Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe impone requerir a la instrucción dar inmediata intervención a la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes que por turno corresponda en carácter complementario, a fin de resguardar los derechos del menor.
Cabe señalar que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para asegurar su bienestar. Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
Es dable agregar que esta Alzada ha manifestado en diversos expedientes la obligatoriedad de notificar a la defensa complementaria la evolución del legajo, y desde su inicio, cuando estén comprometidos los intereses de personas menores de edad presuntamente víctimas de delitos (criterio asentado en la causa 8351/23). Que, atento la recurrencia en las omisiones tornó necesario el dictado de una circular para su cumplimiento a todas las dependencias de Instrucción y Penal Juvenil de la Primera Circunscripción Judicial (001/21 del 02 de agosto de 2021).
III. Perspectiva de derechos:
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8360 FOLIO Nº 040/041 PROT. ELECT. JR101235I.231
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada "D.M.E. S/ Denuncia” - Expte. Nº D - 13.643/21- Apelación/Causa JR Nº 8150/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 63/66, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de San Julián que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado MAT en orden al delito de “Amenazas” (Arts. 149 bis del CP). Que a fs. 75/81, la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 89 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
La defensa entiende que las amenazas imputadas no habrían sido anunciadas con seriedad, en razón del contexto en el que se habría invertido.
Explica que previo a la conducta que se le endilga a su defendido hubo un altercado entre el hijo de éste (el menor T.T.) y el menor G.L., víctima de las amenazas denunciadas.
Al respecto indica que el menor TT previamente habría sido golpeado por el menor GL, considerando que el hijo del imputado era víctima de violencia física y no un mero partícipe activo de la misma.
Continúa la defensa indicando que dicha situación puede, objetivamente, despertar naturalmente la cólera de cualquier padre o madre, indicando que es totalmente natural que la noticia de que un hijo/a fuera agredido/a físicamente por otra persona genere enfado, ira, enojo, etc. Así, entiende que si se le hubiera dado la importancia necesaria al contexto en el cual se habría desarrollado la conducta imputada, se hubiera concluido en que ésta carece de relevancia penal (es atípica), básicamente porque se hubiera concluido en que el imputado actuó claramente en un rapto de ira enfado o enojo, y que, por lo tanto, no actuó con el dolor requerido por la figura penal, ya que, a su criterio, las únicas intenciones de éste era evitar que se siga golpeando a su hijo en el futuro, más no con la intención de limitar su libertad personal cotidiana. Y cita doctrina y jurisprudencia a fin de apoyar su apostura.
En relación a la crítica referida a la calificación atribuida, entendemos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos -haciendo referencia concreta al contenido de cada una de las pruebas glosadas a la causa-, la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 149 bis del Código Penal, provisoriamente calificado como “Amenazas”. Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, 8433/23, entre otras. Por todo lo expuesto el presente no tendrá acogida favorable, debiendo confirmarse el auto de procesamiento en su integridad.
II. En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuídas a este Juzgado de Recursos, tras el análisis de la presente causa se advierte que se encuentra involucrado un menor de edad (GL), quien habría resultado ser victima de violencia por parte del imputado.
Por ello, se impone requerir a la instrucción dar inmediata intervención a la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes que por turno corresponda en carácter complementario, a fin de resguardar los derechos del menor.
Cabe señalar que los niños cuentan con una particular protección en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1.994, respecto al pleno goce de los derechos humanos, inclusive a través de leyes y medidas de acción positivas (art. 75, 26 CN). La "Convención de los Derechos del Niño" estatuye que los Estados que la suscriban adoptarán las medidas integrales, legislativas, administrativas, sociales, educativas, etc., para asegurar su bienestar. Asimismo las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad", incluye expresamente a los niños víctimas de delitos como beneficiarios de sus reglas.
Es dable agregar que esta Alzada ha manifestado en diversos expedientes la obligatoriedad de notificar a la defensa complementaria la evolución del legajo, y desde su inicio, cuando estén comprometidos los intereses de personas menores de edad presuntamente víctimas de delitos (criterio asentado en la causa 8351/23). Que, atento la recurrencia en las omisiones tornó necesario el dictado de una circular para su cumplimiento a todas las dependencias de Instrucción y Penal Juvenil de la Primera Circunscripción Judicial (001/21 del 02 de agosto de 2021).
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 63/66, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Sr. Magistrado lo consignado en el punto II) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia