Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: CXXIV REGISTRO: 016 FOLIO: 182/187
Caleta Olivia, 14 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “D. N. A. S. S/SOLICITA EXCARCELACION EN AUTOS: O. M. S/Tentativa de Homicidio” Expte. Nº I-64063/26, N° de Juzgado de Recursos 8591/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 6/9, el Sr. Juez de Instrucción, rechaza el pedido de excarcelación formulado por la defensa del imputadoSr.O. M. S.por los motivos esgrimidos en los considerandos y de conformidad con lo dispuesto por el art. 302 del C.P.P.
Contra dicha resolución el doctor Alex Sandro Díaz Navarro interpone recurso de apelación a fs. 10vta/12, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 13. En esta instancia es mantenido a fs. 21 por el Sr. Defensor Particular, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal a fs. 22/25, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que se rechazó la excarcelación solicitada en favor de O. M. S., por considerar que el rechazo de la excarcelación causa a su defendido un gravamen actual e irreparable al mantener restringida su libertad ambulatoria sin encontrarse acreditados mediante circunstancias concretas, objetivas y actuales riesgos procesales suficientes que justifiquen la continuidad de semejante medida cautelar.
Expresa que en esta instancia se declaró la nulidad de la declaración indagatoria y del auto de procesamiento que era su consecuencia, y que, en consecuencia, no existe un auto de procesamiento válido que pueda ser utilizado como fundamento autónomo para sostener la situación cautelar anterior, encontrándose el proceso nuevamente en una etapa previa al dictado de una nueva resolución sobre la situación procesal de su defendido. Esta circunstancia adquiere particular importancia frente a lo dispuesto por el artículo 301 del C.P.P., que contempla la posibilidad de acordar la excarcelación en cualquier estado del proceso y establece que, cuando el pedido se formula antes del auto de procesamiento, deberá atenderse a la calificación legal del hecho atribuido o que aparezca cometido.
La nulidad declarada no significa la finalización de la investigación ni impide la continuación del proceso, pero sí determina que la situación cautelar de O. M. S. deba ser examinada conforme al estado procesal actualmente existente y sin atribuir efectos jurídicos propios de un procesamiento a una resolución expresamente declarada nula por el órgano revisor. A renglón seguido sostiene que el artículo 302 del C.P.P. establece que la excarcelación podrá denegarse, respetándose el principio de inocencia, cuando la valoración objetiva y provisional de las características del hecho y de las condiciones personales del imputado permitan presumir fundadamente que éste intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
La exigencia legal de una presunción fundada resulta determinante para resolver el caso, pues la resolución recurrida sostiene que “no puede garantizarse” que O. M. S. mantendrá su residencia dentro de la jurisdicción hasta la culminación del proceso, razonamiento que invierte el análisis exigido por la norma, ya que no corresponde al imputado garantizar que jamás intentará sustraerse del proceso, sino que deben existir circunstancias objetivas que permitan presumir fundadamente que efectivamente intentará hacerlo. En el presente caso las condiciones personales y la propia conducta de O. M. S. demuestran precisamente lo contrario: nació y se crio en Pico Truncado, cursó sus estudios en esta localidad, posee domicilio conocido en calle Perito Moreno N.º 255 y su núcleo familiar reside igualmente en esta ciudad, circunstancias oportunamente acreditadas mediante la documental acompañada por esa defensa, entre ella acta de nacimiento, certificado de estudios y constancia domiciliaria.
A ello se suma un dato especialmente relevante: O. M. S. no intentó sustraerse de la acción de la justicia, pues luego del episodio investigado, al tomar conocimiento por intermedio de su familia de que estaba siendo buscado, se presentó ante la autoridad policial; no abandonó la jurisdicción, no modificó su domicilio, no destruyó prueba ni desarrolló conducta alguna dirigida a entorpecer la investigación. Frente a circunstancias objetivas de arraigo y sometimiento a la jurisdicción, la mera afirmación de que “no puede garantizarse” su permanencia resulta insuficiente para configurar la presunción fundada exigida por el artículo 302 del C.P.P. Manifiesta que tampoco aparece suficientemente demostrado el segundo riesgo procesal contemplado por el artículo 302 del C.P.P.
La resolución recurrida sostiene que víctimas, testigos e imputado residen en la misma localidad y que ello incrementaría el riesgo de interferencia sobre las fuentes de prueba, pero no individualiza una sola conducta concreta desarrollada por O. M. S. destinada a intimidar, amenazar, condicionar o influir sobre T. M. A., L. S. G. o cualquiera de los restantes testigos. La circunstancia de residir en una misma localidad no puede transformarse, por sí sola, en una presunción de entorpecimiento, pues la norma exige circunstancias que permitan presumir fundadamente que el imputado intentará frustrar la investigación y no la mera posibilidad hipotética de que pudiera hacerlo. Asimismo, gran parte de la prueba testimonial relevante ya se encuentra incorporada y durante la instrucción se han desarrollado numerosas medidas probatorias, de manera que si existen diligencias actualmente pendientes corresponde identificar concretamente de qué forma la libertad de Mariano podría frustrarlas y por qué ese eventual riesgo no podría ser neutralizado mediante obligaciones o restricciones específicas.
La resolución no individualiza actos previos de entorpecimiento ni demuestra concretamente la existencia de un peligro actual que haga indispensable mantener la privación de libertad.
Expresa que la resolución recurrida reconoce que la declaración indagatoria y el auto de procesamiento fueron declarados nulos y que corresponde retrotraer el procedimiento, pero al justificar la continuidad de la detención vuelve a utilizar como elementos de valoración la modalidad comisiva atribuida y circunstancias contenidas en la imputación alcanzada por aquella nulidad. Dice que no pretende que se eliminen del expediente las restantes pruebas válidamente incorporadas ni sostiene que la nulidad impida continuar la investigación, lo que cuestiona es que, si el acto de indagatoria y el procesamiento consecuente fueron declarados nulos, no resulta jurídicamente razonable mantener la máxima restricción cautelar reproduciendo como fundamento afirmaciones provenientes precisamente de los actos cuya invalidez fue declarada. La continuidad de la privación de libertad requiere, en las actuales circunstancias procesales, una fundamentación autónoma basada en elementos válidos, concretos y actuales que demuestren alguno de los riesgos expresamente contemplados por el artículo 302 del C.P.P., exigencia que no puede ser reemplazada por la gravedad abstracta de la imputación ni por la expectativa de pena.
Sostiene que aun cuando se considerara necesaria la adopción de recaudos destinados a asegurar el sometimiento de O. M. S. al proceso, el propio Código Procesal Penal contempla instrumentos específicamente destinados a esa finalidad. El artículo 303 del C.P.P. prevé la posibilidad de conceder la excarcelación bajo caución destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas y de las órdenes del Tribunal, mientras que el artículo 304 contempla la caución juratoria y las obligaciones que pueden imponerse al imputado. En consecuencia, manifiesta expresamente la disposición su asistido a someterse a todas aquellas condiciones que se estimen necesarias para garantizar los fines del proceso, incluyendo fijar y mantener domicilio, comparecer ante la autoridad judicial con la periodicidad que se determine, abstenerse de abandonar la localidad sin previa autorización judicial y cumplir una prohibición absoluta de acercamiento y contacto, por cualquier medio, respecto de T. M. A. y L. S. G., además de cualquier otra obligación razonable que el órgano jurisdiccional considere pertinente. Por ello, aun cuando se entendiera existente algún riesgo procesal susceptible de neutralización, corresponde valorar si dicho riesgo puede ser adecuadamente asegurado mediante las cauciones y obligaciones previstas por los artículos 303 y 304 del C.P.P., antes de mantener la medida más gravosa posible sobre la libertad personal del imputado.
Al ampliar fundamentos en esta instancia entiende que la nulidad no implica automáticamente el cierre de la investigación ni una declaración sobre el fondo, pero que cuestiona que la continuidad de la privación cautelar de libertad haya sido fundada esencialmente en la gravedad de la imputación, la pena en expectativa y riesgos formulados en términos hipotéticos, sin individualizar conductas concretas de Oviedo que permitan presumir fundadamente que, recuperando su libertad, intentará sustraerse de la acción de la justicia o entorpecer la investigación. A ello se agregan importantes circunstancias sobrevinientes producidas desde la resolución apelada, entre ellas nuevas declaraciones indagatorias, incorporación de pericias, obtención de la muestra biológica de su asistido y un grado de avance probatorio que modifica sustancialmente cualquier valoración acerca de un eventual riesgo de entorpecimiento.
Señala que O. M. S. posee domicilio conocido, arraigo personal y familiar en Pico Truncado, no registra otra causa en trámite conforme surge del propio informe actuarial incorporado al incidente, no abandonó la jurisdicción, no modificó clandestinamente su domicilio, no destruyó elementos probatorios, no se individualiza presión, amenaza o condicionamiento alguno dirigido contra víctimas o testigos y, fundamentalmente, cuando tomó conocimiento de que era buscado se presentó espontáneamente ante la autoridad policial. La circunstancia de que imputado, víctimas y testigos residan en una misma localidad tampoco puede constituir por sí sola un indicador suficiente de entorpecimiento, pues de aceptarse tal razonamiento la prisión preventiva se convertiría prácticamente en regla en localidades de dimensiones reducidas. Cualquier eventual riesgo de contacto puede ser neutralizado mediante prohibición absoluta de acercamiento y comunicación, presentaciones periódicas, fijación y mantenimiento de domicilio, prohibición de abandonar la jurisdicción y las restantes medidas que se consideren pertinentes.
Continúa diciendo que el avance actual de la instrucción debilita todavía más el argumento relativo al entorpecimiento; que se encuentran incorporadas las declaraciones de las personas directamente involucradas y de numerosos testigos, historias clínicas e informes médicos, inspecciones oculares, secuencias fotográficas y fílmicas, inspecciones del vehículo, elementos secuestrados, estudios papiloscópicos, análisis de patrones hemáticos, pericia psicológica y análisis informáticos; asimismo, los elementos sobre los cuales restan resultados periciales se encuentran bajo custodia del Estado y ya fue obtenida la muestra biológica de O. M. S. para efectuar los correspondientes cotejos. No se explica entonces de qué manera concreta suasistido podría alterar, destruir o frustrar dichas diligencias encontrándose los objetos, muestras y registros fuera de su alcance. La mera existencia de actos instructorios pendientes no equivale a peligro de entorpecimiento y la prisión preventiva no puede mantenerse para asegurar genéricamente el desarrollo de una investigación cuando no se individualiza aquello que concretamente el imputado podría obstaculizar.
No desconoce ni pretende minimizar la gravedad objetiva de las lesiones sufridas por T. M. A.. Lo que se sostiene es que aquella circunstancia no puede sustituir la demostración de los elementos subjetivos de la hipótesis acusatoria ni, menos aún, utilizarse como fundamento automático de peligrosidad procesal; que precisamente bajo aquel estándar V.S. declaró la nulidad de la declaración indagatoria de fs. 173/174 y del procesamiento consecuente, verificando, entre otras cuestiones, que la expresión “te voy a matar” atribuida anteriormente a O. M. S. no surgía de ninguna de las constancias de la causa. Ese criterio conserva plena vigencia frente a las nuevas formulaciones: que T. M. A. hubiera estado inicialmente acostado constituye una circunstancia objetiva; afirmar que O. M. S. sabía previamente que se encontraba dentro del domicilio, que conocía que estaba dormido y que deliberadamente aprovechó aquella situación para actuar sobre seguro constituyen proposiciones diferentes que requieren un respaldo probatorio propio. Las filmaciones permiten establecer presencia, horarios y desplazamientos exteriores, pero no demuestran por sí mismas qué conocía subjetivamente O. M. S.; de igual manera, la presencia de un vehículo en las inmediaciones no acredita automáticamente que O. M. S. conociera a quién pertenecía, que lo hubiera identificado, que supiera por ello que T. M. A. se encontraba dentro de la vivienda y que dicha circunstancia hubiera determinado su decisión de ingresar. A ello se agrega que la declaración de T. M. A. describe una dinámica posterior de forcejeo, resistencia y desplazamientos, extremos que también deben ser apreciados integralmente. No se pretende mediante esta incidencia que V.S. resuelva definitivamente la calificación jurídica, sino que no se utilice la hipótesis penal más gravosa como sustituto de la acreditación autónoma de los riesgos procesales.
Especial consideración merece lo ocurrido respecto de L. S. G.. Luego de la nulidad dispuesta por V.S., el propio Juzgado de Instrucción recibió nueva declaración indagatoria y calificó provisoriamente aquel segmento del hecho como lesiones leves dolosas agravadas por haber mediado una relación de pareja y violencia de género. Posteriormente, a pedido de la parte querellante, se dispuso una nueva ampliación de indagatoria a efectos de hacer conocer al imputado una nueva calificación jurídica y, en su caso, la calificación alternativa pretendida por aquella parte. Destaca que dicha modificación fue promovida por la querella sin que se individualizara un elemento objetivo nuevo, sobreviniente y concreto que modificara sustancialmente la plataforma probatoria ya existente respecto de la lesión sufrida por L. S. G. o de la dinámica del episodio; asimismo, la providencia que hizo lugar al planteo se limitó a receptar aquella solicitud y disponer una nueva intimación, sin desarrollar cuáles serían las circunstancias probatorias novedosas que justificarían pasar nuevamente de una imputación por lesiones agravadas a una hipótesis de tentativa de homicidio. No se cuestiona el derecho de la querella a formular sus pretensiones ni la naturaleza provisoria y mutable de la calificación legal, sino la utilización posterior de esa misma hipótesis más gravosa como factor para incrementar la expectativa punitiva y, a partir de allí, presumir peligro de fuga.
Ante esa reformulación, la defensa solicitó que se convoque a L. S. G. a prestar ampliación de declaración testimonial, proponiendo una diligencia concreta destinada a esclarecer circunstancias directamente vinculadas con la nueva construcción imputativa, entre ellas las comunicaciones previas mantenidas con O. M. S., la modalidad habitual de ingreso al domicilio, el eventual conocimiento previo de la presencia de T. M. A., la dinámica concreta del episodio y las circunstancias específicas en que se produjo la lesión sufrida por la nombrada. Dice que dicha solicitud aún no ha obtenido respuesta y que la circunstancia resulta relevante porque, mientras se dio curso al planteo de la querella dirigido a incorporar una calificación sustancialmente más gravosa, permanece pendiente de resolución una diligencia probatoria propuesta por la defensa precisamente para esclarecer los extremos fácticos sobre los cuales aquella agravación pretende asentarse. No se sostiene que esa falta de respuesta determine por sí sola invalidez alguna, pero sí evidencia que la plataforma fáctica continúa abierta, controvertida y necesitada de esclarecimiento, tornando aún menos razonable emplear cautelarmente la hipótesis penal más severa como si constituyera una conclusión definitivamente estabilizada. Alude jurisprudencia en la materia.
Señala que la línea investigativa se origina a partir de una presentación de la Sra. V. L., progenitora de T. M. A., trabajadora del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz y quien presta funciones en el mismo edificio donde funciona el Juzgado de Instrucción interviniente, circunstancia que esa defensa deja expresamente señalada sin pretender derivar de ella, por sí sola, irregularidad alguna: que la nombrada manifestó haber tomado conocimiento, a través de una tercera persona cuya identidad solicitó preservar, de que V. M. M. habría mantenido conversaciones con O. M. S. con posterioridad al hecho y que V. M. M. habría posteriormente transmitido mediante mensajes de audio a terceras personas aquello que supuestamente O. M. S. le habría relatado. A partir de esa información el Juzgado dispuso el allanamiento del domicilio de V. M. M., su requisa y el secuestro de dispositivos electrónicos a fin de preservar y analizar la eventual evidencia digital. La hipótesis fue, por lo tanto, efectivamente investigada y sometida a comprobación técnica. La relevancia de esta circunstancia para el presente recurso radica en que debe distinguirse claramente una noticia o hipótesis inicial de aquello que posteriormente logra ser corroborado mediante prueba: una información indirecta puede justificar la realización de diligencias, pero no puede ser valorada luego como si, por el solo hecho de haber originado una investigación, hubiera quedado demostrada. Ello también evidencia el importante grado de avance de la instrucción y que distintas líneas probatorias han sido efectivamente producidas y aseguradas, debilitando todavía más cualquier afirmación genérica de riesgo actual de entorpecimiento.
Concluye expresando que la prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional y no puede funcionar como anticipación de una eventual pena. Incluso admitiendo provisionalmente la gravedad de la imputación, lo determinante para resolver esta incidencia es si existen actualmente circunstancias objetivas que hagan indispensable mantener la privación de libertad. La conducta procesal de O. M. S., su arraigo, su presentación ante la autoridad, la ausencia de actos concretos de entorpecimiento y el estado avanzado de producción de la prueba permiten concluir que los fines del proceso pueden asegurarse mediante medidas menos gravosas. La propia pericia psicológica incorporada describe un funcionamiento psíquico globalmente organizado, juicio de realidad conservado y ausencia de indicadores suficientes para establecer una modalidad generalizada de ejercicio de violencia en relaciones afectivas, sin perjuicio de las restantes características personales allí señaladas, dato que también debe ser integrado y no seleccionado fragmentariamente al valorar las condiciones personales del imputado.
Para el supuesto que se considere necesario reforzar su sometimiento al proceso, la defensa ofrece expresamente que la libertad sea concedida bajo las condiciones que estime pertinentes, pudiendo disponerse caución juratoria o la que corresponda, fijación y mantenimiento de domicilio, obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad que se determine, prohibición de abandonar la jurisdicción sin autorización judicial y prohibición absoluta de acercamiento y comunicación, por cualquier medio, con L. S. G. y T. M. A.. Tales medidas resultan idóneas para neutralizar cualquier eventual riesgo residual sin necesidad de mantener la medida más gravosa prevista por el ordenamiento. III.-Sentados los agravios del recurrente y la presentación efectuada a fs. 28/29, entiendo que deberá confirmarse el temperamento adoptado. Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal.
En el caso de marras, la nulidad decretada obedecía a la deficiencia en la descripción de la plataformafáctica aun con el cúmulo probatorio que sin lugar a dudas permitía efectuar una intimación precisa y detallada sin forzar circunstancias que no encontraran anclaje en ningún elemento de prueba.
En función de ello, también se anuló el procesamiento, como derivación razonada de aquel acto, lo que no implicabala inexistencia de los hechos o la falta de fundamentación a la prisión.
Aun modificándose el hecho endilgado y la calificación elegida en el procesamiento, lo cierto es que los motivos que justificaron la detención y la posterior transformación en preventiva, aun permanecen incólumes. Es preciso aclarar que si bien se declaró la nulidad del procesamiento donde se ordenaba la preventiva, la resolución no hacía referencia a la concesión de la excarcelación –y ello resulta lógico- pues no han desaparecido las circunstancias que dieron origen a la restricción de la libertad.
Véase que además el imputado fue detenido con antelación al dictado del auto me merito con preventiva, por ende, su nulidad no implica la nulidad de actos pretéritos sobre los que no se guarda correlación o que surgen de maneraindependiente.
Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA:
30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS
S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).
Al respecto, cabe señalar que cuando se realiza una estimación del riesgo procesal, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. El riesgo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo. Además, debe señalarse que el riesgo de entorpecimiento de la investigación no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria. El Proceso penal regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero es el Estado, quien juzga a través de un de sus poderes-funciones, la jurisdiccional es un solo y el proceso también. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate se materializa la prueba que se fue recolectando. Resulta fundamental analizar en este caso, el avance de la investigación (C.S.J.N Fallo Acosta). No puedo obviar que en causas donde se investigan hechos de violencia contra las mujeres, la obligatoriedad de la prisión preventiva se reactualiza bajo el prisma del bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 CN). La Convención de Belém do Pará (art. 7) impone al Estado Argentino el deber de actuar con una "debida diligencia" reforzada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Esta obligación convencional mandata la adopción de medidas oportunas y eficaces para asegurar la integridad de la víctima durante el proceso. En sintonía, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las Recomendaciones Generales Nº 33 y 35 de su Comité, exigen remover los obstáculos que impiden el acceso seguro de las mujeres a la justicia, lo que incluye neutralizar las represalias del agresor.
En el plano interno, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece un orden público de protección de raigambre constitucional. El peligro procesal en estos contextos adquiere una dimensión específica: el menoscabo a la tutela judicial efectiva mediante la coerción a la víctima.
Asimismo, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) exige de manera expresa que este órgano judicial garantice de forma efectiva la seguridad de la víctima, de su familia y de los testigos (art. 5, inc. b). La citada norma impone evaluar el riesgo procesal no solo desde la perspectiva de la fuga del imputado, sino desde el derecho de la víctima a ser protegida frente a nuevas agresiones o presiones que pretendan truncar la investigación. En delitos de género, el testimonio de la damnificada es la columna vertebral de la acusación; por ende, su vulnerabilidad física y psicológica constituye el blanco principal del entorpecimiento probatorio que laprisión preventiva debe evitar.
Sobre este andamiaje es preciso recalcar que, si bien la investigación se encuentra avanzada, como bienseñala la defensa, es en la etapa del juicio oral dondetoda la prueba se materializa y donde las víctimas pueden correr riesgo de que su declaración se obstruya.
Aunado a ello se ratificó el procesamiento con preventiva, razón por la cual, aquellas circunstancias que justificaban el encarcelamiento cautelar fueron verificadas nuevamente y confirmadas por el a quo.
Todas las circunstancias de hecho y prueba que quedaron plasmadas en aquel auto de mérito, y fueran señaladas por la defensa en el presente libelo impugnativo, exceden el trámite incidental y deberán ser abordadas en aquel legajo de plantearse la revisión de las actuaciones.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto de fs.6/9 en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia