Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, esta Alzada entiende que las deficiencias advertidas en la técnica recursiva empleada, ameritan poner la presente en conocimiento de la Defensoría General ante el T.S.J., a los fines que estime corresponder, ello sin menoscabo alguno de la autonomía funcional que reviste.
VII. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VIII. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.181 FOLIO N° 183/189 PROT. ELECT. JR101 328I.261
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada "D.R.D. S/ Privación Ilegítima de la Libertad, Lesiones Leves y Amenazas Calificadas“ - Expte. N° 93347/25 - Apelación/Causa JR N° 10292/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 51/60, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado D.D.R., en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por su comisión en el contexto de la relación de pareja que lo une a la damnificada y mediando violencia de género, Amenazas (dos hechos), Amenazas Calificadas por el Uso de Armas, Privación Ilegítima de la Libertad Agravada y Violación de Domicilio, todo ello en concurso real” (Art. 55, 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1º y 11º, 142 inc. 1, 149 bis primer párrafo y 150 del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Dos Millones ($2.000.000).
Que a fs. 63/66, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 78, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado está conformado por aseveraciones de cargo que resultan -a su juiciomeras afirmaciones dogmáticas, carentes de apoyatura probatoria. Asimismo, indicó que la resolución puesta en crisis le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
Que la defensa se agravió al sostener que la totalidad de los elementos probatorios reunidos en autos, provienen del testimonio de la presunta víctima, su padre y su hermana, argumentando que el a quo debió recibir declaración testimonial a la hermana de su asistido, a la vecina mencionada por el progenitor de la denunciante y a algún efectivo policial, a fin de obtener mayores elementos probatorios objetivos. Citó jurisprudencia en respaldo. Asimismo, cuestionó la imputación por el delito de lesiones leves agravadas al sostener que, si bien las lesiones se encuentran certificadas, no existen constancias que permitan atribuir la autoría a su asistido. Agregó que el relato de la denunciante no resulta concordante con el certificado médico, en tanto aquella manifestó haber sufrido mordeduras en el rostro.
Finalmente, afirmó que la instrucción direccionó el curso del proceso en contra de su defendido, afectando la objetividad de la investigación y el esclarecimiento de la verdad.
Que iniciado el tratamiento del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello así, por cuanto del análisis integral de las actuaciones surge que existen suficientes elementos de convicción que permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la materialidad de los hechos y la participación atribuida al Sr. D.R.D.
En efecto, el Magistrado fundó su decisión en un conjunto de elementos probatorios concordantes, entre ellos la denuncia judicial, los informes prevencionales, el acta de relato y el informe de riesgo confeccionados por la OVD, los certificados médicos, la certificación actuarial de las causas en trámite entre las partes, las declaraciones testimoniales y la pericia psicológica practicada al imputado, entre otras constancias incorporadas al legajo que, valoradas de manera armónica y conforme las reglas de la sana crítica racional, resultan suficientes para sustentar el procesamiento dispuesto.
A ello se suma, que no surge del expediente que la parte recurrente haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar al Sr. Juez Subrogante de grado de una eventual insuficiencia investigativa, cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin. Por otra parte, tampoco se advierten las inconsistencias invocadas respecto de la imputación por lesiones leves. Por el contrario, las constancias médicas resultan compatibles con el relato de la denunciante, quien manifestó haber sido mordida en el rostro mientras el imputado la sujetaba fuertemente de ambos brazos. Si bien el certificado médico no constató lesiones en el rostro, las personas que tomaron contacto con la pretensa víctima inmediatamente después del hecho, sí observaron lesiones visibles en dicha zona (fs. 14, 15, 27/28, 33 y 34/vta.), circunstancia que otorga verosimilitud a su versión.
Asimismo, la defensa insiste en cuestionar el alcance del certificado médico para atribuir la autoría de las lesiones. Sin embargo, esta Alzada ha sostenido reiteradamente (v.gr.
Apelaciones Nros. 8772/24, 9128/24, 9604/25, 9789/25 y 10037/26, entre muchas otras) que dicha constancia constituye un elemento idóneo para acreditar la materialidad del hecho, sin que haya sido valorada de manera aislada ni utilizada como único sustento de la imputación.
En consecuencia, no se advierte una insuficiencia ni una valoración fragmentaria de la prueba, sino una apreciación integral de las constancias reunidas, las cuales permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia, tanto la materialidad de los hechos como la intervención atribuida al encartado D.-
Por todo lo expuesto, habiendo el Magistrado valorado adecuadamente los elementos probatorios reunidos conforme las reglas de la sana crítica racional, corresponde rechazar el agravio bajo análisis.
II. Del agravio referido a la aplicación de la perspectiva de género:
Que la defensa se agravió al sostener que la instrucción aplicó de manera automática la perspectiva de género, sin contar -a su juicio- con prueba suficiente que involucrara a su asistido.
Adujo que, si bien dicho enfoque fue invocado en abstracto, no se acreditó que los hechos denunciados respondieran a un patrón sistemático de violencia. En esa línea, argumentó que el respeto por las convenciones internacionales no puede implicar la desnaturalización del debido proceso, del derecho de defensa en juicio ni la inversión de la carga de la prueba.
Asimismo, entendió que debe existir cierta equidad entre las garantías de derechos en perspectiva de género y las que le asisten al imputado en calidad de tal, afirmando que forma parte de su derecho de defensa cuestionar la versión de la denunciante. Agregó que advirtió una predisposición al imputar a su asistido en perjuicio de sus intereses, vulnerando las garantías constitucionales que lo amparan.
Finalmente, afirmó que la resolución recurrida termina por atribuir responsabilidad a su defendido mediante una indebida aplicación del sistema de la libre convicción y la sana crítica racional, sin contar con prueba idónea que permita acreditar su autoría. Citó jurisprudencia y doctrina en respaldo de su postura. Que en tratamiento del presente agravio, adelantamos, no tendrá favorable acogida.
En primer término, corresponde señalar que tratándose de hechos presuntamente constitutivos de violencia contra la mujer, la investigación y consecuente valoración deben necesariamente incluir perspectiva de género, especialmente teniendo en cuenta el contexto de las circunstancias y la eventual existencia de una relación desigual de poder.
En el caso de marras, se desprende de las constancias de autos un evidente contexto de violencia de género a la luz de la dinámica de los hechos, en tanto el accionar del imputado denotaría el poder de superioridad, evidenciándose así una relación asimétrica de poder, exteriorizada mediante conductas de violencia psicológica y física dentro de la modalidad doméstica, conforme lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En ese marco, la aplicación de la perspectiva de género no constituye una facultad discrecional del juzgador, sino una obligación derivada de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional destinados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellos la Convención de Belém do Pará, la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), así como de la Ley Nº 26.485 y su adhesión provincial mediante Ley Nº 3201.
Tales normas imponen al Estado el deber de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de violencia de género, garantizando la amplitud probatoria.
Los tribunales al respecto, se han expedido sosteniendo que: “(…) Dada la amplitud probatoria contemplada en el art. 16, inciso i) de la Ley Nº 26.485, entendemos que la prueba más trascendental es lo dicho por la víctima, y la ausencia de testigos no descarta la existencia del evento. No debe soslayarse que este tipo de conductas suelen llevarse a cabo en el ámbito de la intimidad de la pareja (…) el Estado tiene el deber de cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en el artículo 16 de la ley citada, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia (…)”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Sala VI – “R.C.J. s/ procesamiento” – 19/04/2013).
Ahora bien, dicha amplitud probatoria no implica una fexibilización del estándar probatorio ni una afectación de las garantías del imputado, sino que responde a la necesidad de erradicar valoraciones atravesadas por estereotipos y adecuar el análisis probatorio a las particularidades de este tipo de hechos. Ello, sin menoscabo del principio “in dubio pro reo”, en tanto se procura compatibilizar la debida protección de la víctima con el pleno respeto al debido proceso.
Bajo tales premisas, se advierte que el a quo valoró íntegramente las constancias reunidas, conforme lo previsto en los arts. 116 y 199 del código de rito, arribando fundadamente al juicio de probabilidad exigido en esta etapa procesal, sin que se observe vulneración alguna de las garantías constitucionales y convencionales invocadas por la defensa.
En consecuencia, los cuestionamientos formulados por la parte recurrente no logran desvirtuar los fundamentos del decisorio recurrido, por lo que el presente agravio debe ser rechazado.
III. Del agravio referido a la calificación legal:
La defensa se agravió al sostener que no se encuentran reunidos los elementos típicos de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio.
En cuanto al delito de amenazas calificadas por el uso de arma, afirmó que no se encuentran acreditados los extremos típicos exigidos, por cuanto durante la investigación no se secuestró elemento alguno que pudiera ser considerado un arma.
Respecto del delito de violación de domicilio, sostuvo que el mismo no se encuentra configurado, al entender que el lugar donde habrían ocurrido los hechos constituía el domicilio familiar de ambas partes.
Finalmente, solicitó que se desestime la imputación por el delito de lesiones leves, por considerar que no se encuentra acreditada la responsabilidad de su asistido. Citó jurisprudencia en sustento de su postura.
Que en abordaje al aludido agravio, debemos decir, tampoco habrá de prosperar.
Pues bien, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden a los delitos endilgados al Sr. D.-
No obstante, a los fines de despejar cualquier eventual cuestionamiento, debemos señalar que la ausencia de secuestro del arma presuntamente utilizada no resulta, por sí sola, un obstáculo para la configuración provisoria del delito de amenazas calificadas, en tanto dicho extremo podrá acreditarse mediante otros elementos probatorios incorporados al legajo, como el relato de la presunta víctima. En efecto, la inexistencia de dicho secuestro, no desvirtúa –en esta etapa procesal- la calificación legal asignada. A su vez, en cuanto al delito de violación de domicilio, de las constancias incorporadas al legajo no surge acreditado que las partes convivieran al tiempo de los hechos. No obstante, aun cuando tal circunstancia hubiese existido, ello no excluye, por sí solo, la eventual configuración del delito, extremo que deberá analizarse a la luz de los elementos probatorios reunidos y de las particularidades del caso.
De igual manera, en lo atinente al cuestionamiento formulado respecto del delito de lesiones leves, corresponde remitirse a lo desarrollado en el considerando II) del presente resolutorio, en honor a la brevedad, donde dicha cuestión fue debidamente tratada y desestimada.
Nos resulta menester advertir que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. De igual manera, cabe recordar que esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas). Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, los agravios aquí introducidos se prosperarán.
IV. Del agravio referido al embargo dispuesto:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo decretado por la suma de pesos dos millones ($2.000.000), resulta desproporcionado y desnaturalizado, alegando que su defendido carece de un patrimonio que permita afrontar la suma establecida.
Asimismo, señaló la ausencia de un informe social que evalue las condiciones económicas del imputado, alegando que se debió considerar que su representado es un trabajador rural y que no cuenta con una actividad laboral en relación de dependencia. En consecuencia, consideró que la suma establecida es excedida, y solicitó que sea dejada sin efecto o, subsidiariamente, reducida.
Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
Ello así, de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado.... ” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
En efecto, y vislumbrando que el Sr. Juez Subrogante, en su considerando VI) (fs. 59/vta.), ha explicado los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria, es que esta Alzada comparte el criterio sostenido, como también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados.
Así, es que confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante D.R.D., ergo, habremos de rechazar el presente agravio.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento V) Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que desde el 02 de septiembre de 2025 (informe de pase a resolver) hasta el 30 de junio de 2026 el expediente permaneció sin impulso procesal. Fue en la última fecha consignada cuando se dictó la resolución aquí recurrida, lo que evidencia una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa.
En esta línea, se advierte que transcurrieron diez (10) meses hasta que se dictó la resolución impugnada, sin que obre constancia de proveído o decreto alguno que justifique la prolongada inactividad previa.
Lo expuesto no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de Instrucción. Por dicha razón, se encuentra compelida a obrar conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.
Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la instrucción, se pueden haber suscitado cuestiones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, lo cierto es que en el caso no se advierte justificación alguna para el período de paralización señalado, los cuales están muy lejos de plasmar la debida diligencia reforzada que nos exigen los estándares internacionales en este tipo de delitos.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.
VI. Recomendación a la Defensoría interviniente:
Entendemos que corresponde librar comunicación a la titular del Ministerio Público de la Defensa ante el T.S.J., adjuntando copia de la presente resolución en función de los motivos que seguidamente se exponen, para su conocimiento y efectos que estime corresponder.
Así, del análisis del recurso interpuesto por la letrada adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nº Uno, se advierten diversas deficiencias formales y argumentativas que corresponde señalar. En primer lugar, se advierte en el recurso interpuesto -acápite I), tercer párrafo-, la solicitud de nulidad absoluta de la resolución impugnada. Sin embargo, en ningún tramo del escrito desarrolla fundamentos concretos que justifiquen la procedencia de una sanción de tal entidad.
En efecto, sus planteos se circunscriben a cuestionar la valoración de la prueba y la calificación legal efectuada por el Magistrado, procurando la revocación del auto de procesamiento (véase punto V)- Petitorio), sin exponer cuál sería el vicio procesal que afectaría la validez del acto, la norma presuntamente vulnerada, ni el perjuicio concreto que dicha irregularidad le habría ocasionado a su asistido, limitándose a formular un planteo meramente enunciativo.
Cabe señalar la particular gravedad procesal que reviste dicha circunstancia pues, no solo priva de sustento al pedido de nulidad, sino que desnaturaliza el instituto, cuya declaración exige una fundamentación concreta y estricta, tornando el agravio inadmisible o, cuanto menos, desierto por ausencia de crítica razonada. Aún más, la propia defensa incurre en una evidente confusión técnica al solicitar inicialmente la nulidad de la resolución, para luego peticionar su revocación y el dictado del sobreseimiento, remedios procesales que responden a presupuestos y finalidades claramente diferenciados.
En tales condiciones, la incorporación de un planteo de nulidad carente de toda argumentación no solo debilita la consistencia del recurso, sino que además genera un innecesario dispendio de la actividad jurisdiccional, al obligar al órgano revisor a expedirse sobre una pretensión desprovista de sustento jurídico. En segundo término, se observa una evidente inconsistencia en relación con la “reserva de identidad y datos sensibles” invocada por la propia defensa. En efecto, avanzada ampliamente la exposición de agravios, incorpora un párrafo en el que manifiesta que utilizará únicamente las iniciales de las personas involucradas, circunstancia que, además de encontrarse inserta de manera desordenada en medio del desarrollo argumental, resulta incumplida por la propia parte, desde que consigna el nombre completo del imputado tanto en el encabezado del recurso, como en su desarrollo y finalmente en el petitorio. (Véase fs. 64/vta., quinto párrafo).
Por otra parte, el recurso incurre en una reiteración innecesaria de invocaciones genéricas al “derecho de defensa en juicio y al debido proceso”, garantías que son mencionadas de manera constante a lo largo del escrito sin vincularlas, en la mayoría de los casos, con un agravio concreto o con una afectación específica derivada del auto recurrido, lo que resta precisión y solidez a la crítica formulada.
A ello se suma que, al desarrollar el agravio referido a la calificación legal, la defensa anuncia que cuestionará las figuras de: “amenazas calificadas por el uso de armas ”, “privación ilegítima de la libertad agravada” y “violación de domicilio”. Sin embargo, omite efectuar cualquier desarrollo respecto del delito de privación ilegítima de la libertad y, en su lugar, reitera cuestionamientos vinculados a las lesiones leves, aspecto que ya había colocado en un agravio anterior, incurriendo así en una evidente redundancia argumentativa. (Véase fs. 64, y 63/vta. –acápite II), sexto párrafo-). Finalmente, se advierte que la defensa insiste en desarrollar extensos cuestionamientos relativos a la tipicidad de las conductas atribuidas, sosteniendo que no se encuentran reunidos los elementos típicos de los delitos imputados y efectuando consideraciones propias de la calificación legal definitiva. En efecto, no sólo desplaza el eje de discusión propio de la presente etapa procesal, centrando su crítica en aspectos que exceden el juicio de probabilidad exigido para el dictado del auto de procesamiento, sino que además reitera un planteo que ha sido expresamente desestimado por este órgano jurisdiccional en numerosos precedentes (v.gr. Apelaciones JR Nros. 9174/24, 9295/24, 9481/25, 9491/25, 9881/25, 10037/26 y 10150/26, entre muchas otras), en los que se ha sostenido de manera uniforme que la discusión acerca de la calificación legal resulta, como regla, ajena a esta etapa procesal, salvo supuestos verdaderamente excepcionales que se encuentren debidamente fundados.
En ese contexto, la reiteración de agravios que prescinden de dicha doctrina, así como las restantes deficiencias advertidas en el recurso, evidencian una técnica recursiva que se aparta de los estándares mínimos de precisión y suficiencia que debe reunir una impugnación eficaz. Ello no sólo conspira contra los principios de economía y celeridad procesal, al obligar al órgano revisor a expedirse sobre planteos manifiestamente improcedentes o carentes de desarrollo, sino que, fundamentalmente, termina por perjudicar los intereses del propio imputado, en tanto diluye el tratamiento de aquellos agravios que eventualmente podrían merecer una revisión sustancial.
Por ello, esta Alzada entiende que las deficiencias advertidas en la técnica recursiva empleada, ameritan poner la presente en conocimiento de la Defensoría General ante el T.S.J., a los fines que estime corresponder, ello sin menoscabo alguno de la autonomía funcional que reviste.
VII. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VIII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IX. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 51/60., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
3. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto V) de los considerandos que anteceden. 4º)- HACER SABER a la Defensoría General ante el T.S.J., lo recomendado en el punto VI) de los considerandos que anteceden, mendiante oficio, para su conocimiento y efectos que estime corresponder.
5. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
6. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
7. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia