones formales, alegando de modo genérico su preocupación por la posibilidad de que las cintas hayan sido adulteradas o trucadas, omitiendo indicar la existencia de irregularidades precisas y puntuales, y sin desconocer la existencia de los hechos a los que no les atribuye efectos dañosos para la actora. No es admisible que la accionada (conductor, periodistas y productores del programa televisivo cuestionado y el canal) se ampare en meras afirmaciones genéricas que controvierten el valor probatorio de las cintas cuando ellos tenían a su alcance la posibilidad de acompañar o desvirtuar con medios técnicos el contenido de ese material de dificultoso acceso para el público, lo que surge nítido de los contratos de producción y de edición en los que A.
SA ( productora del programa y cuyo Presidente era el conductor demandado Sr. A., quién a su vez contrató a los otros periodistas que participaban en el programa) proporcionaba ”camarógrafos y equipos técnicos” y el canal “estudio de grabación, las cámaras que sean necesarias para la correcta grabación del programa, sonido … y todo el personal operativo y técnico especializado y con experiencia para una correcta preparación y salida al aire del programa, teniendo en cuenta la jerarquía y calidad del mismo, así como el tiempo que sea necesario para la compaginación del material logrado” (fs. 1465/1469 expte. 25.956).
Con todo lo dicho queda descartado el fundamento que sustenta la impugnación de la demandada consistente en la eventual alteración del contenido de las cintas, por probada su autenticidad y por consentido el trámite procesal inherente a su producción (arts. 169 , 170, 376, 384, 385, 386, 388, 456, 474 y concs. C.P.C.). En conclusión, en autos se acreditó suficientemente la referida autenticidad de los videos, la que resulta de la valoración en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica de una pluralidad de medios de prueba que se complementan entre sí (arts. 384, 456, 474 y concs. C.P.C.).
IV. 1.- Corresponde ahora analizar si las expresiones, manifestaciones, diálogos y apreciaciones de A., P. y B. sobre la salud de la actora constituyen una conducta ilícita invasiva de su privacidad. Los hechos descriptos en la sentencia, y que arriban firmes, aluden a que “en el ciclo mencionado se comenzó leyendo un comunicado del Instituto Fleni por el cual la actora padecía ‘cefalea con fiebre y alteraciones gastrointestinales, que todo comenzó cuando se agachó a alcanzar unas llaves’; en otra emisión volvieron a tocar el tema y ya el Sr. A. manifiesta que la Sra. D. B. padece en realidad esclerosis múltiple, una dolencia que directamente afecta el sistema nervioso central (sic. cassette nro.2; fs. 2327/2327 vta.). En otro párrafo el decisorio -en aspecto también firme- concluye que “la información otorgada por el programa en cuestión refiriéndose a la enfermedad que la actora padecía y a su extrema gravedad, cosa que se comprobó con el sólo transcurso del tiempo que no fue así, corroborado a su vez por el informe del Fleni (obrante a fs. 733 y la historia clínica agregada en los autos acumulados fs. 1315/62) mediante el cual se desprende que la actora estuvo internada durante el período que abarca los días 5 de noviembre al 11 del mismo mes del año 1997, otorgándosele el alta en estado asintomático” (sic., fs. 2330). “El conductor se encarga de dar a publicidad a la revista P. y a agregar información sobre el estado de salud de la actora. Asimismo de los cassettes adunados … se pueden observar varios programas emitidos en los … que se da la noticia de la internación de la actora dando a conocer el parte médico diciendo que padece cefalea con fiebre y alteraciones gastrointestinales, pero dudando que sea así, en la emisión siguiente vuelven sobre el tema ya agregando un informe especial por el cual concluyen que la actora padece esclerosis múltiple una dolencia que directamente afecta el sistema nervioso central” (sic., fs. 2330 vta./2331).
En suma, y concretamente, la demandada invadió el ámbito de reserva propio de la actora al difundir, sin su consentimiento y no existiendo ninguna razón de interés general que lo justificara, noticias sobre su estado de salud (que ella quería preservar) y que además se comprobaron que eran falsas. Dejando de lado otras expresiones de los conductores, vertidas en distintas emisiones y que en cierta manera critican o cuestionan la labor profesional de D. B. y ponen en duda su futuro artístico, en el programa de I., emitido el 13 de Noviembre de 1997 y transcripto en la demanda (al que -reitero- la sentencia le asignó autenticidad por resultar fidedigna), el Sr. A. agregó que “siempre hay una puerta que se abre y un oído que escucha.
Empleados de la clínica neurológica Fleni, pidiendo quedar en el anonimato para no perder el trabajo, le confiaron a “I.” que los médicos que le efectuaron la resonancia magnética aseguraron que A. tiene una enfermedad preocupante, grave. Nadie se interna siete días para hacerse un simple chequeo. Ella se asustó mucho cuando quiso levantar del piso un juego de llaves y sintió que los músculos de sus brazos estaban dormidos. Dicen que no saben si se podrá curar (música generando clima). Otra versión surgida de una enfermera del lugar da cuenta que padece de hipovitaminosis, falta de vitaminas. Pero la hipótesis más dramática nace de la versión dada por un médico de guardia: padece esclerosis múltiple, una dolencia que directamente afecta el sistema nervioso central.
Dios quiera que se trate simplemente de una versión sin fundamento …” (programa nº 1839, emitido el 13 de Noviembre de 1997). Luego, el Sr. A. dice que “ahora te cuento lo de A. d. B.. Ahora te cuento, pará. Porque justamente estaba mirando la tapa de “P.”, que ahora está en todos los kioscos del país, que está A. d. B. y que titulan muy bien ¿Qué tiene A. d. B.?. Y porque digo que titulan muy bien ¿qué tiene A. d. B.?. Porque primera mentira dijeron que se había internado para un chequeo de rutina. Eso fue mentira. Segundo. Después vino un parte pseudo médico, porque ningún médico salió a poner la cara a darlo, una secretaria dijo que fue internada por cefalea y trastornos intestinales, pero esos son síntomas, o sea la cefalea es un síntoma, el trastorno intestinal es un síntoma.
Qué es lo que te provoca eso, vos tenés que saber que es lo que te provoca. ¿Qué es lo que tiene A. d. B.?. Eso es lo que muchos se preguntan y “P.” se mandó una investigación muy pronta, muy rápida, muy eficaz y muy completa y lo dice acá en la revista. Como no estoy yo para afanar el laburo de los colegas. Señores dos mangos es la mejor revista del espectáculo, llena de páginas, todo color, todo papel ilustración y se enteran de todo. Yo lo único que les puedo contar es que ayer a las 6.30 de la tarde le dieron el alta estaba internada desde el pasado jueves, salió en un Mercedes Benz celeste metalizado conducido por N. d. B., reconocido director de televisión su papá, por la calle Olazábal, o sea no por Blanco Encalada que es el frente de la Fleni sino por el cotelete, eh no la vio nadie está todo perfecto, me parece correctísimo que la dejen en paz”.
Sin ánimo de transcribir todo el contenido de los cassettes, limitándome a lo más importante, dejando de lado incluso otras manifestaciones del conductor que ponen en duda el diagnóstico médico, en otro momento A. dice “Bueno. La revista “P.”, que esta noche está en todos los Kioscos, que mañana está en todo el país, rápida como las luces, la tapa A. d. B.. ¿Qué tiene A. d. B.?. La internaron en una Clínica neurológica. Y les leo. El jueves pasado la actriz se agachó a recoger un manojo de llaves y notó que su brazo no le respondía. De inmediato fue llevada al sanatorio Fleni, especializado en trastornos neurológicos. La familia asegura que se trata de un chequeo de rutina, pero los rumores hablan de una enfermedad que afecta al sistema nervioso central.
Dios quiera que A. salga de esto, pero les quiero aclarar: se internó el Jueves, hoy estamos a Martes, no sólo sigue internada sino que yo no creo que salga mañana. Y para un chequeo de rutina más de veinticuatro horas no necesitas. Eh!. Acá tienen Uds. El frente de Fleni. Tenemos nosotros todo un material acá también toda una información muy importante porque vamos a informar por lo menos de qué aparentemente se trataría” (sic. fs. 19).
En conclusión: las referencias a la salud de D. B., dudando y cuestionando el diagnóstico médico emitido, conjeturando sobre la verdadera enfermedad que tendría la actriz, importan un entrometimiento incausado e ilegítimo en su intimidad y vida privada (lo que también incide en su ámbito familiar, laboral y social), carecen de interés social o público relevante que lo justifique y se centran en controvertir -sin fundamentos de ningún tipo- la veracidad de un diagnóstico específico atribuyendo el ocultamiento de otra dolencia grave (arts. 1071 bis y 1078 C.C.).
Aquí destaco que de la observación de los videos se advierte claramente que quién propagó esa información es el codemandado A. y que no participaron los otros dos codemandados (P. y B.) por lo que no le serían extensibles los mismos efectos intrusivos en la vida privada de la actora. Las expresiones que ellos efectuaron (cuando B. cuenta que la vio en una peluquería y Polino alude a la presencia de Del Boca en un restaurant) no pueden ser equiparadas a la falsa atribución de una enfermedad grave. Pero siendo que la sentencia está firme para P. y B. no procede efectuar ninguna consideración (arts. 59, 60, 260, 261 y concs.
C.P.C.).
2. En lo atinente al otro hecho antijurídico, dejando de lado la nota de la revista P. del miércoles 4 de Diciembre de 1996 (traída como prueba) y centrándome en el ejemplar del Miércoles 12 de Noviembre de 1997 (que se vincula temporal y fácticamente con los hechos ya analizados), se advierte que su tapa -que exhibe al igual que la del año 1996, una foto suyatiene el siguiente título: “La internaron en una clínica neurológica. ¿Qué tiene A. d. B.?”. A él le sigue un texto que dice: “El jueves pasado, la actriz se agachó a recoger un manojo de llaves y notó que su brazo no le respondía. De inmediato fue llevada al sanatorio Fleni, especializado en trastornos neurológicos. La familia asegura que se trata de un chequeo de rutina, pero los rumores hablan de una enfermedad que afecta al sistema nervioso central”.
En el interior de ese ejemplar de la revista, en una nota firmada por dos periodistas (los codemandados E. G. y R. G., hoy sus sucesores) se efectúan diversas apreciaciones sobre su estado de salud y su situación laboral, sentimental y profesional y, en lo que interesa destacar, se conjetura y pone en dudas el diagnóstico médico y discurren sobre cuál sería la enfermedad real que padecería y que se procuraría ocultar. Así se manejan tres hipótesis (miastenia grave, hipovitaminosis y esclerosis múltiple) presentadas en un contexto descriptivo de esas enfermedades. Dice la nota, luego de atribuir a fuentes de la clínica la información brindada, que “... uno de los rumores indica que padecería miastenia grave, mal que se caracteriza por la atrofia prematura del timo, una glándula situada delante de la tráquea, que desempeña un importante papel en la resistencia a las infecciones. Esta enfermedad causa debilitamiento muscular y fatiga ante el menor esfuerzo. Uno de sus primeros síntomas es el trastorno de los músculos oculares con dificultad para abrir los párpados. El pronóstico en cuanto a su curabilidad es pesimista, pero con un tratamiento especial se hace soportable para el paciente. Otra versión es que sufriría hipovitaminosis, un mal cuyos síntomas son una gran flojedad muscular producida por la falta de vitaminas. En este caso, con una rehabilitación eficaz, estaría curada en diez días ... La tercera hipótesis, que estaría cobrando fuerza, es que padecería esclerosis múltiple. Esta enfermedad afecta la mielina, que es la cobertura del sistema nervioso central. Potencialmente ataca todas las áreas relacionadas con este sistema y puede provocar inflamación de nervios ópticos, parálisis, trastornos de la fuerza muscular, de la fonación y de la deglución; es decir, dificultad para hablar y para tragar. El origen es inmunológico: el cuerpo elabora anticuerpos para atacar a la mielina”.
No cabe dudas que esas manifestaciones, aunque similares a las efectuadas por A. por televisión, son más graves porque tienen mayor extensión y descripción de hipótesis de enfermedades, mayor difusión por tratarse de un medio escrito de fácil llegada al público y de mayor entidad y contextura como hecho invasivo de la intimidad y privacidad de D. B. (arts. 1071 bis, 1078 y concs. Cód. Civ.). Sin embargo y por no mediar agravio no procede efectuar distingos a los efectos de la confirmación del fallo de condena (arts. 260 y 261 C.P.C.).
3. Los hechos expuestos infringen el art. 1071 bis del Código Civil toda vez que constituyen una intromisión ilegítima en el ámbito de la privacidad e intimidad de la actora. Se lesionó el derecho subjetivo de D. B. a su privacidad, también llamado derecho a la vida privada, a la esfera privada o esfera íntima y que recoge el art 1770 del Código Civil y Comercial que entró en vigencia a partir del 1 de Agosto de 2015.
Cabe recordar y enfatizar que “el derecho a la intimidad es el derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras turbaciones de su vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales, y los intereses públicos (cf. Cifuentes, Santos, “El Derecho a la Intimidad”, ED 57-832; aut. cit. “Los derechos personalísimos”, Bs. As., 1995 2ª edición actualizada y ampliada p. 546). “El derecho a la vida privada permite al individuo preservar mediante acciones legales, su intimidad, es decir, la parte no comunicable de su existencia” (cf. Goldenberg, Isidoro H. La tutela de la vida privada “, LL 1976-A-576 ). “ “Es un derecho de la personalidad, innato, vitalicio, necesario, esencial, inherente, extrapatrimonial, relativamente disponible, autónomo y se ejerce erga omnes “ (cf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, en “Código Civil y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado, Concordado”, Belluscio, Augusto (Dir.) – Zannoni, Eduardo (Coord), Astrea, Bs. As., T. 5, p. 73), y “la protección jurídica de la intimidad es autónoma de la conferida al honor, nombre, imagen o identidad personal“ (cf. Zavala de González, Matilde, “Tratado de Daños a las Personas. Daños a la Dignidad”, Astrea Bs. As., 2011, Tº 2, p. 482). Con palabras de la Corte de la Nación en el “leading case” “Ponzetti de Balbín …”: “el derecho a la privacidad e intimidad se fundamenta constitucionalmente en el art. 19 de la ley suprema. En relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o actos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad” (cf. C.S., 11/12/1984, “Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida S.A.”, en La Ley 1985-B, 120, con nota de Julio César Rivera).
La tutela de la intimidad se inscribe en el ámbito de los derechos personalísimos y de la inviolabilidad de la persona humana (en los términos del art. 51, 52, 53 y concs. CCCN) y comprende “la protección de la salud, las preferencias sexuales, las relaciones de parentesco, las creencias religiosas e ideológicas, las costumbres y hábitos privados, los datos personales sensibles … (cf. Ferreyra Rubio, Delia, en Bueres, Alberto ( Dir) - Highton, Elena, “ Código Civil y Normas Complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Hammurabi, Bs. As. 1999, Tº 3 A, p. 134).
Por lo expuesto la difusión de una falsa enfermedad grave de la actora, luego de cuestionar infundadamente el informe médico, en las circunstancias anteriormente expuestas y sin causales de justificación (doctrina arts. 1716 a 1720 CCCN) constituye afectación de su reserva personal que torna ilícitas las conductas juzgadas (arts. 1066, 1067, 1068, 1071 bis, 1078, 1083 y concs. C.C.).
4. Los agravios de los codemandados apelantes (A., C. y T. SA) abordan aspectos comunes y conexos: la tutela de la libertad de prensa y la protección constitucional del deber de informar, que las personas públicas no están alcanzadas por la protección de la intimidad, que la sentencia omitió analizar la doctrina de la real malicia y ponderar la falta de dolo de la demandada. Tales impugnaciones no resultan admisibles. Nadie duda acerca de la enfática tutela de la libertad de prensa y de expresión, que tiene linaje constitucional y supralegal ya que lo receptan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que, como lo señaló pacíficamente la doctrina siguiendo la jurisprudencia de la Corte Nacional, comprende no sólo ideas y opiniones sino también la difusión de noticias en sentido estricto y que se difundan mediante la prensa escrita y también la que despliega mediante otras técnicas de difusión (radio, televisión, cable, etc.; Pizarro, Ramón Daniel, “Prensa y libertad de expresión”, en “Corte Suprema de Justicia de la Nación. Máximos Precedentes”, Dir. Lorenzetti Ricardo, Tº IV, “Responsabilidad Civil. Parte Especial”, pág. 1441 y ss.; C.S., Fallos 282:396; Fallos 295:216; Fallos 306:1904; Fallos 315:1943). Sin embargo, la libertad de prensa (como todos los derechos) no es absoluta y debe armonizarse con todos los otros derechos ya que el diálogo de fuentes y la constitucionalización del derecho privado que recoge el actual Código Civil y Comercial (arts. 1,2, 3 y concs. CCCN, aplicable como argumento de autoridad dado la uniforme jurisprudencia sobre el tema) no significa que la protección de un derecho (en el caso la alegada libertad de prensa e información) suprima al otro (el derecho personalísimo a la intimidad y privacidad). Concurre, como en todos los supuestos de colisiones de derechos fundamentales, el juicio de ponderación frente al conflicto o tensión de derechos de igual jerarquía, que en el caso específico se sustenta en claros y precisos estándares de interpretación, pacíficamente aplicados por la jurisprudencia (conf. Pizarro, ob. cit., Tº IV, pág. 1444), a partir incluso de una tutela más fuerte que el nuevo Código Civil y Comercial confiere al derecho al honor y a la intimidad (esta Sala, causa nº 58.978, "P., S. M. C/ C., O. A. S/ Daños y Perjuicios (Sumario)” del 19 de Febrero de 2015).
