Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC; 63 de la ley 11.653; Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
2Anular de oficio la decisión de 24 de septiembre de 2020, remitiéndose los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul en el marco de un proceso de ejecución de los honorarios profesionales regulados en la causa "Molanes Cami Cecilia Ana Clara c/ D.P. Sociedad anónima s/ Despido", dejó sin efecto los estipendios regulados como acrecidos con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate (v. resol. de 24-IX-2020).
Para así decidir, haciendo lugar a la revocatoria planteada por la ejecutada, con apoyo en lo normado en el art. 41 de la ley 14.967, juzgó que las previsiones contenidas en el último párrafo del art. 28 de la ley 14.967 no se corresponden con el presente trámite de ejecución de honorarios, en atención a que la estimación en el caso debe ser única. Asimismo, destacó que los intereses punitorios calculados y cuya liquidación obra aprobada por auto de fecha 10 de agosto de 2020, que observó como percibidos por el letrado actor, son los acrecidos que corresponde pagar al deudor en el supuesto de haberse constituido en mora, los que consideró como asimilables doctrinariamente a la cláusula penal.
II. Frente a lo así resuelto, el letrado actor interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 5-X-2020) cuya denegatoria fundada en la ausencia de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. resol. de 8-X-2020), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 12-X-2020).
En sustancia, considera que la resolución atacada debe ser asimilada a sentencia definitiva de acuerdo a lo normado en los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues se encuentra impedido de reeditar en un juicio ordinario posterior, o en otra oportunidad procesal, los planteos efectuados en el presente juicio ejecutivo.
III. La queja prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde observar que, si bien esta Corte ha dicho que los pronunciamientos dictados en etapa de ejecución de los honorarios regulados no revisten carácter de definitivos, en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017; L. 122.187, "Piñero", resol. de 28-XI-2018 y L. 125.802, "Serio", resol. de 11-VIII-2020) sosteniendo, además, el principio de irrecurribilidad de las decisiones adoptadas por los tribunales colegiados en materia de su estimación -elaborado tanto en torno al art. 57, del decreto 8.904, como de la ley 14.967- (causas Ac. 93.300, "Lemba", resol. de 21-IX-2005; L. 83.688, "Municipalidad de San Miguel", resol. de 24-V-2006; L. 118.495, "Ruiz", resol. de 17-XII-2014 y L. 121.480, "Andresiuk", resol. de 21-VI-2018) tales principios, en el sub lite , deben ceder.
Ello así, pues en el caso, la decisión que se impugna excede el mero marco de la determinación de los estipendios en etapa de ejecución de honorarios, al pronunciarse -al margen del acierto o no de las razones brindadas- sobre el derecho del profesional a obtener tal estimación (causas Ac. 85.786, "Martínez", resol. de 5-III-2003; Ac.86.001; "Zubiri de Grosso", resol. de 10-IX-2003; Ac. 103.026, "Mallo Rivas", resol. de 20-V-2009 y C.107.775, "Alonso", 3-III-2010; e.o.).
III.2. En consecuencia, siendo el pronunciamiento aludido una sentencia equiparable a definitiva y versando sobre una cuestión esencial ventilada en el incidente de ejecución, se advierte que carece de la formalidad de acuerdo y voto individual, lo que, en el caso, constituye una transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución provincial, cuyo cumplimiento resulta ineludible, correspondiendo su anulación oficiosa por esta Corte (causas Ac. 66.037, "Odriozola", resol. de 8-IV-1997; Ac. 86.001, "Zubiri de Grosso", resol. cit. y Ac. 87.289, "Ubaldi", resol. de 8-VI-2005).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC; 63 de la ley 11.653; Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
2. Anular de oficio la decisión de 24 de septiembre de 2020, remitiéndose los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 17:05:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:13:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 14:13:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 09:29:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 11:48:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2021 08:49:40 hs. bajo el número RR-1402-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia