Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22332-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Carlos Guillermo Soto, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 164, 439, 441, 442 y 446 a contrario del C.P.P.).
II. Confirmar el auto dictado el día 18 de septiembre de 2026 mediante el cual decidió convertir en prisión preventiva la detención de J. J. D. , en todo cuanto fue materia de agravio; ello por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 26 a contrario , 119 y ccts. del CP; arts. 106, 144, 146, 148, 157, 169 a contrario , 171 y cctes. del C.P.P.).
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la Defensa (art. 14 de la Ley Nº 48).
Causa N° 22332/I/1ra. "D. J.J.S/ INCIDENTE DE PRISION PREVENTIVA (G2)
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el 29 de septiembre de 2026 por el Defensor Particular, Dr. Carlos Guillermo Soto, en representación de su asistido, J. J. D., contra la resolución de fecha 18 de septiembre del mismo año, dictada por el titular del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental, Dr. Orlando Abel Diaz, mediante la cual decidió convertir en prisión preventiva la detención del encausado, quien se encuentra imputado por un hecho en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido en aprovechamiento de la previa convivencia con la víctima menor de edad (art. 119 párrafo 2° y 4° inc. "f" del CP).
Sometida al acuerdo la presente causa, a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer término, el Dr. Diego E. Martínez y, en segundo lugar, el Dr. Oscar R. Quintana.
A continuación, los señores jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. MARTINEZ, DIJO:
El recurrente resulta legitimado para interponer el recurso en tanto posee un interés directo en su resolución, circunstancia que surge de las constancias de la causa. A su vez, ha observado los requisitos de tiempo y forma exigidos y expuso los motivos de agravio junto con sus fundamentos.
Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible, por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación (art. 164 del CPP).
En función de los argumentos expuestos y encontrándose abastecidos también los requisitos formales que establece el rito penal, a la primera pregunta del epígrafe, VOTO POR LA AFIRMATIVA (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y arts. 164, 439, 441, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, el Dr. Martinez, por sus mismos motivos y fundamentos. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. MARTINEZ, DIJO:
I. Que el titular del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental, Dr. Diaz, resolvió convertir en prisión preventiva la detención que pesaba sobre J. J. D., en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido en aprovechamiento de la previa convivencia con la víctima menor de edad , ello en base a diver sos fundamentos a los que me remito en aras de ser breve.
II. Contra el citado pronunciamiento, el Defensor Particular del imputado, Dr. Carlos Soto, interpuso recurso de apelación.
En lo sustancial, dirigió sus agravios a cuestionar la acreditación de los peligros procesales en el caso. A su modo de ver, no se encuentra justificada la imposición de la prisión preventiva. En particular, señaló que el riesgo de entorpecimiento invocado no fue concretamente identificado, y que la relación de su asistido con la víctima y demás familiares resulta ser buena, tal como lo expuso en su declaración.
Además, cuestionó la solidez del testimonio aportado por la Sra. V., en tanto aquella asumió tener problemas de memoria. Por ende, indicó que dicha declaración no resultaría suficiente para justificar la medida cautelar impuesta.
En sentido similar, dijo que el antecedente que su defendido registra no puede operar por si solo como motivo suficiente para decretar la prisión preventiva.
Por su parte, sostuvo que el hecho de que D. se haya negado a proporcionar una prueba de ADN, no implica una prueba de autoría o justificación de la medida cautelar.
Además, indicó que deben diferenciarse aquellos elementos probatorios destinados a la acreditación de la autoría atribuida a su asistido, de aquellos elementos dirigidos a acreditar el riesgo procesal, debiendo analizarse separadamente.
En subsidio, requirió la aplicación de alguna medida morigeradora de la prisión preventiva. Al respecto, invocó los principios de proporcionalidad, necesidad e inocencia que amparan al imputado durante el proceso.
Finalmente, formuló formal reserva del caso federal.
Por estos motivos, solicitó que se revoque el auto en crisis y se disponga la inmediata libertad en favor de su asistido.
III. Habiendo analizado el presente incidente en función de los agravios esgrimidos por el recurrente y dentro del marco establecido por el art. 434 del ritual, propondré al acuerdo la confirmación del auto apelado, en base a los motivos que seguidamente expondré.
En principio, cabe recordar que D. se encuentra imputado por el siguiente hecho: " En reiteradas oportunidades cuyas fechas y horas exactas no han podido determinarse con precisión hasta el momento, pero acontecidas desde los X y hasta los XX o XX años de edad de la damnificada S. A. V. (nacida el XX/X/XXXX), el aquí imputado J. J. D. abusó sexualmente de ella, tanto en aprovechamiento de su previa convivencia con la menor en al finca de la calle Corrientes XXXX de Benavidez, como en las visitas con pernocte de la víctima en el domicilio de la calle Bartolomé Mitre XXXX de la misma localidad y partido. En ese contexto, D. besaba habitualmente a la niña en la boca, la obligaba a tocarle el pene por debajo de la ropa, y le efectuó tocamientos de connotación sexual en los senos (por debajo de la ropa)-todo esto en ambos domicilios antes referidos y la vagina de la niña (por arriba de sus ropas, en la segunda vivienda mencionada), todo ello generalmente mientras el resto de los moradores de los lugares indicados dormían o se encontraban en otros ambientes. El accionar del imputado, por sus características y duración en el tiempo, significó para la víctima un sometimiento gravemente ultrajante."
La conducta descripta fue calificada provisionalmente como constitutiva de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por haber sido cometido en aprovechamiento de la previa convivencia con la víctima menor de edad (art. 119 párrafo 2° y 4° inc. "f" del CP).
Para tener por acreditada la materialidad del hecho y la probable participación de D., el juez de garantías tuvo en cuenta los siguientes elementos de cargo: denuncia penal (22/1/2026), informe del sistema de emergencia social, informes del Centro de Asistencia a la Victima, declaración de la víctima a tenor del art. 102 bis del CPP, ampliación de la denuncia por parte de la madre de la menor, declaración testimonial de la Sra. V. (tía paterna) y la declaración del imputado en los términos del art. 308 del CPP.
Por otro lado, verificó peligro elusivo a la luz de la magnitud de pena en expectativa prevista para el ilícito que se le enrostra, junto al antecedente condenatorio que posee el imputado, todo lo cual en caso de recaer sentencia condenatoria, la misma sería ineludiblemente de cumplimiento efectivo. En igual sentido, tuvo en cuenta las características del hecho, las cuales revisten especial gravedad. Al mismo tiempo, consideró latente el riesgo de entorpecimiento probatorio a partir del vínculo existente entre el imputado, la víctima y los demás testigos de la causa.
De esta forma, advierto que, el Juez a quo ha distinguido adecuadamente los elementos de convicción vinculados con la acreditación de la materialidad ilícita y la probable autoría del imputado, de aquellos que sustentan la existencia de peligros procesales y, por ende, la necesidad de aplicar una medida cautelar en resguardo de los fines del proceso. Por lo tanto, contrariamente a lo sostenido por la defensa, de la resolución cuestionada no se desprende que ambos aspectos hayan sido confundidos.
En ese sentido , el testimonio de la tía paterna de la víctima, la Sra. V., no fue valorado por el magistrado como fundamento autónomo de la medida cautelar, tal como lo entendió la defensa, sino como un elemento destinado a dotar de verosimilitud los dichos de la presunta víctima menor de edad y, con ello, a respaldar, en esta etapa del proceso, la acreditación prima facie de la materialidad ilícita del hecho investigado y de la autoría atribuida al imputado.
Por su parte, tampoco se advierte referencia alguna del Juez garante en relación a una supuesta negativa del imputado en someterse a un examen de ADN, por lo que dicho agravio tampoco tendrá favorable acogida.
En síntesis, los elementos de cargo mencionados, analizados en conjunto, permiten tener por acreditado, en principio, el hecho imputado por el agente fiscal, así como la intervención del encausado en su comisión, ello con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere (conf. art. 157 incs. 1° y 3° del C.P.P.).
IV. Aclarado lo anterior y debido a que la de fensa no c uestionó la materialidad del hecho ni la autoría endilgada a su asistido, me abocaré exclusivamente al tratamiento del inciso 4 del artículo 157 del C.P.P., referido a los presupuestos del artículo 171 del código citado para denegar la excarcelación.
De modo introductorio, cabe destacar que la libertad personal durante la sustanciación del proceso constituye la regla general, mientras que su restricción cautelar reviste carácter estrictamente excepcional. Sin embargo, este derecho no es absoluto pues puede verse legítimamente limitado cuando resulte necesario, razonable y proporcional para asegurar los fines del proceso y la aplicación de la ley material. De lo que se deriva, que una medida de esta naturaleza coercitiva no implica una sanción anticipada, sino que constituye un instrumento orientado exclusivamente a garantizar la comparecencia del imputado al proceso, evitar su fuga o el entorpecimiento de la investigación.
Tal como surge de los artículos 7.5, 8.2 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 144 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la privación cautelar de la libertad sólo puede disponerse cuando existan motivos fundados que la tornen indispensable para la consecución de esos fines legítimos.
Por lo tanto, habiendo determinado el primer requisito en cuanto a la probable participación en el hecho -fumus bonis iuris- se debe verificar la presencia de riesgo procesal de fuga o entorpecimiento - requisito periculum in mora -, el cual para su apreciación deben considerarse el monto de la pena esperable, las condiciones personales del encausado, su arraigo familiar y laboral, la gravedad del hecho y las circunstancias particulares de la causa (art. 148 del CPP).
Dicho esto, comparto los fundamentos brindados por el Juez de garantías en su resolución para aplicar la medida de coerción.
En ese sentido, cabe recordar que la pena en expectativa es un baremo admitido por la normativa vigente para merituar el peligro de fuga, conforme a las previsiones del art. 148 inc. 2 del código de rito.
En este caso en particular, la escala penal prevista para el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido en aprovechamiento de la previa convivencia con la víctima menor de edad, parte de un mínimo de ocho (8) años de prisión a un máximo de veinte (20) años de la misma especie (art. 119 párrafo 2° y 4° inc. "f" del CP). Por lo tanto, en caso de recaer sentencia condenatoria en la presente, la pena a imponer será indefectiblemente de cumplimiento efectivo, circunstancia esta que, según la normativa aplicable al caso, se traduce en riesgo procesal de fuga (art. 26 a contrario del C.P.).
En este contexto, si se efectuara un análisis en abstracto limitado a la escala penal del delito atribuido, la situación del encausado no encuadra bajo ninguno de los supuestos excarcelatorios previstos por el art. 169 del C.P.P.
Incluso, teniendo en cuenta las condiciones personales del imputado, destaco que aquel registra un antecedente condenatorio.
Precisamente, surge que el 22/8/2024, el Juzgado Correccional Nº 6 departamental bajo causa Nº PP-4712-IPPE de su registro, condenó a J. J. D. a la pena de 10 meses de prisión en suspenso en orden al delito de robo, con más el cumplimiento de ciertas reglas de conducta por el plazo de 2 años (hasta el 21/8/2026). Según el cómputo practicado, dicha condena se tendrá por no pronunciada a partir del 22/8/2028.
Entonces, la imposibilidad para el encausado de acceder a una hipotética condena en suspenso, está dada también por la eventualidad de que ésta no sería su primera condena, extremo que se encuentra taxativamente restringido por el señalado artículo 26 del CP.
A su vez, debo destacar la objetiva y provisional valoración de las características del hecho (art 148 primer párrafo del C.P.P ) , las cuales revisten una evidente gravedad. Ello así, en tanto a Diaz se lo acusa de haber abusado sexualmente de una menor de edad, en reiteradas oportunidades, aprovechándose en ocasiones de la previa convivencia con la víctima, ello mediante tocamientos en sus senos por debajo de la ropa y en la vagina por encima de la misma, contexto en el cual también la habría besado en la boca y obligado a tocarle el pene, todo lo cual habría significado un sometimiento gravemente ultrajante en perjuicio de la niña.
Por lo tanto, al contrario de lo señalado por la Defensa en su recurso, la elevada magnitud de pena en expectativa, la imposibilidad de acceder a una hipotética condena en suspenso, el antecedente condenatorio que el encausado registra y la gravedad de las características de los hechos, no son valoraciones en abstracto, sino que resultan ser pautas objetivas que admiten tener por elevado el riesgo de fuga. En ese sentido, la sanción como eventual corolario del presente proceso constituye, para la experiencia común, un condicionante que promueve la tentación de sustraerse del mismo.
Al mismo tiempo, considero que existe riesgo de entorpecimiento probatorio, en atención al contexto familiar en el que habrían ocurrido los hechos. En concreto, la madre de la víctima, quien reviste la calidad de denunciante y constituye una de las principales testigos de la causa, es también la abuela de la hija del imputado. Asimismo, la expareja del imputado, con quien tiene una hija en común, es hermana de la presunta víctima. Por ende, en caso de que D. recupere su libertad, éste podría retomar contacto con ellos, logrando así influir en sus declaraciones, todo lo cual resultan circunstancias indicativas de una eventual conducta entorpecedora (art. 148 tercer párrafo incs. 2º y 3º del C.P.P.).
Habida cuenta de lo expuesto, mal podría afirmarse que el peligro de entorpecimiento se encuentre disipado, toda vez que aún resta la celebración del juicio oral y la consecuente producción de la prueba en la audiencia de debate.
Cabe agregar que, en modo alguno el tiempo que D. lleva detenido -desde el 17 de agosto de 2026-, constituye un elemento por el cual pueda suponerse disminuido el riesgo procesal referido derivado de la magnitud del injusto, por lo que estimo que la proporcionalidad entre la medida de coerción dictada y el objeto de tutela a esta altura se mantiene (art. 146 inc. 3 del C.P.P.).
Por otro lado, la Defensa no ha mencionado datos tendientes a acreditar la existencia de arraigo, con el alcance que le otorga el código de rito, suficientes para desvirtuar el análisis y menos aún para neutralizar los riesgos procesales (art. 148, primera parte del C.P.P.).
En función de lo que antecede, advierto que el encarcelamiento preventivo resulta el único medio asegurativo de la comparecencia del encausado al proceso a los fines de su normal desarrollo y de la eventual aplicación de la ley material; sin encontrar que, por el momento, se pueda adoptar una medida menos gravosa que la aquí dispuesta.
En cuanto a la petición subsidiaria para que esta Alzada disponga una morigeración de la prisión preventiva, no surge que una pretensión concreta fundada en ese instituto hubiera sido sometida a decisión del juez de grado. Por ello, su tratamiento originario no corresponde en esta instancia, sin perjuicio de que la defensa articule ante el magistrado de origen la modalidad que estime pertinente y de la revisión que eventualmente corresponda respecto de lo que allí se resuelva.
Por último, vista la reserva del caso federal formulada por la Defensa, corresponde tenerla presente (art. 14 de la Ley Nº 48).
En función de los motivos expuestos, propongo al acuerdo CONFIRMAR la resolución recurrida, en todo cuanto fuera materia de agravio, ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 26 a contrario , 119 y ccts. del CP; arts. 106, 144, 146, 148, 157, 169 a contrario , 171 y cctes. del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Martinez, por sus mismos motivos y fundamentos. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Particular, Dr. Carlos Guillermo Soto, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 164, 439, 441, 442 y 446 a contrario del C.P.P.).
II. CONFIRMAR el auto dictado el día 18 de septiembre de 2026 mediante el cual decidió convertir en prisión preventiva la detención de J. J. D. , en todo cuanto fue materia de agravio; ello por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 26 a contrario , 119 y ccts. del CP; arts. 106, 144, 146, 148, 157, 169 a contrario , 171 y cctes. del C.P.P.).
III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la Defensa (art. 14 de la Ley Nº 48).
Regístrese electrónicamente. Notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara, a la Defensa y al Juzgado interviniente. En caso de corresponder, actualícese el R.U.D. Luego, devuélvase al Juzgado de origen, encomendando a su secretaría que realice las demás notificaciones que estime correspondan. Sirva la presente de atenta nota de remisión.-
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 982-2026
Fin de la sentencia