Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.174 FOLIO Nº 158/160 PROT. ELECT. JR101 321I.261
Río Gallegos, 11 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “A.D.Y. S/ LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO” Expte. Nº 92.133/24, Apelación Nº 10.269/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 67/72 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de D.Y.A., en orden al delito de “lesiones culposas agravadas por darse a la fuga” (arts. 94 bis 2º párrafo del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes de la imputada por la suma de pesos un millón ($ 1.000.000).
Que a fs. 89/91, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 95 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que la defensa sostiene que el auto recurrido resulta arbitrario por falta de prueba de cargo, parcialidad y atipicidad, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendida.
En su primer agravio “Orfandad probatoria”, la defensa sostiene que existe una valoración arbitraria y direccionada de la prueba.
Argumenta que no existen en autos filmaciones ni imágenes que den cuenta de cómo se produjo el impacto, salvo el testimonio del damnificado.
Enumera algunas cuestiones, como que el damnificado no portaba casco ni se verifica que la bicicleta tuviera las luces correspondientes para circular de noche, es decir que no cumplimenta los requisitos de la misma ley 24449 que intenta aplicarse a su representada.
Considera que SS ha hecho hincapié exclusivamente en la conducta de su defendida, vulnerando el derecho a la igualdad de armas, resultando caprichosa la opción de la prueba.
Entiende que si bien la culpa concurrente en su caso no eximirá a quien hubiera obrado en forma imprudente, resta información relevante a los fines de la estrategia defensiva operando en forma desigual ante dos presupuestas conductas con idéntica violación del deber de cuidado perjudicando la situación procesal futura de su defendida.
En su segundo agravio “Ausencia de tipicidad del agravante”, resalta que no existió intención de abandono y menos aún intención de sustraerse del proceso.
Expresa que la conductora relata una situación de shock provocada por una impresión de algo que habría bajo su auto y la inmediata agresión recibida en el lugar por cuatro personas. Aclara que la Sra. A. se presentó en forma espontánea en la División Cria. 4º, como se observa en el informe de fs. 10, no a los cuatro días como sostiene SS. En su último agravio “Embargo” la defensa se agravia por el monto del embargo preventivo fijado en un millón de pesos ($1.000.000). Sostiene que el juez no explicó los fundamentos ni los criterios utilizados para determinar que esa cifra fuera la adecuada para la medida cautelar.
Finalmente hace reserva del caso federal.
Quedan de esta forma plasmados los agravios a analizar.
De la lectura de las constancias del presente legajo, debemos señalar que disentimos con la recurrente en cuanto a la orfandad probatoria alegada.
Resaltamos que a criterio de esta Alzada el a quo analizó en forma prolija toda la prueba rendida en los autos, para luego valorarla, y concluir estableciendo la provisoria participación y responsabilidad de la encartada con las calificaciones legales encuadradas.
El magistrado a través del análisis integral de todo el plexo probatorio recabado durante la instrucción y teniendo en consideración los indicios emergentes de la misma, arriba al decisorio de atribución de responsabilidad a la incusa por el delito endilgado. En efecto, no surge del auto impugnado que el magistrado hubiera valorado de manera sesgada o arbitraria la prueba reunida en autos pues, contrario a ello, se advierte un análisis integral de la misma, ponderando la versión exculpatoria de los hechos aportada por la imputada, así como las pruebas objetivas que permiten fundar el auto de procesamiento, tales como el informe policial de fs. 5 y 10, el testimonio brindado por el damnificado en sede policial, el certificado médico policial, así como el informe médico del CMF los que dan cuenta de las lesiones observadas en el damnificado y que poseen el carácter de leves, el informe de Accidentología Vial el que da cuenta del resultado de la inspección efectuada sobre el rodado infractor, adjuntando secuencias fotográficas del mismo, el informe labrado por la División de Investigaciones sobre el análisis efectuado de las secuencias fílmicas recabadas en las cercanías del lugar del hecho, la pericia cinemática, la que arroja como causalidad del siniestro la “omisión al deber de cuidado por parte del conductor del rodado automotor, quien embiste con su parte frente el lateral derecho de la bicicleta.”. Encontramos que el magistrado pondera detallada y fundadamente cada elemento de prueba, bajo los parámetros de la sana crítica racional, dando las razones sobre la adopción de la calificación jurídica asignada a los hechos como constitutiva de los delitos atribuidos, por lo cual descartamos cualquier alegación de arbitrariedad por parte del instructor en su auto de mérito.
En efecto, no se advierte que el a quo hubiera incurrido en arbitrariedad o falta de motivación, habida cuenta que -cuanto menos en los aspectos referenciados- se ha pronunciado conforme al derecho vigente y a las circunstancias probadas en la causa. Sobre ese marco, interesa recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales según su criterio divergente, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344, 274:462; 308:914; 313:62; 315:575), todo lo cual no se advierte en el caso. Por ello, cabe concluir que el pronunciamiento censurado ha sido sustentado razonablemente y el recurso sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos: 302:284; 304:415; entre tantos otros).(Balducci, Guido s/ recurso de casación” Registro nro: 927/23 - C.F.C.P.).
En lo atinente al alegado incumplimiento por parte del damnificado de las normas que regulan la utilización de bicicletas en la vía pública, cabe señalar que tampoco resulta atendible el intento de atribuir una concurrencia de culpas. Ello, en cuanto este instituto no resulta trasladable a un proceso penal, fundamentalmente, por el carácter público que ostenta la pena que impide ponderar la eventual conducta imprudente de la víctima como factor de compensación de responsabilidad penal.
Así lo ha resuelto invariablemente esta alzada en los autos caratulados: “H.F.N. s/ homicidio culposo” Expte. Nº 18949/20, Apelación Nº 8393/23; “F.C.D s/ muerte en accidente de tránsito (resultara víctima)” Expte. Nº 78427/19, Apelación Nº 9041/24; “Comisaría Primera s/ investiga muerte en accidente de tránsito” Expte. Nº C-16059/24, Apelación Nº 9119/24 y; recientemente, en las causas: “A.G.O. s/ homicidio culposo en accidente de tránsito” Expte. Nº 90768/24, Apelación Nº 9437/25, y “Q.A.M. s/ lesiones culposas graves” Expte. Nº Q-79785/24, Apelación Nº 9595/25, por citar algunas. En lo referente a su segundo agravio, se corrobora lo expresado por el magistrado en tanto de la lectura del informe policial, surge que efectivamente la Sra. A. hubo de comparecer ante la sede policial a los cuatro días de acontecido el siniestro.
Por otro lado, como ya lo viene expresando en forma sostenida esta Alzada de manera invariable, la calificación legal asignada en el auto de procesamiento —incluyendo sus agravantes— es de naturaleza netamente provisoria y mutable a lo largo del proceso. Dicho encuadre no causa estado ni resulta vinculante para el requerimiento de elevación a juicio o la sentencia definitiva, pudiendo variar incluso durante el debate oral siempre que no se altere la plataforma fáctica sustancial. Este criterio ha sido recientemente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia provincial (en autos: “V.J.A. S/ Homicidio simple...”, Expte. 1701/24/TSJ, del 14/05/26), demostrando que la subsunción penal definitiva es materia reservada a etapas ulteriores, razón por la cual no se dará tratamiento al mismo. Este criterio fue sostenido asimismo en las apelaciones Nº 10107/26, 10037/26, por citar algunas de las más recientes. En la resolución que se ataca, se vislumbra una acabada valoración e interpretación del plexo probatorio colectado en autos, considerando que los mismos resultan suficientes para arribar al decisorio recurrido, teniendo especial consideración del estadio procesal en que nos encontramos, donde la certeza no es la requerida, sino la probabilidad de participación del imputado en el hecho denunciado. Por lo expresado, y como lo sostiene la jurisprudencia, “El procesamiento del imputado debe ser confirmado, ya que la prueba reunida permite sostener, que, al menos las lesiones sufridas por la víctima fueron producto de la violación al deber objetivo de cuidado que le incumbía al acusado en la conducción vehicular.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 14/07/2023; E., E. J. s/ procesamiento; DPyC 2023 (noviembre), 230; Cita: TR LALEY AR/JUR/106638/2023).
Sobre el cuestionamiento al monto del Embargo entendemos que no prosperará, debiendo aclararse que el embargo es una prescripción legal expresa (art. 499 del CPP) de naturaleza cautelar y estimativa. Su fin es garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (tasa de justicia y honorarios).
La jurisprudencia es mayoritaria al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo... debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “D.Y., C.F.”, 17/09/2009). Asimismo, el quantum fijado se exhibe como razonable para garantizar esos fines (CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024), máxime considerando el carácter provisional de la medida y el orden de prelación establecido en los arts. 29 y 30 del Código Penal.
Este criterio es sostenido por esta Alzada en las apelaciones 10016/26, 10056/26, 10092/26, por citar algunas recientes.
II. Observación: De la lectura del presente legajo, surge que la tramitación llevada a cabo en los presentes estuvo detenida desde 09/05/2025 -vr. fs. 63- hasta el 28/04/2026 -vr. fs. 67-. Es por lo cual, ante una instrucción prolongada en el tiempo, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, hacemos saber al Juzgado actuante que deberá extremar los recaudos para evitar dilaciones en las tramitaciones de las causas, y en los presentes imprimir celeridad asegurando un adecuada prestación del servicio de justicia para el cumplimiento de las próximas etapas procesales a fin de brindar un efectivo y oportuno servicio de justicia.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 67/72 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. HACER SABER a la instrucción lo dispuesto en el pto. II) de los presentes.
4)TÉNGASE PRESENTE la reserva del caso federal.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia