Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8305 FOLIO Nº 024/026 PROT. ELECT. JR101180I.231
Río Gallegos, 05 de diciembre de 2023.
La presente causa caratulada: “D.V.G. -RESULTARE VÍCTIMA- S/ ROBO” - Expte. N° 10.829/20 - (Apelación N° 7763/22), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 142/148 vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado Penal Juvenil con asiento en Río Gallegos, quien en el punto 1) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de K.A.D., en orden al delito de “robo” (art. 164 del Código Penal), y dispuso en punto 2) trabar embargo sobre los bienes del incuso hasta cubrir la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000). Que a fs. 152/154 vta., la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido electrónicamente ante esta Alzada, conforme surge de la certificación actuarial de fs. 179, y no habiendo presentado el memorial previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que se agravió la defensa por entender que los elementos probatorios aunados por la instrucción no poseen entidad suficiente como para convalidar el juicio de probabilidad emitido.
Resalta que los domicilios allanados pertenecen al grupo familiar de K., es decir que no reside allí solo, por lo que considera que no es el único habitante a quien se le pudiera adjudicar el hecho delictivo.
En cuanto al análisis fílmico de cámaras de seguridad externas, manifiesta que el informe dice que se observaron dos individuos varones en cercanías del lugar del hecho, no obstante no hay filmación externa que indique a su representado ingresando a la vivienda en cuestión; remarcando que los dichos de la damnificada quien expresara "...las cámaras de seguridad no se encuentran grabando...". Se interroga, si se puede adjudicar un hecho delictivo a un transeunte solo por sus características de vestimenta similares, cuando las mismas reúnen las condiciones de moda del momento entre la comunidad adolescente, y las cuales son utilizadas por la gran mayoría de la población de esa franja etaria.
Asegura que dicho informe muestra claros rasgos de prejuzgamiento al referir que ambos fueron involucrados en diferentes hechos delictivos, ello en contraposición al principio de inocencia.
Considera que nada indica que el hecho delictivo de robo haya sido protagonizado por su representado, mas allá que los objetos recuperados tenían un origen ilícito, resultando insuficiente concluir que la materialidad y su participación en el ilícito contra la propiedad, se encuentre acreditada en cabeza de su defendido. Ello en virtud de lo expuesto en el informe de criminalística, sobre que del confronte de rastros dactilares en relación a K.D. arrojaron resultados negativos.
Estima que ante la inexistencia de elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad penal al joven, resulta evidente que la resolución adolece de la debida motivación suficiente que se exige en esta etapa probatoria.
En último término, se agravia del embargo decretado, por estimar que la cantidad señalada en el auto atacado resulta excesiva, encubriendo así una verdadera imposición de pena, ya que por las condiciones personales de su representado, el solo procurar la satisfacción de lo impuesto, implicaría agravar desmedidamente su situación actual. Entrando en el análisis de los agravios detallados, en primer lugar se debe recordar que para el dictado del auto de procesamiento no se requiere de certeza apodíctica, sino que basta la confirmación inicial de la sospecha.
En los presentes actuados, el magistrado consideró acreditada la autoría en cabeza del encartado, a partir del resultado de los allanamientos efectuados, en donde se procediera a la incautación de diversos elementos denunciados como sus traídos por G.D., siendo alguno de ellos prosteriormente reconocidos por la daminificada, como de su propiedad. Así también el informe realizado por parte del Servicio Especial de la Policía sobre las filmaciones obtenidas de cámaras de seguridad externas de inmediaciones del lugar del hecho, en donde se observa el accionar de los autores, al momento de ingresar a la vivienda y retirarse portando una bolsa y una mochila con elementos. Seguidamente, y de tareas investigativas desarrolladas por dicho personal, se pudo arribar a la identificación de dichos autores. Surge del mencionado informe, que del usuario que correspondería a el co-imputado J.B., en igual fecha a la del hecho, habría publicado una foto donde se encontraría en compañía de K.D., portando vestimentas similares a la observadas en las secuencias fílmicas.
Siendo valorada también por el a quo, el informe de la División Criminalística, donde constatan la correspondencia fehaciente e indubitable entre el rastro palmar revelado sobre la superficie externa inferior del vidrio ubicado al frente de la vivienda, y la impresión de la mano derecha de la ficha a nombre de J.B.; concluyendo que de esta manera se prueba la presencia del menor en la vivienda damnificada, y que al haberselo observado junto a K.D., toma relevancia la participación de éste último en los hechos que se investigan. En base a la valoración efectuada por el a quo de las constancias de autos, efectuadas a la luz de la sana crítica, considera esta Alzada suficientes los mismos para traspasar la valla del art. 289 del CPP, descartándose de esta manera los cuestionamientos de la defensa sobre la atribución de responsabilidad a su defendido. No se comparte lo sustentado por la defensa sobre que los elementos probatorios aunados por la instrucción no poseen entidad suficiente como para convalidar el juicio de probabilidad emitido.
En relación a la autoría que se intenta atacar, en el auto recurrido el magistrado aborda la misma de manera acabada, con apoyatura en la prueba reunida durante la instrucción, la cual es descripta y valorada en forma detallada.
En virtud de lo reseñado del análisis efectuado por el a quo de las pruebas aunadas en la investigación, se consideran suficientes las aseveraciones de cargo sobre la materialidad y autoría del hecho investigado.
En cuanto al planteo sobre las cámaras de seguridad de la damnificada que no se encontraban grabando, en base a lo informado por la nombrada, debemos resaltar que de la investigación efectuada por la preventora, se pudieron obtener secuencias fílmicas de otras propiedades aledañas.
Aunque no fuera visto su defendido ingresando in situ al inmueble, o que habitaran más personas en el domicilio allanado, los indicios y demás elementos probatorios recabados, analizados en forma conjunta, permitieron al magistrado -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- arribar a la decisión de atribuir responsabilidad por el delito investigado en cabeza del imputado D. En estos términos, se ha dicho que el procesamiento: “… contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.” (Clariá Olmedo, J. A.; "Derecho Procesal Penal"; Lerner Editora; Córdoba; 1985; pág. 612). En igual sentido se debe desestimar el agravio referido a la existencia de más habitantes en el inmueble allanado; en tanto que el hallazgo de parte de la res furtiva en la vivienda del incuso, es claramente indicativo de responsabilidad penal, y el que analizado en el conjunto del plexo probatorio, llevan claramente a sortear el planteo de la defensa. Al respecto, los tribunales nacionales han dicho: “Corresponde procesar a dos imputados en orden al delito de robo de joyas si al momento de la aprehensión de los imputados, por referencias de la damnificada, se secuestraron en poder de uno de estos los bienes sustraídos.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala VII; 24/08/2011; “B.B.,J.A. y otro” Cita Online: AR/JUR/46969/2011). Advierte esta Alzada que la decisión encuentra sustento en las constancias de la causa, razón por la cual debo desestimar estos planteos.
En relación al agravio referido al embargo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis, el a quo dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de $ 60.000. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del C.P.P. establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como “excesivo”, razón por la cual rechazaré este infundado cuestionamiento.
Asimismo, en virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente, remítase copia digitalizada bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 142/148 vta., en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected]. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia