Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-37983-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuesto in pauperis por el imputado Alegre y por la Defensora Oficial (asistente de los imputados Gatti y Alegre), por los motivos expuestos en el considerando (cfr. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106, 164, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar , el auto apelado en todo cuanto fuera materia de agravios , por las razones expuestas en los considerandos (arts. 167 incisos 2, 3 y 4 este último en función del art. 163 inc. 4to. del Código Penal; 106, 144, 148, 157 y 158, 169 a contrario, y ccdtes. del C.P.P. y 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
AUTOS
A fin de resolver los recursos de apelación interpuestos, in pauperis por el imputado Alegre y por la Defensora Oficial (asistente de los imputados Gatti y Alegre) contra el auto dictado por el Magistrado titular del Juzgado de Garantías nro.4 departamental, doctor Esteban Rossignoli mediante el cual resolvió -en lo que aquí interesa-: I) CONVERTIR EN PRISION PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCION (.) de Eduardo Daniel Alegre y Ciro Nicolás Escalante , ambos de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por efracción, escalamiento y por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda (art. 167 incisos 2, 3 y 4, este último en función del 163 inc. 4to. del Código Penal, hecho 3, I.P.P. 14-00- 4477-26), y finalmente de Elías Leonel Gatti , también de las demás circunstancias personales obrantes en este expediente, por resultar "prima facie" partícipe necesario del delito de robo agravado por efracción, escalamiento y por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda (art. 167 incisos 2, 3 y 4, este último en función del 163 inc. 4to. del Código Penal, hecho 3, I.P.P. 14-00- 4477-26).
Y
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar los recursos de apelación interpuestos, y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar, el doctor Oscar Roberto Quintana y en segundo término el Juez Carlos Fabián Blanco.
A continuación, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Son admisibles las impugnaciones planteadas?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ, DR QUINTANA, DIJO:
Que las partes recurrentes resultan legitimada ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, conforme surge de las constancias del presente.
Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado con relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales impugnables mediante el recurso de apelación (art. 164 del C.P.P.).
Ha cumplido también la defensa con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del juez a quo , consignando la respectiva fundamentación.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA (cfr. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106, 164, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ, CARLOS FABIAN BLANCO DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi colega preopinante, doctor Quintana, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del rito).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ, DR QUINTANA, DIJO :
I. Que el señor Magistrado titular del Juzgado de Garantías nro.4 departamental, doctor Esteban Rossignoli resolvió -en lo que aquí interesa-: I) CONVERTIR EN PRISION PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCION (.) de Eduardo Daniel Alegre y Ciro Nicolás Escalante, ambos de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por efracción, escalamiento y por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda (art. 167 incisos 2, 3 y 4, este último en función del 163 inc. 4to. del Código Penal, hecho 3, I.P.P. 14-00- 4477-26), y finalmente de Elías Leonel Gatti, también de las demás circunstancias personales obrantes en este expediente, por resultar "prima facie" partícipe necesario del delito de robo agravado por efracción, escalamiento y por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda (art. 167 incisos 2, 3 y 4, este último en función del 163 inc. 4to. del Código Penal, hecho 3, I.P.P. 14-00- 4477-26).
Para así decidir, repasó los tres hechos investigados y de manera pormenorizada todos los elementos de convicción reunidos en las actuaciones, que consideró suficientes para tener por acreditada su materialidad ilícita.
En cuanto al hecho 1, ocurrido el 12 de julio de 2026, aproximadamente a las 2:00 horas, en la vivienda ubicada en la calle Prado n.º 3051/3057 de Victoria, partido de San Fernando, señaló que Escalante, Ugarte y Alegre, junto con otro individuo no identificado, habrían concurrido a bordo de una camioneta Fiat Strada conducida por este último y, aprovechando la ausencia de moradores, mediante una división de roles, ejercieron fuerza sobre los barrotes de una ventana para ingresar a la finca y apoderarse de diversos bienes, entre ellos armas decorativas, cuchillos tácticos y prendas de vestir, retirándose posteriormente en el vehículo en el que aguardaba Alegre.
Respecto del hecho 2, acaecido el 22 de julio de 2026, aproximadamente a la 1:00 hora, en la vivienda situada en la calle Maximino Pérez n.º 956 de Victoria, indicó que Escalante, Ugarte, Alegre y una persona menor de edad, mediante una inteligencia previa y división de roles, habrían cortado el cerco eléctrico, escalado las rejas perimetrales y forzado los barrotes de una ventana para ingresar al inmueble y sustraer diversas alhajas, un perfume y otros bienes, retirándose luego en la misma camioneta Fiat Strada, donde aguardaba Alegre.
Finalmente, en relación con el hecho 3, ocurrido el 25 de julio de 2026, aproximadamente a la 1:00 hora, en la vivienda ubicada en la calle Gerónimo Barboza n.º 1525 de San Isidro, sostuvo que Escalante, Alegre, una persona menor de edad y otro individuo no identificado, contando con información previamente suministrada por Gatti acerca de los moradores, sus movimientos y los bienes existentes en la propiedad, habrían escalado el perímetro y forzado los barrotes de una ventana para ingresar al inmueble, de donde sustrajeron dinero, relojes, computadoras, prendas de vestir, llaves de ignición de varios rodados, otros efectos y un vehículo Toyota Corolla, retirándose del lugar en este último rodado, secundado por la camioneta Fiat Strada conducida por Alegre.
Para sustentar la materialidad de los hechos y la probable intervención de los imputados, ponderó los múltiples elementos de cargo agregados a la tramitación, entre ellos: actas de procedimiento, declaraciones de los damnificados, inspecciones oculares, fotografías, filmaciones de cámaras de seguridad, seguimientos vehiculares, informes de dominio, apertura de antenas, análisis de dispositivos móviles y resultados de los allanamientos practicados.
En particular- en lo que aquí es materia de apelación- consideró que Alegre y Escalante resultaban prima facie coautores del hecho n 3, mientras que Gatti habría intervenido como partícipe necesario, en atención a la información que habría proporcionado para facilitar su ejecución.
Efectuó un análisis puntual sobre cada elemento de cargo y los hechos 1 y 2; para luego ingresar específicamente al evento 3.
En relación con este último, ponderó el acta de procedimiento inicial, de la que surge que el personal policial constató una reja forzada, desorden generalizado en el interior de la vivienda y el faltante de un vehículo Toyota Corolla Cross, entre otros bienes. Seguidamente, valoró la declaración de la oficial Daniela Clermon, quien, a partir de las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad, observó a cuatro individuos cometer el hecho, retirándose en el vehículo sustraído, secundado por una camioneta Fiat Strada.
Asimismo, consideró el testimonio del damnificado Marcelo Armando Amargan, quien detalló los bienes sustraídos, las circunstancias del ingreso a la vivienda y reconoció, en las imágenes extraídas del teléfono de Escalante, el baño y el jardín de su propiedad.
A ello agregó los informes de apertura de antenas de los dispositivos utilizados por Escalante y Alegre, que los posicionaron en el lugar del hecho, y el análisis de sus teléfonos celulares, del que surgió el vínculo entre ambos. En particular, destacó una fotografía de Escalante tomada en el interior de la vivienda, filmaciones del vehículo sustraído y comunicaciones relacionadas con los hechos investigados. Respecto de Alegre, señaló que las cámaras de seguridad permitieron verificar nuevamente la utilización de la camioneta Fiat Strada de su propiedad.
En cuanto a Gatti, ponderó las comunicaciones halladas en el teléfono de Escalante con el contacto "Elías Mopri", cuyo abonado se encontraba a nombre del nombrado. Si bien las conversaciones habían sido borradas, se recuperó una captura de pantalla que hacía referencia al "entregador" y contenía información sobre los vehículos de los damnificados, sus posibles sistemas de rastreo y el viaje familiar, circunstancias corroboradas por la víctima.
Finalmente, valoró los resultados de los allanamientos, en los que se secuestraron diversos elementos vinculados con los hechos investigados, y concluyó que existían indicios firmes, plurales, convergentes y directos suficientes para considerar, prima facie, a Alegre y Escalante coautores y a Gatti partícipe necesario del hecho 3.
En cuanto a los peligros procesales, consideró que se encontraban acreditados los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio, conforme a los artículos 148, 157, inciso 4°, y 171 del CPP.
En primer lugar, señaló que la situación de los imputados no se encontraba comprendida en los supuestos del artículo 169, incisos 1° y 2°, del ceremonial, dado que el concurso material de delitos atribuido a Escalante, Alegre y Ugarte, así como el ilícito imputado a Gatti, contemplaban una pena superior a los ocho años de prisión.
Respecto del inciso 3° de dicha norma, sostuvo que, en el caso de Escalante, Alegre y Ugarte, el concurso real de delitos atribuido determinaría que una eventual condena se alejara sensiblemente del mínimo legal de tres años, por lo que sería de efectivo cumplimiento. A ello añadió las diversas agravantes de los delitos contra la propiedad investigados y las tareas de inteligencia previa realizadas para concretarlos, que denotaban una mayor gravedad.
En cuanto a Gatti, destacó que registraba antecedentes condenatorios, conforme al informe del Registro Nacional de Reincidencia, circunstancia que también impediría una eventual condena de ejecución condicional.
Agregó que tales extremos, sumados al estado de la causa principal, aún en pleno trámite, y al tiempo que los imputados llevaban privados de su libertad -desde el 1° de septiembre de 2026, respecto de este hecho-, permitían sostener la subsistencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento probatorio.
Finalmente, entendió que la prisión preventiva constituía el único medio idóneo para asegurar el sometimiento de los imputados al proceso y la investigación del hecho, resultando necesaria y proporcional, sin posibilidad de sustituirla por una medida de menor intensidad, al no verificarse los supuestos del artículo 159 del CPP ni circunstancias extraordinarias que permitieran aplicar el artículo 170 del mismo cuerpo legal.
II. La defensa sostuvo que no se advierte la concurrencia de los riesgos procesales requeridos para disponer la medida coercitiva, afectándose la garantía constitucional de atravesar el proceso penal en libertad y el estado de inocencia que ampara a los imputados hasta el dictado de una sentencia condenatoria firme (cita doctrina internacional y nacional de tribunales superiores).
Señaló que, conforme a los artículos 148 y 157, inciso 4°, del CPP, los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación deben demostrarse y no presumirse, cuestionando que el magistrado haya sustentado la medida solamente en la pena en expectativa, sin considerar las restantes circunstancias relevantes -cita fallo de Superior Tribunal de Cordoba-. En ese sentido, sostuvo que la doctrina tiene dicho que el monto de la escala penal no resulta suficiente, por sí solo, para justificar una medida de coerción de carácter excepcional.
Afirmó que de los elementos incorporados al legajo no surge motivo alguno para entender que Alegre y Gatti, estando en libertad, podrían eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, destacando que ambos acreditan arraigo.
Respecto de Alegre, señaló que su hermano, Juan Simón Alegre, ofreció recibirlo en su domicilio de la calle Charlín 456 de San Fernando y brindarle contención y apoyo. También indicó que el imputado padece diabetes tipo 2, que controla diariamente su glucemia e ingiere metformina, y que antes de su detención trabajaba realizando tareas de mantenimiento para el Concejo Deliberante de San Fernando.
En cuanto a Gatti, destacó que su madre, Yésica Magdalena Aquino, ofreció recibirlo en su domicilio de la calle Quirno Costa n.º 2250 de San Fernando, donde residiría junto a ella y su tío, contando con la contención y el apoyo familiar. Añadió que el nombrado realiza changas para solventar sus necesidades económicas.
Asimismo, cuestionó que la sola referencia a antecedentes penales, sin precisar las causas circunstancias concretas que permitan presumir fundadamente que Gatti intentará burlar la acción de la justicia, constituya un fundamento válido para mantener su detención.
Por último, solicitó que se consideren las conclusiones del Comité departamental sobre la situación de los detenidos alojados en comisarías y la superpoblación de las unidades penitenciarias, así como los lineamientos establecidos en el precedente "Verbitsky" (CSJN) relativos a las condiciones de detención y la necesidad de ponderar medidas de coerción menos lesivas.
En definitiva, sostuvo que no se encuentran acreditados los riesgos procesales invocados por el magistrado de origen, por lo que solicitó revocar la resolución impugnada y disponer la libertad de ambos imputados.
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, adelanto que a mi juicio no habrán de tener acogida favorable a los agravios de la defensa, por las razones que paso a exponer.
De manera preliminar, habré de aclarar que el objeto de conocimiento de la alzada debe limitarse a tratar los puntos de agravio postulados por la parte recurrente, con la excepción de causales de nulidad absoluta, tal como lo establece el art. 434 del ritual, o cuando permitiese mejorar la situación del imputado (art. 435 CPP).
En el marco de las audiencias celebradas en virtud de lo previsto en el art. 308 del ritual se imputó los siguientes hechos. Respecto del imputado Eduardo Daniel Alegre : ". Que el día 12 de julio de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas de la madrugada, Ciro Nicolás Escalante, Arian Bautista Ugarte, y Eduardo Daniel Alegre junto al menos un individuo de sexo masculino por el momento no identificado, se hicieron presentes a bordo de una camioneta marca Fiat modelo Strada de color rojo dominio AA170VI conducida por Alegre con fines ilícitos de desapoderamiento en la vivienda emplazada en la arteria Prado N° 3051/3057 de la localidad de Victoria, partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, lugar este de la propiedad de Maria de las Mercedes Mira y su entorno familiar.
En ese contexto, los imputados aprovechando la ausencia temporal de moradores en ese ámbito, y hallándose claramente dotados de una inteligencia previa y de una división de roles ejercieron fuerza sobre los barrotes de una reja colocada en una ventana de la finca mencionada, logrando vencer la resistencia de aquella luego de doblarla hacia sus extremos opuestos y una vez en el espacio interior de la misma se apoderaron de un revolver decorativo, un rifle de aire comprimido, dos cuchillos tácticos, una funda de un revolver y vestimentas y sombreros varios de hombre y bienes varios, siendo que una vez en poder de los elementos referidos los causantes Escalante, Ugarte y el sujeto no identificado se retiraron de aquel sitio a pie inicialmente abordando luego en las zonas aledañas la camioneta Fiat Strada donde aguardaba Alegre para darse finalmente a la fuga con el producido de su actividad ilícita" HECHO 1 que conforma la IPP 14-05-3891-26.
"Que el día 22 de julio de 2026, siendo aproximadamente las 01:00 horas, los aquí imputados Ciro Nicolás Escalante, Arian Bautista Ugarte, Tobias Mollo Prieto -menor de edad- y Eduardo Daniel Alegre se hicieron presentes a bordo de una camioneta marca Fiat modelo Strada de color rojo dominio AA170VI conducida por Alegre con fines ilícitos de desapoderamiento en la vivienda emplazada en la arteria Maximino Perez N° 956 de la localidad de Victoria, partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, lugar este de la propiedad de Antonio Agustín Bagatoli y su entorno familiar. En ese contexto, los imputados aprovechando la ausencia temporal de moradores en ese ámbito, y hallándose claramente dotados de una inteligencia previa y de una división de roles cortaron el cerco eléctrico de la finca (que se distribuye por todo su frente y sobre las rejas perimetrales con la vía pública) escalaron la misma que oscila los dos metros de altura aproximadamente y una vez en el interior ejercieron fuerza sobre los barrotes de una reja colocada en una ventana de la finca mencionada, logrando vencer la resistencia de aquella luego de doblarla hacia sus extremos opuestos y una vez en el espacio interior de la misma se apoderaron de un anillo de plata con el grabado de San Benito, una alianza de oro, un perfume marca Carolina Herrera modelo New York Goog Girl Its So Goog to de Bad de 50 ml (forma o presentación de zapato de mujer con taco de color dorado y restante de color negro) y bienes varios, siendo que una vez en poder de los elementos referidos los causantes se retiraron de aquel sitio a pie inicialmente abordando la camioneta Fiat Strada donde aguardaba Alegre en las zonas aledañas para darse finalmente a la fuga con el producido de su actividad ilícita" HECHO N° 2 que conforma la IPP 14-05-4098-26.
"Que el día 25 de julio de 2026, siendo aproximadamente las 01:00 horas, los aquí imputados Ciro Nicolás Escalante, Tobias Mollo Prieto - menor de edad-, Franco Ignacio Garcia Martin, un individuo a la fecha no identificado y Eduardo Daniel Alegre se hicieron presentes a bordo de una camioneta marca Fiat modelo Strada de color rojo dominio AA170VI conducida por Alegre con fines ilícitos de desapoderamiento en la vivienda emplazada en la arteria Gerónimo Barboza N° 1525 de la localidad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, lugar este de la propiedad de Marcelo Armando Amargan y su entorno familiar. En ese contexto, los imputados aprovechando la ausencia temporal de moradores en ese ámbito, y hallándose dotados de una inteligencia previa de la que formó parte el también aquí imputado Elias Leonel Gatti suministrando a los primeramente nombrados información concreta y directa asociada a los moradores, sus movimientos y todo tipo de datos que pudiera ser de interés inclusive en orden a la propiedad y sus bienes permitiendo facilitar su desarrollo como así garantizar la impunidad del plan delictivo en el marco de una clara división de roles, procedieron a escalar las líneas perimetrales con la vía pública que oscila los dos metros de altura aproximadamente y una vez en el interior ejercieron fuerza sobre los barrotes de una reja colocada en una ventana de la finca mencionada, logrando vencer la resistencia de aquella luego de doblarla hacia sus extremos opuestos y una vez en el espacio interior de la misma se apoderaron de un reloj marca Festina modeo Daytona de color azul con malla de silicona de color negro, un reloj marca Festina modelo Cirus de color negro con malla de cuero de color negro, un reloj antiguo de oro con malla de cuero de color marrón, un reloj marca Orient modelo Titanium de color gris plata con malla metálica, una computadora notebook marca Lenovo de color negra, una computadora notebook marca HP d e color gris, una billetera marca Tropea con documental a nombre de Laura Carina Ramirez, un Iphone 12 de color negro, juegos de llave del domicilio donde acaecieran los hechos, un perfume masculino marca Tom Ford "Leather", un perfume masculino marca Calvin Klein One, un perfume femenino marca Lancome modelo La Vie Est Belle, un perfume Calvin Klein Euphoria, un perfume marca Paula Cahen D´anvers, un perfume Crystal Pink, dos botellas de whisky marca Macallan 12 años, dos botellas de whisky Jack Daniels, una alianza de matrimonio de oro, dos pulseras de plata y un anillo de plata, dinero en efectivo por la suma de quinientos mil pesos argentinos y tres mil dolares estadounidenses, un control remoto de garage, reloj marca "Orient" de oro, reloj Bulova de hombre de color negro con agujas de color negro, malla de metal de color negro y el fondo gris, una cafetera eléctrica marca Dream de color megro con gris, ropa distinguiendo camperas, body, antiparras todo ello para triatlon talle L, dos relojes Garmin, campera "Magenta" de color azul, campera tipo Uniqlo pero marca YSL, un equipo de Neoprene marca "Aleda", zapatos de ciclismo "Spezialized", anteojos Rock Bross, carteras marca Prune, las llaves de ignición de los rodados Ford Ranger dominio AC830JP, Honda HRV dominio AC625VT, Nissan Kicks dominio AE814SY, el vehículo marca Toyota modelo Corolla domino AI167HX, siendo que una vez en poder de los elementos referidos los causantes se retiraron de aquel sitio a bordo de la camioneta marca Toyota munidos además de los restantes bienes siendo secundado detrás y unos instantes posteriores por la camioneta Fiat Strada donde aguardaba Alegre en las zonas aledañas para darse finalmente a la fuga todos estos con el producido de su actividad ilícita" HECHO N° 3 que conforma la IPP 14-00-4477-26.".
Respecto de Elías Leonel Gatti ". Que el día 25 de julio de 2026, siendo aproximadamente las 01:00 horas, los aquí imputados Ciro Nicolás Escalante, Tobias Mollo Prieto - menor de edad-, Franco Ignacio Garcia Martin, un individuo a la fecha no identificado y Eduardo Daniel Alegre se hicieron presentes a bordo de una camioneta marca Fiat modelo Strada de color rojo dominio AA170VI conducida por Alegre con fines ilícitos de desapoderamiento en la vivienda emplazada en la arteria Gerónimo Barboza N° 1525 de la localidad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, lugar este de la propiedad de Marcelo Armando Amargan y su entorno familiar. En ese contexto, los imputados aprovechando la ausencia temporal de moradores en ese ámbito, y hallándose dotados de una inteligencia previa de la que formó parte el también aquí imputado Elias Leonel Gatti suministrando a los primeramente nombrados información concreta y directa asociada a los moradores, sus movimientos y todo tipo de datos que pudiera ser de interés inclusive en orden a la propiedad y sus bienes permitiendo facilitar su desarrollo como así garantizar la impunidad del plan delictivo en el marco de una clara división de roles, procedieron a escalar las líneas perimetrales con la vía pública que oscila los dos metros de altura aproximadamente y una vez en el interior ejercieron fuerza sobre los barrotes de una reja colocada en una ventana de la finca mencionada, logrando vencer la resistencia de aquella luego de doblarla hacia sus extremos opuestos y una vez en el espacio interior de la misma se apoderaron de un reloj marca Festina modeo Daytona de color azul con malla de silicona de color negro, un reloj marca Festina modelo Cirus de color negro con malla de cuero de color negro, un reloj antiguo de oro con malla de cuero de color marrón, un reloj marca Orient modelo Titanium de color gris plata con malla metálica, una computadora notebook marca Lenovo de color negra, una computadora notebook marca HP d e color gris, una billetera marca Tropea con documental a nombre de Laura Carina Ramirez, un Iphone 12 de color negro, juegos de llave del domicilio donde acaecieran los hechos, un perfume masculino marca Tom Ford "Leather", un perfume masculino marca Calvin Klein One, un perfume femenino marca Lancome modelo La Vie Est Belle, un perfume Calvin Klein Euphoria, un perfume marca Paula Cahen D´anvers, un perfume Crystal Pink, dos botellas de whisky marca Macallan 12 años, dos botellas de whisky Jack Daniels, una alianza de matrimonio de oro, dos pulseras de plata y un anillo de plata, dinero en efectivo por la suma de quinientos mil pesos argentinos y tres mil dolares estadounidenses, un control remoto de garage, reloj marca "Orient" de oro, reloj Bulova de hombre de color negro con agujas de color negro, malla de metal de color negro y el fondo gris, una cafetera eléctrica marca Dream de color megro con gris, ropa distinguiendo camperas, body, antiparras todo ello para triatlon talle L, dos relojes Garmin, campera "Magenta" de color azul, campera tipo Uniqlo pero marca YSL, un equipo de Neoprene marca "Aleda", zapatos de ciclismo "Spezialized", anteojos Rock Bross, carteras marca Prune, las llaves de ignición de los rodados Ford Ranger dominio AC830JP, Honda HRV dominio AC625VT, Nissan Kicks dominio AE814SY, el vehículo marca Toyota modelo Corolla domino AI167HX, siendo que una vez en poder de los elementos referidos los causantes se retiraron de aquel sitio a bordo de la camioneta marca Toyota munidos además de los restantes bienes siendo secundado detrás y unos instantes posteriores por la camioneta Fiat Strada donde aguardaba Alegre en las zonas aledañas para darse finalmente a la fuga todos estos con el producido de su actividad ilícita" HECHO N° 3 que conforma la IPP 14-00-4477-26.."
El magistrado a quo entendió que Daniel Alegre , resulta "prima facie" coautor penalmente responsables del delito de robo agravado por efracción, escalamiento y por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda (art. 167 incisos 2, 3 y 4, este último en función del 163 inc. 4to. del Código Penal, hecho 3, I.P.P. 14-00-4477-26), y Elías Leonel Gatti , resulta "prima facie" partícipe necesario del delito de robo agravado por efracción, escalamiento y por haber sido perpetrado en lugar poblado y en banda (art. 167 incisos 2, 3 y 4, este último en función del 163 inc. 4to. del Código Penal, hecho 3, I.P.P. 14-00- 4477-26).
Aclarado ello, advierto que, de la lectura del recurso interpuesto en favor de Eduardo Daniel Alegre y Elías Leonel Gatti, la defensa no formula agravio alguno respecto de la materialidad de los hechos ni de la probable participación de su asistido en ellos. En consecuencia, el análisis de esta Alzada quedará circunscripto a determinar si se encuentran debidamente acreditados los riesgos procesales invocados para sustentar la medida de coerción , por ser éste el concreto objeto de cuestionamiento traído a conocimiento de esta instancia.
Ahora bien, en cuanto a los elementos que fundan los peligros procesales que tornan procedente la coerción impuesta he de señalar, tal como tengo dicho, si bien el eje rector que debe regir durante la sustanciación del proceso es la libertad del imputado en virtud del principio de inocencia (art. 18 de la C.N.), también es cierto que el mencionado derecho constitucional puede ser acotado ante la necesidad de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley material.
Dichos extremos contemplados en el artículo 144 del C.P.P., deben conjugarse en armonía con lo preceptuado por el artículo 148 del mismo cuerpo legal que permite aplicar una medida de coerción, en tanto no resulte irrazonable ni desproporcionada, y se determine que la misma resulta necesaria ante la verificación de peligros procesales.
En tal sentido, el artículo 148 del Código Procesal Penal establece que para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Luego de ello la norma resalta especialmente, entre otros, la pena que se espera como resultado del procedimiento -inciso segundo- y el comportamiento del imputado durante el mismo, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal -inciso cuarto-.
Dicha norma guarda estrecha relación con lo establecido en los artículos 7.5 de la C.A.D.H. y 9.3 del P.I.D.C.yP., que subordinan la libertad durante el proceso a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al mismo, y finalmente el artículo 21 de la Constitución Provincial establece que deberá atenderse a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, a fin de acordar la libertad provisional.
Al respecto se ha sostenido que "El peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, abarcados en la denominación genérica de peligro procesal constituye una pauta que legítimamente puede consultarse a fin de establecer límites al principio establecido, desde que la libertad, como todos los derechos que la Constitución reconoce y garantiza, no es absoluta pues, en nuestro derecho constitucional, no hay ninguno que lo sea (CSJN, Fallos, 136:161; 142:80; 191:197, entre otros), resultando de la esencia de todos ellos que se ejerzan conforme disponga su reglamentación (arts. 14 y 28 de la C.N.), en procura de evitar el detrimento de unos por los otros, compatibilizándolos entre sí y con los que corresponden a la comunidad (CSJN, Fallos, 253:114, considerando 8°)" (T.C.B.A., Sent. 31-3-2009, causa "M., P. s/ Recurso de casación").
No resulta ocioso, en este contexto, recordar las palabras de Cafferata Nores, quien sobre el particular ha expresado: " Si bien no hay referencia alguna en la normativa supranacional al peligro de entorpecimiento de la investigación como razón de la prisión preventiva, la jurisprudencia supranacional la ha aceptado, sin mayores disquisiciones, quizás porque la entiende como un modo de asegurar la comparecencia y aseguramiento del acusado "en cualquier otro momento de las diligencias procesales" (art. 9.3 PIDCP), que siendo de contenido probatorio, pudieran verse frustradas si aquel permaneciera en libertad...". Además agrega: "Tratando de darle contenido a esta excepcionalidad hemos señalado que la finalidad constitucional de afianzar la justicia (preámbulo de la C.N.) hacia la que se orienta el juicio previo, requiere que no se impida ni se obstaculice su realización..." (José I. Cafferata Nores, Proceso Penal y Derechos Humanos, La influencia de la normativa supranacional sobre los derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino, 2da. edición actualizada por Santiago Martínez, pág. 217).
En la misma línea de pensamiento, como se advierte del fallo previamente citado, se encolumna el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que mantiene inalterable su posición respecto de la prisión preventiva durante el proceso penal cuando, en clara referencia a su constitucionalidad, expresó "Así como es dable reconocer raigambre constitucional al instituto de la excarcelación durante el proceso no es menos cierto que también reviste ese origen su necesario presupuesto, o sea el instituto de la prisión preventiva, desde que el artículo 18 de la Carta Fundamental autoriza el arresto en virtud de orden escrita de autoridad competente (CSJN, fallos, 280:297)" (TCBA, causa nº 33856, Sent. 31-3-2009, caratulada "M.,P.A. y M.,C.R. s/ Recurso de casación").
Sentado ello, en el caso que nos convoca, corresponde examinar separadamente la situación de ambos imputados, atendiendo a las particularidades de las conductas atribuidas y sus respectivas condiciones personales. En lo que respecta a Alegre, advierto que la pena en expectativa resulta elevada, particularmente si se considera el concurso real de delitos que se le atribuye, circunstancia que impide encuadrar su situación en los supuestos excarcelatorios previstos en el artículo 169, incisos 1° y 2°, del C.P.P., en tanto la escala penal aplicable supera en su máximo los ocho años de prisión.
Por otro lado, tal como señalara el Magistrado a quo, si bien el mínimo legal de tres años permitiría, en principio, examinar su situación a la luz del inciso 3° de la citada norma, las particulares circunstancias de los hechos investigados, su reiteración y la concurrencia de diversas agravantes permiten sostener que, de recaer una condena, la pena a imponer se alejaría sensiblemente del mínimo legal, tornando improbable su ejecución condicional.
A ello se suma que los sucesos habrían estado precedidos de tareas de inteligencia y una división de roles, aspectos que también deben ponderarse al evaluar la gravedad de las conductas atribuidas.
En cuanto a Gatti, si bien se le atribuye intervención como participe necesario únicamente en el hecho individualizado con el número 3, la escala penal correspondiente también supera en su máximo los ocho años de prisión, por lo que su situación tampoco queda comprendida en los supuestos contemplados en el artículo 169 incisos 1° y 2° del ceremonial.
A su vez, respecto de la posibilidad prevista en el inciso 3° de dicha disposición, adquiere particular relevancia que Gatti registra una condena anterior de tres años de prisión de ejecución condicional, dictada el 24 de agosto de 2023 por el Tribunal en lo Criminal 6 departamental, por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, cometido en poblado y en banda. En efecto, el nuevo hecho que aquí se le atribuye, ocurrido el 25 de julio de 2026, habría sido cometido dentro del plazo de cuatro años previsto en el artículo 27 del Código Penal, circunstancia que, de recaer una nueva sentencia condenatoria, determinaría las consecuencias previstas en dicha disposición. De este modo, no resulta probable que una eventual condena pueda ser dejada en suspenso, extremo que refuerza la entidad de la pena en expectativa como indicador de peligro procesal.
En este punto cabe subrayar que las características concretas de los hechos constituyen pautas relevantes para evaluar los riesgos procesales, pues se habría verificado la utilización de un vehículo para arribar y retirarse de los lugares, el forzamiento de barreras físicas para ingresar a las viviendas y una organización previa funcional, con distribución de roles entre los intervinientes mediante la cual lograron perpetrar los eventos.
Por otro lado, en cuanto al peligro de perturbación del proceso, debe ponderarse la complejidad que presenta la investigación, no sólo por la pluralidad de sujetos involucrados, sino también por la organización y actuación coordinada de la empresa criminal que, prima facie, se les atribuye; circunstancias que incrementan las posibilidades de interferencia en el normal desarrollo de la pesquisa, máxime cuando aún se encuentra en curso.
A ello se añade que, conforme surge de las imputaciones formuladas, habrían intervenido personas que aún no han sido identificadas, circunstancia que, valorada conjuntamente con la modalidad organizada de las conductas atribuidas y el estado actual de la pesquisa, permite sostener la subsistencia de un riesgo de interferencia en su normal desarrollo.
En este orden de ideas, se advierte entonces que el cuadro de riesgo procesal es de magnitud suficiente como para justificar el encarcelamiento preventivo; ello pues resulta que el legislador presumió que en los casos en los que el imputado se enfrenta a la eventualidad de ser condenado a una pena privativa de libertad que implica el cumplimiento efectivo de la condena, intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Ello es así, excepto que otros elementos de juicio demuestren el desacierto de observar dicha presunción, extremo que no ocurre en el caso de marras.
Entonces el peligro de fuga derivado de la pena en expectativa constituye un extremo que resulta apto y válido para ponderar la existencia de peligros procesales pues el Código ritual así lo establece.
Por otra parte, nótese que, si bien la defensa ha invocado circunstancias favorables vinculadas con el arraigo personal, familiar y laboral de los imputados, tales extremos no resultan suficientes, por sí solos, para neutralizar los riesgos procesales anteriormente examinados, conforme a las particularidades que presenta el caso.
En efecto, si bien se han incorporado escritos en los que la progenitora de Gatti y el hermano de Alegre manifiestan su disposición a recibirlos en sus respectivos domicilios, lo cierto es que tales ofrecimientos, por sí solos, no resultan suficientes para acreditar la existencia de un ámbito de contención adecuado, en tanto no se encuentran respaldados por una evaluación pericial que permita establecer su efectiva idoneidad ni el grado de ascendencia que las personas propuestas podrían ejercer sobre los imputados.
A ello se añade que los domicilios ofrecidos coinciden con aquellos en los que los nombrados residían al momento de los hechos investigados, conforme surge de las declaraciones prestadas en los términos del artículo 308 del ritual, circunstancia que también debe ponderarse al evaluar la suficiencia de los ofrecimientos efectuados para neutralizar los riesgos procesales oportunamente constatados.
Por lo demás, tampoco la presentación de un recibo de sueldo por parte de la defensa del imputado Alegre permite, por sí misma, neutralizar los riesgos procesales constatados, pues si bien constituye un elemento favorable en cuanto a su situación laboral, no reviste entidad suficiente para desvirtuar los restantes indicadores ponderados al momento de disponer la medida cautelar.
Por último, cabe mencionar que el tiempo que llevan detenidos (menos de 3 meses a la fecha) no implica que la medida sea desproporcionada con relación al objeto de tutela (el juicio y la eventual aplicación de la ley penal), según lo dispone el art. 146 inc. 3° del C.P.P.
A su vez, es dable destacar que la privación de la libertad dispuesta en esta etapa preliminar de la investigación resulta aplicada con el fin de garantizarla. En este sentido el principio de inocencia no impide la aplicación de medidas de coerción, las que sólo exigen que se manifieste la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho punible que se le endilga (Conf. Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal Tomo I Fundamentos, Editores Del Puerto, 2ª edición, Buenos Aires, año 1999, pág. 524).
Finalmente, respecto a las consideraciones efectuadas acerca de las condiciones del sistema penitenciario -sobrepoblación-, cabe señalar que tales circunstancias no resultan suficientes, por sí solas, para neutralizar el riesgo procesal concretamente verificado en autos, ni tornan procedente -en este momento- la adopción de una medida menos intensa-, sin perjuicio de los posteriores elementos que pudieran incorporarse y de la evaluación que corresponda efectuar sobre ellos.
Marginalmente, respecto de las cuestiones vinculadas con el estado de salud del imputado Alegre, señaladas por su hermano, hágase saber al Magistrado de origen a fin de que, en caso de que así lo requiera, arbitre las medidas que estime pertinentes para garantizar su adecuada atención médica.
En consecuencia y toda vez que, de momento, los peligros procesales no pueden ser neutralizados por una medida menos gravosa que la dispuesta, es que propongo al acuerdo confirmar, en todo cuanto fuera materia de agravio, el auto apelado. ASI LO VOTO (arts. 167 incisos 2, 3 y 4 este último en función del art. 163 inc. 4to. del Código Penal; 106, 144, 148, 157 y 158, 169 a contrario, y ccdtes. del C.P.P. y 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ, CARLOS FABIAN BLANCO, DIJO:
Adhiero al voto del colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos ASI LO VOTO (artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del rito).
Por ello, el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuesto in pauperis por el imputado Alegre y por la Defensora Oficial (asistente de los imputados Gatti y Alegre), por los motivos expuestos en el considerando (cfr. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106, 164, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR , el auto apelado en todo cuanto fuera materia de agravios , por las razones expuestas en los considerandos (arts. 167 incisos 2, 3 y 4 este último en función del art. 163 inc. 4to. del Código Penal; 106, 144, 148, 157 y 158, 169 a contrario, y ccdtes. del C.P.P. y 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
III. Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y a la Defensa de intervención. Cumplido, devuélvase el presente incidente al juzgado de instancia, delegándose la notificación de los imputados. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: BLANCO Carlos Fabián - JUEZ
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 985-2026
Fin de la sentencia