Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22411-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto y fundado por la Sra. Defensora Particular del encausado, Dra. Julia Josefina Massaro en fecha 12 de Octubre de 2026, por los motivos expuestos en el primer considerando (arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar el auto apelado en cuanto deniega el acceso de Do. al régimen de Libertad Asistida, por los motivos expuestos en el acápite respectivo del segundo considerando ( artículos 100, 146, 147 y ccdtes. de la Ley Provincial 12.256).
III. Revocar , en cuanto fuera materia de agravio, la resolución dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 Dptal., la Dra. Julieta E. Berlingieri, quien resolvió, con fecha 05 de Octubre de 2026: " I. No hacer lugar a los INSTITUTOS DE LIBERTAD ASISTIDA Y SALIDAS TRANSITORIAS impetrados en favor del encartado D. (M.) T. J., atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO. Arts. 100, 104 segundo supuesto "a contrario", 146 "a contrario" y 147 de la ley 12.256.", y conceder las SALIDAS TRANSITORIAS bajo las condiciones que la a quo estime corresponder y de conformidad con los parámetros valorados en la presente, por los motivos expuestos en el segundo considerando (artículos 4, 5, 6, 10, 94, 100, 146, 147 y concordantes de la Ley Provincial 12.256; artículos 106, 439, 498 y concordantes del C.P.P.; artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de …
Causa N° I-22.411--2026 - "D'o., T. J. S/ Incidente de Libertad Asistida y Salidas Transitorias"
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado por la Sra. Defensora Particular del encausado, Dra. Julia Josefina Massaro en fecha 12 de Octubre de 2026, contra la resolución dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 Dptal., la Dra. Julieta E. Berlingieri, quien resolvió, con fecha 05 de Octubre de 2026: " I. NO HACER LUGAR A LOS INSTITUTOS DE LIBERTAD ASISTIDA Y SALIDAS TRANSITORIAS impetrados en favor del encartado D. (M.) T. J., atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO. Arts. 100, 104 segundo supuesto "a contrario", 146 "a contrario" y 147 de la ley 12.256."
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto, practicado que fuera el sorteo de rigor resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar el Dr. Oscar R. Quintana, en segundo término el Dr. Diego E. Martínez y, para el caso de disidencia, el Dr. Juan E. Stepaniuc.-
A continuación, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMER CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. OSCAR R. QUINTANA DIJO:
Que la parte recurrente resulta legitimada ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, tal como surge de las constancias del presente. De igual manera deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible ya que integra el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación, conforme artículo 498 del Código de Procedimiento Penal.
Ha cumplido también la Defensa Particular interviniente con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión de la a quo, consignando su respectiva fundamentación en el escrito presentado en fecha 12 de Octubre del corriente.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que, VOTO POR LA AFIRMATIVA . (Arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 "a contrario sensu " y concordantes del C.P.P.)
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL JUEZ DR. DIEGO E. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA. (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
I. Surge de autos que con fecha 05 de Octubre de 2026 la Sra. Magistrada Titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 de San Isidro, Dra. Julieta Berlingieri resolvió, en lo que aquí interesa, " I. NO HACER LUGAR A LOS INSTITUTOS DE LIBERTAD ASISTIDA Y SALIDAS TRANSITORIAS impetrados en favor del encartado D.O. (M.) T. J., atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO. Arts. 100, 104 segundo supuesto "a contrario", 146 "a contrario" y 147 de la ley 12.256.".
Para así decidir, la magistrada en primer término constata el cumplimiento del requisito temporal y objetivo exigido por la Ley 12.256. Asimismo, la a quo pondera que el causante registra una conducta calificada como ejemplar diez y concepto bueno, careciendo de sanciones disciplinarias y de actuaciones administrativas iniciadas en la unidad carcelaria. Sin embargo, al evaluar los requisitos subjetivos y los fines resocializadores fijados en los artículos 1° de la Ley 24.660 y 4° de la Ley 12.256, determina la improcedencia de ambos institutos en la etapa procesal actual.
Respecto de la libertad asistida, la magistrada fundamenta su denegatoria en que el eventual retorno del encartado al mismo domicilio familiar que ocupaba al momento de la comisión del hecho no ofrece las garantías de contención exigidas por el artículo 146 de la Ley 12.256 para mantenerlo al margen de conductas disvaliosas. Adicionalmente, la jueza destaca que el penado registra una prolongada y no tratada problemática de adicción a las sustancias psicoactivas vinculada al delito, sumada a una escasez de recursos simbólicos ante el conflicto y a una posición subjetiva en la que el cuestionamiento del delito recién comienza a gestarse por efecto de la sanción punitiva. En consecuencia, se concluye que el mero ajuste a la disciplina carcelaria resulta insuficiente si no es acompañado por un abordaje psicológico y adictológico particularizado previo al egreso.
Respecto del beneficio de salidas transitorias, la magistrada discrepa del dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y deniega la medida tras considerar que los egresos temporales no cumplirán las pautas legales ni resultarán provechosos para el futuro personal, familiar y social del penado. Fundamenta su temperamento en la necesidad de preservar el principio de progresividad del régimen penitenciario y evitar un desfasaje abrupto entre el nivel de encierro cursado y la salida al medio social amplio. Por lo tanto, la judicatura establece que resulta imperativo evaluar de manera paulatina su desenvolvimiento en estamentos tratamentales de mayor autogestión antes de conceder la soltura ambulatoria.
En conclusión, se resuelve rechazar la libertad asistida y las salidas transitorias, disponiendo en su lugar la promoción del condenado al régimen abierto contemplado en el artículo 119 de la Ley 12.256 para evaluar su comportamiento por un tiempo prudencial. A tal efecto, impone la continuidad de sus labores en el área de quinta, la incorporación efectiva al sistema educativo formal y la fijación de un tratamiento psicológico y de rehabilitación de adicciones por intermedio de la Salud Penitenciaria, orientando el tratamiento hacia una reinserción social favorable.
II. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Particular del penado, Dra. Julia Josefina Massaro.
En primer lugar, la defensa denuncia una fundamentación aparente y una valoración sesgada de los indicadores positivos de la ejecución penal, sosteniendo que el juzgado reconoció la conducta calificada de ejemplar diez, la ausencia de sanciones disciplinarias, el desempeño laboral intramuros y el nivel educativo del encausado, pero omitió darles una ponderación suficiente al evaluar la progresividad del régimen. Asimismo, se agravia por la falta de una evaluación individualizada y circunstanciada, toda vez que el decisorio se limitó a enumerar pautas desfavorables generales sin precisar de qué modo contrarrestan los logros institucionales ni por qué no podrían ser neutralizadas mediante pautas de supervisión.
En relación con los aspectos tratamentales, la apelante cuestiona que los antecedentes de adicción a sustancias psicoactivas hayan sido equiparados a un obstáculo insalvable para el avance del tratamiento penitenciario, arguyendo que la necesidad de abordaje terapéutico es plenamente compatible con un egreso programado. En igual sentido, critica la sobrevaloración de las conclusiones técnicas aisladas sobre la introspección del condenado, remarcando que el proceso de reflexión y responsabilización subjetiva ante el delito es dinámico y no puede desvincularse de la conducta institucional objetiva y proactiva que registra en el penal.
Además, la letrada impugna la descalificación del grupo familiar y del domicilio ofrecido para el egreso, señalando que la jueza incurrió en un yerro fáctico al afirmar que el encartado retornaría al mismo entorno del momento del hecho, puesto que en ese entonces convivía con su expareja, mientras que el domicilio propuesto corresponde a la vivienda materna junto a su madre y su abuela de 90 años, quienes le brindan contención y visitas periódicas. A su vez, destaca que el penado cuenta con una propuesta laboral concreta y verificada para reincorporarse como chofer de reparto de camiones al obtener la soltura.
Por último, la defensa se agravia por la omisión del juzgado de considerar alternativas de menor intensidad punitiva que permitan atender las observaciones criminológicas mediante un plan concreto de egreso, tales como la tutela del Patronato de Liberados, la realización de un tratamiento específico en el CPA y el establecimiento de obligaciones de conducta. De manera subsidiaria, para el supuesto de estimarse insuficientes los elementos adunados al legajo, solicita que se ordene una nueva evaluación interdisciplinaria actualizada y articulada que constante los avances coetáneos del condenado.
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, entiendo que el recurso de apelación tendrá favorable acogida en cuanto a las Salidas Transitorias y propondré al acuerdo confirmar la denegatoria de Libertad Asistida, conforme los motivos que paso a exponer. A los fines de una mayor claridad expositiva, se analizarán ambos institutos por separado.
Libertad Asistida:
Conforme se desprende del auto recurrido, si se tiene en consideración que T. D'o. se encuentra cumpliendo una pena de cuatro años de prisión cuyo vencimiento operará el día 24 de febrero de 2028, encontrándose detenido de manera ininterrumpida desde el 25 de febrero de 2024, se advierte que a la fecha se encuentra cumplido el requisito temporal exigido para la libertad asistida solicitada. Al respecto, la magistrada interviniente consideró que el condenado ha abastecido el extremo temporal exigido por los artículos 104 (segundo supuesto) y concordantes de la Ley 12.256 para su viabilidad.
En este aspecto y tal como tengo dicho, sostengo que el requisito temporal resulta ser sólo uno de los presupuestos objetivos a tener en cuenta a los fines de evaluar la posibilidad de conceder el o los institutos en trato, existiendo otras cuestiones a ponderar para el caso de D'o..
Sentado lo expuesto, entiendo que en primer lugar corresponde pronunciarse en torno al agravio centrado en lo que la apelante entiende como una resolución con fundamentación aparente por una valoración sesgada de los indicadores positivos emergentes del desarrollo intramuros de D'o..
Tal como expresara en anteriores pronunciamientos de esta Sala ( in re causas 7.725, 7.808 entre otras), va de suyo que la falta de fundamentación no puede consistir, únicamente, en que el juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también sobre los elementos introducidos en el legajo, esto es, en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia (STJ-CBA, 16/261, "BJC, V, 4, 212, Feraud").
El art. 106 del Rito estipula que las sentencias y los autos deberán ser motivados bajo sanción de nulidad, siendo que el legislador penal receptó en este artículo principios constitucionales, como el de la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, toda vez que la motivación permite conocer a las partes las razones esgrimidas por quien decide para arribar a la parte dispositiva de la resolución, a fin de determinar lo que eventualmente pueda constituir el error que le provoque un perjuicio e intentar la vía recursiva, siendo además que también permite al Estado que asegure una recta administración de justicia.
En el mismo orden de ideas, entiendo que el razonamiento lógico que debe efectuar el juzgador al motivar sus decisiones es el que permite a las partes la posibilidad de analizar y controlar la decisión cuestionando, si así lo consideran factible, todas o cada una de las premisas en las que el juzgador andamió su razonamiento en respuesta a la petición que le diera origen. De lo contrario, claramente se violentaría la garantía de la defensa en juicio, pues el recurrente no podría defenderse del error que genera el agravio y se reduce la posibilidad de una adecuada impugnación, al desconocerse aquello que debe ser objeto de ataque (Cám. Nac. Cas. Penal, S II-1995-Reg. 633).
Por lo tanto, el resolutorio debe estar motivado, permitiendo de esta manera el control de fallos de los jueces que razonadamente derivaron su pronunciamiento, porque de lo contrario se caería en la arbitrariedad, tendiendo de esta manera ".a resguardar la garantía en juicio y debido proceso. Exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa". (Cf . CSJN 13/02/96, LL, T.1997-A, P. 659, nº 174, entre otros).
Entonces, cabe concluir que en la resolución sometida a revisión de esta Alzada se observa una fundamentación suficiente respecto del desarrollo intramuros de quien nos ocupa, su adaptación a la normativa carcelaria y la adquisición progresiva de herramientas tratamentales que le brinden mayores herramientas al penado en miras de una resocialización favorable.
Asimismo, la parte apelante tuvo la oportunidad, y efectivamente la ejerció mediante la pieza recursiva en examen, de objetar de forma adecuada el pronunciamiento atacado, tras impugnar los pilares argumentales en los que la magistrada de instancia sustentó su fallo y al mismo tiempo exponer las razones por las que entiende que dicho criterio resulta equivocado.
Siendo ello así, entiendo que corresponde desestimar la denuncia de arbitrariedad y falta de fundamentación respecto de la resolución impugnada.
Zanjada la cuestión que antecede, debo destacar que valoro positivamente que, de las constancias criminológicas y de desempeño institucional reunidas en el legajo, surgen diversos indicadores favorables sobre T. J. D'o. M.. En primer término, el nombrado ostenta una conducta cualificada con la nota máxima de Ejemplar 10 (diez) y un concepto general Bueno, reflejando un desenvolvimiento cotidiano respetuoso y una adecuada asimilación a las normas reglamentarias y de convivencia. Además, se destaca la ausencia de sanciones disciplinarias, así como la inexistencia de actuaciones o sumarios administrativos iniciados en la unidad, lo que demuestra la mantención de un perfil disciplinario exento de conflictos.
En el plano laboral, registra antecedentes de trabajo en libertad desde los 16 años en "mantenimiento general", cuatro años en un taller mecánico y su último empleo como chofer de camiones, mientras que en el establecimiento penitenciario ha mostrado una conducta proactiva al desempeñarse en el área de mayordomía (de julio a diciembre de 2024) y, de forma ininterrumpida desde enero de 2025, en el sector de quinta de lunes a viernes.
Finalmente, en materia académica y formativa, cuenta con estudios primarios completos y cursado de secundaria en la Escuela Media N.° 1 y, si bien en contexto de encierro no está inserto en el sistema formal por hallarse en lista de espera por falta de cupos, ha mantenido su capacitación personal completando talleres no formales de Dibujo e Inglés durante el año 2025 y cursando actualmente el taller de Barbería.
Amén de lo expuesto en los párrafos que antecede, no puedo dejar de remarcar que la transición de la privación de libertad en un régimen semiabierto o abierto hacia una soltura como la que implica la libertad asistida, representaría un salto cuantitativo y cualitativo abrupto. Me explico: Habiéndose dispuesto en la resolución el traspaso de D'o. al régimen abierto, entiendo que la ejecución penal exige respetar el principio de progresividad mediante estamentos paulatinos. En este escenario, las salidas transitorias funcionan como el nexo gradual adecuado entre la autogestión del régimen abierto y el medio libre, evitando un cambio intempestivo como el que provocaría la concesión prematura de la libertad asistida.
Es por ello que estimo conveniente denegar la Libertad Asistida incoada a fin de evaluar el desempeño del nombrado en el Régimen abierto al que fue promovido desde el auto aquí puesto en crisis, además de su desarrollo en el marco de las Salidas Transitorias que a continuación desarrollaré los motivos por los cuales entiendo se deben conceder.
Salidas Transitorias:
En la vista conferida al titular de la acción pública en fecha 22 de Julio del corriente suscripta por el Dr. Gómez, surge que el Ministerio Público Fiscal prestó conformidad para la incorporación de Do. al régimen de salidas transitorias, señalando que el caso encuadra en el supuesto previsto por el art. 133 de la Ley 12.256 y ponderando favorablemente las constancias tratamentales incorporadas al incidente.
En tal sentido destacó que, si bien el interno había accedido recientemente al régimen semiabierto de carácter amplio, logró adaptarse adecuadamente al mismo y exhibir un desempeño satisfactorio en las áreas tratamentales esenciales. Valoró especialmente que registra una trayectoria laboral estable, la realización de cursos de formación cultural, su solicitud de incorporación al área educativa, la observación de buena conducta con calificación "Ejemplar 10 (diez)" y la ausencia de sanciones disciplinarias.
Consideró que tales circunstancias lo tornan merecedor de una "carta de confianza" que habilite el acceso a un ámbito de mayor laxitud, permitiéndole continuar demostrando su buena predisposición y avanzar progresivamente en las distintas etapas del tratamiento penitenciario.
Asimismo, sostuvo que el otorgamiento de las salidas transitorias se corresponde con la lógica del tratamiento progresivo que rige la ejecución penal, máxime cuando constituye la etapa inmediatamente posterior a aquella que el condenado se encontraba transitando al momento del dictamen.
Ahora bien, sobre este punto tengo dicho ( in re Causa N° 22.379, 22.399, entre otras) que conforme al sistema acusatorio que rige el proceso penal bonaerense, ante la ausencia de oposición del Ministerio Público Fiscal (o cuando este presta su conformidad para la concesión de un instituto), el órgano jurisdiccional no se encuentra habilitado para adoptar una decisión más restrictiva en perjuicio del condenado. De hacerlo, el juez estaría excediendo su función constitucional de tercero imparcial para asumir un rol acusador o restrictivo que las partes no trabaron.
Entonces, sin perjuicio de la concesión del instituto en trámite a la que esta Magistratura se encuentra circunscripta en observancia del modelo acusatorio que rige el proceso penal bonaerense, ello no obsta al ejercicio de la potestad jurisdiccional para reglamentar las condiciones y salvaguardas de su ejecución. En tal sentido, corresponde supeditar el usufructo de los egresos transitorios al estricto control de monitoreo electrónico por parte de la autoridad penitenciaria, temperamento que permite conjugar el principio de progresividad en la ejecución de la pena con la adecuada tutela de la seguridad pública y el seguimiento gradual del justiciable en su tránsito hacia el medio libre, todo ello con más las condiciones que la a quo estime corresponder.
Por los motivos expuestos, es que propongo al acuerdo, por un lado, REVOCAR la resolución puesta en crisis en cuanto no hacer lugar al beneficio referido en este apartado y CONCEDER las Salidas Transitorias bajo las condiciones que la a quo estime corresponder y de conformidad con los parámetros valorados en la presente, y por el otro propongo CONFIRMAR la denegatoria de Libertad Asistida, conforme los argumentos desarrollados en el primer acápite de la presente. ASÍ LO VOTO. (artículos 100, 146, 147 y ccdtes. de la Ley Provincial 12.256; artículos 439, 440, 498 y ccdtes. del C.P.P.; artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL JUEZ DR. DIEGO E. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos. (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello,
el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto y fundado por la Sra. Defensora Particular del encausado, Dra. Julia Josefina Massaro en fecha 12 de Octubre de 2026, por los motivos expuestos en el primer considerando (arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu", 498 y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR el auto apelado en cuanto deniega el acceso de Do. al régimen de Libertad Asistida, por los motivos expuestos en el acápite respectivo del segundo considerando ( artículos 100, 146, 147 y ccdtes. de la Ley Provincial 12.256).
III. REVOCAR , en cuanto fuera materia de agravio, la resolución dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 3 Dptal., la Dra. Julieta E. Berlingieri, quien resolvió, con fecha 05 de Octubre de 2026: " I. NO HACER LUGAR A LOS INSTITUTOS DE LIBERTAD ASISTIDA Y SALIDAS TRANSITORIAS impetrados en favor del encartado D. (M.) T. J., atento los motivos expuestos en el considerando PRIMERO. Arts. 100, 104 segundo supuesto "a contrario", 146 "a contrario" y 147 de la ley 12.256.", y CONCEDER LAS SALIDAS TRANSITORIAS bajo las condiciones que la a quo estime corresponder y de conformidad con los parámetros valorados en la presente, por los motivos expuestos en el segundo considerando (artículos 4, 5, 6, 10, 94, 100, 146, 147 y concordantes de la Ley Provincial 12.256; artículos 106, 439, 498 y concordantes del C.P.P.; artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Regístrese electrónicamente, para el caso de corresponder, actualícese el R.U.D. Notifíquese al Sr. Fiscal General, a la Defensa y al juzgado interviniente. Fecho, devuélvase a la instancia encomendando a su Secretaría que realice las demás notificaciones que considere pertinentes. Sirva la presente de atenta nota de envío. -
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 979-2026
Fin de la sentencia