Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender como instancia originaria en los presentes autos.
2Declarar la competencia del Juzgado Laboral Nº 1 de esta ciudad para continuar entendiendo en los presentes autos.
000824/2026 Comodoro Rivadavia, diecisiete de noviembre de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos caratulados “A., D. B. c/ P. A. S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO (SISTÉMICO)”, Expte. Nº 824/2026, remitidos por la Sra. jueza del Juzgado de Laboral Nº 1 de esta ciudad (Expte. Nº 115/2026).
I. Del escrito inaugural de autos surge que la Sra. A. plantea en su objeto formal demanda contra la A. de riesgos del trabajo (P. A. S.A.) por accidente laboral sufrido en fecha 15/8/2025, por el cobro de sumas que liquida en forma provisoria. Aclara que la demanda persigue la determinación de la incapacidad laboral parcial permanente, a consecuencia del accidente laboral y el pago de las prestaciones dinerarias en los términos de la ley 24557 y sus modificatorias como las prestaciones en especie, si correspondieren y la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 6, 8 inc. 3°, 12, 17, 21, 22 y 46 de la LRT y el Decreto N° 472/2014 y de los Baremos de Ley Decretos 658/96, 659/96 y 49/14 y toda norma que se oponga al principio protectorio y al principio “alterum non laedere”. Conforme documentación que dice acompañar solicita la aplicación de las modificaciones introducidas por decreto PEN N° 1694/2009 y Ley 26773.
En apartado afirma que la competencia en las presentes actuaciones surge de los normado por el art. 1° XIV N° 1 (antes ley 69), en atención al domicilio del lugar trabajo. Se explaya sobre la responsabilidad de la demandada sobre la que indica que la acción halla su fundamento en las disposiciones de la ley 24557, del propio contrato de afiliación suscripto entre empleador y ART por el infortunio. Y señala mediante el pedido de inconstitucionalidad de normas se garantice “el acceso a la vía judicial en el Fuero Ordinario de la Justicia del Trabajo, sin limitación alguna”.
Acompaña como prueba (punto XI) documentación entre la que acredita la respectiva a la SRT, acta de audiencia médica, Dictamen de CM19 y Dictamen de CMC, entre otras. Previamente el 14/4/2026 se libra oficio a la Comisión Médica 19 a fin de que remita copia de las actuaciones administrativas. Lo que se reitera el 03/7/26, y se observa agregado el Expte. SRT 263879/25 sobre “Divergencia en la determinación de la incapacidad” En fecha 18/8/2026 atento el objeto de la acción y la documental acompañada, previo a todo trámite se corrió vista al MPF, el que contesta por ID 2479199, que dictamina la incompetencia del Juzgado primera instancia para entender en los presentes y dice resulta competencia de esta la Cámara de Apelaciones.
Pasados los autos, dicta la sentencia interlocutoria de fecha 7/9/2026 por la que se declara incompetencia en razón del grado (funcional) para entender en las presentes actuaciones promovidas por la Sra. A. contra P. A. S.A. y dispone la remisión digital del expediente a esta Cámara de Apelaciones a sus efectos.
Expresó que surge de la documentación aportada por la parte actora transitó por la Comisión Médica N° 19 con sede en la ciudad y que apeló su dictamen ante la CMC, por lo que entiende que no resulta competente en razón del art. 2 de la ley 27.348 y el art. 3 de la Ley XIV N° 3.
II. En estos términos, corresponde a esta Cámara considerar si procede la declaración de incompetencia de la Sra. jueza laboral de primera instancia y su remisión a este Tribunal, lo que se adelanta debe ser rechazado. El temperamento adoptado por la magistrada de la primera instancia —consistente en declararse incompetente y ordenar la remisión de las actuaciones a esta Cámara de Apelaciones bajo la premisa de que la parte actora interpuso un “recurso directo” desnaturalizado y que no existe— incurre en un manifiesto defecto de fundamentación lógica y legal, al soslayar que la competencia jurisdiccional se determina primigeniamente por la naturaleza de la pretensión deducida en la demanda y el objeto sustancial del reclamo.
No debe caer en el olvido que atendiendo a un criterio funcional se distribuye la competencia por grado, así surgen las distintas instancias dentro de un proceso y la competencia de los tribunales de alzada para conocer de los recursos previstos por las leyes. Entonces como ha señalado el maestro Couture, el orden de las apelaciones y de las instancias, pertenece al sistema de la ley y no a la voluntad de las partes (obra “Fundamentos” p.367 autor citado – SI N° 129/2025).
Siguiendo con esta línea hemos de distinguir, como lo hace el prestigioso doctrinario Loutayf Ranea, dos aspectos diferentes: el que se relaciona con el derecho que se otorga a los interesados para impugnar un fallo, facultad que es de orden individual y de interés privado; y el otro, que mira a la organización de los tribunales, la jurisdicción y los poderes de los jueces, lo que afecta indudablemente al orden público. Por ese motivo rige en el primero el principio dispositivo y tienen los particulares la carga de utilizar todos los medios legales a su disposición para lograr el pronunciamiento del tribunal de alzada, so riesgo de perder la posibilidad de la segunda instancia. Y el segundo hace al interés público, en tanto los órganos jurisdiccionales deben ser cautelosos custodios de su competencia, tanto para negar su intervención en los asuntos en que ella resulte inadmisible, como para entender en aquellos asuntos que sí admiten su intervención.
De ello se deduce que “la competencia de la alzada es de orden público, no se puede “imponer” al tribunal de apelaciones el conocimiento de un asunto en el que, por ser inadmisible, no debe conocer; en este aspecto, entonces, el tribunal de alzada tiene amplias facultades para “negar” su intervención cuando no se cumplan los presupuestos de admisibilidad”, recordando que en esta tarea no se encuentra ligado ni por la voluntad de las partes ni por resolución del juez de primera instancia, por más que se encuentre consentida (autor citado “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil” T.2 ed.Astrea pág. 1/3 y sentencia citada).
Y en cambio para intervenir en un recurso que resultaría admisible, necesita la jurisdicción de la actividad de parte interesada; o sea, como el derecho a impugnar un fallo a través del recurso de apelación es un derecho individual que atañe al interés privado de las partes, rige en este aspecto el principio dispositivo en toda su extensión; y debe el interesado seguir todas las vías adecuadas para obtener el reconocimiento de la admisibilidad del recurso y para poner el asunto en condiciones de que el tribunal de alzada resuelva el fondo de la cuestión, decidiendo si es fundado o no el recurso (cfme. ob. cit.).
Es propicio traer a colación la doctrina legal del STJ en la cuestión y se condice con cita a la CSJN y que a los fines de dilucidar la competencia debe estarse, en primer término, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellas, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (STJ SI N° 127/2021 con cita a Fallos: 328:73; 329:5514; 340:103; 342:1496, entre otros).
Y en la especie remarcamos, del escrito de inicio no hay recurso interpuesto.
La actora no impugna en forma concreta, actual y directa ninguna resolución ni de la CMJ ni de la CMC. Constituye una regla procesal cardinal la transcripta más arriba y pacíficamente sostenida por los tribunales que la competencia se fija de acuerdo con la índole de la acción y la naturaleza de las pretensiones esgrimidas en el escrito inaugural, con independencia de las calificaciones formales o los equívocos gramaticales en que hubiere podido incurrir el litigante al postular su derecho.
Se corroe tal principio ante el forzamiento y mutación realizado por la jueza de primera instancia, que suprime la voluntad de la parte que interpuso una demanda ordinaria laboral por accidente de trabajo, destinada a la determinación de la incapacidad derivada del infortunio laboral, y la convierte en un rito recursivo en abstracto, catalogado de esa manera meramente por el análisis que efectúa de las actuaciones administrativas ante la SRT, lo que ha llevado a la magistrada de grado a confundir el presupuesto procesal de admisibilidad (la prueba del agotamiento de la vía administrativa mediante el tránsito ante la Comisión Médica) con la naturaleza sustancial del proceso de conocimiento laboral que utilizó forzadamente para declarar su incompetencia.
Las actuaciones requeridas referidas al expediente de trámite administrativo a la Comisión Médica (art. 3° de la Ley XIV N° 3) son a los fines de resolver la habilitación y admisibilidad de la vía judicial –no su competencia-, por lo que el razonamiento de la jueza de primera instancia lo desprende y conjetura mediante la documental acompañada, descartando lo que realmente importaba para determinar la competencia que es la jurisdicción que la parte accionó en su demanda. Cabe señalar que la CSJN ha fijado en los precedentes Pogonza (344:2307) y más reciente Behrens (347:1709) que el artículo 2° de la ley 27.348 prevé una vez agotada la instancia prevista ante la Comisión Médica, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central, o por vía judicial ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción que corresponda, o mediante recurso directo ante los tribunales de alzada con competencia laboral o los que correspondan a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica jurisdiccional que intervino.
“De ello se desprende que se trata de una instancia previa a la judicial de carácter obligatorio; con un órgano de naturaleza administrativa y que el trabajador tiene libertad plena para instar la vía judicial ante el fuero laboral, en la cual todas las decisiones de las comisiones médicas podrán ser objeto de revisión, incluyendo las que se refieran a la calificación como profesional de una enfermedad o contingencia, o el porcentaje de la incapacidad que padece el damnificado” (voto del ministro de Lorenzetti en el fallo citado) Y se concluyó que el procedimiento de las comisiones médicas previsto en la ley 27.348 resulta constitucional en tanto el tránsito de una instancia administrativa previa y obligatoria, especializada y sujeta a posterior control judicial no afecta las garantías de debido proceso, acceso a justicia ni juez natural, como así tampoco el principio de la protección del trabajador consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional… el sistema se complementa con el objetivo de salvaguardar la protección administrativa efectiva, intentando la pronta y eficiente resolución de la contienda en esa sede y, en el caso de que ello no ocurra, se establece el control judicial mediante una acción ordinaria, que implica la revisión amplia, tanto de los hechos como del derecho por parte de un tribunal que actúa con plena jurisdicción, a fin de ejercer el control judicial suficiente y adecuado que cumpla con el respeto a las garantías constituciones antes aludidas (del mismo voto).
Precisado estos lineamientos de la Corte en cuanto a la revisión judicial plena a cargo de los tribunales mediante la acción ordinaria, la Ley XIV N° 3 al adherir la Provincia del Chubut a las disposiciones contenidas en el Título I de la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo (27.348) para dar cumplimiento a los arts. 1°, 2°, 3° de la norma precitada, sujetó la garantía de control judicial suficiente sobre las decisiones de las Comisiones Médicas y legisló por el art. 3° lo que debe entenderse por recurso ante el fuero laboral: por ello con relación al art. 2 de la ley 27.348 y art. 46 de la ley 24.557, indicó que las decisiones de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales tramitarán a través de la acción laboral ordinaria con arreglo a lo dispuesto a las normas que rigen el proceso laboral (Ley XIV N° 1) y asignó la competencia a los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia laboral.
Y precisó que sólo contra las decisiones de la Comisión Médica Central tramitarán como recurso directo ante las Cámaras de Apelaciones con competencia en lo laboral. Cabe precisar que dicho recurso debe ser interpuesto en forma directa ante el tribunal de Alzada (art. 2° Ley 27.348), siendo improcedente su interposición ante otro tribunal, lo que explica el atributo de “directo”, y que no cabe la errónea interpretación efectuada por la jueza de primera instancia para declarar su incompetencia, pues la recta indicada por la norma provincial es que esa vía es voluntaria y dispositiva para la parte y lo único apelable vía directa es la decisión de la Comisión Médica Central, por ello la decisión de la Alzada estará circunscripta a esa revisión y con límite los agravios que se articulen.
El criterio sentado por la Corte ya expuesto y remite al dictado del fallo “Fernández Arias” donde señaló: “El alcance que el control judicial de las resoluciones jurisdiccionales de órganos administrativos necesita poseer para que sea legítimo tenerlo por verdaderamente suficiente, no depende de reglas generales u omnicomprensivas sino que ha de ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica, lo que obliga a examinar en cada caso los aspectos específicos que singularizan a la concreta materia litigiosa. (Fallos: 247:646)”. Siendo claro que siempre debe quedar a salvo la posibilidad de control judicial suficiente de las decisiones actuadas ante la instancia previa administrativa, y para ese amplio contralor la ley de adhesión reservó la acción laboral ordinaria ante el fuero laboral de primera instancia, lo que resulta compatible también con la mayor amplitud de debate y prueba.
Por ello para abrir la competencia de esta Alzada se requiere de “recurso” y en la especie no existe porque lo que hizo la parte fue promover demanda contra la ART ante el tribunal laboral de primera instancia.
Por lo expuesto, ante el actuar de la parte accionante que promovió demanda ordinaria laboral, la naturaleza de la pretensiones deducidas en el escrito inaugural y los hechos afirmados, el principio adjetivo de iniciativa del proceso, la ausencia total de recurso, y siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de control judicial suficiente, esta Cámara de Apelaciones resulta incompetente para entender en los presentes autos, correspondiendo que siga actuando la Sra. jueza a cargo del Juzgado Laboral de Primera Instancia.
Por ello, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
1. Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender como instancia originaria en los presentes autos.
2. Declarar la competencia del Juzgado Laboral Nº 1 de esta ciudad para continuar entendiendo en los presentes autos.
3. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL N° 880 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS
Fin de la sentencia