El juicio de ponderación constituye una guía fundamental para solucionar conflictos de fuentes, de normas o de interpretación de la ley (en el caso entre la libertad de prensa y el derecho personalísimo a la privacidad)" (CS, 22/04/2008, "Ledesma, María Leonor c/ Metrovías S.A.", Fallos: 331:819; L.L., CS, 09/03/10, "U.M.H. c. Transportes Metropolitanos General Roca", Fallos 333:203.; Saux, Edgardo I., "Conflicto entre derechos fundamentales", La Ley, 2004-B, 1071; Lorenzetti, Ricardo L., "Fundamento constitucional de la reparación de los daños", L.L., 2003-C, 1184; esta Sala, causas nº 56149, 56808, y 42.882 del 28/08/2001; causa nº 59.596, 14/5/2015, "Banco Industrial S.A. c/ Suárez, Roque”). Sobre el tema específico la doctrina legal vigente de la Suprema Corte de Buenos Aires sostiene que “el ejercicio del derecho de expresión de ideas u opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional)” (cf. S.C.B.A., Ac. 54.798, 21/12/205, “Burlando, Fernando Andrés c/ Diario El Sol de Quilmes y otro s/ Daños y perjuicios”; Trib. cit., causa C 100157, 18/02/2009, “E., R. G. c/ Editorial La Capital S.A. s/ Daños y perjuicios”, Sumario JUBA B28160).
Así, siguiendo la opinión de Matilde Zavala de González destaco que la protección de la autonomía de la voluntad es independiente de la tutela de otros derechos personalísimos y que también comprende a los actos privados de las personas públicas en aspectos no vinculados con un interés general. “Excluimos -dice esa autora- la vida pública y no las personas de vida pública, dado que la intimidad de éstas también se tutela, en aspectos que no conciernen a su quehacer social” (conf. Zavala de González, Matilde, “Tratado de los Daños a las Personas. Daños a la dignidad”, Tomo 1, pág. 475). “La protección jurídica de la intimidad es diversa de la conferida al honor, nombre, imagen o identidad personal, al margen de que pueda haber lesiones múltiples o atentarse contra la intimidad por una de esas vías” (cf. aut. y ob. cit., pág. 482).
En sentido concordante afirma Rivera que “la intromisión por la prensa sería válida sólo en algunas circunstancias, esto es, cuando el aspecto del que se informa o es objeto de comentario, puede tener incidencia en la comunidad, o se trata de cuestiones de interés general. En cambio, la intromisión sería ilícita en aquellos casos en que se buscan detalles de la vida íntima no vinculados al hecho o hechos que den motivo a la investigación o trabajos, para exponerlos al público” (cf. Rivera, Julio César, “Instituciones de Derecho Civil”, Parte General, Tomo II, pág. 113). Acudiendo otra vez a la jurisprudencia de la Corte de la Nación cabe recordar que “en el caso de personajes célebres cuya vida tiene carácter público o de personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tiene un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión” (cf. C.S., 11/12/1984, “Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida S.A.”, en La Ley 1985-B, 120, con nota de Julio César Rivera, citada anteriormente). Otro autor afirma que “a los fines de determinar si la difusión de una determinada información importa o no una afectación de la vida privada, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos: a) la persona afectada por la noticia; b) la conducta de la persona afectada con relación a su vida privada; c) el carácter íntimo o público del dato o hecho difundido y d) el tiempo transcurrido” (cf. Rivera (h), Julio C., “Lesión al derecho a la intimidad de la persona. Responsabilidad civil de los medios de prensa”, en “Protección jurídica de la persona”, Homenaje al Dr. Julio César Rivera, Coordinador: Darío J. Graziabile, Ed. La Ley, pág. 191).
Con éstos parámetros no cabe dudas que constituye entrometimiento injustificado la difusión sobre el estado de salud de la actora en la forma transmitida: dudando acerca del diagnóstico médico y conjeturando sobre las posibles y eventuales enfermedades (lo que se advierte más nítido en la nota publicada en P.) ya que la difusión del estado de salud- al igual que otros aspectos que hacen a la propia privacidad (como preferencias sexuales, políticas o de otro tipo) no son disponibles por terceros, corresponden en exclusividad a su titular, y no están destinadas a ser propagadas a terceros salvo si existe consentimiento del afectado o razones de interés público vinculadas a la actividad o función u oficio de la persona.
En tal sentido se registra un antecedente judicial similar, de hace tiempo, en el que se publicó una nota donde se hacía referencia a la enfermedad de una reconocida artista, que falleció al poco tiempo, alegando que padecía de cáncer cuándo ella creía que era hepatitis (cf. fallo comentado de la C. N. Civ., Sala A, 11/09/1996, “Menta, Haidée N. c/ Perfil S.A. y otros”, AR/DOC/3872/2001). El juez del primer voto expresó que “el derecho a la intimidad es un derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras perturbaciones a la vida privada, y está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos. Protege la vida íntima de las personas, la privacidad a la que todos tienen derecho, aunque tengan una intensa actividad pública”.
El comentario aprobatorio del fallo (de Santos Cifuentes) puntualizó que “una perspectiva es aquello que se entrega al público, en la actividad desempeñada –artística, revisteril, periodística, política, científica, jurisdiccional, etc.-, y otra las demás facetas de todo ser humano, sea o no personaje … que forman parte de la privacidad de cada cual”. Es que -como lo dice Zavala de González- la enfermedad “despierta la curiosidad ajena” y “hay hipótesis en que dar a conocer minusvalías empobrece la personalidad del afectado” (aut. y ob. cit., págs. 591/592), por lo que tratándose de una actriz y vinculando (como en el caso en juzgamiento) la salud con el futuro laboral (la supuesta esclerosis múltiple podría afectar la movilidad de la actora) a la invasión a su privacidad se le añade también la afectación a otros derechos personalísimos como la dignidad, el nombre y la propia imagen.
La jurisprudencia ha sido muy severa en admitir el resarcimiento por daños reputando ilícitos la divulgación de la frustración de un transplante de riñón (Cám. Fed. Mar del Plata, 12/11/99, ED 189-475) o la difusión de estar enfermos de SIDA personas detenidas por la policía (C. N. Civ., Sala A, 27/3/2003, JA 2003-III-357; Zavala de González, ob. cit. págs. 590/591). Tobías enumera algunos casos jurisprudenciales que guardan cierta similitud: “la publicación de una fotografía tomada a una mujer casada en compañía de un famoso ex boxeador atribuyéndoles relaciones íntimas; la aparición en una entrevista periodística del hijo del actor con su madre y el nuevo compañero de ella presentándolo como hijo de esta pareja; la publicación en la tapa de una Revista de un famoso dirigente, hallándose en agonía, en la sala de terapia intensiva del Sanatorio donde estaba internado”; “una publicación que mostraba fotos de un forúnculo en los glúteos de una famosa modelo con comentarios mortificantes y vulgares” (cf.
Tobías, José W., “Derecho de las personas”, págs. 669 y 670). Por su parte Rivera (h) menciona también otros casos: “la referencia en una noticia sobre un ex árbitro de fútbol a la adopción de alguno de sus hermanos y a circunstancias vinculadas al nacimiento de su primer hijo; entrevistar a un travesti acerca de sus presuntas relaciones íntimas con el ex cónyuge de una figura pública a cambio de dinero” (conf. aut. y ob. cit. anteriormente, pág. 194); la exhibición de la imagen de una modelo en un programa televisivo, aunque con otro nombre de pila, a quién se le atribuyó haber mantenido relaciones sexuales con un cantante extranjero (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, sala L, 14/09/2010, “L., V.
G. c. Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión y otro”, D.J. 19/10/2011, 19 con nota de Guillermo J. Borda; Carlos Pereira (h), AR/JUR/61670/2010).
5. Abordaré ahora de modo conjunto los agravios de todos los apelantes (A., C. y T. SA) que tienen aspectos vinculados con el factor de atribución (se alega que no se probó el dolo de la demandada) y la omisión de considerar las doctrinas del precedente “Campillay” y de la real malicia.
Con relación al factor de atribución parto de la jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte que señala que “el pivote donde debe hacerse jugar la responsabilidad de la persona u órgano que dio la noticia, o publicó la crónica, debe seguir siendo la fórmula del art. 1109 y sus concordantes del Código Civil” (cf. S.C.B.A., C 100157, 18/02/2009, “E., R. G. c/ Editorial La Capital S.A. s/ Daños y perjuicios”, Sumario JUBA B28164; conf. esta Sala, causa nº 49.701, 26/10/2006, “Ottaviano, Claudia Analía y otro c/ Diario El Popular de Olavarría S.A.I.C.”, voto Dr. Peralta Reyes). Por eso la responsabilidad de los aquí demandados se configura aún sin la concurrencia de dolo, bastando la culpa como factor subjetivo de atribución de la responsabilidad de A. y de los redactores de la nota publicada por P. y que acarrea la responsabilidad de su director y la refleja del dueño del medio (arts. 499, 512, 1113 y concs.
C.C.).
La cuestión se vincula también con la doctrina del caso “Campillay” y de la real malicia. En tal sentido, la Corte Nacional distingue si la difusión proviene de tres tipos de informaciones: por la difusión de informaciones inexactas o cuya veracidad no ha sido comprobada; por la difusión de noticias verdaderas; y por la difusión de simples opiniones o juicios de valor (voto Dr. Sebastián Picasso en Cámara Nacional Civil, Sala A, 4/11/2014, “O., R ., B., y otros c. América TV S. A. s/ daños y perjuicios“, R.C. y S. 2015 (Julio), 169). En el primer caso, esto es cuando se trata de noticias o informaciones inexactas, en base a la doctrina “Campillay” (Fallos 308:789; 316:2394; 324:4433) el medio de prensa se exime de responsabilidad en caso de lesión a la integridad moral o el honor de las personas si cumple con ciertos presupuestos que, en general, se sintetizan así: una fuente (judicial o policial); un informador, que es el medio de comunicación o quién utiliza el medio; una noticia de interés para la sociedad tomada de esa fuente y que el medio no hace propia porque transcribe en lo sustancial lo manifestado por aquella fuente; un afectado que puede o no ser una persona pública (S.C.B.A., causa cit., C 100157, 18/02/2009, “E., R.
G. c/ Editorial La Capital S.A. s/ Daños y perjuicios”, en reenvío a Enrique T. Bianchi L.L. 1997-B-1283); la utilización de un tiempo de verbo potencial o dejar en reserva la identidad de los implicados en el hecho (Fallos 308:789, considerando 7º; Sala A, 4/11/2014, “O., R ., B., y otros c. América TV S. A. s/ daños y perjuicios”, cit. R.C. y S. 2015, (Julio), 169). Así las cosas y si no se cumplimentaron con los recaudos mencionados se abren dos hipótesis: si el sujeto involucrado es una figura pública o un funcionario público se aplica la doctrina de la real malicia y el medio será responsable si se acredita que “la noticia fue divulgada con conocimiento de la falsedad o con notoria despreocupación de su veracidad o falsedad”.
Si el afectado no es persona pública el factor de atribución es la culpa. En el segundo caso, el que corresponde a la difusión de las noticias verdaderas, no se aplica las doctrinas de “Campillay” y de la real malicia, y el parámetro de valoración que importa es si existe interés público relevante que justifique la intromisión en la vida privada (conf. Cám. Nac. Civ., Sala A, 4/11/2014, “O., R ., B., y otros c. América TV S. A. s/ daños y perjuicios“, R. C. y S. 2015, (Julio), 169, voto Dr. Picasso). Finalmente, y en el tercer supuesto, si no están en juego noticias o informaciones sino juicios de valor u opiniones no interesa que sean verdaderos o falsos sino que se refieran a un interés público relevante y no sea injurioso” (causa cit.).
Concordantemente en esta última orientación muy recientemente se decidió que “la doctrina de la real malicia sólo cobra sentido cuando se trata del ejercicio del derecho de informar, esto es, cuando existen aseveraciones sobre circunstancias de las que se puede predicar verdad o falsedad; sólo en ese contexto puede tener relevancia la actuación con conocimiento de la falsedad o la temeraria despreocupación respecto de la verdad o falsedad de la noticia, pero no sucede lo mismo con la crítica, las opiniones, los juicios de valor y las ideas, por cuanto tales expresiones son producto de una apreciación subjetiva de quien los enuncia (“derecho a opinar”), que no pueden ser tildadas de verdaderas o falsas” (cf.
C. N. Civ., Sala J, 16/04/2015, “M. P., E. E. y otro c. Editorial Sarmiento S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, La Ley 2015 - C, 608, con nota de Cossari, Maximiliano N. G., “Daños por reproducción de información inexacta en la prensa”).
Sin embargo y aún aplicando la real malicia el medio periodístico “no se exime de producir los medios de prueba para acreditar la improcedencia de la demanda, le incumbe la demostración de que actuó responsablemente y con la diligencia debida” (S.C.B.A., causa cit., C 100157, 18/02/2009, “E., R. G. c/ Editorial La Capital S.A. s/ Daños y perjuicios” en reenvió a Ac 60.813 del 11/5/99; Ac. 73.058, del 13/3/2002). Media responsabilidad cuando “el demandado conocía la invocada falsedad de los hechos allí afirmados o que hubiera obrado con notoria despreocupación sobre su verdad o falsedad” (C.S., 24/06/2008, “Patitó, José Ángel c/ Diario La Nación”, L.L., 2008-F-304) o cuando “el juicio de reproche es de suficiente entidad” (doctrina de C.S., 9/11/2010, “Dahlgren, Jorge c/ Editorial Chaco”, Fallos 333, p. 2079). “El autor no resulta responsable civilmente del perjuicio causado -dijo la Suprema Cortecuando el error es excusable, es decir, si emplea los debidos cuidados, atención y diligencia para evitarlo. Si lo es, en cambio cuando falte al deber de veracidad que consiste en el obrar cauteloso y prudente en recibir y transmitir la información” (S.C.B.A., Ac. 100157, 18/2/2009, “Espínola, Ricardo Gabriel c/ Editorial La Capital S.A.”; cf. esta Sala, causa nº 55.146, 04/10/2011, “Dumerauf, Hugo c/ Diario El Popular s/ Daños y Perjuicios”, en L.L., 2012-B, 108; conf. Jorge Bustamante Alsina, "Los efectos civiles de las informaciones inexactas o agraviantes", "La Ley", 1989-D-885, citado por la S.C.B.A. en Ac. 54.798, sent. del 24-XI-1998; Ac. 55.534, sent. del 23-III-1999; Ac. 73.058, sent. del 13-III-2002).
Por aplicación de los estándares interpretativos -sucintamente reseñados- no caben dudas de la responsabilidad de la demandada. Si entendemos que la difusión de datos o noticias sobre una persona del espectáculo constituye una información (y no un juicio de valor o una opinión) en el caso de autos se conjeturó sobre la salud de la actora, atribuyéndole esclerosis múltiple, desconociendo y minimizando un parte médico que diagnosticaba cefalea y otros problemas menores, lo que pone de manifiesto que la información fue proporcionada con notable despreocupación acerca de su exactitud o veracidad, apartándose de la fuente, incurriendo en el ámbito privado sin mediar ningún interés relevante o causa de justificación. Se transmitió información no verdadera o información inexacta apartándose expresamente de la fuente (el parte médico) que contenía un dato que el conductor del programa y la revista no sólo desconocieron (después de mencionarlo y aludir a él) sino que pusieron en tela de juicio (arts. 1071 bis y 1078 C.C.).
6. En conclusión: la invasión a la privacidad de una persona pública, esto es el entrometimiento incausado e injustificado en aspectos propios del ámbito de reserva, constituyen en sí mismo un hecho antijurídico lesivo de los derechos personalísimos, máxime si la divulgación del estado de salud no revestía ningún interés público ni involucraba una cuestión de relevancia social, y todo ello se presentaba en un marco en el que se ponía en dudas la autenticidad del parte médico, se conjeturaba sobre la eventual real enfermedad y sus secuelas, vinculando todo eso con la actividad artística y laboral de la actora.
7. Queda pendiente el agravio de T. SA que sostiene que el canal de televisión no puede controlar el contenido del programa, más tratándose de una emisión en vivo en el que no participó en su producción.
Ello no es atendible. En primer lugar porque en uno de los programas emitidos se puso en el aire un informe elaborado con anterioridad, con imágenes y textos leídos por una locutora -lo que el Tribunal pudo ver fácilmente cuando miró los videos-. Por otro lado el canal no actúa como tercero ajeno a la programación que emite, cuyos contenidos no le resultan indiferentes, y los actos ilícitos del conductor que falsea la verdad conllevan su propia responsabilidad refleja (arts. 512 y 1113 C.C.). Tan es así que el propio nombre del programa (“I.”), consentido por el canal, revela su orientación periodística (art. 1113 1ª parte C.C.). La culpa individual del conductor del programa, derivada de sus propios actos que además fueron continuados porque no se agotaron en una sola emisión, conlleva la responsabilidad refleja a título subjetivo de la empresa emisora de la señal televisiva, porque se vale de aquél para cumplir su finalidad que -en el sub lite y en lo que aquí interesa- consistía en contar rumores o chimentos del llamado mundo del espectáculo.
Más aún: el factor subjetivo mencionado y que acepta la mayoría de la doctrina (conf. Gelli, María Angélica, “Emisiones periodísticas en vivo y responsabilidad de los medios de comunicación. El caso ‘Díaz de Vivar’”, en La Ley, 2000-B, 1286) no importa desconocer y adherir a una más reciente posición que sostiene que cuando no está en tela de juicio la libertad de prensa o de opinión sino la comercialización de noticias concurre un factor objetivo. En tal sentido sostiene la jurisprudencia que “a los fines de responsabilizar a un canal de televisión por la atribución, difusión, reiteración y magnificación de hechos, de supuestos hechos y rumores a través de expresiones escritas, orales e imágenes sobre dos personas públicas, debe considerarse que se trata de una institución comercial que lucra con el alquiler de espacios, con publicidad directa o indirecta y con todo otro modo de comercialización de su señal por lo que existe un factor autónomo de responsabilidad, plenamente aplicable a ella, que deriva de la noción de riesgo provecho” (Cám. Nac. Apel. Civil, sala L, 08/03/2010, “O., R. B. y otro c. Telearte S.A. y otros”, voto Dr. Víctor Liberman, R. C. y S., 2010-VIII, 203; D. F. y P., 2010 (diciembre), 292, con nota aprobatoria de Ramón D. Pizarro, E.D. 242, 334). En otro caso se condenó a “un canal de televisión, junto con la productora, por la difusión de una entrevista, en el marco de una manifestación pública, en la que se mostraba a la actora, a modo de blooper, teniendo inconvenientes con su prótesis dental” (cf. Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala B, 04/06/2014, “S., B. c. Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. –Canal 13- y otro”, E.D. 258, 582; R. C. y S., 2014-IX, 201; ver también. Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala E, 30/04/2009, “O., N. C. c. América Tv S.A. y otro”).
En autos es clara la vinculación económica entre el canal y la productora del programa y su conductor ya que en el contrato respectivo se acordaron aspectos inherentes a la provisión de equipos técnicos por parte de cada uno, se previeron cláusulas relativas a la “publicidad indirecta” y todo el sistema de pago de honorarios y de distribución de gastos y costos entre los contratantes (expte. 25.956, contratos fs. 1465/1469, 1469/1480). Por consiguiente la responsabilidad del canal se sustenta en un factor de atribución objetivo, con apoyatura en el riesgo de empresa proveniente de la actividad económica y lucrativa (arts. 1071 bis, 1113 C.C.).
En síntesis: propongo al acuerdo confirmar la sentencia que consideró que en el caso en juzgamiento medió ilicitud de los demandados por lo que procede la pretensión resarcitoria (arts. 1066, 1067, 1068, 1071 bis, 1078, 1083 y concs. C.C.).
III. En lo atinente a los daños resarcibles debe admitirse parcialmente el recurso de la demandada ya que la sentencia de grado rechazó el daño material y superpuso los dos rubros condenados incurriendo en doble indemnización del daño moral o extrapatrimonial. Por ello corresponde confirmar la procedencia del daño moral ($ 40.000.-) y no mediando recurso de la actora sobre la desestimación de los otros daños ni sobre la cuantía del moral -procede revocar el otorgamiento de $ 60.000- por similar concepto. La “indemnización por la afectación de los derechos personalísimos de la actora, su nombre, honor, intimidad personal y familiar, su propia imagen, daño moral y material” (así a secas, y sin otros aditamentos o precisiones) en realidad comprende y subsume el mismo daño extrapatrimonial, moral o no patrimonial que ya se indemnizó con $ 40.000.-
No cabe dudas que tanto en el régimen del Código Civil derogado (aplicable en autos, conforme la fecha de acaecimiento del hecho dañoso; art. 7 CCCN) como en el nuevo Código Civil y Comercial el daño resarcible es la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que produce efectos o consecuencias de naturaleza patrimonial o moral (o no patrimonial) uno u otro o ambos simultáneamente (arts. 1066, 1067, 1068, 1078, 1083 y concs. C.C.; arts. 1737, 1738, 1739, 1741 y concs. CCCN). Ello supone excluir una tercera categoría de daños, particularmente cuando se analizan los daños a las personas, ya que en todos los casos los daños se subsumen en una u otra de esas dos grandes esferas: daño material o patrimonial y daño moral o extrapatrimonial.
En autos y bajo distintos nombres se indemnizó dos veces el daño moral y se rechazó el daño patrimonial reclamado. Reitero que del total de la indemnización de $ 100.000.- se discriminaron dos rubros: daño moral por $ 40.000.- y $ 60.000.- por “la afectación de sus derechos personalísimos, su nombre, honor, intimidad personal y familiar, su propia imagen, daño moral y material …” (fs. 2333 vta.). Cabe entender que este segundo ítem, comprensivo de varias sub-categorías, engloba un monto general que –en realidad- incluye otra vez el resarcimiento de los derechos personalísimos como daños extrapatrimoniales (arts. 1071 bis y 1078 C.C.).
El daño material en concepto de lucro cesante y de restitución de utilidades o frutos y de enriquecimiento sin causa se rechazó por falta de prueba (sic. fs. 2335/2336). Luego el fallo decidió que la prueba rendida no alcanzó para tener por acreditadas las ganancias dejadas de percibir o el empobrecimiento alegado por lo que –aclarando este aspecto de la sentencia y la falta de agravios- entiendo que si bien se indemnizó por separado el daño moral (con $ 40.000.-) cuando en la afectación de los derechos personalísimos se engloban varios rubros y se otorgan $ 60.000 se está repitiendo el daño extrapatrimonial o moral. Ello así pese a la referencia aislada al daño material en el grupo o elenco de daños (conf. Cap. XI.1) y a la posterior mención de la ganancia por el proceder ilegítimo (conf. Cap. XI. 3).
En consecuencia, y no habiendo otros recursos que tratar, procede revocar la sentencia en cuanto indemniza en $ 60.000 la afectación de los derechos personalísimos, comprendidos en realidad en el daño moral o no patrimonial. Los efectos de la revocatoria del fallo favorecen a todos los demandados, aún los que no apelaron, en seguimiento de la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires que sostiene que “el recurso de apelación interpuesto por un litisconsorte beneficia al colitigante que no recurrió el fallo porque cuando se trata de obligaciones concurrentes y solidarias se produce la extensión subjetiva de los efectos del recurso de apelación a los restantes deudores” (esta Sala, causa nº 48.804, 08/11/05, “Miñaur, Facundo Oscar y otro c/ Fernández, Maximiliano”, en reenvío a “Gómez …”, Ac. 63.968, del 15/6/99; en J.A.2000-I-531 con nota de Julio Chiappini y E.D.184-624; ver Lezama, María, “El litisconsorcio y el recurso de apelación” E.D. del 6/4/2005; S.C.B.A., Ac. 81.791, 22/10/2003, “Collado, José Luis c/ Abeijón, Aníbal y otros. Daños y Perjuicios”). Con relación a las costas corresponde confirmar las de Primera Instancia a los demandados vencidos, en base al principio objetivo del vencimiento (art. 68 C.P.C.); e imponer las de la Alzada en el 80% a la demandada y el 20% a la actora, en orden al progreso de los respectivos agravios (art. 68 C.P.C.) y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). Cabe mencionar que la actora solicitó la publicación de la sentencia como modalidad adicional de condena lo que fue admitido en la instancia de grado en aspecto que quedó firme y que se deberá cumplimentar en la etapa procesal pertinente (art. 165 C.P.C.; art. 1071 bis del Código Civil). Empero de acuerdo a lo previsto en el art. 164 segunda parte C.P.C. y a los fines de la publicidad habitual de la sentencia (por tratarse de un supuesto distinto al precedentemente indicado) corresponde eliminar los nombres de las partes para preservar su identidad. Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, adhieren al voto que antecede, votando en idéntico sentido, por iguales fundamentos. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) DECRETAR LA DESERCIÓN del recurso de apelación deducido por la parte actora (Sra. A. d. B.) contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 1028/1058 de la causa nº 25.957, "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos". 2) CONFIRMAR el fallo que admitió la demanda deducida por la Sra. A. D. B. contra L. C. A., M. A. B., M. P., E. G., F. C., J. M. G. H. y A. T. de G. H. en su condición de sucesores de R. G., T. S.A. E. de R. y T., A. S.A.C.Y.F. y P. S. S.A. 3) REVOCAR la condena de $ 60.000.- por daño a los derechos personalísimos y CONFIRMAR la de daño moral por $ 40.000.- 4) CONFIRMAR las costas de Primera Instancia a los demandados vencidos, en base al principio objetivo del vencimiento (art. 68 C.P.C.). 5) IMPONER las de la Alzada en el 80% a la demandada y a la actora el 20%, en orden al progreso de los respectivos agravios (art. 68 C.P.C.). 6) DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Longobardi y Peralta Reyes, adhieren al voto precedente, votando en igual sentido, por los idénticos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, Septiembre 08 de 2015.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 254, 260, 261, 266, 267 y concs. del C.P.C.C., DECRÉTASE LA DESERCIÓN del recurso de apelación deducido por la parte actora (Sra. A. d. B.) contra la sentencia de Primera Instancia de fs. 1028/1058 de la causa nº 25.957, "D. B., A. c/ A., L. C. y otros s/ Derechos personalísimos". CONFÍRMASE el fallo que admitió la demanda deducida por la Sra. A. D. B. contra L. C. A., M. A. B., M. P., E. G., F. C., J. M. G. H. y A. T. de G. H. en su condición de sucesores de R. G., T. S.A. E. de R. y T., A. S.A.C.Y.F. y P. S. S.A. REVÓCASE la condena de $ 60.000.- por daño a los derechos personalísimos y CONFÍRMASE la de daño moral por $ 40.000.- CONFÍRMASE las costas de Primera Instancia a los demandados vencidos, en base al principio objetivo del vencimiento (art. 68 C.P.C.). IMPÓNGANSE las de la Alzada en el 80% a la demandada y a la actora el 20%, en orden al progreso de los respectivos agravios (art. 68 C.P.C.). DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: Jorge Mario Galdós - Presidente – Cámara Civil y Comercial - Sala II - Víctor Mario Peralta Reyes – Juez - Cámara Civil y Comercial - Sala II – María Inés Longobardi - Juez - Cámara Civil y Comercial - Sala II. Ante mí: María Rita Baldini – Auxiliar Letrado - Cámara Civil y Comercial - Sala II.----------------------------------------------------------
Fin de la sentencia