Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 05/09 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.315 FOLIO Nº 164/165 PROT. ELECT. JR101 463I.261
Río Gallegos, 14 de octubre de 2026.
La presente causa caratulada: "D.M. S/LESIONES AGRAVADAS (INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN)", Expte. Nº 17.725/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.389/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/09 del presente incidente obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Puerto San Julián, quien en el punto 1) denegó la solicitud de excarcelación del imputado M.D.D.. Que a fs. 11/12 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 22 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por la defensa.
1. De la supuesta "resolución apresurada" por omisión de las diligencias periciales previas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal: En primer lugar la defensa argumenta que el decisorio resultó prematuro al no esperar la producción de los exámenes psicológicos y médico-psiquiátricos solicitados como medida previa por el Ministerio Público Fiscal, pretendiendo además que el abordaje dispuesto en el incidente de prisión domiciliaria no sustituye dicha prueba.
Pues bien, este agravio no prosperará toda vez que advertimos que las actuaciones que tramitan en el incidente paralelo de prisión domiciliaria atienden a presupuestos normativos diferenciados. Con lo cual, la falta de conclusión de un examen pericial específico no priva al órgano jurisdiccional de fundar la denegatoria de excarcelación en restricciones legales sustantivas (art. 26 del Código Penal y art. 302 del CPP Santa Cruz), tal como surge del presente legajo.
En ese sentido, no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria, en virtud que existe un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y de eludirse del accionar de la justicia que torna improcedente el acceso al beneficio de la excarcelación. Veamos, del estudio de los fundamentos de la resolución en análisis se desprende que la Instrucción emite la decisión previa vista a la fiscalía, compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Público, concluyendo que, si bien la pena conminada en abstracto para los delitos reprochados no supera el tope estipulado por el art. 299 2º párrafo del CPP, lo que habilitaría la concesión de la excarcelación, es la existencia de antecedentes condenatorios computables al incuso, lo que hace imposible la concesión del beneficio de condicionalidad en caso de una eventual condena por los hechos reprochados en la causa principal, de conformidad con el art. 26 del CP. A ello se suma el total desapego a la norma penal demostrado con su obrar y el contexto de violencia de género, tornado imperativo la aplicación de la tutela judicial efectiva de la víctima. Desde esta Alzada compartiendo la tesitura de la Instrucción, entendemos que la resolución que se intenta atacar evidencia un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de Belem Do Pará” y “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
Es así que se concluye razonadamente que los riesgos procesales se ven incrementados en el caso concreto, en función del cambio de paradigma en materia de perspectiva de derechos en materia de violencia de género, que en el caso en tratamiento se torna de inexorable cumplimiento; todo lo cual que contribuye a edificar un peligro procesal de significativa entidad, verificándose de esta manera, los requisitos constitucionales y convencionales, de excepcionalidad, proporcionalidad y necesariedad en el caso concreto. 2.- De la pretendida inversión de la carga argumentativa al asignar valor de riesgo procesal a una prueba pendiente: En segundo lugar, insiste la defensa en que se utilizó una medida de prueba pendiente de realización para presumir el riesgo procesal e invertir indebidamente el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. Ingresando en el abordaje de este segundo planteo defensivo, adelantamos que no prosperará, pues la denegatoria cautelar no se erige sobre la "ausencia de peritaje", sino sobre parámetros concretos acreditados en la causa: la existencia de condenas penales anteriores computables, la declaración de reincidencia del imputado (art. 50 del C.P.) y la consecuente imposibilidad legal de acceder al beneficio de la condicionalidad de la pena (art. 26 del C.P.). Se comparte con la Instrucción que, ante un eventual juzgamiento, la pena a imponer será de cumplimiento efectivo en prisión, lo cual constituye un pilar objetivo y dirimente del peligro de fuga (art. 302 del CPP Santa Cruz), sustentando de forma idónea y legítima el encierro cautelar.
3. De la inexistencia de riesgo procesal actual que no pueda ser neutralizado mediante medidas cautelares menos gravosas: en tercer lugar, la defensa argumenta que la escala penal de los delitos imputados (lesiones leves agravadas y amenazas) permite en abstracto la excarcelación y que los antecedentes no justifican por sí solos el encierro, proponiendo en su lugar una caución real y reglas de restricción de acercamiento.
Que analizando este último agravio entendemos -por el contrario a lo planteado por la defensa-, que los antecedentes penales no se ponderan de manera aislada, sino como demostración cabal del sistemático desapego a la norma penal que el procesado ha evidenciado reiteradamente a lo largo del tiempo.
Concretamente el procesamiento firme dictado contra M.D.D. en orden a los delitos de "lesiones leves agravadas en perjuicio de la joven N.M.C. y amenazas en concurso real (arts. 89, 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11; 149 bis y 55 del C.P.)", se enmarca de manera ineludible en un contexto de violencia contra la mujer (Ley N° 26.485, arts. 1, 3 y 4). La tutela de la víctima en contextos de violencia de género es una cuestión de orden público.
Pretender neutralizar el riesgo de amedrentamiento y entorpecimiento procesal mediante cauciones económicas o tobilleras/órdenes de restricción resulta notoriamente ineficaz e insuficiente. Conforme a los estándares internacionales (Convención de Belem do Pará y Ley N° 27.372), la protección de la indemnidad física y psíquica de la víctima impone la debida diligencia reforzada, impidiendo la concesión de beneficios de libertad provisional en supuestos de reiteración violenta.
Es por ello que compartimos en un todo lo resuelto por el Sr. Juez de grado y confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
II)
Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 05/09 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia