Abriendo la norma
TOMO CXLIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9098 FOLIO Nº 132/133 PROT. ELECT. JR101776I.242
Río Gallegos, 21 de noviembre de 2024.
La presente causa caratulada: “C.C.S. S/ AMENAZAS” Expte. Nº C-15.606/23, Apelación Nº 9266/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 99/104, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto San Julián, quien en el punto 1) rechazó la solicitud de conciliación impetrada por el imputado J.S.C.C. (ley 26485; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Convención de Belem do Pará); y en el punto 2) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.S.C.C. en orden al delito de amenazas (art. 149 bis del Código Penal). Que a fs. 111/112, la defensa técnica apeló dicho auto.
Que a fs. 123 se ordenó correr en vista las presentes actuaciones a la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 124/125 vta. se agregó su dictamen, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a criterio del recurrente, el rechazo de la conciliación requerida en los términos del art. 59 del CP. deviene injustificado, lesionando con ello, derechos fundamentales de su pupilo y de la supuesta víctima.
En primer término, advirtió el apelante que el a quo delega su función juzgadora en cabeza del Sr. agente fiscal, so pretexto de su rechazo fundado.
Al respecto, entendió que la fundamentación efectuada por el agente fiscal no se ajusta a los parámetros dispuestos por el Excmo. T.S.J. en los autos caratulados: “D.A.G. s/ lesiones leves agravadas” (Expte. Nº 6791/21 (D-1434/22/TSJ).
A su juicio, se habría omitido oír a la víctima en relación al pedido de conciliación efectuado por su defendido.
Por último, pidió que esta alzada revoque el rechazo efectuado, y se deje sin efecto el auto de procesamiento.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizado el breve planteo efectuado por la defensa, adelantamos, no obtendrá favorable acogida.
Veamos, en primer lugar, yerra el recurrente al afirmar que el resolutorio atacado fuera injustificado, pues la decisión de rechazar la solicitud de conciliación, se encuentra fundada en la perspectiva de género en la que –con acertado criterio- se posicionó el magistrado, valorando las disimiles expresiones de la víctima, a la luz de la ley 26485 y la Convención de Belem do Pará. Al respecto, se ha dicho: “La entrega de una suma de dinero a favor de una mujer víctima de violencia de género no constituye una reparación integral del perjuicio y por lo tanto no corresponde sobreseer al imputado, en la medida en que sólo ha restaurado la dimensión fáctica del daño, pero se mantuvo el daño comunicativo a la vigencia de la norma.” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza; Sala II; 29/06/2017; F. c.
E. C. G. D. (51804) s/ recurso ext. de casación; LLGran Cuyo 2017 (noviembre); TR LALEY AR/JUR/61256/2017). En este sentido, y en concordancia con lo aquí resuelto por el a quo, la doctrina señala: “La solución deberá darse en cada caso concreto atendiendo a las particularidades del caso, observando minuciosamente si se han cumplido con las pautas que garantizan a la mujer víctima de violencia obtenga un acceso a la justicia, -desde la denuncia hasta el resarcimiento de sus pretensiones-, con la asistencia de profesionales eficientes y de calidad, que le permitan igualarla en esa relación que la colocó en primer lugar, en situación de vulnerabilidad, y finalmente la convirtió en víctima.” (Diez, Ana Belén; Restablecer la conciliación en la violencia de género, pero partiendo desde los derechos de las víctimas; DPyC 2023 (febrero), 152; Cita: TR LALEY AR/DOC/36/2023).
Retomando, en nuestro caso, previo al rechazo, fue oído el Señor Agente Fiscal, quien consideró imposible el acuerdo, en virtud de la obligación asumida por nuestro país con la incorporación al texto constitucional de la Convención de Belem do Pará, por no poder compensarse económicamente el hecho presuntamente padecido por la denunciante. A mayor abundamiento, en idéntico sentido se pronunció la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial quien, analizando el caso particular, los dichos de la víctima y el informe pericial psicológico efectuado, vislumbró que la pretensa víctima podría estar padeciendo violencia de género, en virtud de los sentimientos de angustia y culpa allí reflejados.
Por su parte, el precedente acompañado por la defensa, en nada se asemeja a la cuestión aquí tratada, y carece de toda pertinencia, por cuanto allí se habría dispuesto la nulidad de las actuaciones por no encontrarse presente el representante del Ministerio Público Fiscal, y contar con la presencia de uno sólo de los magistrados que debía decidir en la audiencia en que se oyó a la víctima. En el supuesto bajo estudio, la víctima fue oída a fs. 89/89 vta., donde sucintamente dijo que aceptaba la propuesta de reparación (a partir de los $ 100.000). No obstante, como bien señala la Señora Fiscal de Cámara, esa declaración es contradictoria con el resto del material probatorio aunado a la causa, precisamente, la denuncia, donde a fs. 01 vta. aseguró que corre riesgo su integridad física y emocional, lo cual se condice con el informe de fs. 56/57, independientemente de lo expresado a fs. 63.
Consecuentemente, como señaláramos, la decisión de desestimar la solicitud conciliación resulta irreprochable, a la luz de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, y lo establecido por la ley 26485, razón por la cual hemos de confirmarla.
Por lo demás, el requerimiento de que se deje sin efecto el procesamiento dictado (punto 4 del petitorio), resulta genérico, vale decir, no es una crítica concreta a las partes del fallo que pudieran causar agravio, por lo que no será tratado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 99/104, en lo que ha sido materia de agravio, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia