Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126336
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC; 63 de la ley 11.653; Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
2Anular de oficio la decisión de 25 de septiembre de 2020, remitiéndose los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en el marco de un proceso de ejecución de los honorarios profesionales regulados en la causa "Díaz, Carlos Alfredo c/ D.P. Sociedad anónima y otro/a s/ Accidente de trabajo - acción especial", rechazó la solicitud incoada por el doctor Néstor Gabriel Rodríguez, de regulación de los estipendios como acrecidos con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate (v. resol. de 25-IX-2020).
Para así resolver, con apoyo en lo normado en el art. 41 de la ley 14.967, juzgó que las previsiones contenidas en el último párrafo del art. 28 de la ley 14.967 no se correspondían con el presente trámite de ejecución de honorarios, en atención a que la estimación en el caso debe ser única. Asimismo, destacó que los intereses punitorios calculados y cuya liquidación obra aprobada por auto de fecha 26 de agosto de 2020, que observó como percibidos por el letrado actoral, eran los acrecidos que correspondía pagar al deudor en el supuesto de haberse constituido en mora, los que consideró como asimilables doctrinariamente a la cláusula penal.
II. Frente a lo así resuelto, el mencionado letrado interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 5-X-2020) cuya denegatoria fundada en la ausencia de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. resol. de 8-X-2020), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 12-X-2020).
En sustancia, considera que la resolución atacada debe ser asimilada a sentencia definitiva de acuerdo a lo normado en los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, pues se le impide reeditar en un juicio ordinario posterior, o en otra oportunidad procesal, los planteos efectuados en el presente juicio ejecutivo.
III. La queja prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde observar que, si bien esta Corte ha dicho que los pronunciamientos dictados en etapa de ejecución de los honorarios regulados no revisten carácter de definitivos, en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017; L. 122.187, "Piñero", resol. de 28-XI-2018 y L. 125.802, "Serio", resol. de 11-VIII-2020) sosteniendo, además, el principio de irrecurribilidad de las decisiones adoptadas por los tribunales colegiados en materia de su estimación -elaborado tanto en torno al art. 57, del decreto 8.904, como de la ley 14.967- (causas Ac. 93.300, "Lemba", resol. de 21-IX-2005; L. 83.688, "Municipalidad de San Miguel", resol. de 24-V-2006; L. 118.495, "Ruiz", resol. de 17-XII-2014 y L. 121.480, "Andresiuk", resol. de 21-VI-2018) tales principios, en el sub lite , deben ceder.
Ello así, pues en el caso, la decisión que se impugna excede el mero marco de la determinación de los estipendios en etapa de ejecución de honorarios, al pronunciarse -al margen del acierto o no de las razones brindadas- sobre el derecho del profesional a obtener tal estimación (causas Ac. 85.786, "Martínez", resol. de 5-III-2003; Ac.86.001; "Zubiri de Grosso", resol. de 10-IX-2003; Ac. 103.026, "Mallo Rivas", resol. de 20-V-2009 y C.107.775, "Alonso", 3-III-2010; e.o.).
III.2. En ese marco conceptual, siendo el pronunciamiento aludido una sentencia equiparable a definitiva y versando sobre una cuestión esencial ventilada en el incidente de ejecución, corresponde disponer de oficio su anulación, en tanto de la simple lectura de dicha pieza procesal se observa que carece de validez como acto jurisdiccional.
Esta anomalía configura una violación de lo preceptuado en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal del trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653; causas Ac. 66.037, "Odriozola", resol. de 8-IV-1997; Ac. 86.001, "Zubiri de Grosso", resol. cit. y Ac. 87.289, "Ubaldi", resol. de 8-VI-2005; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC; 63 de la ley 11.653; Acordada 1.790 y Resol. 24/20).
2. Anular de oficio la decisión de 25 de septiembre de 2020, remitiéndose los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2021 17:05:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:13:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 14:13:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 09:29:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2021 11:48:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2021 08:49:44 hs. bajo el número RR-1405-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia