Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63476
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.476, "Telefónica de Argentina S.A. contra Municipalidad de Azul s/ D.C.A", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Torres, Genoud.
I. Telefónica de Argentina S.A., por intermedio de apoderado, plantea demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Azul impugnando los decretos 431/01 y 624/01, dictados por el Intendente municipal. Mediante el primero de ellos se determinó respecto de la actora la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente a los períodos 01 a 03 de 2001 y se le aplicó una multa; el segundo rechazó el recurso administrativo de apelación que la firma había articulado contra aquella decisión.
Sostiene que corresponde revocar los referidos actos en razón de su "manifiesta ilegalidad e inconveniencia" (fs. 49).
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Azul, contesta la demanda y pide su rechazo.
Postula que la determinación oficiosa fue consentida por la actora y que, por tal motivo, carece de acción para la impugnación judicial intentada.
Subsidiariamente resiste los planteos vinculados a la ilegitimidad de los actos objetados y del tributo en cuestión. Sostiene también la procedencia de la sanción aplicada.
III. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 81), producida la prueba ofrecida por las partes, glosados los cuadernos y los alegatos respectivos (v. fs. 264/268 vta. y 269/271), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La actora impugna los decretos 431/01 y 624/01 suscriptos por el Intendente municipal de Azul mediante los que se determinó de oficio a su respecto la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISeH) por los períodos 01 a 03/2001, aplicándose una multa por omisión de tributo y se rechazó el recurso administrativo de apelación que había articulado contra aquel acto, respectivamente.
Relata que contra la denegatoria de su recurso administrativo de apelación interpuso el recurso de revisión previsto en el art. 49 de la Ordenanza Fiscal municipal n° 1.121/92, el que no fue expresamente resuelto por el Intendente dentro del plazo de cuarenta y cinco días contado desde su presentación. Explica que quedó de tal modo configurada la denegatoria tácita de ese remedio y habilitada la instancia judicial. Refiere que ello es así en virtud de la disposición contenida en el art. 52 de la citada ordenanza 1.121/92.
Manifiesta que la TISeH resulta improcedente por no guardar una razonable proporción con el costo del servicio al que se halla vinculada y que, ante su alegación, recae en la demandada la carga de probar que tal circunstancia no se verifica en el caso. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo de tales aseveraciones.
Afirma que el municipio no puede válidamente pretender el cobro del tributo en cuestión, dada la suscripción por la Provincia de Buenos Aires del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993 que, según postula, impone la derogación de las tasas municipales que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado o excedan el costo de su concreción.
Destaca que la determinación objetada responde a la aplicación a su respecto de las ordenanzas 1.879/00 y 1.880/00, mediante las que se dispuso que la base imponible de la TISeH se halla conformada por los ingresos brutos del contribuyente. Describe que, hasta la sanción de aquellas normas, la base de cálculo del tributo consistía en el número de trabajadores empleados para prestar servicios en la Comuna y que el cambio operado importó el aumento en ciento cincuenta veces de las sumas a abonar. A partir de ello insiste en la desproporción de su obligación tributaria respecto del costo total del servicio en que se justifica.
Expresa también que el caso debe considerarse desde una perspectiva global que contemple la existencia de tributos análogos en el conjunto de municipios bonaerenses y la "percusión unificada" de ellos respecto de su patrimonio (v. fs. 58). Sostiene que en ese esquema la tasa resulta confiscatoria.
Resiste la sanción aplicada alegando que no se registra la configuración del ilícito reprochado por no haberse verificado el elemento subjetivo exigido por el tipo. Manifiesta, en ese orden, que en materia de infracciones tributarias es inaceptable la vigencia de un régimen de responsabilidad objetiva como el aplicado mediante el acto impugnado. Refiere precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo de su postura.
También con relación a la multa, afirma que la base de cálculo considerada en la determinación de oficio, en tanto se conforma del tributo omitido y los intereses resarcitorios, es improcedente por carecer de autorización legal.
II. Al contestar la demanda, la Municipalidad de Azul niega en primer lugar todos los planteos formulados en la demanda.
Sostiene que los actos impugnados fueron consentidos por la actora al pagar la obligación porque la contribuyente no manifestó su disconformidad al momento de realizar el respectivo depósito sino que lo expresó cuarenta y cuatro días después, en oportunidad de denunciarlo en las actuaciones administrativas.
Manifiesta que, dadas tales circunstancias, debe considerarse desistido el recurso de revocatoria que la firma había articulado contra el decreto 624/01 y que, para hacer valer los planteos que invoca, debió efectuar el reclamo administrativo de repetición -para promover con posterioridad, en caso de no resultar exitosa, demanda judicial a ese mismo fin- y no la impugnación del acto determinativo aquí intentada.
De manera subsidiaria sostiene la legitimidad de la TISeH. Con cita de precedentes de esta Suprema Corte y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresa que no resulta inconstitucional ni legalmente objetable que para la determinación del monto a pagar en concepto de una tasa se tomen como base de cálculo los ingresos brutos del contribuyente y que ello encuentra un límite ante el concreto y probado registro de efectos confiscatorios derivados de la aplicación del tributo, lo que -dice- no se da en la especie.
Afirma que el servicio por el que se cobra la tasa cuestionada fue prestado por el municipio respecto de la demandante en varias oportunidades. Describe que ello motivó el trámite de dos expedientes en la justicia de faltas local que identifica y ofrece como prueba.
Agrega que, antes de la interposición de la demanda que inicia estas actuaciones, la actora articuló una acción declarativa de certeza en el fuero federal en la que sostuvo la ilegitimidad de la TISeH, habiendo obtenido una sentencia desfavorable. Ofrece aquel expediente como prueba.
Finalmente postula que la multa aplicada es procedente toda vez que se configuraron los incumplimientos formales y materiales normativamente descriptos. Manifiesta que, además, ello fue reconocido por la actora al haber efectuado el pago de las sumas determinadas mediante el decreto 431/01.
III. Las actuaciones administrativas agregadas a la causa (expediente D-235/2001), ponen de relieve los siguientes datos útiles para resolver la controversia:
III.1. En fecha 16 de mayo de 2001, se determinó de oficio la TISeH correspondiente a Telefónica de Argentina S.A. por los períodos 01 a 03 de 2001, se aplicó una multa equivalente al 20% del tributo omitido y sus accesorios y se intimó a la firma para que, en el término de cinco días, ingresara los valores correspondientes. Surge del expediente administrativo -y no fue controvertido por las partes- que esa decisión se instrumentó mediante el decreto registrado bajo el número 431, suscripto por el Intendente municipal y la Secretaría de economía y hacienda de la Comuna -aunque no obra en las actuaciones ningún ejemplar del original en el que luzcan sus firmas ológrafas- (v. fs. 28/29).
III.2. Contra la resolución descripta en el punto precedente, la aquí actora interpuso el recurso de reconsideración previsto en el art. 46 de la ordenanza 1.121/92 (v. fs. 37/55).
III.3. Previo dictamen legal (v. fs. 57/58), el municipio rechazó el remedio articulado por la empresa mediante la emisión del decreto 624/01 -del que, nuevamente, sólo hay copias sin la firma del Intendente ni de la Secretaría de economía y hacienda municipal- (v. fs. 17).
III.4. Disconforme, Telefónica de Argentina S.A. interpuso el recurso de revocatoria establecido en el art. 49 de la ordenanza 1.121/01 (v. fs. 66/81).
III.5. En fecha 21 de agosto de 2001 la empresa telefónica comunicó en el expediente administrativo que procedería a la cancelación de las sumas correspondientes a sus obligaciones por TISeH, por los períodos 01 a 06 de 2001, "a los efectos de del cumplimiento del requisito establecido en el art. 6 de la licitación 2/2001" (fs. 83).
III.6. El día 10 de septiembre de 2001, la Dirección Legal y Técnica del municipio emitió dictamen respecto del recurso de revocatoria reseñado. Allí sostuvo que, dada la concreción del pago anunciado por la contribuyente y ante la circunstancia de haberse efectuado sin reserva, correspondía tener por consentida la obligación determinada y por desistido del remedio interpuesto (v. fs. 86 y vta.).
III.7. En fecha 5 de octubre de 2001, la empresa se presentó en las actuaciones administrativas denunciando haber pagado la tasa en cuestión el día 22 de agosto de 2001, precisó haberlo hecho bajo protesto, sin consentir la procedencia o legalidad del tributo y formuló expresa reserva de las acciones legales que pudieran corresponderle para su impugnación (v. fs. 87/88 vta.).
IV. También fueron agregados, sin acumular a la presente causa, las actuaciones judiciales que seguidamente se detallan (v. fs. 216 y 223).
IV.1. Causa n° 1.314/F/2001, "Telefónica de Argentina S.A. - Interpone Recurso de Apelación en causa 27.862", que tramitó por ante el Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial de Azul. En ella, en fecha 9 de mayo de 2001 se dictó sentencia rechazando los remedios de nulidad y apelación que la aquí actora había interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Azul de 30 de noviembre de 2000 mediante la que se le había aplicado una sanción de multa por infracción a los arts. 11 y 127 de la ordenanza 98/94. Según surge del acta obrante a fs. 1, la falta imputada consistía en la ausencia de habilitación municipal correspondiente al local comercial situado en calle Uriburu n° 627 de la localidad de Azul.
IV.2. Expediente n° 87.380, "Telefónica de Argentina S.A. contra Municipalidad de Azul por Acción meramente declarativa - sumario", que cursó por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul. Allí la telefónica planteó la inconstitucionalidad de la Tasa por Habilitación Municipal y de la TISeH, sintéticamente, por considerarlas una indebida interferencia con el servicio público de telecomunicación que reputó de regulación nacional exclusiva.
Mediante la sentencia de fecha 16 de diciembre de 1997, en aquellas actuaciones se rechazaron los planteos formulados en la demanda y se declaró que la firma "es sujeto obligado al pago de la Habilitación Municipal y la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene exigidas por la Municipalidad de Azul" (fs. 128/129, en particular fs. 129).
V. Relatadas las posiciones de las partes y expuestos los antecedentes relevantes de las actuaciones administrativas y las causas agregadas, corresponde en primer lugar abordar la cuestión relativa al consentimiento del acto determinativo y sumarial que la demandada alega configurado, en la especie, como consecuencia del pago efectuado por Telefónica de Argentina S.A.
V.1. La cuestión debe ser abordada considerando las disposiciones de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Azul n° 1.121/92 y sus modificatorias (v. fs. 174/212 vta.), regulatoria de las obligaciones tributarias fijadas por esa Comuna, los órganos de su administración fiscal, los deberes formales, las infracciones y el procedimiento especial aplicable en la materia.
En la contestación de demanda la Comuna plantea que la acción aquí intentada no pudo ser válidamente incoada toda vez que la empresa telefónica no manifestó protesto al momento de efectuar el pago de las obligaciones determinadas mediante el acto impugnado. Sostiene que tal circunstancia importó la conformidad con la deuda en cuestión y el desistimiento del recurso de revocatoria interpuesto en sede administrativa contra el rechazo del anterior recurso de reconsideración. En el mismo sentido, postula que la expresión de desacuerdo y reserva de acciones que formuló la actora en el expediente administrativo fue tardía a fines de revertir la conformidad ya expresada mediante el pago.
Tales alegaciones resultan insuficientes para enervar la admisibilidad de la pretensión. En efecto, dadas las particularidades del caso reseñadas en oportunidad de relatar los antecedentes administrativos, debe descartarse que el hecho de que la actora haya manifestado expresamente el protesto con posterioridad al pago, importe la configuración de un supuesto de consentimiento del acto determinativo y sumarial. En ese sentido, debe repararse en especial en la exposición que efectuó la firma al comunicar en las actuaciones administrativas que procedería a transferir los fondos al municipio a fines de poder reunir los recaudos legalmente exigidos para poder participar en un proceso licitatorio (v. fs. 83, expte. adm. 235/01).
Ello indica razonablemente que la empresa actora se hallaba en la necesidad de cancelar la deuda, aunque no la conformara y que, por consiguiente, el pago realizado en tales condiciones no puede importar el asentimiento con la causa de la obligación que lo originara si de su manifestación surge precisamente lo contrario. Considero que el tenor de aquella presentación de la accionante en el trámite administrativo evidencia una clara voluntad de mantener la impugnación deducida y de obtener, por tanto, su modificación o revisión en ese ámbito. Extremo que obsta, en la especie, la configuración del consentimiento al que alude la demandada en su réplica.
La solución propiciada también encuentra sustento en la vigencia del principio in dubio pro actione o favor actionis (doctr. causa B. 51.979, "Choix", sent. de 21-VI-2000 y CSJN Fallos: 311:689; 312:1017; 312:1306; e.o.) que se halla comprendido en la más amplia regla de la accesibilidad jurisdiccional que fluye del art. 15 de la Constitución provincial (doctr. causa B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; e.o.).
V.2. A la vez, tampoco es atendible el argumento de la demandada según el cual la presentación del reclamo administrativo de repetición constituía el conducto por el que la firma debió canalizar su resistencia al cobro de la TISeH.
Es que el régimen procedimental especial aplicable -esto es, la ordenanza fiscal de la Comuna 1.121/92- inhibe la posibilidad de la repetición de tributos cuando "el monto de la obligación hubiera sido determinado mediante resolución en recurso de reconsideración o de nulidad, revocatoria o aclaratoria" (art. 58, ord. 1.121/92), lo que sucedió en el caso.
En efecto, tal como quedó descripto en el relato de los antecedentes administrativos, aquí la administración emitió un acto determinativo de oficio y sumarial contra el que la actora interpuso el recurso de reconsideración regulado en el art. 46 de la ordenanza 1.121/92 y ese remedio fue expresamente rechazado -confirmando la pretensión fiscal- mediante el decreto 624/01.
VI. Zanjado lo anterior, he de abordar los planteos de ilegitimidad de la TISeH formulados por la actora en el escrito de inicio.
VI.1. Conviene comenzar por precisar que, tal como lo ha expresado reiteradamente este Tribunal, en la organización institucional, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación (conf. art. 121, Const. nac.) y, sobre esa base, el ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario- referentes al desenvolvimiento de actividades comerciales, industriales y de servicios, siempre en el interés general de la comunidad local. De conformidad a la Constitución provincial constituye una atribución inherente al régimen municipal la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo (art. 192, inc. 5). En tal marco, integra el ámbito competencial de los municipios el dictado de "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. cit.) a quienes, por cierto, también se les han conferido potestades para crear tributos (art. 192, inc. 5 y 193, inc. 2, Const. prov.). A su vez, la tutela de la seguridad e higiene de los establecimientos comporta un asunto de primordial interés local cuya consecución, apropiada regulación y gestión incumbe a las municipalidades (arts. 190 y 191, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008; B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", sent. de 15-VIII-2012 y B. 65.396, "Esso", sent. de 22-VI-2016).
Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58) ha conferido a las comunas la potestad de crear tributos, mediante cláusulas que, al decir de esta Suprema Corte, no revisten el carácter de enunciados taxativos (arts. 226 y 227, dec. ley 6.769/58; causa I. 1.992, "Aguas Argentinas", sent. de 7-III-2005; e.o.).
De tal modo, la facultad de los municipios bonaerenses para crear y exigir el pago de una tasa por inspección de seguridad e higiene, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades, resulta indudable.
VI.2. En ejercicio de su potestad tributaria, entonces, la Municipalidad de Azul ha establecido la TISeH como un tributo vinculado a los servicios de inspección, información, asesoramiento, zonificación, destinados a preservar la seguridad, salubridad, higiene y control del medio ambiente en locales, establecimientos, oficinas y dependencias donde se desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios (Título II, Disposiciones Especiales, Capítulo IV, ordenanza 1.121/92).
Mediante la ordenanza 1.879/00 (con vigencia a partir del mes de enero de 2001) se introdujeron modificaciones en el tributo, definiéndose la regla general según la cual "La base estará constituida por los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior al de la actividad gravada en el partido de Azul" y precisándose que "Las actividades referidas a los servicios sanitarios (agua y cloaca), gas, energía eléctrica, teléfono, canales de TV por cable, satelitales y/o cualquier otro sistema de transmisión, demás actividades de prestación de servicios que se desarrollen en condiciones similares a las descriptas [...] tributarán sobre los ingresos brutos devengados dentro de [la] jurisdicción por el ejercicio de la actividad gravada, correspondientes al mes inmediato siguiente al anterior al vencimiento de la tasa" (art. 100, ordenanza 1.121/92, texto según art. 1, ordenanza 1.879/00).
No se encuentra controvertido en autos que, con anterioridad al cambio normativo descripto, para la base imponible de la tasa se tomaba como referencia la cantidad de empleados con que contaba el contribuyente con desempeño en esa localidad. Por su parte, la actora alega que la aplicación del dispositivo importó un aumento de su obligación en ciento cincuenta veces respecto de liquidaciones anteriores (conf. fs. 55).
En la demanda se sostiene que aquella elevación de los mont
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