Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65004
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3.971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.004, "Miguel, René Antonio c/ Banco Provincia s/D.C.A", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
El señor René Antonio Miguel, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda por cobro de indemnización por despido contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Corrido el traslado de ley se presenta el Banco y, por medio de sus apoderados, contesta la demanda sosteniendo la legitimidad de las decisiones impugnadas.
Ofrece prueba y plantea la reserva del caso federal.
Agregadas las actuaciones administrativas vinculadas al caso (v. fs. 68-159, 178-229 -remitidas por la demandada en fotocopias-), los cuadernos de prueba de las partes, y los alegatos de ambas, la causa quedó en estado de dictar sentencia, por lo que la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar al Banco demandado el 18 de enero de 1994 en la categoría laboral de empleado de seguridad y que desde el inicio de la relación laboral celebró con la entidad contratos de trabajo por tiempo determinado, los que vencidos eran renovados sucesivamente por la demandada durante todo el transcurso de vigencia de la relación laboral, hasta que con fecha 13 de junio del año 2002 se dispuso su cese.
Cuenta que desde el 23 de mayo de 2002 se presentaba a su trabajo y la demandada le negaba su ingreso sin justificación. En consecuencia inició un intercambio epistolar con el Banco con el fin de lograr su retorno a las tareas habituales.
Por su parte el Banco con fecha 30 de mayo de 2002 le comunicó que por resolución del 23 de mayo se había dispuesto la rescisión de su contrato, y lo relevaba de la obligación de cumplir el contrato suscripto oportunamente.
Indica que remitió dos cartas documento rechazando la medida y el Banco respondió sus misivas en forma negativa, negando adeudar suma alguna y alegando la relación por tiempo determinado que los unió, en los términos de los arts. 6 inc. b) y 9 del Estatuto para empleados de Banco Provincia.
Reclama una suma de dinero en base a una liquidación que acompaña junto con el pago de intereses, que solicita sean calculados tomando en cuenta la tasa activa mensual que cobra el Banco de la Provincia.
Ofrece prueba y solicita que se haga lugar a la demanda, con más los intereses y costas.
Al momento de alegar indica que se encuentra probado que la relación de empleo era asimilable a la de los agentes de planta permanente y que se le confería el trato propio de ellos, resultando arbitrario el modo de despido instrumentado por la demandada. Solicita en consecuencia una indemnización por su cese.
II. A su turno, el apoderado del Banco contesta la demanda y niega todo lo expresado por el actor.
Indica que los contratos celebrados con el señor Miguel fueron por tiempo determinado, y los adjunta como prueba.
Acompaña también la resolución del directorio 729/02 del 23 de mayo de 2002 por la cual se decidió rescindir el contrato celebrado con el actor el 10 de mayo de 2002, cuyo plazo de vigencia estipulado comprendía el período 1 de abril de 2002 hasta el 30 de septiembre de ese año. Ello a partir de 30 días desde la fecha de notificación de la medida.
Entiende que la Institución obró ajustada a las disposiciones del estatuto para el personal y a las cláusulas del contrato celebrado con el actor, quien fue notificado de la extinción del vínculo de empleo el 30 de mayo de 2002, mediante carta documento.
En consecuencia, plantea que dado que la finalización de la relación laboral se realizó conforme la cláusula de rescisión expresamente prevista en el contrato que suscribieran las partes, no corresponde ningún tipo de indemnización en tanto la actividad del Banco no produjo daño material ni moral para el accionante.
Además, denuncia la improcedencia formal y sustancial de la demanda. Realiza distintas objeciones formales tendientes a desestimar la demanda, como también aduce falta de legitimación del actor por la inaplicabilidad al caso de las normas laborales (LCT) sobre las que sustenta su reclamo.
III. La actora contestó el traslado conferido a fs. 247 de dichas objeciones. Reiteró las consideraciones expuestas en la demanda respecto de la irregularidad de su contratación que excedió la transitoriedad propia del personal contratado, ejerciendo funciones vinculadas a deberes esenciales y permanentes de toda entidad bancaria, resultando el vínculo, a su entender, por aplicación del principio de primacía de la realidad, las notas características de una relación estable a la que le asiste protección constitucional (art. 14 Const. nac.) -v. fs. 250/251-.
IV. De la prueba agregada a este expediente surgen los siguientes elementos útiles para resolver la cuestión:
IV.1. De fs. 75 a 158 obran los contratos celebrados entre el actor y el Banco.
IV.2. En el legajo consta que ingresó el 18 de enero de 1994 en la División Seguridad, en la categoría de vigilancia (v. fs. 70).
IV.3. Con fecha 21 de mayo de 2002, desde el área de Seguridad, Protección y Prevención de Incendios se solicitó la rescisión del contrato del agente Miguel, siendo notificado de su desafectación mediante formulario BP1775, habiéndose negado a suscribirlo (v. fs. 72 y 215/218).
IV.4. Mediante resolución 729/02 del 23 de mayo de 2002, el Presidente del Banco rescindió, a partir de los treinta días de su notificación, el contrato suscripto con el señor Miguel, quien se desempeñaba en el ámbito de la Unidad de Seguridad Física, Lógica y Prevención del Lavado de Dinero relevándolo de la obligación de cumplir funciones (v. fs. 159). A fs. 220/221 constan las notificaciones.
IV.5. Obran las cartas documento remitidas por el actor en las que intimó al Banco para que disponga su reintegro a sus tareas habituales y solicitando el pago de distintos rubros salariales. La primera remitida el 31 de mayo de 2002 (a fs. 16 original y 222 copia); la segunda con fecha 6 de junio, en la que además impugna la rescisión comunicada, según alega, el 4 de junio (a fs. 18 original y 223 copia). A fs. 19, con fecha 13 de junio remite la última carta documento dándose por despedido.
IV.6. Constan también las cartas documento remitida por el Banco al actor, con fecha 28 de junio de 2002 y 11 de julio, en las que rechazó las recibidas por el señor Miguel (v. originales a fs. 20/21).
IV.7. Se adjuntó el estatuto y el reglamento disciplinario para el personal del Banco (v. fs. 178/205).
V. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones útiles, la controversia estriba en determinar si el Banco pudo válidamente disponer el cese del actor y, eventualmente, si le corresponde una indemnización.
V.1. Previo a ingresar al análisis de la cuestión de fondo, corresponde que me expida sobre las objeciones del Banco referidas a la admisibilidad de la demanda, expresadas de un modo poco claro, como improcedencias formales y sustanciales, tales como la firmeza del acto de rescisión del contrato por omisión de oposición oportuna, entre otras alegaciones (v. fs. 235/242) que considero deben ser rechazadas.
En efecto, por resolución del Tribunal de 30-IX-2009 se declaró aplicable al caso el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101), de acuerdo con las reglas y excepciones previstas en ese régimen legal (v. fs. 170).
De modo que la cuestión a resolver se encuentra regida por lo dispuesto en el art. 34 del régimen procesal citado, según el cual el planteo de excepciones de previo y especial pronunciamiento debe ser efectuado dentro de los primeros quince días del plazo previsto para contestar la demanda (inc. 1). No existe en este régimen, luego de transcurrido dicho término, la posibilidad de articular excepciones que, con independencia de la naturaleza del planteo, puedan ser tratadas como cuestión previa en la sentencia, a diferencia de la regulación contenida en los arts. 41 y 63 del anterior código procesal, ley 2.961.
La situación configurada en el presente caso, difiere de aquella que diera lugar a lo resuelto en las causas B. 63.451, "Bazzano Geovial S.R.L.", resolución de 29-IX-2004 y B. 59.979, "M.H.", sentencia de 28-XI-2007 -entre muchas otras-, pues en los casos citados este Tribunal aún no había declarado la vigencia operativa de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- al momento en que se opusieron las excepciones para ser resueltas como perentorias, mientras que el presente caso se encuentra expresamente regido por las disposiciones de aquel cuerpo normativo que ha sido aplicado en oportunidad de declararse habilitada la instancia y conferirse traslado de la demanda; es decir, desde un momento procesal anterior a la articulación de las defensas formales ahora bajo estudio (v. fs. 170).
De ello se sigue que, a tenor de lo dispuesto en el art. 31 inc. 2 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101) corresponde desestimar las objeciones introducidas en el escrito de contestación de la demanda que pretenden volver sobre cuestiones ya precluidas, relativas a la admisibilidad de la pretensión (conf. doctr. causas B. 64.313, "Compañía Financiera Argentina S.A.", sent. de 9-V-2012; B. 64.227, "Bruguieri", sent. de 10-VIII-2016; B. 64.675 "Albano", sent. de 14-VI-2017).
V.2. Por otro lado, el Banco plantea como "...VI. DEFENSA DE FONDO DE FALTA DE ACCIÓN..." (v. fs. 239) la falta de legitimación activa del demandante. Esgrime que la demanda deviene manifiestamente improcedente dado que el actor funda su pretensión en las normas de la Ley de Contrato de Trabajo que resultan inaplicables para el caso.
Al respecto, considero que los argumentos esgrimidos no evidencian auténticas oposiciones a la admisibilidad de la demanda sino que se hallan íntimamente entrelazados con la cuestión fondo, por tanto serán abordadas junto a ésta en los apartados siguientes.
VI.1. Sentado ello, cabe analizar la naturaleza del vínculo entre el actor y el Banco demandado, que a primera vista luce de carácter temporario.
El ordenamiento jurídico en el que quedó enmarcado el nombramiento del actor es el Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual contempla dos regímenes diferenciados para los agentes comprendidos en su ámbito de aplicación: personal permanente y personal no permanente (art. 3). Este último, a su vez, se divide en: a) personal de gabinete y b) personal contratado (art. 6). En lo que atañe al personal contratado, la citada reglamentación preceptúa que es "[...] aquel cuya relación de empleo público [estuviere] dada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en formal personal y directa" (art. 9).
De los antecedentes de la causa surgen los diferentes contratos celebrados entre las partes de acuerdo a los arts. 6 inc. b) y 9 del Estatuto, conforme las resoluciones del Directorio del Banco Provincia: 70/94, 210/95, 2.934/95, 395/97, 145/98, 1.294/98, 2.831/98, 1.337/99, 2.913/99, 2.582/99, 968/00, 1.346/00, 2.091/00, 491/01, 1.079/01, 1.817/01, 462/02 y 729/02 (v. fs. 109/159).
Las actuaciones administrativas prueban que el señor Miguel ingresó el día 18 de enero de 1994 como personal contratado para ejercer tareas de seguridad bancaria en edificios de la Institución así como el transporte de caudales, en la División de Seguridad del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 70, del legajo del agente y 109, resol. 70/94 de 13 de enero de 1994).
El vínculo con la entidad bancaria se prolongó durante más de ocho años mediante sucesivas renovaciones y prórrogas contractuales hasta el día 23 de mayo de 2002, fecha en la que mediante resolución 729/02 el Presidente del Banco resuelve rescindir el contrato suscripto con el señor Miguel, quien se desempeñaba en el ámbito de la Unidad de Seguridad Física, Lógica y Prevención del Lavado de Dinero, relevándolo de la obligación de cumplir funciones (v. resol. fs. 159).
El contrato rescindido había sido suscripto para regir desde el 1 de abril del 2002 por el término de 180 días (v. resol. 462/02 a fs. 157).
VI.2. Respecto de los agentes de planta temporaria, he venido sosteniendo, que se hallan incorporados a un sistema de excepción que los aparta de las reglas generales previstas para los agentes públicos de la planta permanente, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (B. 57.364, "Capuano", sent. de 31-VIII-1999; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 65.036, "Herrera", sent. de 17-III-2010, e.o.).
Asimismo este Tribunal ha resuelto, por mayoría, que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo habido entre el agente y la Administración está dado por la modalidad de la designación del primero en tanto para ingresar al régimen de planta permanente o para hacerlo como transitorio, la ley exige el cumplimiento de ciertos requisitos que no pueden desconocerse; sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, habiliten a tener por modificada la situación de revista (B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 57.551, "Portillo", sent. de 10-IX-1997; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 69.913, "Villafañe", sent. de 13-XI-2012; B. 66.055, "Hortel", sent. de 6-VIII-2014).
Sin perjuicio de ello, en el presente caso advierto razones que justifican el apartamiento del criterio pacífico sostenido por este Tribunal. La duración del vínculo que unió a las partes en forma ininterrumpida -desde enero de 1994 hasta mayo de 2002- mediante sucesivas renovaciones contractuales, revela una irrazonable dilación que no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente asignada.
De modo que, tal como se resolviera en las causas B. 64.315 "Carrizo" y A. 69.913 "Villafañe", sentencias de 13-XI-2012 y luego se reiterara dicho criterio en las causas A. 70.896 "Martínez", sentencia de 20-V-2015; B. 62.567 "Álvarez", sentencia de 23-XI-2016 y A. 70.760 "Aumassane", sentencia de 30-V-2018, considero que la demanda, parcialmente, debe prosperar.
A partir de las causas B. 64.315 y A. 69.913 cit., esta Corte, por mayoría, ponderó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas "Sánchez" (Fallos: 333:335) y "Ramos" (Fallos: 333:311) que valorando circunstancias particulares abrió una nueva perspectiva poniendo límites al obrar estatal en relación a sus cuadros temporarios para estimarse legítimo.
Al respecto, la regla general ha sido establecida en el caso "Sánchez", mientras que "Ramos" constituye una excepción a dicha regla general fundada en el particular encuadre jurídico que sustentaba su contrato.
En el voto de la mayoría se menciona que "...por el modo en el que se desenvolvió la relación a lo largo de los años, el tipo de tareas que desempeñaba el actor y las figuras contractuales utilizadas, las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado" (cons. 9°). O sea, es la voluntad de las partes el bien jurídico que la mayoría quiere proteger y es por esa razón que castiga la "evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado" (cons. 5°). "El comportamiento del Estado pudo generar en Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral" (cons. 6°).
Por el contrario, en "Sánchez" la Corte reafirmó que la tutela contra el despido arbitrario sólo puede ser alegada cuando existe una desviación de poder por parte del Estado nacional, pero redujo los alcances del concepto "desviación de poder" al incumplimiento de la legislación sobre contratación de personal. De esta manera, mientras en "Ramos" había existido tal desviación por la renovación del contrato más allá de los plazos establecido en el decreto reglamentario, en "Sánchez" no habría existido tal desviación, por cuanto la reglamentación no establecía límites a la renovación periódica ni a la realización de tareas propias de la actividad de la dependencia donde desarrollaba sus tareas el trabajador.
Entonces sostuvo como principio general que el trabajador no tiene derecho a percibir una indemnización si el contrato no es renovado por el empleador (doctrina del fallo "Sánchez"). Excepcionalmente, expresó que dicha indemnización puede ser procedente si existe una desviación de poder, constituida por el incumplimiento de la regulación sobre contratación de personal de la administración pública (doctrina del fallo "Ramos").
En el caso "Ramos" la Corte rechazó toda posibilidad de consagrar la estabilidad de los trabajadores contratados cuando dichos contratos se renuevan aún por plazos muy largos (recordemos que se trataba de un trabajador cuyo contrato se renovó por más de veintiún años), "la solución propuesta [el pago de una indemnización] no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo". "Si se atribuyera estabilidad a quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el ingreso a la carrera administrativa [...] se estaría alterando el monto autorizado por el legislador, en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y personal permanente".
La Corte suprema de Justicia de la Nación en la causa "Cerigliano" (Fallos: 334:398), ha clarificado y ampliado la doctrina que surge del precedente "Ramos" entendiendo que siempre que se utilice una institución jurídica no cabe estar al nombre que le hayan puesto las partes sino a la intención que ellas tuvieron.
Además el Tribunal puso de manifiesto que aunque no se someta explícitamente al empleado al régimen de la LCT igualmente "goza de la protección conferida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional" en tanto se desempeñe en "tareas materialmente subordinadas y permanentes a favor de la administración pública nacional o local" -considerando 6°- (Abdelnur, Miguel Ángel, "La protección de los trabajadores públicos no permanentes -los contratados- en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Rev. El Derecho, Trabajo y Seguridad Social, Nov. 2011, n° 11, pág. 863).
Mantengo la convicción de que, si el agente ingresa como contratado no puede alegar que con el solo transcurso del tiempo adquiere el derecho a la estabilidad; se requiere de un acto administrativo que así lo disponga.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "el legislador puede otorgar a la autoridad administrativa un suficiente margen de discrecionalidad para hacer frente a existencias estacionales o excepcionales, en cantidad o cualidad, incorporando agentes que no integr
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