Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9909 FOLIO Nº 039/040 PROT. ELECT. JR101057I.261
Río Gallegos, 11 de marzo de 2026.
La presente causa caratulada: “D.L.R.E.L. S/ APREMIOS ILEGALES” Expte. Nº 23.806/23, Apelación Nº 10.044/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 02/03 de este incidente (fs. 41/42 del principal) obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el archivo de las presentes actuaciones por no constituir delito el hecho denunciado (art. 187 segundo párrafo del CPP). Que a fs. 03vta./05 vta., la Sra. Agente Fiscal de Instrucción apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 10/11 se sostuvo el recurso y, habiéndose presentado memorial y renunciado al plazo regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, agravia a la fiscalía de instrucción que se concluya que el hecho denunciado no constituye delito, pues advierte que del informe de novedad de fs. 02, y la declaración testimonial de la oficial ayudante G.A., surge que el Sargento D.L.R. comenzó a agredir al pretenso damnificado, golpeándolo en el suelo, lo cual también habría presenciado la oficial M.M.D. En tal sentido, refiere que, pese a la carencia del testimonio del pretenso damnificado, se omitió constatar el legajo personal del efectivo policial (sanciones vinculantes, informe psicosocial, desempeño laboral, etc.), sus antecedentes en la comisión de este tipo de ilícitos por parte del imputado en esta jurisdicción judicial, y los testimonios directos faltantes. Asimismo, señala que no se consideró el valor probatorio de las deposiciones realizadas por la Oficial A. y la Suboficial D. En palabras de la apelante, se ha restringido al Ministerio Público Fiscal en la producción de la prueba, pues a la solicitud de medidas de fs. 36, se proveyó que se tenga presente, para luego archivar el sumario; lo cual –entiende- afecta el control de la prueba y limita seriamente la actuación del ejercicio de la acción pública. Al respecto, estima que el temperamento adoptado no resulta ajustado a las circunstancias descriptas por la oficial ayudante G.A., al poner en conocimiento de un hecho antijurídico cometido en actos del servicio, en el marco de un contexto de encierro, por un funcionario policial encargado de la custodia del detenido C.J.V., siendo a su criterio apresurado proceder al archivo sin mediar ninguna prueba tendiente a recabar más datos sobre los acontecimientos de acuerdo con el hilo investigativo trazado. Finalmente, sostiene que se debe revocar el archivo dispuesto, y hacer lugar a las medias instructivas solicitadas.
Que, al mantener el recurso impetrado y presentar el memorial previsto en el art. 437 del CPP, la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial; considera que no le asiste razón al magistrado al ordenar el archivo de las actuaciones, pues a su criterio deviene prematuro, atento que existirían medidas de prueba esenciales que, pese a la gravedad institucional que reviste el hecho denunciado, no han podido ser sustanciadas. En esa dirección, pone de resalto la naturaleza del hecho imputado, el que habría sido cometido por agentes de la fuerza de seguridad en ejercicio de sus funciones.
Asimismo, argumenta que el estado tiene el deber irrenunciable de investigar con exhaustividad cualquier denuncia que involucre la afectación de la integridad física de personas bajo su custodia.
I. Que, analizados los agravios impetrados, adelantamos, serán rechazados.
En efecto, no se advierte prematuro el archivo dispuesto, pues como bien consideró el magistrado, el damnificado no denunció y no declaró en las presentes actuaciones, en tanto las declaraciones testimoniales de G.A.A. y M.M.D., resultan contradictorias entre sí; toda vez que la primera nombrada dijo haber visto que el imputado habría agredido físicamente a la pretensa víctima, y que producto de ello resultó con lesiones, y la segunda aseguró que el imputado se limitó a reducir al supuesto damnificado y que, si bien presentaba lesiones, y sangre visible, estas habrían sido inferidas por su compañero de celda. Por otro lado, pese a estar notificado, el oficial C.C. presente en el lugar de los hechos aquel día, no compareció a declarar, y tampoco se certificaron las presuntas lesiones en el cuerpo de la víctima.
En este punto, hemos de concordar con el magistrado, en que, frente al plexo probatorio reunido: “El llamado a prestar declaración indagatoria es materia discrecional del juez como director del proceso y no requiere otro fundamento que su convicción en punto a la sospecha de que una persona ha participado en la comisión de un delito.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II; 07/02/2018; D. V., J. M. s/ nulidad; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/2201/2018). Por otro lado, debemos destacar que, tanto el entonces juez titular de instrucción de El Calafate, como el subrogante legal, acogieron los pedidos de producción de pruebas solicitados por la Sra. Agente Fiscal (fs. 08 y 37 del principal), habiendo quedado pendiente la testimonial de C.C. y la pretensa víctima. Que, aun así, es relevante aclarar que en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino sólo las que estimaran pertinentes y útiles a fin de comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (CNPE; Sala A; P. G., D. A. s. Recurso de queja en: U. L. S.A. y otro s. Legajo de investigación 29/09/2022; Rubinzal Online; RC J 6203/22). En el caso, no hay denuncia ni declaración de la pretensa víctima, una de las testigos presenciales dijo que el imputado habría reducido al damnificado, pero la sangre que presentaba era producto de una agresión de su compañero de celda.
Finalmente, no obra en autos certificado médico de las lesiones que el imputado habría producido a la víctima, con lo cual, no luce irracional el criterio del magistrado de archivar las actuaciones, máxime teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa; motivo por el cual, confirmaremos el auto que así lo dispone.
II. Atento que el imputado respecto del cual se confirmó el archivo de las actuaciones, resulta ser empleados de la Policía de Santa Cruz, con los recaudos de estilo, comuníquese lo aquí resuelto a la Dirección General de Asuntos Legales de la mencionada institución, a los efectos pertinentes.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 02/03 de este incidente (fs. 41/42 del principal), por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. OFICIESE a la Dirección General de Asuntos Legales de la Policía de Santa Cruz, conforme lo ordenado en el punto II) de los considerandos.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia