Abriendo la norma
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8209 FOLIO Nº 036/039 PROT. ELECT. JR101085I.231
Río Gallegos, 01 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “D.J. S/ DENUNCIA.” Expte. Nº D-13318/21 - Apelación Nº 8430/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 120/125 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Puerto San Julián, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de D.E., en orden al delito de “estafa” (art. 172 del Código Penal). Asimismo, a fs. 172/176 y vta., se agregó la resolución dictada por el mismo magistrado, en la cual rechaza la nulidad impetrada por la defensa de D.E. contra la providencia de fs. 132 y la notificación cursada por oficio nro. 3045/22 de fs. 126. Que a fs. 130/131 y 179/181 la defensa técnica oficial apeló ambos autos –motivando sus planteos-.
Que a fs. 186 se corrió en vista las actuaciones a la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 188/190 y vta., se adunó su dictamen.
Que a fs. 191 se sostuvieron los recursos incoados y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, como adelantáramos, la defensa apeló dos pronunciamientos del mismo juzgado recaídos en autos, razón por la cual, en pos lograr mayor claridad expositiva, se impone su tratamiento por separado.
I. Tratamiento de los agravios relativos al auto de procesamiento del imputado D.E.: aquí, alegó la defensa la presunta inexistencia de figura delictiva, pues aseguró que no existe constancia del ardid y engaño necesario para configurar la estafa enrostrada a su defendido. Inversamente, la defensa juzgó engañosa la conducta adoptada por el denunciante quien, según dijo, entregó un vehículo como parte de pago (sin los papeles en regla), radicado en una jurisdicción diferente, siendo un año más antiguo de lo que declaró a su asistido. Asimismo, conforme las pruebas producidas, entendió verosímil la versión de los hechos brindada por el imputado en su indagatoria.
Sostuvo que no puede hablarse de estafa, pues el denunciante no intimó fehacientemente a su defendido a la devolución de la suma correspondiente al negocio trunco, recurriendo de forma intempestiva a la realización de una denuncia penal.
En otro apartado, insistió que en autos no existe prueba del “ardid o engaño” por parte de su defendido, dado que todas las rendidas tienden a dar cuenta de la existencia del negocio trunco, el cual –dijo- no fue negado por el imputado. En tal sentido, expresó que sólo se cuenta con los dichos del denunciante y su pareja, los cuales –a su decir- resultan insuficientes para el dictado del procesamiento. Puso de resalto que sólo se produjo prueba que apoya la versión del denunciante.
Por último, pidió se revoque el auto de procesamiento y se sobresea a su defendido.
Pues bien, analizados los planteos referidos al auto de procesamiento, adelantamos, no obtendrán favorable acogida.
En primer término, debemos tener presente que el auto atacado contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612). Jurisprudencialmente, en relación a la probabilidad requerida, se ha sostenido que no debe asimilarse a la plena certeza, sino que debe simplemente apoyarse en pruebas con suficiente solvencia objetiva (RC J 5633/16).
Así las cosas, bajo estos lineamientos, entendemos prima facie acreditado el ardid o engaño.
En primer término, no existe controversia en cuanto a que, entre el denunciante y el imputado existió un acuerdo previo, donde ambos pactaron entregarse recíprocamente vehículos en venta, en tanto el denunciante, habría entregado, además, mediante transferencia, la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000). Que tampoco se discute que el negocio finalmente no se concretó. Pese a ello, habiéndose restituido mutuamente los vehículos entregados, el dinero de la transferencia inicialmente realizada por el denunciante, habría sido retenido por el imputado.
Que, respecto de las características del negocio, contamos con los dichos del denunciante y su pareja P.A.M., pues incluso la transferencia de fondos, se habría concretado desde una cuenta de su propiedad.
Asimismo, se incorporó en autos el informe del Banco Nación Argentina, que refleja el ingreso de fondos por la suma referida por el denunciante, en la cuenta del imputado (ver fs. 21/21 y vta.).
Que, a decir del encausado, la operación se habría frustrado, dado que el vehículo entregado por el denunciante habría estado prendado, no obstante, en autos se acreditó que el bien no registraba inscripción de prenda (ver fs. 102/104).
Así, el ardid podría configurarse en la promesa de venta, frustrada luego por una falsa excusa del imputado, vinculada a la existencia de una prenda, con el consecuente perjuicio económico para el denunciante, pues el dinero de la transferencia ($ 200.000) no fue devuelto con el vehículo. En cuanto al planteo de la defensa, referido a que la versión de los hechos aportada por el imputado fuera verosímil, cabe señalar que fue valorada por el magistrado a fs. 124 vta., entendiendo que pierden virtualidad a la luz de la documental agregada.
Por su parte, yerra el recurrente al señalar que, previo a formular la denuncia, se debería haber intimado fehacientemente al imputado -en el ámbito extrajudicial- al cumplimiento de su obligación de restituir el dinero transferido, dado que el denunciante podía elegir válidamente cualquiera de las dos vías, es decir, formular la denuncia (como finalmente lo hizo) o accionar civilmente por la restitución del dinero transferido, inclusive, pudo instar el resarcimiento por daños y perjuicios. En virtud de lo expuesto, confirmaremos íntegramente el auto de procesamiento del imputado.
II. Tratamiento de los agravios relativos al recurso de apelación deducido contra el auto que rechaza el pedido de nulidad de la providencia de fs. 132 y la notificación cursada por oficio nro. 3045/22 (fs. 126): en esta segunda presentación, la defensa apeló el auto de fecha 23/06/2023, que decide rechazar el planteo de nulidad interpuesto a fs. 166/168. En tal sentido, dijo que la resolución atacada carece de fundamento técnico jurídico. Así, en el acápite A) del recurso, detalló la diferencia entre notificación y citación, y señaló que el juez optó por utilizar esta última, cuando debería haberlo notificado, conforme establece el art. 139 CPP.
A su criterio, la notificación del auto de procesamiento podría haberse efectivizado personalmente (en los estrados del juzgado) o por cédula (en el domicilio de la persona). Sin embargo, dijo la defensa, se utilizó erróneamente el instituto de la citación, en perjuicio de su defendido. Ya en el punto B) de su presentación, sostuvo que, a la luz del art. 146 del CPP, no era necesaria la presencia de la persona, sino que existía otra alternativa de cumplimiento de acto procesal.
Cuestionó que se hubiera efectuado mediante oficio, pues aseguró que la norma exige que se realice por medio de cédula. Asimismo, advirtió que no se puso fecha ni hora para la realización del acto procesal, sino que se limitó a poner plazo o término sin aclarar el apercibimiento (término de dos (02) días de notificado en el día y horario hábil). Puso de resalto que no queda claro el objeto del acto procesal a cumplimentarse, siendo que no se aclara cuál es la resolución.
En dicho orden de ideas, calificó de absurdo que se emita una notificación para citar a una persona al juzgado, a efectos de notificar de una resolución, cuando podrían mandar la notificación.
En cuanto al acto de notificación, expresó que no existe cargo de notificación de entrega de copias de traslado, sólo un informe de un efectivo que se entrevistó con una persona, la cual adujo que el requerido no se encontraba en el domicilio.
Finalizando, aseveró que la citación es nula, pues –a su criterio- no cumple los requisitos de forma; dijo que se desprende del informe que la notificación no cumplió su objetivo, dado que no se dejó ninguna constancia de la citación.
Por último, dijo que corresponde revocar la declaración de rebeldía y las actuaciones posteriores, en especial las cargas y garantías ordenadas, pues –según dijo- se basó en una notificación nula, que no cumplió los requisitos requeridos específicamente por la norma. En suma, entendió como un perjuicio haber sido declarado rebelde y detenido en base a una notificación ilegítima.
Que, los agravios impetrados en este segundo recurso de apelación, serán igualmente desestimados.
En primer término, no acierta la defensa al señalar que la resolución atacada carezca de fundamento técnico jurídico, pues se advierte que la decisión se tomó a la luz del análisis concreto del pedido de nulidad, confrontado con lo dispuesto por el código de forma y, asimismo, fundado en prestigiosas citas doctrinarias. Por otro lado, el magistrado contaba con el dictamen del agente fiscal de primera instancia, que no advirtió irregularidades en la citación al imputado, y tampoco perjuicio que derive del proceder del juzgado.
En relación al planteo relativo a que se debió notificar al imputado, en lugar de citarlo, la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, no advirtió omisión a las normas formales que generen una afectación de derechos o garantías reconocidos por la Constitución. En tal sentido, entendió como una facultad del juez elegir el medio a través del cual hará comparecer al imputado para notificarlo del procesamiento. En nuestro caso, al tiempo de concretarse la diligencia, no se encontraba en el domicilio que había aportado en el acto de declaración indagatoria (fs. 117 y 128). Al respecto, la doctrina señala: “La citación es una orden del órgano jurisdiccional dirigida a una persona (parte, testigo, funcionario, etcétera) para que concurra a la secretaría o al lugar que se le indique, a fin de realizar o intervenir en un acto procesal. Implica un desplazamiento del citado y, aunque menos rigurosa que otra, una actividad coercitiva innegable…” (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; pág. 615). El Juez explicó en el pronunciamiento, que decidió la citación, pues el auto de procesamiento se debe notificar personalmente al imputado, conforme lo establecido por el art. 139 del CPP.
La jurisprudencia, lejos de entender que la diligencia es nula, juzga de buena práctica procesal la citación al encartado para este tipo de notificación, más aun cuando se ajusta a los requisitos formales (al respecto véase: C.N.Crim. y Correc.; Sala IV; 28/02/01; "R.,R." c. 15.516.; Bol. Int. de Jurisp. Nº 1/2001 pág. 46; Penal; 15516; RC J 317/99). Desde esta alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- hemos venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). Consecuentemente, en concordancia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, no advirtiendo perjuicio en el proceder del juzgado de instrucción al citar al imputado para notificarlo del procesamiento, en el domicilio aportado en la indagatoria, se desestimará el presente recurso. (ver fs. 117 y 126).
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, oída la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, conforme las normas legales citadas y, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos glosados a fs. 120/125 y vta., y 172/176 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia