Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa E-754/15-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: E-754/15-TSJ Sentencia N°: 1116 Actor: E.D. Y R.J. DEL VAL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (e.l.)
Demandado: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 17/03/23 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1116 FOLIO Nº 3592/3594 PROT. ELECT. TSS1 003 C.231
Río Gallegos, 17 de marzo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “E.D. Y R.J. DEL VAL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (e.l.) C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº E-754/15-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Fernando Pablo Tanarro, conjuntamente con la Dra. Andrea B. Askenazi (cfr. PE467049-2022).-
Sostienen que desde la última actuación útil de la parte actora ha transcurrido en exceso el término previsto en el artículo 288, inciso 1° del CPCyC, sin que aquella haya instando el curso del proceso. Expresan que la inacción de la contraria evidencia su desinterés en impulsar la acción promovida.-
Corrido el traslado del pedido de caducidad de instancia, es contestado por la Dra. Natalia Avalos Muñoz en el carácter de gestora procesal de la actora, quien solicita su rechazo manifestando que el escrito de la contraria carece de toda referencia concreta acerca del cómputo de los plazos y del momento en que se habría producido la perención. Dice que la propia demandada afirmó que el proceso se encontraba paralizado y, por lo tanto, operó en la especie lo establecido por el artículo 289 del CPCyC. Precisa que deben considerarse las ferias judiciales así como diversas resoluciones emitidas por este Tribunal Superior de Justicia a través de las cuales se suspendieron los plazos procesales. Agrega que debe descartarse su desinterés ante las distintas peticiones y diligencias realizadas en la etapa probatoria (cfr. PE507955-2022, págs. 2/4). Por último, denuncia el extravío de un oficio librado al Archivo Notarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solicita que se certifiquen las pruebas producidas (cfr. PE cit., pág. 9).- Mediante PE532106-2022, la Sra. Estelly Ruth García, en su calidad de liquidadora de la sociedad actora, ratifica lo actuado por la Dra. Natalia Avalos Muñoz.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE555598-2022.-
II. En primer lugar corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial. Este último la contempla en los artículos 288 a 296, estableciendo, para el juicio ordinario, que se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.- De lo expuesto se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario; y que, además, no contiene disposiciones relativas a la perención de instancia, remitiendo en dicha materia a lo normado en el CPCyC, donde se establece -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. artículo 288, inciso 1º del CPCyC).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032 y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).- Asimismo ha dicho que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213).-
Además debemos recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo. Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).-
IV. Sentado lo expuesto, y atendiendo a que el instituto de la perención de instancia, en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado aquélla por inacción del procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley; corresponde, entonces, establecer si en los presentes se verifica el cumplimiento de los plazos que permitan declarar perimida la instancia conforme lo dispuesto por los artículos 288 inciso 1º y 289 del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, tal como lo sostiene la parte demandada.-
V. En el ‘sub lite’, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue el retiro de un oficio ordenado como medida de prueba por parte del entonces letrado apoderado de la parte actora (cfr. foja 66 y vta.), lo que acaeció el 25 de septiembre de 2019. Así, se verifica que entre este acto procesal y la presentación obrante en PE467049-2022, del 2 de mayo de 2022, en la cual la parte demandada acusa la perención de instancia, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inciso 1º del CPCyC, por remisión de los artículos 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600), constatándose una ausencia total de actos de impulso del procedimiento durante dicho lapso.- Si bien -como se ha dicho más arriba- la utilización de este instituto debe ser restringida, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce pero no cuando aquella resulta manifiesta (Fallos: 324:160; 329:78; 329:1673; 329:2226; 330:243). El caso de autos no presenta dudas acerca de la inactividad de la actora, por el contrario, la misma resulta en forma patente y manifiesta.- No es óbice para decretar la caducidad de instancia, la defensa esgrimida por la actora en cuanto afirma que el proceso estuvo paralizado producto de diversas resoluciones emitidas por este Tribunal Superior de Justicia, en el marco de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades públicas para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Toda vez que se reanudaron los plazos procesales a partir del 4 de febrero de 2021 (cfr. Resol. de este Tribunal del 29 de enero de 2021, registrada al Tomo CX, Reg. 148, Folio 181/183), y desde ese momento hasta el acuse de caducidad del 2 de mayo de 2022, no existieron actos de impulso del proceso.- Tampoco acredita la actora ninguna razón valedera acerca de que no podía acceder al expediente ni impulsar el proceso mientras corría el plazo de caducidad de instancia; ni que la continuidad de la actividad procesal haya quedado supeditada a la labor del Tribunal.-
Asimismo se advierte que no se presentan en el sub lite ninguno de los supuestos de excepción que contempla el artículo 291, inciso 3º del CPCyC, por remisión del artículo 82 del CPCA, Ley Nº 2600, que pudiera obstar a la declaración de caducidad de instancia.-
VI. Que, en orden a lo expuesto, y de conformidad a las constancias que surgen de los presentes autos, corresponde hacer lugar al planteo deducido por la parte demandada mediante PE467049-2022, y en consecuencia, declarar operada la caducidad de instancia en las presentes actuaciones, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. María Florencia González Protocolización: TSS1003C.231 Tomo: XVIII Sentencia: 1116 Folio N°: 3592/3594 Secretaría: 1
Fin de la sentencia