Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1.a y III.1.b, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Rogelio Oscar Alonso y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 18 de noviembre de 2013 (v. veredicto y sentencia de fecha 26-IV-2023).
En lo que reviste interés, valoró los escritos constitutivos del proceso y la prueba producida en la causa -en especial, la pericia médica-, y tuvo por acreditado que el actor padece síndrome meniscal y osteoartritis de rodilla izquierda, que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 10 % del índice de la total obrera. Juzgó, además, que existía una relación de concausalidad entre el accidente de trabajo y dichas dolencias (v. vered. 3ra. cuestión).
II. La aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-V-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 23-v-2023).
II.1. En primer término, sostiene que el tribunal de trabajo incurrió en un equívoco respecto de la contingencia que tuvo por demostrada, toda vez que -afirma- confundió la naturaleza jurídica del "accidente de trabajo" con la de "enfermedad profesional". A ello agrega, que tampoco existe ningún elemento probatorio que acredite la existencia del evento dañoso invocado.
II.2. Refiere que las dolencias comprobadas en autos no se encuentran reconocidas en el listado de enfermedades profesionales aprobadas por el decreto 658/96 y en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del decreto 659/96, por lo que no corresponde otorgarle al actor resarcimiento alguno en los términos del régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo. En apoyo de este tramo de la crítica denuncia la violación de la doctrina legal emanada de las causas L. 101.697, "Bois" (sent. de 10-III-2011) y L. 121.391, "Agosto" (sent. de 19-II-2020).
II.3. Por otra parte, alega que -a contrario de lo sostenido por el a quo en su pronunciamiento- no correspondía aplicar en el caso la denominada "teoría de la indiferencia de la concausa", ya que, de conformidad con lo establecido por el art. 6 inc. 2, apartado "b" de la ley 24.557, sólo pueden considerarse enfermedades profesionales aquellas provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo.
II.4. Manifiesta que el sentenciante valoró absurdamente la prueba, habida cuenta que juzgó comprobado el daño en la salud del señor Alonso con la declaración testimonial de un único testigo.
II.5. Señala que el a quo inaplicó las prescripciones contenidas en el art. 9 de la ley 26.773 al no garantizar un trato igualitario a los damnificados, observando criterios de evaluación uniformes previamente establecidos (v. Anexo I del decreto 658/96 y Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista en el Anexo I del decreto 659/96 y modif.) y no con arreglo a pautas discrecionales. En tal sentido, invoca transgredida la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el precedente "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente" (sent. de 12-XI-2019).
II.6. Por último, manifiesta que el tribunal vulneró derechos y garantías constitucionales al aplicar al caso las disposiciones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 669/19 en forma retroactiva. Argumenta que el art. 3 del mentado reglamento debe interpretarse armónicamente con el art. 20 de la ley 27.348, limitando su alcance a contingencias posteriores a la entrada en vigencia de dicha ley.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que -en la especie- el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-, quedando la competencia revisora de esta Suprema Corte circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.162, "Antocci", resol. de 10-XI-2022; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024; e.o.).
III.1.a. En ese contexto, cabe puntualizar que los agravios individualizados en los apartados II.1, II.3, II.4 y II.5 lucen inadmisibles, toda vez que -en su desarrollo- la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante ya mencionada (causas L. 128.016, "Montecinos", resol. de 1-IV-2022; L. 129.061, "Roldán", resol de 20-IX-2024; L. 132.728, "Fabbro", resol. de 13-III-2025 y L. 135.302, "Bonardi", resol. de 2-III-2025; e. o.).
Asimismo, es dable agregar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores, de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e. o.).
III.1.b. También se encuentra detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el medio de impugnación, el reproche por el que se controvierte que el tribunal a quo considerara como resarcibles a dolencias no reconocidas en el listado de enfermedades profesionales aprobadas por el decreto 658/96 y en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del decreto 659/96. Ello así, desde que los precedentes de esta Corte que la recurrente cita en apoyo de su fundamentación, han sido elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; L. 131.629, "Lazarte", resol. de 11-VI-2025 y L. 136.579, "Herrera", resol. de 5-VI-2026; e.o.).
III.2. Por otra parte, el embate vinculado con la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/19, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.1.a y III.1.b, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2; debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/07/2026 14:04:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2026 10:46:33 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:08:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2026 19:28:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2026 08:48:59 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2026 09:52:14 hs. bajo el número RR-1617-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia