Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65506
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.506, "Barrueco, Omar Héctor c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/D.C.A." con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, Torres .
El señor Omar Héctor Barrueco, por apoderado, promueve por silencio demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (en adelante el Banco) con el fin de obtener la anulación de la resolución mediante la cual se dispuso su cese como personal temporario a partir del 30 de abril de 2000.
En consecuencia, requiere su reincorporación en el cargo que ocupaba y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber padecido, todo ello con intereses.
Por otro lado, peticiona el dictado de una medida cautelar a fin que se disponga la suspensión de los efectos de los actos administrativos cuestionados.
Por último, ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal.
Por resolución del Tribunal de fecha 13 de octubre de 2004 se rechazó la tutela precautoria peticionada (v. fs. 90/93).
Corrido el traslado de ley se presenta a juicio el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, por medio de sus apoderados, contesta la demanda sosteniendo la legitimidad de las decisiones impugnadas (v. fs. 108/115).
Ofrece prueba y plantea la reserva del caso federal.
Agregadas las actuaciones administrativas vinculadas al caso (v. fs. 1/21 y 36/86 -remitidas por la demandada en fotocopias-), los cuadernos de prueba de ambas partes y el alegato de la demandada, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar al Banco de la Provincia de Buenos Aires como personal de vigilancia el 30 de mayo de 1994, mediante contrato de "locación de obra" para desempeñarse como personal de vigilancia.
Señala que a partir del año 1994 y hasta el 30 de junio de 2000, el contrato suscripto pasó a ser por tiempo determinado (en algunos casos en forma anual y en otros semestral), regido por los arts. 6 inc. "b" y 9 del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Aclara que el Banco se obligaba a efectuar los aportes y retenciones previsionales.
Sostiene que la relación laboral continuó durante varios años bajo ese encuadre formal, pero que, en realidad, se le confería el trato propio de los empleados de la planta permanente.
Refiere que en ninguna oportunidad se suspendió la relación porque el contrato no se hubiese firmado, sino que, pese a no cumplirse este requisito, se continuó con la relación laboral. Asimismo, la demandada abonó la remuneración correspondiente en fecha y demás suplementos que, entiende, correspondían a la planta permanente de la institución como ser la licencia anual reglamentaria.
Explica que al comenzar el año 2000 se ordenó la firma de un contrato en el que se estableció una duración de seis meses y se le asignaron tareas semejantes a las de mantenimiento, que excedían las de vigilancia. Ante esa circunstancia, indica que efectuó protestas.
Afirma que, como represalia por sus reclamos, la entidad bancaria le comunicó el 31 de marzo de 2000 que había resuelto rescindir el contrato suscripto en su oportunidad, quedando desvinculado de la institución a partir de los treinta días de notificado.
Plantea que dicha notificación resulta nula por falta de recaudos legales, en tanto la demandada no expresó el acto administrativo que notificaba, ni acompañó copia del mismo y solo enunció que la decisión era tomada "por disposición de la superioridad". Aduce falta de motivación del acto y alega desconocer qué elementos tuvo en cuenta el Banco para rescindir el contrato.
Indica que el 25 de julio de 2000 solicitó vista de las actuaciones junto con el pedido de nulidad de la notificación referida y, el 5 de agosto de 2002, presentó una solicitud de pronto despacho.
Además de la ausencia de motivación de la decisión, denuncia la ilegalidad de la medida. Según su entender, se desconoce el derecho a la estabilidad en el empleo que gozaba, ya que el vínculo que mantenía con el Banco era estable, asimilable al de planta permanente.
Argumenta que, por ello, la cesantía dispuesta sin imputación de falta disciplinaria ni sustanciación del correspondiente sumario, resulta ilegítima.
Afirma que la real finalidad de la contratación por parte de la institución era cubrir cargos en funciones permanentes (v. fs. 26).
En consecuencia, solicita la declaración de nulidad del acto de cese, se ordene su consecuente reincorporación y el pago de los daños y perjuicios sufridos, más intereses.
II. Por su parte, el apoderado del Banco de la Provincia de Buenos Aires sostiene la legitimidad de los actos cuestionados y solicita el rechazo de la demanda, con costas a la actora.
Anticipa que lo pretendido no puede prosperar por dos motivos: en primer lugar, porque la relación de empleo que lo vinculaba con el accionante se extinguió por la expresión de voluntad de una de las partes integrantes del contrato, decisión que notificó con una antelación de treinta días. En segundo, remarca que tal comunicación se llevó a cabo conforme lo establecido de común acuerdo en la cláusula 5° del contrato.
Pone de resalto que la actividad del Banco de la Provincia de Buenos Aires se ha basado primeramente en lo expresamente reglamentado en el Estatuto del Personal (arts. 6 y 9) y en aquello pactado en el contrato de empleo público por tiempo determinado. Sostiene que la decisión cuestionada ha sido resuelta por la Gerencia General, no como aquellas típicas de un expediente sumarial en el que se decide la desvinculación de un agente sino, como determinación tendiente a administrar los recursos humanos de la institución que no gozan de estabilidad.
Entiende que la Institución demandada obró ajustada a las disposiciones del Estatuto para el Personal y a las cláusulas del contrato celebrado con el actor, comunicándole a éste la extinción del vínculo laboral.
Arguye que se han respetado todos los elementos del acto característico, que no se ha incurrido en arbitrariedad ni desvío del fin, ni tampoco en ilegalidad alguna.
Respecto de los daños, los considera inexistentes, sosteniendo que el actor no ha demostrado en aspecto alguno cuál ha sido el perjuicio ocasionado, así como tampoco ha aportado u ofrecido prueba que le asista a su derecho. Además, expone que la pérdida del salario se compensa con la falta de prestación de servicios.
Hace extensivo lo expuesto al reclamo efectuado por daño moral y agrega que, habiendo el actor aceptado y conocido el Estatuto del Personal de la Institución y el Reglamento Disciplinario, no puede invocar la producción de ningún perjuicio efectivo en sus derechos personales y/o patrimoniales que ameriten que deba ser indemnizado.
III. Contestado por la actora el traslado conferido a fs. 116 -en relación al planteo de improcedencia formal de la demanda-, reitera las consideraciones expuestas en el escrito inicial respecto de la relación laboral y la estabilidad en el cargo.
IV. De las actuaciones administrativas acumuladas a los autos y las constancias obrantes en la causa, surgen los siguientes elementos útiles para resolver la cuestión:
IV.1. El 31 de marzo de 2000 se notificó al actor -en el domicilio laboral- la decisión de rescindir el contrato en los siguientes términos "Motivo de la Notificación: comunicarle que se ha resuelto rescindir el contrato suscripto oportunamente por usted, quedando consecuentemente desvinculado de la institución a partir de los treinta (30) días de la presente notificación relevándolo de la obligación de cumplir funciones". Al pie de dicha pieza consta la leyenda "Me doy por notificado y apelaré" y la firma del destinatario (v. fs. 1).
IV.2. A fs. 18/21 consta copia del planteo de nulidad de la notificación acerca de la decisión de la demandada de rescindir el contrato y la solicitud de vista de las actuaciones, presentado por el actor el 25 de julio de 2000.
Ante el silencio guardado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires al planteo precedentemente referido, éste interpone pronto despacho con fecha 5 de agosto de 2002 (v. fs. 17).
IV.3. A fs. 36/85 se encuentra agregado copia del legajo del actor como contratado n° 73.926 del Banco en el cargo de personal de vigilancia y nombrado el 30 de mayo de 1994, ficha con los movimientos y copia de los contratos de tiempo determinado firmados en los años 1994 a 2000.
De allí surge que: a) desde el 19 de mayo de 1994 hasta el 16 de marzo de 2000 se celebraron sucesivos contratos por tiempo determinado con el señor Barrueco para desempeñar tareas en el ámbito de seguridad del Banco (v. fs. 39); b) a fs. 37/38 obran fichas personales; c) copias de los contratos suscriptos entre las partes (v. fs. 41/60); d) a fs. 59/60 obra una copia del último acuerdo celebrado para regir el vínculo transitorio desde el 1 de enero de 2000 hasta el 30 de junio de 2000. En la cláusula quinta se pactó lo siguiente: "Este contrato podrá ser rescindido por voluntad unilateral de cualquiera de las partes, sin ningún derecho a reclamación de la contraparte por ningún concepto, debiendo solamente avisar con una anticipación no menor a 30 (treinta) días"; e) a fs. 79 se encuentra agregada una copia de la notificación del cese con fecha 31 de marzo de 2000 efectuada en el domicilio laboral; f) a fs. 83 obra copia de la presentación efectuada por el actor solicitando se modifique la resolución que dispuso la disolución del vínculo contractual que lo unía con el Banco; g) a fs. 85 obra respuesta del Directorio del Banco, denegando el pedido de reincorporación y afirmando: "...que el mismo fue desvinculado a partir del 1-V-2000 como resultado de la política de contención de gastos determinada por el Honorable Directorio y a propuesta de la jefatura de dicha dependencia...".
IV.4. También se adjuntó el Estatuto y el Reglamento Disciplinario para el Personal del Banco (v. fs. 103).
IV.5. A fs. 140/291 -cuaderno de pruebas de la parte actora- se agrega nuevamente copia del legajo personal del señor Barrueco, de los contratos que ha firmado con el Banco y de las sucesivas resoluciones del directorio del Banco, por las cuales se renovaron los contratos con el actor.
V. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones útiles, la controversia estriba en determinar si el Banco pudo válidamente disponer el cese del actor en la forma en que lo hizo.
No ignoro que el demandante plantea como una cuestión previa la nulidad de la notificación de la rescisión del contrato. Sin embargo, dado que sus argumentos se hallan íntimamente entrelazados con la cuestión de fondo, serán abordados junto a ésta.
Adelanto que, en mi opinión, la demanda debe prosperar, aunque de modo parcial. Y ello en función de las razones brindadas en causas de análoga configuración a la presente (mi voto en las causas B. 64.315, "Carrizo", sent. de 13-XI-2012; A. 69.913, "Villafañe"; B. 62.793, "Mazza Vergara", sent. de 20-X-2014 y B. 62.567, "Álvarez", sent. de 23-XI-2016).
V.1. No soslayo, con esto, que en diversas oportunidades, en las que se debatían cuestiones afines a las de autos, suscribí la doctrina mayoritaria de esta Corte según la cual, por regla, el personal de planta temporaria (v.gr., agentes mensualizados y jornalizados) participa de un estatus de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (doctr. causas B. 56.876, "Torres", sent. de 24-XI-1999; B. 56.138, "Moya", sent. de 29-VIII-2001; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 56.954, "Zorrilla", sent. de 1-VI-2011; entre muchas otras).
Mas, sin perjuicio de la vigencia de tales postulados, en el sub examine ha de ponderarse, por un lado la jurisprudencia del máximo Tribunal federal elaborada a partir de casos en los que se examinaron situaciones similares (causas "Ramos", Fallos: 333:311; "Sánchez", Fallos: 333:335 y "Cerigliano", Fallos: 334:398), de cuyos enunciados rectores se sigue el establecimiento de ciertos límites a los que ha de ajustarse el obrar estatal en relación a sus cuadros temporarios, para estimarse legítimo.
En tal sentido y a partir de la puntual valoración de las circunstancias fácticas en las que se desarrolló la relación laboral entre las partes (en especial, el tiempo de su vigencia), así como de las previsiones del régimen jurídico aplicable, la Corte nacional concluyó que el obrar de la Administración, al adoptar ciertas modalidades en su vinculación con el agente, denotaba una desviación de poder cuyo objetivo era encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado (conf. "Ramos", cons. 5° y "Cerigliano", cons. 5°, última parte).
Para más, el accionar estatal en los términos apuntados tuvo aptitud suficiente para generar en el interesado una legítima expectativa de permanencia laboral, que lo habilita jurídicamente para peticionar su amparo frente a un quebrantamiento sorpresivo (conf. "Ramos", cons. 6°).
En definitiva, se concluyó que la Administración incurrió en una conducta ilegítima que genera su responsabilidad frente al reclamante y justifica la procedencia de la reparación indemnizatoria en el ámbito del derecho público y administrativo (conf. "Ramos", cons. 6° y 9°).
Por otro lado, también ha de considerarse, conforme lo señalé en más de una oportunidad, que el tiempo de vigencia del vínculo con la Administración constituye uno de los elementos relevantes para juzgar la legitimidad de la actuación de esta última (conf. mis votos en causas B. 57.107, "Taglia", sent. de 2-V-2007; B. 57.828, "Fleitas", sent. de 28-V-2007 y B. 56.954, "Zorrilla", cit.). Ello a fin de procurar una decisión que conjugue, del mejor modo posible, una pormenorizada evaluación de los distintos elementos que integran el sustrato fáctico del caso con los principios y normas jurídicas en juego.
En la especie, es la particular configuración de tal extremo, que por sí misma resulta indicativa de una falencia en la conducta de la entidad estatal, la que justifica la adopción de una decisión diversa a la admitida en los precedentes de este Tribunal citados con anterioridad.
V.2. El ordenamiento jurídico en el que se enmarcó el nombramiento del actor, esto es, el Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contempla dos regímenes diferenciados para los agentes comprendidos en su ámbito de aplicación: personal permanente y personal no permanente (art. 3). Este último, a su vez, se divide en: a) personal de gabinete y b) personal contratado (art. 6).
En lo que atañe al personal contratado, la citada reglamentación preceptúa solamente que es "...aquél cuya relación de empleo público estare (sic) dada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa" (art. 9).
Asimismo, y conforme surge de las constancias de la causa antes reseñadas, el vínculo de empleo público que unió a las partes se mantuvo vigente en forma continua por el término de seis años (desde el día 30 de mayo de 1994 hasta el 31 de marzo de 2000, fecha de rescisión del último contrato celebrado entre las partes desde el 1 de enero de 2000 al 30 de junio). Lapso durante el cual la entidad demandada dictó numerosas resoluciones de nombramiento o renovación y suscribió con el accionante otros tantos contratos de empleo.
V.3. En el contexto descripto, y no obstante que el aludido estatuto no establece un término de duración del convenio referido o un lapso máximo de prestación de servicios bajo esa modalidad, es posible advertir que la dilatada vigencia de la relación laboral que unió a las partes, sumado a las restantes condiciones en las que aquella se ejecutó, no se corresponde con la naturaleza temporal o no permanente del medio utilizado por la accionada en su vinculación con el señor Barrueco. En otras palabras, la realidad material en la que se desenvolvió el nexo entre el agente y el organismo estatal exhibe un desajuste entre el perfil exteriorizado por aquel y la regulación normativa en la que fue subsumido.
De ese modo, y a pesar de que formalmente la conducta de la Administración parecería ceñirse a la previsión estatutaria antes citada (por cuanto en todos los nombramientos se consignó el respectivo plazo de vigencia y su rescisión se materializó en un acto), el peculiar desarrollo del vínculo habido con el actor revela una aplicación desviada de las normas que habilitaban la contratación. Ello así, en tanto se verificó una desavenencia entre la finalidad inspiradora de las sucesivas designaciones (por las que se mantuvo al agente en una prolongada situación de inestabilidad) y la naturaleza transitoria que presupone la figura jurídica empleada por el Banco provincial, merced a la cual puede incorporar empleados por fuera de sus cuadros estables.
Tal situación arrojó como resultado que la mentada relación, cuyo devenir evidenció rasgos de permanencia, fue sostenida por un período extenso en un régimen de carácter no permanente; a la vez que, disuelta unilateralmente por la Administración, no se reconoció, al agente prescindido, derecho a reclamo de ninguna índole.
Desde ya que lo expuesto no importa negar las atribuciones que, para el nombramiento de su personal, establece en favor del Banco demandado el régimen normativo específico, el cual prevé la posibilidad de incorporar agentes tanto a los cuadros permanentes como a los no permanentes o transitorios. Y ello con el objeto de hacer frente, en el marco de la dinámica propia de los cometidos de la institución bancaria, a los requerimientos y actividades necesarias para el cumplimiento de los fines específicos de la institución. Empero, el mantenimiento interrumpido de la relación de empleo con el actor por espacio de más de seis años en las condiciones antes descriptas permite entrever, al menos, una anomalía en el móvil que guió la contratación. Extremo que ciertamente ensombrece el ejercicio de las facultades discrecionales a las que apeló el ente estatal para llevar adelante su relación laboral con el señor Barrueco.
Se recurrió, así, a un instituto de características ciertamente provisionales con un fin diverso al contemplado por el ordenamiento jurídico para el reconocimiento de la mentada potestad, cuyo ejercicio se encuentra necesariamente circunscripto y orientado al cumplimiento de la propia finalidad del sistema normativo (art. 103, dec. ley 7.647/70). En el caso, los sucesivos nombramientos temporales y la consecuente duración que registró el vínculo desvirtuaron la transitoriedad que surgía de los términos de los contratos celebrados por las partes; importando, en los hechos, la cobertura de una vacante en forma permanente mediante una modalidad no apta para ello (conf. CSJN, "Ramos", cit.). Medió, por tanto, la utilización formal de una figura temporaria receptada por el régimen jurídico para determinadas situaciones en un supuesto que evidenció, en la práctica, una relación de dependencia con características más próximas a una relación definitiva.
Sin que, por otro lado, la demandada haya siquiera alegado razones serias y objetivas que, en alguna medida, intenten justificar la subsistencia en el tiempo del régimen empleado en su vinculación con el actor y la consiguiente prolongación de las condiciones de precariedad en las que se colocó a este último. Máxime considerando que la presunción de legitimidad que se erige sobre la actividad de la Administración queda trastocada por la gravedad y evidencia del defecto antes descr
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