Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 22.949-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nro. 494/06 (AD MDZ) dictada en el expediente administrativo SA 38-052/04 (Actuación Nº 12451-113-2007) por el Jefe de la Aduana de Mendoza en cuanto condena al despachante de aduana al pago de multa.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-56865169-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Mayo de 2024 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº 22.949-A, caratulado “DACAL MARIANO c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 14/18 se presenta el Sr. Mariano Dacal, por su propio derecho, con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 494/06, dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza en el expediente administrativo SA 38-052/04 (Actuación Nº 12451-113-2007), por la que se lo condena en forma solidaria con la firma importadora Claudia Isabel Galeotti Astorga al pago de multa de $18.631,43 por infracción al art. 954 inc. a) y c) del Código Aduanero, en relación a las destinaciones Nros. IC04-001982 U, 002224K, 002426Y, 002521K, 002734Z, 002820M y 003217N y se exige el pago de tributos por la suma de $4.064,32 a la importadora. Analiza las actuaciones cumplidas en sede aduanera así como también los antecedentes a los que refiere la resolución apelada y los hechos que dieron origen a la causa argumentando que actuó en calidad de representante de su mandante Claudia Isabel Galeotti Astorga.
Al respecto puntualiza que hay sobradas pruebas que conllevan a la conclusión de que se cumplió con el deber de mandato conferido por la firma importadora, recibiendo a tales efectos la documentación aportada por la misma (facturas, detalle de la mercadería, etc). Por ello considera que, al haber cumplido con las obligaciones a su cargo y asimismo por haber seguido las instrucciones recibidas por el importador, nunca puede ser sancionado por esta infracción. Con respecto a la imputación de la infracción al art. 954 del C.A sostiene que la declaración aduanera que presentó es veraz completa e inequívoca, porque si hubiera sido ambigua, dual, genérica o incompleta el Servicio Aduanero no hubiera podido clasificar a la mercadería dentro de la posición arancelaria que finalmente estableció.
Destaca que en el fallo apelado se estableció que, no habiendo el despachante acreditado las obligaciones a su cargo, este debió advertir por las declaraciones del importador que constan en las facturas que el precio documentado no era el valor de transacción. Considera que la Aduana no entiende que el precio de la mercadería es responsabilidad única y exclusiva del importador y cualquier ajuste que se efectué sobre la mercadería, luego de la determinación de los procedimientos establecidos en el art. 7 del GATT, hace imposible que el despachante conozca cuál es ese precio reconstruido por la Aduana. Entiende que por todo ello no tiene ninguna culpa por los ajustes que la aduana determine y por lo tanto exceden los límites de responsabilidad del despachante de aduana.
Indica que en los expedientes SC 83-141-04, SC83-183-04 y SC83-160-04 el mismo importador y despachante fueron absueltos por la misma Aduana de Mendoza. Cita Jurisprudencia de la C.S.J.N y de la Excma. Cámara que sostiene la falta de responsabilidad del despachante de aduana cuando éste cumplió con las obligaciones a su cargo y no se apartó de las instrucciones impartidas por el importador o exportador. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la Resolución apelada con costas.
II. Que a fs. 37/42vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Refiere a los antecedentes administrativos y formula una negativa general respecto de los hechos y afirmaciones vertidos por la actora que no sean de su expreso reconocimiento. Señala que el actor alega como argumento de defensa que no es responsable de responder por el pago de la multa, y que ello está lejos de la verdad ya que el despachante es auxiliar del comercio y del servicio aduanero el cual efectúa trámites y gestiones, tanto para el Fisco como para los importadores, siendo ello una delicada función. Expresa que en los presentes autos se constataron diferencias significativas de valor y durante el proceso tanto la firma importadora como el despachante no arrimaron pruebas que pudieran hacer variar la situación planteada. Cita abundante Jurisprudencia de éste Tribunal Fiscal, de la C.N.A.C.A.F y de la C.S.J.N. Sostiene que no habiendo sido probado el valor de transacción y contrariamente a lo argüido por la actora, el servicio aduanero se encuentra autorizado a prescindir del mismo y valorar de acuerdo a los antecedentes con los que cuente de mercadería idéntica o similar, tal como lo autoriza el Acuerdo. Plantea que la recurrente no cumple con la carga del “onus probandi" que le compete a los efectos de lograr su exculpación sino que por el contrario sus consideraciones son rebatidas con la prueba documental que aporta su mandante. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, efectúa reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada con costas.
III. Que toda vez que la prueba ordenada a fs. 43 en autos no ha sido producida, a fs. 50 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G. Finalmente, a fs. 51 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas correspondientes a la causa Nro. SA38-052/04 (Actuación Nº 12451-113-2007) se inician el 18/04/2007 con la Nota Nº 371/03 (DV FOME), a través de la cual se elevan las actuaciones a la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras informando que del análisis del valor documentado en las destinaciones Nros. 03 038 IC04 001982 U, 03 038 IC04 002224 K, 03 038 IC04 002426 Y, 03 038 IC04 002521 K, 03 038 IC04 002734 Z, 03 038 IC04 002820 M, 03 038 IC04 003217 N se detectó que los precios documentados no concordaban con los usuales en los rubros observados y que tal apreciación se sustentó en los antecedentes de valores de mercadería idéntica o similar a las objeto de análisis con factores comunes en lo que respecta a la calidad, prestigio comercial, etc, apareciendo anormalmente disminuidos frente al marco que refleja aquella realidad. A fs. 4/10 obran glosadas las carpetas de las Importaciones cuestionadas en autos. A fs. 11 mediante la Nota Nº 88/04, se solicita que posteriormente se remitan los autos a la Sección “S” de la División Aduana de Mendoza en carácter de ampliación de la denuncia formulada en los términos del Art. 954 inc. a) y c), atento los elevados niveles de diferencia de valor constatados. A fs. 12/13 obra glosada la resolución de apertura Nro. 52/04 mediante la cual se dispone la Instrucción de Sumario, contra la firma importadora “Galeotti Astorga Claudia" y el despachante de aduana “Dacal Mariano", ello en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A., por la infracción prevista y penada en el art. 954 incs. a) y c) del C.A. A fs. 20, con fecha -02/03/2005-, se corre vista a la firma importadora “Claudia Galeotti Astorga" y al despachante de aduana “Mariano Dacal", indicando que el importe de los tributos y de la multa mínima por infracción al art. 954 incs. a) y c) del C.A, ascendían a $18.631,43 y $4.064,32 respectivamente. A fs. 25/28 obra el descargo formulado por el despachante de aduana Dacal Mariano y a fs. 30/31 el presentado por la firma Galeotti Claudia Isabel. A fs. 34, el Jefe de la Aduana de Mendoza tiene por contestada la vista por parte de la firma Galeotti Claudia Isabel y del despachante de aduana Dacal Mariano, declara la cuestión de puro derecho y, previa emisión del dictamen jurídico previsto en el art. 1040 del C.A, pone los autos para resolver. A fs. 41/43 obra glosado el Dictamen Nro. 306/2006 y a fs. 44/46 se dicta la Resolución Nro. 494/06 apelada en autos.
V. Que corresponde resolver en la causa si la Resolución Nro. 494/06 se ajusta a derecho.
Que mediante la ley 23.311 se aprobó el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del Gatt y su Protocolo, firmados en Ginebra el 12-4-79 y 1-11-79 respectivamente y por el Decreto 1026/87 se puso en vigencia el referido régimen el 1° de enero de 1988 quedando derogados los arts. 641 a 650 y 652 a 659 del Código Aduanero y toda otra disposición que se oponga a las normas del acuerdo.
Que la ley 24.425 aprueba el Acta final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y entre otros el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el valor de transacción, tal como se define en el art. 1°, es la primera base para la determinación del valor en aduana. El referido art. 1° dispone: “El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8°".
En la Introducción General del Acuerdo se señala que el “valor de transacción” tal como se define en el art. 1 es la primera base para la determinación del valor en aduana de conformidad con el presente acuerdo. El art.1° debe considerarse en conjunción con el art. 8 que dispone, entre otras cosas el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se consideran forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El art. 8 prevé también la inclusión en el valor de transacción de determinadas prestaciones del comprador a favor del vendedor que revistan más bien la forma de bienes o servicio que de dinero" Cuando el valor de transacción no pueda determinarse sobre la base de lo dispuesto en el art. 1° el Acuerdo establece en los art. 2 a 7 los diferentes métodos a aplicar para determinar el valor en aduana, los que deben aplicarse en el orden que se enumeran, salvo la inversión que autoriza el art. 4° con relación a los métodos previstos en los arts. 4 y 5.
Que debe señalarse que la aduana en virtud de lo establecido en el art. 9 del decreto 618/97 tiene facultades para observar el valor declarado.
VI. Que el ajuste del valor de transacción declarado no ha sido con motivo y por aplicación de las condiciones que enumera el art. 1 del Acuerdo, como así tampoco por las circunstancias establecidas en el art. 8 del referido Acuerdo, sino que la aduana ha desestimado el valor de transacción declarado como base de valoración y establecido un valor sustitutivo sobre la base de antecedentes de mercaderías idénticas y similares por considerar que los valores declarados se encuentran disminuidos frente a los valores de mercaderías idénticas y similares, importadas en fechas cercanas Que aun cuando no se trate de los ajustes a que se refiere el art. 1 -párrafo 1. y art. 8 del Acuerdo la aduana no deberá aceptar como base idónea de valoración al declarado valor de transacción que sea ostensible y considerablemente inferior a los antecedentes, a los precios corrientes o a la cotización internacional de las mercaderías ya que dichos precios podrían estimarse como irrisorios, vil, absurdo o poco creíbles, circunstancia que resulta contradictoria y razonablemente incompatible con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo, salvo que el importador pudiera justificarlos.
Que la norma ampliatoria del Código de Valor del GATT, Decisión relativa a los casos en que las aduanas tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado permite a la aduana en concordancia con lo dispuesto en el art. 17 del Acuerdo, investigar la veracidad o exactitud de cualquier información documento o declaración que le sean presentados a efectos de la valoración y pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercaderías importadas ajustadas de conformidad con el art. 8. Si una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta la administración de aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado podrá decidir teniendo en cuenta las disposiciones del art. 11, que el valor de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del art. 1°.
Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración comunicará al importador por escrito si le fuera solicitado sus motivos para dudar de la veracidad y exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva la administración la comunicará por escrito al importador indicando los motivos que la inspiran.
Que para rechazar el valor declarado por motivos diferentes a los establecidos en el art. 1 del Acuerdo, cuando no concurran las situaciones previstas en los incs. a), b), c) y d) y art. 8, la inexactitud o falta de veracidad de los valores debe estar debidamente fundada por la aduana.
VII. Que corresponde analizar si los valores declarados efectivamente difieren de los valores usuales de mercado o precios corrientes para mercaderías idénticas o similares, con relación a los valores determinados por la aduana sobre los antecedentes que indica, a efectos de determinar si el ajuste es procedente sobre la base de las normas del Acuerdo y de conformidad con la norma ampliatoria del Código de Valor del Gatt y facultades de la Aduana previstas en el Dto. 618/97.
Que con fundamento en la aplicación de la noción positiva de valor, las posibilidades de desestimar el valor son limitadas, ello no implica que deba aceptarse lisa y llanamente como base de valoración el precio facturado o valor de transacción cuando la aduana tenga motivos para dudar de la veracidad del mismo. Cabe puntualizar que el art. 17 expresamente señala que ninguna de las disposiciones del Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de comprobar la veracidad o exactitud de la información o documentos presentados a efectos de la valoración de las mercaderías.
Que el Acuerdo prohíbe que los valores que se determinen sean arbitrarios o ficticios y los criterios razonables a que se refiere, expresan que el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercaderías producidas en dicho país, en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en valores en aduana mínimos.
Que tal como resulta de la Nota de la División Valoración que obra en las actuaciones administrativas -ver fs. 1 de las Act. Adm. - el ajuste de valor motivo de autos se ha efectuado en los términos del artículo 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 que dispone “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana.”
Que en los antecedentes que resultan de las planillas que obran agregadas en cada una de las destinaciones cuestionadas en autos -ver fs. 4/10 (refoliado)- de las actuaciones administrativas, se indican los números de despachos, valores para las diferentes medidas de rosas, pero se trata en el caso de diferentes marcas que la mercadería motivo del ajuste. Que por lo expuesto y en los términos del Acuerdo no parece razonable que deba desestimarse el valor declarado conforme lo expuesto precedentemente, resultando improcedente el ajuste efectuado.
VIII. Que con relación a la cuestión infraccional, el art. 954 del Código Aduanero tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración y en este sentido sanciona y reprime al que para cumplir una operación de importación o exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y que de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: a) un perjuicio fiscal será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio y, c) el ingreso o egreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondiere. Se imputa en autos declaración inexacta tipificada en los incs. a) y c) y en virtud de los establecido en el ap. 2 se aplica una multa de una vez la diferencia de valor de la mercadería.
Que surge de las destinaciones involucradas en la causa que la actora ha declarado el precio de la mercadería de acuerdo con el precio de factura, que obra en cada una de las carpetas de los DI agregados a fs. 04/10 de las actuaciones administrativas, no se ha impugnado ni objetado la autenticidad de las facturas.
Que pacífica y reiterada jurisprudencia de la CSJN se ha inclinado por desincriminar a los despachantes de aduana por las infracciones que pudieran cometerse en el trámite de los despachos cuando aquéllos, actuando en nombre de sus mandantes y no apartándose de las instrucciones recibidos, hayan demostrado de alguna manera que han cumplido con los deberes a su cargo (ver fallos de la C.S.J.N. in re "Carli" del 14.8.70 y "Calvo" del 13.12.71, entre muchos otros); en la causa "Garibotti Armando", señaló "que queda exento de responsabilidad el despachante que cumpliendo con las obligaciones a su cargo se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la documentación complementaria salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan".
Que, cabe destacar que el despachante de aduana no tiene otra alternativa que sujetarse a los valores que figuran en la factura de origen y debe entenderse que la entrega por el importador de la factura de compra de la mercadería al despachante implica necesariamente una instrucción expresa de documentar el valor que este instrumento consigna. Que, a mayor abundamiento, el bagaje de conocimientos técnicos que se le exige al despachante comprende a la normativa de valoración, pero no a los valores promedios adecuados de una determinada mercadería, y no corresponde endilgarle como obligación este conocimiento.
Que en el esquema legal de la responsabilidad infraccional atinente al caso debe tenerse por acreditado que el despachante ha cumplido con las obligaciones a su cargo y por ende corresponde eximirlo de responsabilidad conforme lo dispuesto por el artículo 908 del C.A., cuando actúa siguiendo las instrucciones del importador y particularmente cuando la declaración se ajusta a los datos de la factura comercial, por lo que corresponde revocar la multa impuesta a la actora en su carácter de despachante de aduana.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución Nro. 494/06 dictada en el expediente administrativo SA 38-052/04 (Actuación Nº 12451-113- 2007) por el Jefe de la Aduana de Mendoza en cuanto condena al despachante de aduana al pago de multa. Con costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis, y agrego que no debe soslayarse que el dictamen jurídico glosado a fs. 41/43 del expte. Administrativo arribó al mismo resultado que adhiero, siendo éste además conforme a la pacífica jurisprudencia y doctrina obrante sobre esta cuestión específicamente. Resulta inaplicable la jurisprudencia referida (in re “Unisel S.A.” 17-05-04, Sala “F” 9968 -sin especificar a qué Tribunal hace referencia-). Toda vez que en el presente no se verifica una declaración de valor que resultare procedente de uso común por el público en general o de referencia para el despachante aduanero al que, en éste aspecto, no debe exigírsele mayor conocimiento que del ciudadano común (me refiero a una declaración de valor que resulte sospechosa). Debe recordarse que analizamos importación de flores, arreglos florales, capullos, blanqueados, etc.
II. Asimismo, en la jurisprudencia (mal) citada (es de fecha 27-05-04 y del TFN) se hizo hincapié especialmente que “...en el caso de autos debió (el despachante) haber advertido que el precio declarado en la factura no era el verdadero valor de transacción, atendiendo a la declaración efectuada por el proveedor del exterior, al pie de la factura, que expresamente señalaba que los precios indicados no incluían el valor intelectual”, circunstancia que no se asemeja en lo más mínimo a las circunstancias y prueba colectada en estas actuaciones.
III. Todo lo anterior al sólo efecto de resaltar que el Subadministrador de la Aduana de Mendoza se apartó del correcto dictamen jurídico de su propia dependencia para mal justificar la sanción al despachante que ahora se absuelve tras una inútil dilación e imposición de costas al organismo que representa.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I.-Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente el relato de los hechos reseñado en el Considerando de la Resolución N° 494/06 apelada en autos.
II. Sin perjuicio de adherir en cuanto al fondo de la cuestión a resolver en la presente causa, haré algunas consideraciones en cuanto a ciertos argumentos que han sido precisados, como explicaré a continuación.
III. Primeramente, contemplar que para los fines del artículo 954 del Código Aduanero en la importación, sólo concierne que el precio declarado coincida con el pactado entre el importador y el vendedor refleja una interpretación limitada. Esto no sólo contradice la voluntad del legislador de atender a la función primordial del organismo aduanero que reside en "ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías", llevando a que "el inciso c, apartado 1° del artículo 954 de la ley 22.415 debe ser receptado desde esta amplia perspectiva, en cohesión con el ejercicio del poder de policía del Estado" (Fallos 322:355), sino que también desatiende el sentido del régimen de colaboración de los responsables de los hechos imponibles con la entidad aduanera, como lo establece el artículo 9 del decreto 618/97. A lo que debe adicionarse que el apartado 2 inciso d) de la norma citada, autoriza la revisión de las actuaciones y documentos aduaneros una vez finalizado su trámite. Desde este punto de vista, no es atendible considerar la subfacturación como una hipótesis ajena a la figura infraccional en cuestión.
IV. Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad del despachante de aduanas, regulada especialmente por los artículos 902 y 908 del Código Aduanero, se establece que la solidaridad en el pago de la multa por una declaración inexacta recae sobre él, a menos que demuestre haber cumplido completamente con sus obligaciones. En este último caso, la persona representada sería responsable por la infracción aduanera cometida y el despachante quedaría exento de responsabilidad si cumplió con sus deberes. En este sentido, el despachante de aduanas debe demostrar haber actuado con prudencia y cumplimiento diligente de sus obligaciones. Tal desempeño se evalúa en función de su correcto actuar respecto a los deberes impuestos por la legislación aduanera y por consiguiente, resulta crucial realizar una valoración de la actuación de este auxiliar aduanero para determinar el grado de responsabilidad que le pueda corresponder. En virtud de ello, es de gran importancia reconocer los fundamentos constitucionales y normativos que establecen los deberes de colaboración. Por lo tanto, si hay motivos razonables para sospechar de la presencia de subfacturación, no se puede eximir al despachante de aduanas de su responsabilidad. Esto no significa exigirle una investigación exhaustiva sobre la veracidad de la operación, pero sí que su conducta no descanse en una acción automática, sin prever cuestionar los precios y valores informados, cuando desde su experiencia profesional pueda visualizarse diferencias sustanciales que ameritan ser consideradas en términos de lo que concibe el deber de realizar una declaración exacta y veraz.
V. Sin perjuicio a tales apreciaciones y en relación con los valores rechazados por el servicio aduanero, se observa que en el caso, teniendo en cuenta la documentación presentada, las mercancías utilizadas como referencia para realizar la fiscalización eran distintas. Esto significa que las transacciones evaluadas por la autoridad fiscal no son comparables. Destacando que los antecedentes utilizados por la Aduana para rebatir los valores declarados por el importador se basan en diferentes marcas de las mercancías comparables, lo que no se ajusta con las premisas que establece para estos fines el artículo 15 del Acuerdo de Valor del GATT.
En consecuencia y no obstante a los comentarios realizados, adhiero con el voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución 494/2006 (AD MDZ) apelada en autos. Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución Nro. 494/06 (AD MDZ) dictada en el expediente administrativo SA 38-052/04 (Actuación Nº 12451-113-2007) por el Jefe de la Aduana de Mendoza en cuanto condena al despachante de aduana al pago de multa.
2. Costas a la DGA.
3. Regístrese y notifíquese. Por Prosecretaría de Registro procédase a notificar al Dr. Orlando Hugo Martín en el domicilio constituido en autos (Rondeau Nº 4029 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por medio de Oficial Notificador. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2024.05.29 14:12:48 ART Date: 2024.05.30 17:50:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.30 19:54:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.30 19:54:28 -03:00
Fin de la sentencia