Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXLIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9091 FOLIO Nº 109/113 PROT. ELECT. JR101769I.242
Río Gallegos, 15 noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados “D.A.M. S/ Violación de Domicilio, Daño, Hurto y Amenazas” - Expte. Nº D- 76258/23 - Apelación Nº 9201/24, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs.59/64, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado AMD, en orden al delito de “Amenazas, Violación de Domicilio –dos hechos- y Daño todo en concurso real” (Arts. 149 bis, 162, 183 y 55 del C.P); en el punto 2º) decretó falta de mérito para procesar o para sobreseer a AMD en orden al delito de Hurto (art. 162 del CP); en tanto que en su punto 3º) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000). Que a fs. 77/81 la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 86 (código de validación de 72b1fc3c) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
1. Ingresando al tratamiento del primer agravio expresó la recurrente que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la escasa prueba.
Que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos fueron realizadas en contra de su defendido, en contraposición y desconociéndose la normativa penal vigente, afectando el principio de In dubio pro reo (Art. 4 del CPP).
Indica que los elementos de cargo incorporadas a las presentes actuaciones son la declaración de ALL, la certificación del llamado al 911 y la certificación de los procesos penales y de familia, indicando que la prueba recolectada resulta insuficiente a la hora de atribuir a AMD la responsabilidad penal como autor material de los hechos, ello, atento a la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren este extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba los dichos de la pretensa damnificada, señalando que dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva, y cataloga sus dichos como frágiles. Plantea que la posición jurídica del imputado ha sido seriamente comprometida, no solamente por las prácticas arbitrarias enunciadas, sino por las variadas presunciones que contiene la resolución atacada, da como ejemplo, que D “dañó” el pestillo de la ventana, o que ingresó al domicilio sin autorización, o que prefirió términos intimidantes, cuando nada de ello se encuentra acreditado. Respecto a la certificación de la llamada al comando radioeléctrico (fs.30) indica la defensa que no es posible determinar que D violó el domicilio de L, que la amenazó y daño el pestillo.
Idéntico análisis realiza sobre la certificación de los procesos de familia, explicando que la a quo valoró que D es violento debido a la causa que existe en el Juzgado de Instrucción Tres, en que se dispuso el procesamiento del imputado, y que omite mencionar que la misma no se encuentra firme, siendo utilizado sólo para reforzar un pre concepto del imputado. Mismo argumento plantea la recurrente para la causa de familia, señalando que únicamente se incorporan el dictado de las medidas, y que se acompaña un listado de supuestas llamadas realizadas por D. Añade que, en este punto, la a quo omite mencionar que la restricción resulta ser una medida cautelar dictada inaudita parte, sin constatación alguna de los hechos, como tampoco de pruebas. Que tampoco surge de autos que se hubiera realizado alguna pericia, informe socioambiental o constatación de algún hecho, menos aún la elaboración de un informe de riesgo.
Reitera que no existe ninguna prueba o indicio que dé sustento a la denuncia radicada por L.
Idéntico agravio aplica al delito de daño, señalando que no existe una sola prueba directa que dé cuenta que el pestillo de la ventana de L se encontraba dañado.
Abordaremos el presente agravio indicando que coincidimos con la valoración realizada por el Magistrado.
En efecto, entendemos que las piezas analizadas por el a quo, a saber: la denuncia de la damnificada, la Sra. L, mediante la cual se da a conocer que el imputado habría ingresado al domicilio de la mencionada sin su consentimiento en dos oportunidades, dañando en la primera ocasión el pestillo de la ventana para poder adentrarse al mismo, como también le habría proferido amenazas; la certificación de fs. 27, a través de la cual logró acreditar la comunicación telefónica que realizó L a fin de solicitar presencia policial la noche de los hechos, esto es el 24/06/2023 a las 22:18hs.; también valoró la certificación de fs. 30, mediante la cual constató el audio enviado por el centro de operaciones de Monitoreo, y la certificación de fs. 19vta., de la que surge la existencia de una causa que involucra a las partes, iniciada el 04/06/2021. De esta manera, el a quo se pronunció a fs. 61: “...que los dichos de la damnificada se ven reforzados con el contenido del auto antes descrito, que corroboran el estado de angustia y desesperación de L al ser sorprendida por su ex pareja, quien de modo intempestivo, violento y sin su consentimiento ingresó al inmueble donde reside y en el cual se encontraban sus dos hijos menores de edad, bajo su exclusivo cuidado…”. Dentro de este orden de ideas, consideramos que, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el a quo no solamente valoró la prueba reunida a la luz de la sana crítica, sino que dichos elementos son suficientes para deducir que se han configurado, prima facie, los ilícitos reprochados a MAD.
Cabe resaltar que las certificaciones de fs. 27 y 30/vta., dan cuenta de la veracidad del testimonio de la víctima, quien solicitó ayuda al 101 porque se sintió atemorizada cuando el encartado habría ingresado a su domicilio en contra de su voluntad, constatándose dicho estado de angustia mediante la certificación de fs. 30/vta, de la que surge: “...P: policía (se escuchan golpes) f: hola buenas noches, me mandas un móvil a hijas MA xxx por favor, por favor de inmediato por favor, (se escuchan gritos) P: que le paso? f: XXX por favor vino mi ex pareja por favor, P: bueno ahí damos aviso…”. Que, resulta claro no sólo el estado de nerviosismo de L sino que se evidenciaría la existencia de algún tipo de disturbio en el domicilio de la víctima.
Asimismo, la damnificada en su denuncia a fs.03vta/04. dijo: “...no es la primera vez que mantengo inconvenientes con mi ex pareja, no siendo esta la primera vez que radico un escrito en su contra, ya que anteriormente lo denuncié en esta comisaría…”, robusteciéndose sus dichos con la certificación de fs. 19vta., de la que surge una causa entre las partes que inició el 04/06/2021. En función de lo planteado, es dable señalar que, considero relevante el informe de antecedentes de fs. 66, el cual si bien no pudo ser valorado por el a quo por ser introducido de forma posterior al auto de procesamiento, del cual se da a conocer en primer lugar que se ha procesado al encartado por el delito del hecho de fecha 04/06/2021, el cual se encontraba en trámite al momento de la investigación de los presentes actuados, y en segundo lugar, se registra que el imputado de autos ha sido condenado el 15/03/2024 por el delito de abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del CP).
Que si bien, ambos datos no son prueba directa a fin de corroborar los presentes hechos, permitirían robustecer los dichos de la denunciante como también el reiterado accionar violento con el que se dirige el encartado. Que si bien, la defensa se agravia por considerar que la posición del encartado resulta comprometida debido las variadas presunciones que -a su criterio- contiene la resolución, caracterizándola como arbitrarias, esta Alzada entiende que las pruebas aunadas cuentan con la capacidad de generar indicios, entendiendo que los hechos pudieron haber acaecido de la forma en que la víctima señaló, resaltando que en los presentes actuados existen más elementos de cargo que de descargo, resultado imposible seguir el camino trazado por el art. 4 del CPP como plantea la recurrente.
Por otro lado, es dable recordar que “…para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho…” (M., W. A. y otros. Infracción art. 300, Código Penal - Legajo de apelación /// CNPE Sala B; 07/04/2022; Rubinzal Online; RC J 2486/22). Por último, atento al agravio que plantea la omisión de practicar las diligencias mencionadas -puntualmente la indagación a testigos adicionales y la omisión de practicar pericias o informe socioambiental- debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la instructora en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Así, considero que el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente los cuestionamientos relativos a la credibilidad de la denuncia de la Sra. L, de conformidad a los elementos de cargo aunados a la causa y que fueran debidamente merituados por el Sr. Juez, motivo por el cual el presente agravio no tendrá acogida favorable.
2. Asimismo, se agravia la defensa por considerar que la conducta desplegada por el encartado no reúne los requisitos necesarios para encuadrar la misma en las previsiones del art. 149 bis del CP. Que no cualquier anuncio de un mal grave resulta constitutivo del delito de amenazas, siendo necesario que las expresiones sean serias para lograr amedrentar a la víctima. Argumenta que debemos valorar que las mismas fueron proferidas en el contexto de una discusión, perdiendo la capacidad intimidatoria exigida por la norma.
Y cita doctrina y jurisprudencia a fin de sostener su postura.
Respecto del presente agravio debo decir que es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23, 8190/23, 8751/24, entre otras. Sin embargo, y a fin de evacuar dudas, advertimos que la Instrucción explicó de manera fundada la razón que la llevó a encuadrar el hecho reprochado en función de lo previsto por los arts. 149 bis, 162, 183 y 55 del Código Penal, provisoriamente calificado como “...Amenazas, Violación de Domicilio -dos hechos- y Daño todo en concurso real…”, motivo por el cual el presente agravio tampoco prosperará.
3. Respeto al delito de violación de domicilio, agravia al defensa que esto no ha sido acreditado, reposando en los dichos de la víctima.
Destaca que la Sra. L no le permitió la constatación de la ventana que D habría dañado, no consintió ser revisada por el médico forense, que no asistió a la OVD, habiendo denunciado a su pupilo por el hurto de su perro sin haber acreditado la propiedad el mismo, y que tampoco consintió que el can le fuera devuelto, señalando la recurrente que esto último originó el dictado de la Falta de Mérito por dicho delito, entendiendo que lo procesalmente correcto hubiese sido el sobreseimiento definitivo. Que todo lo relativo a la orfandad probatoria ha sido tratado en el punto 1) de los presentes.
Ahora bien, sobre la negación a la constatación del domicilio por parte de la víctima, la misma refirió en su denuncia que debía dirigirse a su trabajo, motivo por el cual tampoco le fue posible radicar el trámite en la comisaría.
Atento al planteamiento por el delito de Hurto (art. 162 del CP), respecto del cual se resolvió la falta de mérito del encartado, esta Alzada se ha pronunciado en la causa “A.F.D. S/RESULTARE DAMNIFICADA POR ROBO”, Expte. Nº 74.105/22, Apelación Nº 9015/24 (Tº CXL, Rº 8915, Fº 073/079) sosteniendo: “...Que este agravio resulta inadmisible en función de lo establecido por el art. 294 del CPP, por lo que nos vemos impedidos de efectuar mayores comentarios al respecto al no encontrarse habilitado procesalmente el recurso de apelación contra un auto de falta de mérito al imputado y su defensa...”, motivo por el cual no será abordado.
4. Agravia a la defensa la -a su criterio- incongruencia entre las resultas y los considerandos de la resolución puesta en crisis.
Explica que en los considerandos se analizan los delitos de violación de domicilio, amenaza y hurto indicando la escasa prueba en la que sustenta su fallo, y que, sin haberlos mencionado en ninguno de los acápites anteriores resuelve, citando lo dispuesto por el a quo.
Por otro lado, indica que las decisiones jurídicas deben estar debidamente fundadas, debiéndose fundamentar, de igual modo, el concurso aplicable.
Señala que nada se analiza al respecto y que sólo se incorpora el concurso real en el punto 1) del resuelvo, constituyendo ello un error sustancial en la calificación de los hechos imputados, lo cual afecta la legalidad del acto; implica una violación al derecho de defensa, al no permitir un correcta estrategia de defensa, y que vulnera las garantías procesales del debido proceso. Manifiesta que lo expresado no es un tema menor, ya que no es lo mismo para la actividad defensiva que deba defenderse de una o de varias conductas. Respecto del presente agravio se destaca que el a quo hizo referencia concreta a la materialidad como la autoría de los hechos, y efectuó apreciaciones respecto de cada delito atribuido al encartado.
Así, observamos que la plataforma fáctica que ha sido objeto de investigación se ha mantenido intacta, motivo por el cual no se ha violado el principio de congruencia como tampoco observamos la afectación del derecho de defensa, por lo que no prosperará el presente agravio.
Acerca del agravio que cuestiona el concurso aplicable nos remitimos a lo desarrollado en el punto 2) de los presentes, sosteniendo el criterio que en esta etapa la calificación jurídica es esencialmente mutable y provisoria, pudiendo variar a lo largo del proceso, por lo que no genera agravio.
5. Le causa gravamen el monto dispuesto por el Magistrado a la hora de trabar embargo sobre los bienes de AMD por la suma de PESOS Un Millón ($1.000.000), por considerar que el mismo es excesivo, arbitrario y exorbitante.
Que si bien el a quo hace un breve desarrollo de los motivos por el cual lo dispone, no se encuentra acreditado de ningún modo que los gastos del proceso puedan arribar a ese monto, teniendo en cuenta el valor actual de los costos de actuación judicial y no “tirar” un número azaroso, motivo por el cual solicita que se rechace el mismo.
Sobre el presente debo decir que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a AMD y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Un Millón ($1.000.000) resulta no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 63/vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso AMD.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 59/64, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
Sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia