Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.278 FOLIO Nº 070/073 PROT. ELECT. JR101 426I.261
Río Gallegos, 23 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “D.G.G.M. S/ Infracción al Título III del Libro II del C.P.A.” - Expte. N° 92.919/25 - Apelación/Causa JR Nº 10362/26 venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 60/67vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos por el que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado G.M.D.G. en orden al delito de “Abuso Sexual con Acceso Carnal” (Arts. 45 y 119 tercer párrafo del C.P); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Dos Millones ($2.000.000).
A fs. 70/72vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 82 (código de validación: 7e301066), sin haber presentado el memorial de art. 437 de CPP. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
1. En primer lugar, la defensa encauza sus agravios cuestionando la validez y eficacia de los elementos probatorios específicos incorporados al sumario.
Sostiene que la captura de pantalla obrante a fs. 12 carece de certificación judicial, número telefónico identificable y constatación técnica o pericial informática que garantice su autenticidad o inalterabilidad, tratándose de un medio digital defectuoso e idóneo únicamente si se hallare respaldado por el soporte electrónico original o la correspondiente pericial. Asimismo, tacha de insuficiente la única declaración testimonial de C.E.V. obrante a fs. 13/vta., al considerar que la sola versión de una allegada a la denunciante resulta inepta para fundamentar un procesamiento por un delito de extrema gravedad.
De igual modo, impugna la valoración dada al informe clínico forense de fs. 35/36vta., manifestando que el perito volcó apreciaciones personales y descripciones ambiguas sobre la personalidad del imputado, pretendiendo erigir dicha evaluación psicológica en una prueba de cargo sobre los hechos, desnaturalizando la función del experto.
En segundo lugar, la apelante remarca la falta de prueba y la deficiencia en la investigación de la verdad real. Advierte que de las manifestaciones de la propia denunciante surgen severas contradicciones e imprecisiones temporales, espaciales y circunstanciales, omitiendo precisar días y horas puntuales en que habrían ocurrido los hechos.
A su vez, denuncia que el instructor incurrió en una omisión probatoria determinante al no citar a declarar a los empleados y ex-empleados del comercio, ni a los integrantes de la comunidad religiosa a la que concurre el imputado; testimonios que resultaban insoslayables para agotar la investigación y contrastar el relato de la presunta víctima con pautas objetivas de valoración, tal como lo exige el estricto rigor crítico aplicable a los delitos cometidos en la esfera de la intimidad.
Finalmente, la defensa consolida su pretensión demostrando que el dictado del procesamiento deviene prematuro e infundado al carecer del estándar de probabilidad exigido en esta etapa procesal, configurándose una ausencia total de elementos de convicción suficientes que acrediten la existencia del hecho y la participación punible del encausado.
Argumenta que el auto incriminatorio se sostiene exclusivamente en la palabra de la denunciante -desprovista de corroboraciones periféricas objetivas- y en meras conjeturas o sospechas, lo que representa una clara violación a las reglas de la sana crítica racional, al principio constitucional de inocencia y al postulado in dubio pro reo (art. 18 de la Constitución Nacional). Que ingresando al tratamiento de los agravios traídos a esta Alzada, debemos adelantar la plena coincidencia con el criterio sustentado por el Sr. Juez, por cuanto el auto de procesamiento se presenta como un pronunciamiento sólido, racional y debidamente fundado en las constancias probatorias reunidas en la causa.
Resulta menester recordar que los delitos contra la integridad sexual se caracterizan por ejecutarse en la estricta intimidad, sin la presencia de testigos presenciales, por lo que pretender un estándar probatorio de observación directa equivaldría a consagrar la impunidad de dichos ilícitos. En tal sentido, debemos señalar que el testimonio de la persona damnificada resulta ser la prueba dirimente y adquiere pleno valor convictivo para sostener la probabilidad incriminatoria cuando se halla respaldado por indicios y elementos de corroboración periférica, tal como ocurre en el sub lite.
En lo atinente al agravio volcado sobre las capturas de pantalla de los mensajes de texto, debe precisarse que más allá de la ausencia de certificación, advertimos la validez de la evidencia digital cuando se encuentra integrada armónicamente al resto del plexo probatorio. No obstante ello, aun acudiendo a la supresión hipotética -esto es, prescindiendo de dichas capturas digitales-, la resolución puesta en crisis no sufre alteración alguna, manteniéndose incólume en su resultado. En efecto, consideramos que la imputación se encuentra acabadamente sostenida en la declaración de la Sra. M.E.M., el informe psicodiagnóstico del Cuerpo Pericial de Psicólogos del T.S.J. confeccionado por el Lic. D.R. -quien constató la presencia de sintomatología postraumática, estrés, hipervigilancia y una marcada asimetría de poder, descartando indicadores de fabulación o mendacidad-, y el testimonio fundamental de su compañera de trabajo, C.E.V.
Que, esta última no sólo receptó la develación del abuso por parte de la víctima, sino que declaró haber presenciado de manera directa conductas anómalas y situaciones extrañas por parte del encausado -como perseguir intencionalmente a la damnificada hacia el sector de los baños-, lo que la llevó en su momento a confrontar e increpar personalmente a D.G. por su abuso de poder.
De igual modo, corresponde desestimar el planteo referido a presuntas contradicciones o imprecisiones en el relato de la damnificada, ya que, del examen integral de sus manifestaciones no se advierten incongruencias que conmuevan la verosimilitud de sus dichos; por el contrario, la denunciante ha mantenido un discurso coherente y persistente frente a las distintas dependencias.
Por otro lado, la circunstancia de no haber detallado con exactitud el día y hora puntual en que acaecieron los hechos no erosiona la materialidad delictiva ni obstaculiza el ejercicio de la defensa en juicio, toda vez que las circunstancias de tiempo, modo y lugar habrían quedado acotadas al marco temporal de la relación laboral desarrollada en la cocina del establecimiento comercial.
En lo relativo al agravio por la supuesta omisión de citar a declarar a otros empleados o integrantes de la comunidad religiosa del imputado, el mismo deviene improcedente. En primer lugar, el Juez de Instrucción detenta la dirección del proceso y la discrecionalidad técnica para escoger y producir únicamente aquellas diligencias que juzgue pertinentes y útiles para la averiguación de la verdad real, desechando las inconducentes o sobreabundantes.
En segundo lugar, la defensa no puede alegar un déficit investigativo del órgano jurisdiccional cuando ella misma omitió proponer u ofrecer la producción de dichas testimoniales durante el curso de la instrucción, facultad que le estaba ampliamente conferida por el ritual penal (de conformidad con lo normado por el artículo 190 del CPP).
Por último, complementando el análisis del plexo probatorio reunido, se destaca que el a quo hizo referencia concreta al contenido de cada una de las pruebas glosadas a la causa en relación con la materialidad y la autoría de los hechos, valorando y efectuando apreciaciones fundadas respecto de cada una de ellas para sostener el juicio de probabilidad que pesa sobre el encausado.
En este marco, resulta insoslayable enfatizar que la evaluación de los acontecimientos no puede realizarse de forma descontextualizada, sino que exige ponderar de manera obligatoria la matriz de violencia de género en la modalidad laboral (arts. 4, 5 y 6 inc. c de la Ley 26.485) en la que se enmarcaron las agresiones investigadas.
En efecto, del estudio integral del legajo surge con total nitidez que la víctima se habría encontrado sometida a una profunda asimetría de poder, viéndose reducida, acorralada y condicionada en su capacidad de resistencia al tratarse del dueño y jefe directo del establecimiento comercial donde desempeñaba sus tareas. Esta posición de dominación y superioridad jerárquica habría sido utilizada por el imputado para instaurar una dinámica de hostigamiento, acoso y persecución constante, aprovechándose de la vulnerabilidad social y económica de la damnificada -sostén único de su hogar- para menoscabar su dignidad y avasallar su integridad sexual en el lugar de trabajo.
Sobre el particular, la jurisprudencia de los tribunales provinciales ha delineado con precisión la gravedad y los contornos de este tipo de conductas en el ámbito del empleo, sosteniendo que: “(…) De las constancias de la causa resulta debidamente acreditado que la denunciante padeció una situación de violencia de género de tipo psicológica en la modalidad laboral, por parte del acusado, quien se desempeñaba como supervisor y que éste, abusando de su cargo y superioridad jerárquica, la sometió a diferentes formas de violencia laboral que se manifestaron en maltrato verbal, hostigamiento y acoso, basado en el terror y la persecución laboral, lo que afectó la salud de la actora quien comenzó a padecer náuseas, falta de aire, ataques de pánico y afecciones gastrointestinales, comportamiento que le produjo al acusado, sentimiento de placer, alivio, disfrute y regocijo ante las consecuencias lesivas que se visualizaban en la persona de la víctima (…)” (Cita online TR LALEY AR/JUR/89278/2022).
En consonancia con dicho criterio jurisprudencial, las circunstancias aquí analizadas permitirían comprender cabalmente las razones que habrían llevado a la víctima a mostrarse imposibilitada y, a la vez, renuente a reincorporarse a su puesto de trabajo ante la inminencia del regreso del encausado de su período vacacional, tal como lo manifestó a fs. 06.
Que, el atemorizamiento y la limitación psicológica experimentados por la víctima ante los abusos sistemáticos de su superior jerárquico explican de forma cabal la dificultad y el retraso en la exteriorización de la denuncia, así como los severos indicadores de estrés postraumático, angustia y sobreadaptación consignados en el informe psicológico pericial.
Por consiguiente, habiendo valorado el magistrado de grado las pruebas en su conjunto y bajo las pautas de la sana crítica racional con perspectiva de género y laboral, los agravios de la defensa deben ser íntegramente desestimados, ratificándose la solidez del auto de procesamiento recurrido.
2. De manera subsidiaria, la letrada se agravia del embargo trabado, tachándolo de arbitrario y desproporcionado por haberse fijado en un monto excesivo -la suma de PESOS Dos Millones ($2.000.000)- respecto de la capacidad económica del imputado y sin el diligenciamiento previo de un informe ambiental y socioeconómico. Resalta asimismo que no se realizó como medida previa el informe social establecido en los arts. 24 y 41 del CPP para fijar la suma del embargo.
Ingresando al tratamiento del último agravio relativo al monto del embargo trabado, corresponde adelantar que la solicitud de reducción efectuada por la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia.
En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 67, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En este sentido, debo decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita:
TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "...conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de lo señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse -llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación.
Es por ello que el embargo cautelar decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. La defensa del imputado G.M.D.G. formula reserva del recurso de casación y extraordinario federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 60/67vta, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.- 2°)- TENER PRESENTE las reservas de los recursos de Casación y Federal.-
3º) - REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
4º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia