Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8418 FOLIO Nº 053/056 PROT. ELECT. JR101034I.242
Río Gallegos, 06 de febrero de 2024.-
La presente causa caratulada "C.E.D. S/ Lesiones Doblemente Agravadas" - Expte. Nº C- 71537/21- Apelación/Causa JR Nº 8320/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 141/149vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado EDC en orden al delito de “Lesiones Leves Doblemente agravadas por mediar una relación de pareja y por violencia de género, Desobediencia, Amenazas y Daño todo en concurso real” (Arts. 89, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 239, 149 bis, 183 y 55 del CP); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000). Que a fs. 160/168 vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 186 (código de validación 1963390b) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordarán cada uno de los agravios por separado en el orden propuesto por la parte recurrente.
1. Se agravia la defensa por considerar que en el decisorio no se observó la regla de la sana crítica racional con respecto a la valoración de los elementos probatorios, y se dieron también fundamentos contradictorios o aparentes.
Asimismo entiende que el resolutorio impugnado se funda con exclusividad en los solitarios dichos de la Sra. S, no resultando ello una prueba de cargo para acreditar el extremo que se invoca.
Señala que entre su defendido y la presente víctima existe una disputa previa, razón por la cual el testimonio de ésta resulta meramente subjetivo, y que tampoco se han recolectado elementos de prueba que robustezcan el cuadro de la escena delictiva como la real participación de su defendido en aquel, destacando que no se cuenta con la declaración de la víctima en sede judicial lo que, explica, impide a la defensa efectuar preguntas y controlar el acto de su declaración. De igual modo agravia a la defensa que el resolutorio impugnado se funde en el certificado médico obrante a fs. 07, ya que si bien se acredita la existencia de lesiones, eso no significa que el autor de las mismas sea su defendido, existiendo a todas luces ausencia de elementos probatorios.
Explica la recurrente que las agresiones referidas por la agraviada no son coherentes con la data del certificado médico, y cita lo referido por la damnificada: "...el señor SE agarrándome nuevamente del cabello y arrastrándome, produciéndome lesiones en mi brazo izquierdo, no entregándome las llaves…” continúa diciendo “...como así les exhibí las lesiones que presentaba producto de la discusión y forcejeo que habíamos mantenido anteriormente…”, indicando que el resolutorio atacado ha incurrido en incongruencia y que tal vicio implicaría arbitrariedad. Plantea que el resolutorio sólo se limita a indicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, razón por la cual concluye que se realizó una errónea valoración de la prueba violando los principios de defensa en juicio y del debido proceso.
Daré ingreso al desarrollo del presente agravio indicando, respecto a la arbitrariedad y orfandad probatoria aludida, que en el pronunciamiento atacado no se avizora carencia de sustento probatorio ni se advierten interpretaciones caprichosas o meramente subjetivas.
Contrariamente, debo resaltar que la a quo analizó en forma prolija y pormenorizada toda la prueba rendida en los autos, para luego de la meritación de la misma, concluir estableciendo la participación y responsabilidad del encartado con las calificaciones legales allí encuadradas.
En este sentido, entiendo que las pruebas merituadas por la Sra. Jueza, a saber: la denuncia incoada por la Sra. S. ante la Comisaría de la Mujer y ante la OVD a fs. 04/05vta., 22/25vta., 38/39, 78/79vta., el certificado médico de fs. 07, el Informe de situación de riesgo de fs. 26/27vta., el acta de aprehensión de CE a fs. 06vta., el acta de inspección ocular a fs. 81 vta., la declaración testimonial de DV a fs. 105; entre otros, son elementos de convicción válidos, que valorados en su conjunto permiten argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados. Abocados a la autoría de las lesiones, debe remarcarse que los dichos de la víctima guardan plena coincidencia con el certificado médico, expedido por el Dra. A., a saber: “...hematoma y edema en cara interna de antebrazo izquierdo de 10x5 cm, escoriaciones en región de codo izquierdo y región lateral de mano izquierda, refiere tracción pilosa en varias oportunidades…”, y que la damnificada habría sindicado al imputado como autor de las mismas. Más aún, surge del testimonio del Sr. DV a fs. 105/vta.: “...yo le dije que si no le daba el espacio que ella necesitaba después de haberse mandado semejante acto, que fue haberla golpeado en su momento, las cosas iban a empeorar. A lo que me dice “ya se que me la mandé...”.
Es así que, toda vez que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo.
Por si fuera poco, debo recordar que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). Respecto a las diligencias que -a consideración de la defensa- el Magistrado habría omitido solicitar, debo recordar que el Sr. Juez selecciona las pruebas a producir, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que a su consideración no le resulten pertinentes para la causa.
Que por otro lado, en la presente investigación tampoco se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Por otro lado, tampoco podemos coincidir con la defensa cuando plantea que el resolutorio atacado ha incurrido en incongruencia, pues, considero que la imputación, al momento de llevarse a cabo el acto de declaración indagatoria, ha sido formulada de manera acorde a cómo se habrían suscitado los hechos, y en debido cumplimiento del art. 281º del CPP, motivo por el cual entiendo que resulta irrelevante el párrafo argüido por la recurrente, ya que no desvirtúa la acción reprochada. De un caso similar podemos destacar “...no existe defecto de congruencia en el caso de acusación alternativa siempre que las circunstancias fácticas se sostengan íntegras desde la indagatoria y en el procesamiento, no afecte la correlación entre imputación y acusación y permita desplegar todas las líneas defensivas que se estimen conducentes…” (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - C, E. D., Nulidad, Sala 6, CCC 16667/2021/1/CA1, Sentencia 18 de Abril de 2022). De igual forma, resulta dable mencionar que al momento de realizarse el acto de declaración indagatoria la parte recurrente tampoco cuestionó la imputación que hoy reprocha, siendo aquel el acto fundamental para que el justiciable ejerza su derecho de defensa.
En suma, considero que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con lo regulado en los arts. 115, 116, y 291 del CPP; habiéndose analizado la totalidad de la prueba recabada a la luz de la sana crítica racional, siendo lo resuelto por la Sra. Juez ajustado a derecho, por lo que el presente agravio no prosperará.
2. Se agravia la defensa por la calificación atribuida: “...el delito de lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por violencia de género…”, pues, entiende que el fallo realiza una apreciación parcial del testimonio de la propia denunciante, explicando que la violencia de género existe y seguirá existiendo pero que ello no habilita sobrepasar los derechos y garantías reconocidos al imputado. Asimismo se agravia la recurrente por cuanto no existen pruebas de los supuestos daños realizados a la puerta que manifiesta la víctima, por lo cual no se puede dilucidar si el daño provocado en la misma tiene origen en un golpe de puño y sí fue realizado por su defendido.
Por otro lado, se agravia por la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma fehaciente la comisión del delito específico de amenazas que se le atribuye al imputado. En consecuencia, entiende que el único elemento que valora la a quo es la declaración testimonial brindada por la Sra. S.
Plantea que las palabras de su asistido carecen de la idoneidad suficiente para lesionar el bien jurídico protegido por la norma del art. 149 bis, 1º párrafo del CP, resultando objetivamente atípica la acción desplegada por no encontrarse reunidos los caracteres típicos del delito, ya que si realmente los dichos intimidantes existieron, es de vital importancia analizar el contexto en que se desplegó la acción. Y cita doctrina y jurisprudencia para apoyar su postura.
En relación a la crítica referida a la calificación atribuida, entendemos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 89, 92, 80 inc. 1 y 11, 149 bis 1º párrafo y 183 del Código Penal, provisoriamente calificado como “Lesiones Leves Doblemente Agravadas por mediar una relación de pareja y por violencia de género, (...) Amenazas y Daño todo en concurso real”. Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras. Por todo lo expuesto el presente tampoco prosperará.
3. Plantea la defensa que el delito de daño se encuentra prescrito -de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del CP-, en virtud de que la acción se extinguió por el transcurso del tiempo (art. 183 del CP).
Toda vez que a la fecha transcurrieron holgadamente los plazos legales en orden al delito de daños que se le endilga a su defendido, siendo que el hecho que se investiga acaeció con fecha 18 de agosto del año 2021, por lo que solicita se decrete la prescripción de la acción penal.
Que su defendido ha sido convocado a prestar declaración indagatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del CPP el 25 de agosto del año 2022, agregando que no se ha robustecido la presente instrucción mediante la incorporación de nuevos elementos probatorios que permitan continuar la continuidad de las mismas respecto de su defendido.
Plantea que se haga lugar a la prescripción de la acción penal de conformidad con lo establecido por el artículo 59 inciso 3 del CP, y menciona lo prescrito por el artículo 62 inciso 2 del mismo cuerpo legal.
Atento lo planteado por la recurrente advierto, luego de un análisis de los plazos referidos, que la acción penal se encontraría vigente.
Entendemos que si el delito se llevó a cabo con fecha 18/08/2021, el llamado a indagatoria se realizó el 22/06/2022 y considerando que la figura atribuida al imputado es “Daños”, art. 183 del C.P (15 días a 1 año de prisión) advierto que la fecha de prescripción del mismo es el 22/06/2024, ello teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 62 inc. 2 del Código Penal: “...Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito (…) no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años…”. Así pues, entiendo que la acción penal se encuentra vigente al día de la fecha con lo cual el presente agravio tampoco tendrá acogida favorable.
4. Por último, señala la defensa en el desarrollo de sus agravios que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) resulta excesivo y arbitrario, no guardando correlato con los principios que rigen la materia.
Explica que la cuantía del embargo y la imposibilidad de su defendido de ofrecer bienes para cubrir dichas sumas, necesariamente conduce a la inhibición general de bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario.
En efecto, del estudio de este punto motivo de agravio entendemos que el monto fijado al disponer dicha medida, en atención al ilícito endilgado a CE y su modalidad de comisión, no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 148vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso CE.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 141/149 vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia