Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III · Causa I-38027-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Francisco M. Sibila -defensor particular de José María Robledo- y Juan Carlos Osorio -defensor particular de Diego José Aquino- contra la resolución dictada por el Juzgado de Garantías N° 5 departamental (arts. 164, 421, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
II. No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de José María ROBLEDO -de las demás condiciones personales obrantes en autos- y, en consecuencia, y en consecuencia, confirmar la resolución impugnada en cuanto dispuso convertir en prisión preventiva su actual detención en orden a los delitos imputados (arts. 55, 105 en función del art. 80 incs. 7° y 8°, 166 inc. 2° párr. 2°, 167 inc. 2° y 277 inc. 1° ap. "c" e inc. 2° del Código Penal; y arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 a contrario , 171 y ccdtes. del C.P.P.).
III. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Diego José AQUINO -de las demás condiciones personales obrantes en autos-, revocar el auto apelado a su respecto y disponer SU INMEDIATA LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITO en la presente causa, la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su actual lugar de alojamiento, previo labrarse el acta de rigor y certificar que no registre órdenes de detención y/o capturas pendientes -en cuyo caso quedará anotado a exclusiva disposición de la autoridad requirente, con inmediata comunicación a ésta, a la U.F.I. y al Juzgado interviniente- (arts. …
Para resolver los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Francisco M. Sibila -defensor particular de José María Robledo- y Juan Carlos Osorio -defensor particular de Diego José Aquino- contra la resolución dictada con fecha 7/9 de octubre de 2026 por la Sra. Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 departamental, Dra. Mariana Schemberger.
Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: Jueces Gustavo A. Herbel , Leonardo G. Pitlevnik y, para el caso de disidencia, el Juez Carlos Fabián Blanco (art. 440 del C.P.P.).
El Juez Gustavo A. Herbel dijo:
I. Los recursos interpuestos por los Dres. Francisco M. Sibila y Juan Carlos Osorio resultan formalmente admisibles. Fueron deducidos en término, por quienes poseen legitimación procesal activa, contra una resolución expresamente declarada apelable por el ordenamiento adjetivo y observando las formas legales prescriptas para su interposición (arts. 164, 421, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P.).
II. La Magistrada de grado dispuso convertir en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo José María Robledo y Diego José Aquino en orden a los delitos de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y su comisión en lugar poblado y en banda, encubrimiento y abuso de arma "criminis causae" agravado por su comisión contra un miembro de las fuerzas de seguridad públicas (arts. 55, 105 en función del art. 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2° párr. 2°, 167 inc. 2° y 277 inc. 1° ap. "c" e inc. 2 del Código Penal).
Para así decidirlo, tuvo por acreditado con el grado de convicción propio de esta etapa procesal el suceso descripto por la acusación pública en los siguientes términos:
"El día 28 de marzo de 2025, RODRIGO LUCAS MOREYRA, CRISTIAN EZEQUIEL BARRAZA, ALEXIS DUPORT, JOSÉ MARÍA ROBLEDO y DIEGO JOSÉ AQUINO, se reunieron y organizaron con la finalidad de perpetrar delitos contra el bien jurídico propiedad, muniéndose para ello de armas de fuego aptas y debidamente cargadas, y valiéndose de un automóvil Volkswagen Golf con dominio colocado AA897YF de color gris para desplazarse, promediando las 17:30 horas, advirtieron que la señora Romina Paola Alaniz arribó a su domicilio sito en la calle Bibiloni N°3129 entre Bousoff y Fray Luis de León de la localidad de Ricardo Rojas del partido de Tigre a bordo de la camioneta marca Jeep modelo Renegade, de color negro, con dominio AD-775-NH. Acto seguido, tras referirle a Alaniz amenazas tales como 'quedate quieta porque te hago mierda, dame la camioneta y metete adentro de tu casa' (sic) ingresaron junto a la víctima a su morada, donde mediante intimidación con el arma de fuego marca Glock modelo 19, calibre 9mm, con serie n° ESP57 con pedido de secuestro activo, de fecha de alta 17/04/2024, con nro. de secuencia interna 209661, en el marco de I.P.P nro. 06-04-000775-24/00 con injerencia de U.F.I Brandsen del Dpto. Judicial La Plata y demás armas de fuego de puño que los encartados portaban sin la debida autorización legal y en condiciones inmediatas de uso, la encerraron en un baño de la finca, para de esta forma apoderarse ilegítimamente de la suma de dinero en efectivo de aproximadamente tres millones de pesos, dos relojes de hombre marca Samsung y Garmin, cartera y billetera marca Amphora conteniendo tarjetas varias a nombre de la dicente, su tarjeta DNI y de su hija, documentación de su rodado Jeep Renegade, y de camionetas marca Volkswagen, modelo Saveiro y marca Hyundai, modelo H78, identificaciones de obra social 'Swiss Medical', registro de conducir a su nombre, su teléfono celular marca Samsung, modelo S24 Ultra, con chip correspondiente al abonado 1566742109 de la empresa Claro, llaves de su lugar de trabajo, cosméticos varios, la segunda llave de la camioneta Jeep Renegade y la camioneta Jeep Renegade aludida.
Fue así, como a bordo de la citada camioneta los acusados Moreyra, Barraza y Duport se dieron a la fuga del lugar, mientras que ROBLEDO y AQUINO lo hicieron abordo del automóvil Volkswagen Golf en el que había llegado. En esas circunstancias, siendo advertido por personal del Centro de Operaciones de Tigre que se hallaba recorriendo la jurisdicción el accionar delictivo de los encausados, tras encender los preventores las balizas y sirenas del móvil en el que se trasladaban con el objeto de interceptar a los rodados e identificar a sus ocupantes, los malvivientes hicieron caso omiso a la orden impartida, iniciándose de tal modo una persecución con quienes se desplazaban a bordo de los automóviles actuantes quienes, lejos de acatarla, imprimieron mayor celeridad a los vehículos, generándose así una persecución que transcurrió durante varios kilómetros, durante la cual, para procurar su impunidad y evitar que los miembros de las fuerza de seguridad Inspector Municipal Marcelo Ponce y la Oficial de Policía Erica Oriana Saso cumplieran con sus funciones, los agresores procedieron a disparar las armas de fuego que llevaban consigo en dirección a los uniformados en alrededor de 10 oportunidades, de tal suerte el vehículo Golf logro darse a la fuga del lugar con sus ocupantes".
Para imponer la medida cautelar, la jueza ponderó asimismo la existencia de peligros procesales derivados de la severa escala penal aplicable en expectativa y de las graves características del suceso.
Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas defensas. Por un lado, la defensa particular de José María Robledo cuestionó la suficiencia del cuadro cargoso, destacando que los peritajes dactiloscópicos y genéticos practicados sobre el rodado Fiat Punto, el Volkswagen Golf, la camioneta Jeep Renegade y el armamento secuestrado arrojaron resultado negativo respecto de su asistido. Señaló además que la víctima Romina Paola Alaniz declaró que ingresaron a su vivienda tres hombres -dos con el rostro cubierto y un tercero al que no pudo distinguir- sin señalarlo como autor.
Asimismo, pese a manifestar que no pudo acceder a los enlaces digitales de las declaraciones testimoniales de Miqueas Romano y Débora Alarcón, cuestionó la valoración realizada en el auto en crisis. Sostuvo que el relato de Romano resulta ilógico por ubicarlo en sitios contradictorios y no situarlo a bordo de un VW Golf, mientras que los dichos de Alarcón carecen de entidad incriminatoria dada la masividad del modelo VW Golf gris y la ausencia de antecedentes penales que avalen su pertenencia a una banda delictiva.
Agregó que no existe peritaje de voz ni informe técnico que vincule material y subjetivamente a Robledo con el contacto agendado como "GORDO" en el celular de Moreyra al momento del hecho, y que se desatendió su declaración indagatoria (art. 308 del C.P.P.), en la cual afirmó haber estado trabajando como mecánico en el taller de su hermano.
Finalmente, sostuvo que la escala penal no basta por sí sola para presumir el riesgo procesal, vulnerando el principio favor libertatis y operando como una pena anticipada. Negó que su asistido intentara fugarse o mostrara hostilidad al ser detenido mientras jugaba un partido de fútbol, e hizo reserva de recurso extraordinario y del caso federal.
Por su parte, la defensa particular de Diego José Aquino señaló que no pudo visualizar el requerimiento fiscal de prisión preventiva y tildó de arbitraria la resolución apelada por efectuar una valoración conglobada de indicios que mencionan a su asistido pero no lo ubican en la escena del hecho, incumpliendo el estándar de probabilidad positiva e individualizada exigido en esta etapa.
Remarcó que el abonado 1135237492 -agendado como "DIEGO" en el teléfono de Moreyra- figura registrado a nombre de un tercero ajeno al proceso (Ezequiel Alejandro Zontkowski), que Aquino no aparece mencionado ni fotografiado en los chats con imágenes de armas, y que el impacto en una antena telefónica abarca un radio de 600 metros que no acredita su presencia en su domicilio ni el uso de esa línea el día del robo.
Añadió que la fiscalía descartó genéricamente el descargo de Aquino, quien explicó detalladamente su jornada laboral en la pizzería familiar y aportó testigos que corroboran su rutina. Cuestionó también la presunción de fuga dado que su defendido permaneció siempre en su domicilio atendiendo el comercio incluso frente a personal policial, por lo que solicitó su inmediata libertad o, subsidiariamente, una medida alternativa menos gravosa, formulando reserva del caso federal.
III. Ceñido el conocimiento de esta Alzada a los puntos que motivan los agravios -sin perjuicio de examinar cuestiones que mejoren la situación de los encartados o eventuales nulidades absolutas (arts. 434 y 435 del C.P.P.)-, cabe recordar preliminarmente que esta Sala Tercera ya ha intervenido en tres oportunidades anteriores en el marco de la presente investigación penal preparatoria.
Así, este Tribunal se pronunció en la causa N° 36.588/III "Barraza, Christian s/ prisión preventiva" (resuelta el 03/06/2025, confirmando su prisión preventiva); en la causa N° 37.373/III "Barraza, Christian s/ elevación a juicio" (resuelta el 07/05/2026, confirmando su remisión a juicio); y en la causa N° 36.748/III "Aquino, Diego José s/ eximición de prisión" (resuelta el 24/07/2025, confirmando la denegatoria de eximición de prisión).
Efectuada una lectura integral de las actuaciones, adelanto que propiciaré confirmar parcialmente la resolución apelada: corresponde ratificar la prisión preventiva respecto de José María Robledo y revocarla -disponiendo la libertad por falta de mérito- respecto de Diego José Aquino, conforme las consideraciones fundadas que paso a exponer.
A.- En relación con la situación procesal de José María Robledo , el cuadro probatorio reunido en esta investigación preparatoria permite inferir con el grado de probabilidad positiva requerido por el art. 157 del C.P.P. su intervención en calidad de coautor funcional del hecho, desvirtuando cada una de las objeciones articuladas por su defensa.
Para reconstruir la dinámica del suceso y el rol específico desempeñado por el encartado, resulta indispensable partir de los datos objetivos que surgen de la declaración de la damnificada Romina Paola Alaniz y de los registros fílmicos incorporados al legajo. El 28 de marzo de 2025, alrededor de las 17:30 horas, al arribar la nombrada a su domicilio de la calle Bibiloni N° 3129 de Ricardo Rojas a bordo de su camioneta Jeep Renegade negra (dominio AD-775-NH) junto a su hija menor, fue interceptada por tres hombres que descendieron de un automóvil Volkswagen Golf gris con dominio colocado AA897YF -primero dos sujetos e instantes después un tercero-.
Dichos individuos la obligaron bajo intimidación armada a ingresar a la vivienda, sustrajeron dinero, relojes, documentación y el rodado, y emprendieron la fuga en ambos vehículos (el utilizado por los autores y el robado) de manera coordinada hasta separarse.
Producido el choque y vuelco de la camioneta Jeep Renegade sustraída durante la persecución policial -siniestro en el que perdiera la vida la niña Sofía Soledad Heizenrreder de 11 meses de edad y resultara lesionada su madre, siendo aprehendido en el lugar Rodrigo Lucas Moreyra y posteriormente Cristian Ezequiel Barraza, mientras permanece prófugo Alexis Duport-, las cámaras de seguridad municipales captaron el desplazamiento del mismo Volkswagen Golf gris (dominio AA897YF) circulando por las inmediaciones del lugar del impacto en maniobras compatibles con la búsqueda y rescate de los consortes que habían abandonado la camioneta y huían a pie.
De esta secuencia fáctica verificada objetivamente se desprende una primera inferencia lógica fundamental: al menos un cuarto interviniente permaneció al mando del Volkswagen Golf gris cumpliendo el rol de apoyo logístico, espera y extracción de los ejecutores materiales.
La vinculación directa de José María Robledo con la conducción de ese vehículo de apoyo se sustenta en la convergencia de la prueba testimonial, la evidencia digital y los registros de geolocalización.
En primer lugar, obran en autos las declaraciones testimoniales de Débora Elizabeth Alarcón y Miqueas Emanuel Romano, quienes identificaron al encartado por su apodo "Pachy" -extremo que coincide con los datos filiatorios brindados por el propio Robledo al ser indagado- como quien conducía el Volkswagen Golf gris el día del suceso.
Concretamente, Miqueas Emanuel Romano -quien se desempeñaba como chofer de la aplicación DiDi a bordo de su automóvil Chevrolet Corsa, dominio MSY 201- precisó que el 28 de marzo de 2025, luego de pasar a buscar a su madre Sandra Soto a las 16:44 horas para trasladarla hacia la localidad de Tortuguitas, observó en las adyacencias del escenario de los hechos a dos hombres que corrían por la calle Graham Bell en dirección a Alfonsina Storni vestidos con prendas oscuras, mientras iban descartándose de dicha indumentaria en plena fuga.
La crítica defensista que intenta restar entidad a estos testimonios invocando la masividad del modelo VW Golf gris o supuestas contradicciones de ubicación debe ser rechazada. Los testigos no realizaron una identificación genérica sobre un automóvil indeterminado, sino un señalamiento nominal concreto sobre la persona de "Pachy" al volante del vehículo utilizado en el hecho.
Asimismo, aportaron circunstancias de tiempo, modo y lugar que armonizan exactamente con el horario del asalto (17:30 horas), el recorrido de huida captado por las cámaras municipales y el descarte de ropas de los fugitivos, sin que la parte recurrente haya demostrado la existencia de mendacidad, contradicción interna o un motivo espurio que invalide sus dichos.
Esta imputación testimonial se ve corroborada de modo independiente y objetivo por la extracción forense practicada sobre el teléfono celular secuestrado en poder de Rodrigo Lucas Moreyra al momento de su aprehensión. En la agenda de dicho dispositivo figura registrado bajo el alias "GORDO" el abonado 1168539883, cuya titularidad -conforme informó la empresa Telecom Personal- corresponde a Juan José Robledo (D.N.I. 4.577.774, con domicilio en Rodríguez Peña 2645, Piso F), progenitor del imputado.
El análisis de los mensajes de WhatsApp y archivos de audio intercambiados los días 27 y 28 de marzo de 2025 revela la planificación, el reparto de roles y la ejecución del ilícito. En dichas conversaciones, el usuario agendado como "GORDO" coordinó expresamente pasar a buscar a "DIEGO", a "MOREIRA" y finalmente a "ALEXI" para concretar un "trabajo" .
En ese mismo diálogo, "MOREIRA" le solicitaba a "DIEGO" un pantalón largo porque él "iba a bajar" -es decir, descendería del vehículo para abordar a la víctima- y a "ALEXI" un barbijo o cuello polar para cubrir su rostro, intercambiándose además fotografías de armas de fuego y de distintos automóviles estacionados en la vía pública.
A la contundencia de ese intercambio comunicacional se suma la prueba técnica de geolocalización por celdas telefónicas, mediante la cual se determinó que el abonado 1168539883 impactó el día previo al robo (27 de marzo de 2025), entre las 14:27 y las 19:00 horas, en la antena emplazada en la calle Sarmiento 2750 de la localidad de Ricardo Rojas, ubicada a 1,4 kilómetros (aproximadamente cinco minutos de trayecto vehicular) del domicilio de la víctima en la calle Bibiloni 3129.
Este dato técnico guarda una correspondencia espacio-temporal con lo relatado por Romina Paola Alaniz, quien declaró que el día anterior al asalto advirtió la presencia de tres sujetos que la observaron fijamente desde la esquina de su vivienda, lo cual permite inferir razonablemente la realización de tareas previas de inteligencia y vigilancia sobre el objetivo.
Frente a este entramado de prueba testimonial, documental, digital y de antenas que converge sobre la línea titularizada por el padre del imputado y su apodo personal, la objeción defensista basada en la ausencia de un peritaje foniátrico de voz, carece de virtualidad para conmover el juicio de probabilidad, máxime cuando la propia parte, de entenderlo pertinente, conserva intacta su facultad de solicitar dicha pericia.
Del mismo modo, la invocación del resultado negativo de los peritajes dactiloscópicos y genéticos realizados sobre la Jeep Renegade, el arma secuestrada o el Fiat Punto, así como la falta de reconocimiento directo por parte de la víctima, no debilitan la imputación. Tales extremos son plenamente compatibles con la mecánica de coautoría funcional acreditada: Robledo no descendió del Volkswagen Golf gris ni ingresó a la morada de Alaniz, sino que permaneció al volante del automóvil de apoyo -rodado que aún no ha sido secuestrado, lo que explica la imposibilidad material de levantar rastros en su interior-, mientras sus consortes ejecutaban el desapoderamiento dentro de la finca y abordaban la camioneta sustraída.
Tampoco puede prosperar la hipótesis alternativa expuesta por Robledo en su declaración indagatoria (arts. 308 y 317 del C.P.P.), donde sostuvo haber estado trabajando solo en el taller mecánico de su hermano el día del hecho. Su versión no sólo carece de respaldo testimonial o documental que la acredite, sino que presenta una contradicción interna al mutar sobre la tarea mecánica supuestamente realizada -afirmando en un tramo haber reparado el tren delantero del automóvil de un cliente y luego sostener que arreglaba la junta de tapa de cilindros de un Fiat Uno-, lo que demuestra su inconsistencia frente al plexo de cargo.
Finalmente, el mantenimiento de la prisión preventiva satisface los recaudos constitucionales y convencionales de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (arts. 14, 18, 31 y 75 inc. 22° de la C.N.; arts. 7.1, 7.2 y 8.2 de la C.A.D.H.; art. 9.1 y 9.3 del P.I.D.C.yP.; arts. 10, 11 y 21 de la C.P.B.A.; arts. 144, 146, 148, 157, 158 y 171 del C.P.P.).
La calificación legal atribuida en concurso real - robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y su comisión en lugar poblado y en banda, encubrimiento y abuso de arma "criminis causae" agravado por su comisión contra un miembro de las fuerzas de seguridad públicas, previstos por los arts. 55, 105 en función del art. 80 incs. 7 y 8, 166 inciso 2do. párrafo 2do., 167 inciso 2do. y 277 inciso 1ero. apartado C. e inc. 2 del Código Penal)- prevé una escala penal con un mínimo que parte de seis años y ocho meses de prisión y cuyo máximo supera los quince años, excluyendo la condenación condicional (art. 26 a contrario del C.P.) y la excarcelación ordinaria (art. 169 a contrario del C.P.P.), máxime frente al breve lapso de detención que registra el imputado desde su aprehensión el 8 de septiembre de 2026.
A esta pauta objetiva se añaden la extrema gravedad y violencia del suceso -cometido en banda con armas de fuego, privando de la libertad a una mujer y su hija menor en su hogar, desapoderándola de su automotor, demás bienes y dinero, efectuando disparos contra un móvil policial en la huida-, así como la subsistencia de coimputados prófugos y la falta de secuestro del vehículo conducido por Robledo, indicadores concretos de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio que no pueden ser neutralizados mediante medidas menos gravosas; sin que al presente, se adviertan ni fueran presentados datos o alternativas idóneas para neutralizar los riesgos procesales expuestos en autos.
B.- Distinta conclusión corresponde arribar respecto de Diego José Aquino , toda vez que la prueba reunida hasta el presente resulta manifiestamente insuficiente para alcanzar el estándar de probabilidad positiva exigido por el art. 157 del C.P.P. para restringir cautelarmente la libertad ambulatoria.
El juicio de imputación cautelar exige motivos fehacientes y comprobables capaces de oponer al estado jurídico de inocencia un cuadro probatorio que suponga tonar probable su compromiso con al hecho. Este extremo no se satisface en autos cuando los dos elementos cargosos invocados por la acusación, carecen de fuerza inferencial suficiente y no logran ubicar al encartado en la escena del hecho ni vincularlo objetivamente con la banda.
En primer lugar, la incorporación de Aquino a la pesquisa se originó exclusivamente a partir de una compulsa policial en la red social Facebook (portal Malvinas Argentinas Noticias ), donde una usuaria registrada bajo el nombre "Matilde Ojeda" publicó la fotografía de un hombre con remera gris y gorra negra junto a la leyenda "Diego Aquino, uno de los asesinos sueltos de la bebe de once meses" , adjuntando en otro comentario el enlace a un perfil restringido y sin imágenes del comercio "Pizzas Aquino" , sito en la calle 25 de Mayo 1718 de la localidad de Los Polvorines.
Sin embargo, tanto la prevención policial como el Ministerio Público Fiscal omitieron por completo realizar diligencias elementales de verificación tendientes a establecer la identidad real de la usuaria "Matilde Ojeda", constatar su existencia física o indagar la fuente y veracidad de su señalamiento.
De ello se infiere que estamos ante una imputación anónima, no verificada en una red social, desprovista de todo respaldo objetivo posterior, que por su propia naturaleza conjetural carece de capacidad probatoria e incluso de valor indiciario para sustentar una privación cautelar de la libertad.
En segundo término, la pericia practicada sobre el teléfono celular secuestrado a Rodrigo Lucas Moreyra tampoco aporta el eslabón probatorio necesario para sostener la imputación. Si bien en la agenda de dicho aparato figura registrado bajo el nombre "DIEGO" el abonado 1135237492 -y en los chats extraídos se menciona pasar a buscar a "DIEGO" y pedirle un pantalón largo-, a diferencia de lo comprobado respecto de Robledo (cuya línea en principio estaba registrada a nombre de su padre), en el caso de Aquino no se acreditó nexo alguno de titularidad, tenencia o uso sobre ese abonado.
Por el contrario, el informe oficial de la empresa Telecom Personal estableció que la línea 1135237492 se encuentra registrada a nombre de Ezequiel Alejandro Zontkowski (D.N.I. 37.225.345), con domicilio en la localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba -a más de 750 kilómetros del lugar del suceso y del domicilio de Aquino-. La instrucción no efectuó medida alguna para determinar si el Sr. Zontkowski existe o si mantiene algún vínculo de parentesco, amistad o cercanía con Aquino que permita inferir que este último utilizaba dicho teléfono.
En ausencia de cualquier prueba que vincule a Aquino con el titular nominal de la línea o con la tenencia del aparato, el dato técnico relativo a que el abonado 1135237492 impactó entre el 28 y el 31 de marzo de 2025 en la antena ubicada en Mariano Boedo 2181 de Los Polvorines (partido de Malvinas Argentinas) -emplazada a un radio de cobertura de 600 metros respecto de la pizzería donde reside y trabaja el imputado- constituye un indicio equívoco y ambiguo.
Una captación celular cuya posesión por parte del imputado no se determinó, dentro de un radio urbano densamente poblado de 600 metros, resulta compatible con múltiples hipótesis ajenas al encartado y al carecer de un elemento asociativo directo con su persona o con el lugar del robo en Tigre, no permite concluir racionalmente que Aquino fuera el interlocutor de Moreyra o Robledo.
A la fragilidad inferencial de la hipótesis acusatoria se contrapone además el descargo circunstanciado prestado por Diego José Aquino en los términos del art. 308 del C.P.P., quien negó categóricamente su intervención en el asalto y explicó que el 28 de marzo de 2025 trabajó durante toda la jornada en la pizzería familiar de la calle 25 de Mayo 1718 -donde también reside-, realizando además traslados en automotor para familiares (su hermana y su sobrino) y entregas de mercadería a clientes del local.
A diferencia de la versión aislada de su coimputado, el relato de Aquino cuenta con respaldo testimonial directo en el legajo: los testigos Fernando Mariano Espora y Ariel Germán Ledesma, empleados del mencionado comercio, declararon haber visto a Aquino desempeñándose laboralmente en el local durante toda aquella jornada, así como efectuando los traslados familiares y repartos de pedidos referidos, corroborando íntegramente su coartada.
En consecuencia, no habiéndose reunido elementos de convicción suficientes para sostener prima facie la participación de Diego José Aquino en el hecho investigado (art. 157 incs. 2° y 3° del C.P.P.), corresponde revocar la prisión preventiva dictada a su respecto y disponer su inmediata libertad por falta de mérito (arts. 144, 157 a contrario , 210 y 320 del C.P.P.), previa constatación de inexistencia de impedimentos legales.
Así lo voto (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.).
El Juez Leonardo G. Pitlevnik dijo:
Adhiero al voto del colega preopinante, Dr. Gustavo A. Herbel, por sus mismos fundamentos y conclusiones.
Así lo voto (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.).
Por los motivos expuestos, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Francisco M. Sibila -defensor particular de José María Robledo- y Juan Carlos Osorio -defensor particular de Diego José Aquino- contra la resolución dictada por el Juzgado de Garantías N° 5 departamental (arts. 164, 421, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
II. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa de José María ROBLEDO -de las demás condiciones personales obrantes en autos- y, en consecuencia, y en consecuencia, CONFIRMAR la resolución impugnada en cuanto dispuso convertir en prisión preventiva su actual detención en orden a los delitos imputados (arts. 55, 105 en función del art. 80 incs. 7° y 8°, 166 inc. 2° párr. 2°, 167 inc. 2° y 277 inc. 1° ap. "c" e inc. 2° del Código Penal; y arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 a contrario , 171 y ccdtes. del C.P.P.).
III. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Diego José AQUINO -de las demás condiciones personales obrantes en autos-, REVOCAR el auto apelado a su respecto y DISPONER SU INMEDIATA LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITO en la presente causa, la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su actual lugar de alojamiento, previo labrarse el acta de rigor y certificar que no registre órdenes de detención y/o capturas pendientes -en cuyo caso quedará anotado a exclusiva disposición de la autoridad requirente, con inmediata comunicación a ésta, a la U.F.I. y al Juzgado interviniente- (arts. 144, 157 a contrario , 158 a contrario , 210 y 320 del C.P.P.).
IV. REGÍSTRESE , notifíquese a la Fiscalía General departamental, a las defensas particulares y a la víctima. Cumplido, devuélvase la incidencia al Juzgado de Garantías interviniente, encomendándose al Actuario la notificación personal de lo resuelto a los encausados José María Robledo y Diego José Aquino. Sirva la presente de atenta nota de envío. /////
Firmas
Funcionario firmante: HERBEL Gustavo Adrián - JUEZ
Funcionario firmante: PITLEVNIK Leonardo Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: GAMULIN Gabriela Marisa - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 984-2026
Fin de la sentencia