Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9814 FOLIO Nº 137/140 PROT. ELECT. JR101663I.251
Río Gallegos, 12 diciembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados “D.L.M.A. y Otro S/ Ttva. de Robo” - Expte. Nº 26.472/23 - Apelación Nº 9897/25, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/08vta., del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado F.D.G. en orden al delito de “Robo en grado de Tentativa” (Arts. 42, 45 y 164 del C.P); en el punto 2°) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000). A fs. 10/13vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo-, recurso que fuera sostenido a fs. 20, no habiendo presentado el memorial del art. 437 de CPP; en consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
1. Se agravia la defensa por considerar que las piezas aunadas son insuficientes y contradictorias.
También que el a quo tenga por acreditada la materialidad del hecho, indicando que los elementos colectados revisten el carácter de indiciarios.
Explica que el auto de procesamiento se encuentra sustentado en afirmaciones conjeturales, sin respaldo en prueba objetiva ni en testimonios de valor incriminante directo.
Señala la existencia de una insalvable contradicción entre las declaraciones de la víctima y los testigos, como también que el auto adolece de una falta de fundamentación seria que permita sostener la responsabilidad del imputado.
Alega que el auto de procesamiento se apoya en presunciones construidas a partir de circunstancias de aprehensión en las inmediaciones del lugar, sin que se haya probado la efectiva participación del imputado. Que, al momento de efectuarse la requisa personal al imputado (a fs. 05/vta.), el Sr. G. no tenía en su poder los objetos sindicados por el denunciante. Asimismo, que el auto se funde en el contenido del acta de secuestro obrante a fs. 06. Que, no se cuenta con filmaciones, huellas dactilares, ni testigos presenciales que identifiquen a G. en el lugar del hecho, ni con otros que permitan superar el estándar de sospecha débil.
Entiende que la resolución se apoya exclusivamente en la declaración de un sólo testigo presencial que no identificó a su defendido como autor del hecho, ni directa ni circunstancialmente. Que, el testigo, el Sr. V.D. (a fs. 18) refirió haber visto a dos sujetos trasladando bolsas y mochilas pero realizó una descripción imprecisa y genérica. Argumenta que la presunción de inocencia no puede ser desplazada por conjeturas. Agrega que, a fs. 20 obra declaración testimonial del Sr. H.L. quien manifestó que notó presencia policial, y al no observar anormalidades se retiraron del lugar.
Explica que los testimonios prestados por personal policial carecen del valor que corresponde a un verdadero testimonio ya que son testigos de actuación. En consecuencia, entiende la recurrente que la valoración formulada respecto de este testimonio demuestra un claro direccionamiento de la presente instrucción en contra de su defendido, pues, los agentes tomaron conocimiento del caso por aviso radial y que no vieron el hecho en sí. Abordaremos el desarrollo del presente agravio indicando que en autos obran sobrados elementos para acreditar, con el grado de probabilidad requerido, la responsabilidad del imputado.
Como lo indicó el a quo, el auto de procesamiento se encuentra sustentado con el Informe de novedad del Oficial Ayudante A. (fs. 01/02), la declaración testimonial de H.J.G. (fs. 03/vta.), el acta de aprehensión de F.D.G.(fs. 05/vta.), actas de secuestro (fs. 06 y 09), documental fotográfica (fs. 07 y 11/vta.), acta de inspección ocular y croquis ilustrativo (fs. 13/14), declaración testimonial de D.V. (fs. 18/vta.), el acta de reconocimiento de elementos y entrega de G. (fs. 19/vta.), la declaración testimonial de L.J.H. (fs. 20), y el Informe de inicio de actuados (fs. 23/vta., 38/vta.). En efecto, surge de los informes policiales que el imputado fue aprehendido en inmediaciones del lugar del hecho tras ser anoticiados de la presencia de dos masculinos que aparentemente habrían sustraído elementos de la casa de un vecino. Ello se robustece con el acta de aprehensión de fs. 05/vta., del que surge que la persona detenida es G.
En consonancia, contamos con la testimonial del Sr. V.D., quien mencionó: “…me encontraba en el lugar que diera por domicilio realizando trabajos de carpintería, visualizo a 02 masculinos los cuales se posicionan en el ingreso a una vivienda ubicada frente a mi casa, tal es así que momentos después los veo irse con dirección hacia calle 25 y doblan en intersección de calles 23 y 50, es dable mencionar que al momento en que estos retornan su camino esta vez uno de ellos llevaban consigo (02) bolsas color blanca y el restante (01) mochila, por tal motivo decidí darle aviso al teléfono de Esta Unidad Policial…”. Asimismo, el Sr. H.L.J. quien le aviso al damnificado lo que ocurría manifestó: “…me percate que sobre el domicilio de mí vecino (…) a quien conozco como H. note presencia policial en el lugar, a lo que consultado, estos manifestaron que estaban observando la vivienda, constatando que no hubiera daños o signos de forzamiento en la misma. En consecuencia y en virtud de a simple vista no observar anormalidades se retiraron del lugar, por tal motivo me comunique con él vía telefónica para que se acerque a su domicilio a corroborar su vivienda…”. En consecuencia, el Sr. H.J.G. -propietario de la vivienda-, pese a lo manifestado por los agentes, pudo constatar el daño de la cerradura de galpón y del candado de la puerta, como también que sustrajeron una (01) soldadora color amarilla con negro marca "ESAP" con diferente entrada, un (01) taladro color rojo, una (01) amoladora color rojo, un (01) cepillo de madera color rojo, una (o1) caladora color rojo, una (01) lijadora color rojo, un (01) taladro atornillador recargable color rojo con negro, una (01) sierra circular, todos marca Black Decker, una (01) cinta métrica color amarilla, una (01) engrapadora metálica con mango amarillo marca KAMASA y diferentes tipo de semillas para huerta, coincidiendo los elementos mencionados con los constatados en las actas de secuestro (fs.06 y 09). En cuanto al daño, este se encuentra acreditado por el acta de inspección ocular de la que surge que la puerta acceso principal del galpón de material chapa presentaba un pestillo y su sistema de seguridad (picaporte y cerradura) con signos de forzamiento.
Es dable señalar lo expresado por la a quo a fs. 07: “…debo valorar positivamente el detallado informe policial realizado por la preventora, del que surge, que a partir de la descripción dada telefónicamente lograron encontrar a dos masculinos con idénticas características caminando por calle 25 (cerca de la casa del denunciante), trasladando las bolsas que contenían los elementos denunciados como sustraídos de las cuales intentaron deshacerse previo a ser aprehendidos. Es decir que de ello, emerge un indicio altamente incriminante ya que la aprehensión de los causantes, se ve ampliamente fortalecido por el escaso tiempo transcurrido entre este evento y el desapoderamiento, lo que permite excluir otras hipótesis distintas al apoderamiento ilegítimo de elementos de propiedad ajena. Cabe destacar además que ambos causantes fueron encontrados por el personal policial mientras se trasladaban a pie con el botín delictual…”. Por lo tanto, no advertimos orfandad probatoria ni falta de fundamentación, como tampoco contradicción en las declaraciones testimoniales como indica la defensa, encontrándose acreditada la materialidad del hecho, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia.
En relación a la omisión de practicar las diligencias mencionadas debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Finalmente, en cuanto al cuestionamiento sobre las declaraciones policiales debemos decir que la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que: "...Las actuaciones policiales del sumario de prevención revisten calidad de instrumentos públicos que hacen plena fe hasta su argución de falsedad (art. 993, Cód. Civil), de manera que son prueba suficiente de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por él mismo o que pasaron en su presencia, así como de los reconocimientos contenidos en ellas...". (Cita on line • 25/09/2001 • A., A. • LLLitoral 2002, 119 •AR/JUR/1845/2001). Así, advertimos que no asiste razón a la apelante en sus argumentaciones, y que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional; y, hallándose a salvo los derechos y garantías de los imputados, el presente agravio no prosperará.
2. Plantea que la resolución apelada incurre en un error jurídico al considerar configurada una tentativa de robo, ya que la misma requiere un comienzo de ejecución directo del delito, lo cual no ha sido certificado.
Agravia a la defensa que no se configuran los elementos del tipo penal.
Que los hechos relatados no permiten sostener que se haya comenzado a ejecutar el delito con acto idóneo y unívoco dirigido a su consumación, ni que exista dolo específico. Señala que el principio de lesividad no puede castigar delitos que reconozcan como soporte fáctico un conflicto que afecte bienes jurídicos ajenos, es decir: acciones que produzcan un daño en el marco de un conflicto relevante. Que, la Magistrada subsume erróneamente la conducta de su defendido en un tipo penal equivocado, calificándolo como mucho más gravoso que el tipo penal en que encuadra la conducta de G.
Respecto al presente agravio corresponde recordar a la defensa que es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23, 8190/23, 8751/24, entre otras. Asimismo, a nivel Nacional se dijo: “...no debe olvidarse que la resolución de mérito en los términos del art. 306 del código de rito constituye una pronunciamiento meramente provisional, que no causa estado y que resulta reformable, aún de oficio, en cualquier momento de la instrucción ante la incorporación de nuevas pruebas…” (Cámara Federal de Rosario - Sala A - caratulados “Legajo de Apelación en L, AR S/Infracción Ley 23.737 (ppal. R, N)” - Expte. Nº FRO 43206/2017/9/2/CA5- 06/11/2020). Sin embargo, y a fin de evacuar dudas, advertimos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos -haciendo referencia concreta al contenido de cada una de las pruebas glosadas a la causa-, la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 42, 45 y 164 del Código Penal, provisoriamente calificado como “Robo en Grado de Tentativa”.
3. Como último agravio la recurrente señala que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000) resulta excesivo.
Que, la cuantía del embargo, y la imposibilidad de su asistido de ofrecer bienes para cubrir dichas sumas, necesariamente conducen a la inhibición general de bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario. En consecuencia, entiende que la medida configura una afectación patrimonial injustificada, y solicita la reducción del monto consignado. Al respecto, debemos decir que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a F.D.G., su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Quinientos Mil ($500.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrado señaló, en los considerandos de fs. 146/vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Así, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Magistrada para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso F.D.G.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 05/08vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia