Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.135 FOLIO Nº 026/029 PROT. ELECT. JR101 282I.261
Río Gallegos, 20 de julio de 2026.
La presente causa caratulada: "Y.D.O. S/Desobediencia", Expte. Nº 29.793/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.227/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 48/51, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de D.O.Y., en orden al delito de “desobediencia (dos hechos) en concurso real" (art. 239 y 55 del CP) y en el punto 3) trabó embargo sobre el dinero o bienes del procesado por la suma de tres (03) millones de pesos.
Que a fs. 57/60vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 64 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por la defensa.
1. De la prisión preventiva: En primer lugar la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido por cuanto entiende que la peligrosidad de fuga sólo surge de la íntima convicción del a quo, ya que no existen probanzas que permitan aseverarlo objetivamente. Por el contrario, afirma que el imputado siempre estuvo a derecho.
Por otra parte advierte que la gravedad del delito cuya comisión se le endilga, por sí sola no acredita –objetiva y concretamente-, el riesgo procesal requerido por la norma, ni resulta suficiente para fundar la prisión preventiva.
Señala además que tampoco quedan pendientes de producción pruebas en que el imputado, por algún tipo de accionar, pudiera hacer peligrar su producción o bien entorpecer el accionar de la Justicia. Sostiene que resultarían procedentes dictar medidas alternativas a la prisión preventiva que igualmente garanticen los fines del proceso.
Pues bien, este primer agravio será desestimado toda vez que yerra la defensa al sostener que el peligro procesal es conjetural o que su asistido “siempre estuvo a derecho”. Desde esta Alzada concordamos con la Instrucción que quien se encuentra imputado por desobediencia precisamente por haber quebrantado una orden judicial previa (como la prohibición de acercamiento) no puede alegar que se encuentra "a derecho". El incumplimiento deliberado de un mandato de la autoridad revela, por sí mismo, una conducta de oposición activa y un "total desapego a la ley", lo que constituye un indicador objetivo de peligrosidad procesal.
En el caso de marras el riesgo de fuga no se calcula únicamente sobre la base de un domicilio fijo, sino sobre la disminución de la expectativa de una resolución favorable ante la acumulación de incumplimientos, lo que objetivamente incrementa la probabilidad de que el imputado intente eludir la acción de la justicia al representarse la certeza de una condena de cumplimiento efectivo. La defensa argumenta que la baja penalidad de la desobediencia en abstracto (art. 239 del Código Penal) impide fundar la prisión preventiva. Sin embargo, este análisis es parcial y descontextualizado. En estos contextos, las órdenes de restricción no son meros mandatos de carácter privado, sino que revisten trascendencia social y son de orden público. La desobediencia a estas medidas lesiona directamente la administración de justicia en su compromiso por erradicar la violencia. (Criterio asentado en la causa caratulada “M.L.T. S/ LESIONES AGRAVADAS Y AMENAZAS (OVD 288)” Expte. Nº M-78836/24, Apelación/Causa JR Nº 10054/26, por citar la más reciente). Conforme a la ley ritual, la exención de prisión o excarcelación puede denegarse tras la "objetiva y provisional valoración de las características del hecho" y las condiciones personales del imputado. Cuando la desobediencia pone en riesgo inminente la seguridad física de la víctima, el estándar de peligrosidad procesal se eleva de manera inmediata, desplazando la discusión sobre la escala penal en abstracto ante la necesidad de evitar la consumación de daños mayores. (Similar criterio aplicado en autos caratulados “L.A. S/ Desobediencia” - Expte. Nº 17.245/25 - Apelación Nº 9984/25).
Bajo la Convención de Belém do Pará, el Estado tiene el deber de "actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia". Minimizar el riesgo de una desobediencia reiterada basándose únicamente en la escala penal del art. 239 del CP implicaría una grave falta de servicio y responsabilidad internacional para el Estado por desproteger a la víctima. (Confr. Causa caratulada: “Tacacho, Mariela Fernanda vs. Provincia de Tucumán y otro s. Daños y perjuicios”, Cám. Cont. Adm. Sala I, San Miguel de Tucumán, Tucumán; del 09/09/2025). Es de destacar lo resuelto por la CIDH en el sentido que: "…los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al art. 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía. …" (CorteIDH. López Soto. Sentencia de Septiembre de 2018). Del mismo modo he de poner de resalto que: "… No haber detenido al agresor representa una violación del estado de proceder con la debida diligencia para proteger a la víctima / los derechos del autor del delito no pueden dejar sin efecto los derechos humanos a la vida y a la integridad física y mental de la mujer…" (cedaw 5/2005 y /2203).
La defensa limita el concepto de "entorpecimiento de la investigación" a la destrucción de pruebas físicas o peritajes pendientes, lo cual es jurídicamente incorrecto, toda vez que el riesgo de entorpecimiento incluye de manera primordial la posibilidad de ejercer presión, hostigamiento o intimidación sobre la víctima o testigos directos para que cambien su declaración o desistan del proceso. Si el imputado ya ha demostrado capacidad para violar los límites impuestos judicialmente para acercarse o contactar a la víctima, existe una presunción razonable de que, de recuperar la libertad, continuará con conductas de hostigamiento que afectarán la libre producción de la prueba testimonial en el futuro debate. (Confr. criterio aplicado en autos caratulados “L.A. S/ Desobediencia” - Expte. Nº 17.245/25 - Apelación Nº 9984/25).
La viabilidad de aplicar medidas de coerción menos gravosas (como tobilleras electrónicas o promesas juradas) queda descartada teniendo en cuenta que las prohibiciones de acercamiento y de contacto constituyen, en sí mismas, medidas alternativas y menos restrictivas que la prisión. Si el encartado ya las habría vulnerado de manera sistemática, habría demostrado fácticamente la ineficacia de cualquier mecanismo de control intermedio que dependa de su sumisión voluntaria. Es por ello que entendemos que, frente al fracaso de las medidas menos lesivas por el propio accionar del imputado, la prisión preventiva se erige como la única medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y salvaguardar la integridad de la persona protegida, motivo por el cual confirmaremos la prisión preventiva del encartado. 2.- Del monto de embargo: En segundo lugar la defensa se agravia del embargo impuesto por cuanto no obran consideraciones que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistido. Menciona también que el imputado no posee ingresos que le permitan afrontar el pago del embargo cautelar. Por ello solicita que, en caso de confirmar el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del mismo. Que con relación a este planteo de la defensa respecto a la reducción o revocación del embargo preventivo, entendemos debe ser desestimado, ya que el monto de la medida cautelar dictada junto con el auto de procesamiento tiene un carácter meramente estimativo y provisorio debido a la etapa procesal que se transita, y su determinación definitiva recién se realizará al momento de dictarse la sentencia final.
De igual modo, según las prescripciones del artículo 499 del Código Procesal Penal, el dictado del embargo constituye una prescripción legal expresa que el magistrado debe ordenar obligatoriamente al resolver la situación procesal del imputado.
Asimismo, la jurisprudencia y doctrina mayoritarias sostienen de manera uniforme que la situación económica del acusado, la escasez de ingresos o la falta de un patrimonio consolidado no deben ser tenidas en cuenta al momento de cuantificar el embargo. El objeto primordial de esta medida cautelar es de carácter preventivo y está destinado exclusivamente a garantizar el pago de la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil de los daños causados y las costas del proceso (que incluyen el pago de la tasa de justicia y los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos intervinientes). (Conforme criterio sostenido invariablemente por esta Alzada, citándose a modo de ejemplo los autos caratulados: “S.A.X. S/ DESOBEDIENCIA – E.C.V.G.” Expte. Nº 26.678/23, Apelación Nº 10.117/26, por nombrar el más reciente).
Por otra parte, al fijar el quantum del embargo cautelar, tampoco se deben soslayar las disposiciones sustantivas de los artículos 29 y 30 del Código Penal, las cuales prevén que en caso de recaer una sentencia condenatoria, se debe ordenar la reposición de las cosas al estado anterior, la indemnización integral del daño material y moral causado, y el pago de las costas procesales en ese orden de prelación.
El control de la alzada sobre dicho monto queda limitado únicamente a constatar que la cifra establecida no resulte de una grosera desproporción con las razones y la gravedad del delito que se investiga.
En consecuencia, encontrando prima facie a la suma fijada como proporcionada y acorde a los fines de la ley, corresponde confirmar el monto establecido en la primera instancia. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 48/51, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
Dr. NELSON A. SÁNCHES JUEZ DE RECURSOS Primera Circunscripción Judicial Ante Mi:
(AIG)
Dra. GABRIELA RENEE PHILLPOTT Jefa de Despacho A/C SECRETARIA Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial
Fin de la sentencia