Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 35.761-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-148756112-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 14 de Diciembre de 2023 ARGENTINA S.A.) - 35.761-I - SENTENCIA En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expte. 35.761-I caratulado “DAIMLER CHRYSLER ARGENTINA S.A. (HOY MERCEDEZ BENZ ARGENTINA S.A.) s/ Recurso de Apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 09/31 se interpuso recurso de apelación contra la Res. 105/2011 que determinó una disminución del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado (en adelante IVA), de los períodos fiscales 01/2005 a 09/2007.
La actora explicó la operatoria (plan canje) objeto de impugnación por parte del fisco: primero se vende una unidad automotor de Mercedez Benz Argentina S.A. -en adelante MBA- a un productor agropecuario o a un acopiador de cereales y oleaginosas; quien paga con cereales u oleaginosas con el fin de cancelar la compra del automotor; y finalmente, se venden los cereales u oleaginosas adquiridos con el objetivo de obtener los fondos que cancelan la operación.
Entendió que, en definitiva al concluir la operatoria, MBA vendió y cobró un automotor, todo ello de acuerdo con su objeto social; y aclaró que la utilización del cereal tuvo como único objeto facilitar la transacción a los compradores.
Agregó que alcanzado un acuerdo entre el productor y el concesionario, el primero de ellos entrega la mercadería convenida en las instalaciones de la firma Louis Dreyfus y Cía. Ltda. -en adelante LDC- y MBA hace lo propio con la unidad automotor, la que es entregada a través del concesionario correspondiente.
Señaló que la venta de la unidad era respaldada por el remito de entrega y la factura correspondiente; y en caso de existir diferencias entre el precio de venta y el valor de los cereales, la misma era cancelada mediante la correspondiente remesa de dinero.
Manifestó que al no vincularse la adquisición de cereales con la actividad principal de MBA, ésta compra los cereales una vez que la venta fue comprometida con LDC; y una vez concertada la operación de canje, el productor envía los cereales directamente a LDC, quien aplica lo recibido al contrato de compra-venta. En consecuencia, adujo que tercerizó la mayor parte de las tareas administrativa a través de contratos de locación, y es por ello que LDC confeccionó los formularios C1116A y C1116B, registró los mismos ante las entidades correspondientes y preparó la documentación a presentar ante la Secretaría de Agricultura. Para finalizar, LDC envía a MBA una factura pro-forma correspondiente a la venta de cereales, procediendo en forma inmediata MBA a confeccionar la correspondiente factura comercial.
Recordó que MBA, antes de formalizar las operaciones impugnadas, consultó las bases electrónicas de la AFIP para constatar respecto del comprador la CUIT, la inscripción en el Registro Fiscal de Operadores de Granos -en adelante RFOG-, la CAI y la no inclusión en la base apoc.
Resaltó que es indudable la existencia de las personas físicas y jurídicas que intervinieron en las operaciones de canje, así como que existió la entrega de los cereales en las instalaciones de LDC, y que todo se encuentra respaldado por los formularios 1116/B. A su vez, señaló que se probó la entrega de las unidades con los remitos y facturas correspondientes, y que todo se encuentra respaldado en la contabilidad de MBA.
Sostuvo que si bien no existe el circuito financiero, en este caso puede seguirse el circuito del cereal, y el depósito del producido de la venta de cereales en las cuentas bancarias de MBA.
Resumió que se encuentra verificado la existencia del bien vendido, el precio real de la operación, el destino y afectación del bien, y la capacidad del proveedor.
Planteo que el procedimiento llevado a cabo por el fisco fue ilegal por no sustentarse en hechos ciertos y por constituir una cadena de presunciones, que habitualmente se designan como presunciones a partir de presunciones. Y agregó que las presunciones utilizadas no son graves, precisas ni concordantes. Analizó que la mayoría de los proveedores poseen cuentas bancarias y retenciones con importes de gran envergadura, probando con ello la existencia de capacidad económica y operativa; a la vez que consideró que resultarían ser simples contribuyentes incumplidores que no pagan sus impuestos y se niegan a atender los requerimientos fiscales.
En cuanto a los proveedores impugnados -Cristina Estela Farias, Ireneo Lorenzo Domingo Moreno, Jorge Mario Granero, José Miguel Rattalino, Menica S.A., Oeste Plásticos S.A., Corbett Negocios Agropecuarios S.A., Cueser S.A., Dennehy Agroservicios S.A., Enorcue S.A., Eduardo Abel Hidalgo, La Petisa S.A. y Cereales Quequen S.A.- mencionó que sus actividades se encuentran relacionadas con el cultivo de cereales y oleaginosas, estaban inscriptas en AFIP, en el Registro Fiscal de Operadores y no se hallaban incluidas en la base apoc al momento de operar con MBA. A su vez, la actora detalló que; a Cristina Estela Farias en el año 2007 la ONCCA le entregó 700 cartas de porte, fue objeto de retenciones y tuvo ventas por $ 811.527; Ireneo Lorenzo Domingo Moreno tenía 9 cuentas bancarias con acreditaciones millonarias en los años 2004, 2005 y 2007; José Miguel Rattalino era propietario de bienes registrables muebles e inmuebles y cuentas bancarias con importantes acreditaciones en los años 2005 y 2006; Eduardo Abel Hidalgo poseía bienes registrables, acreditaciones bancarias y sufrió retenciones; Cereales Quequen S.A. tenía acreditaciones bancarias en el período 2006 a 2008.
Cuestionó que para que exista interpósita persona se requiere la existencia de tres sujetos, el que originalmente hace el negocio, el contribuyente, y el que se interpone entre ambos. Y agregó que ello significaría que MBA estaría realizando la operación de canje con un tercero que el fisco no denunció ni identificó.
Argumentó que si el fisco considera que existió una simulación, es su obligación convocar a las presentes actuaciones a todos los que tuvieron participación.
Señaló que MBA cumplió con todos los requisitos legales para utilizar los créditos fiscales provenientes de las operaciones observadas.
Afirmó que si existieron los referidos beneficios del “Plan Canje Cereal”, fue por la propia decisión de la AFIP, no pudiendo por aplicación de la teoría de los actos propios, objetar las operaciones y buscar artilugios para objetarlas.
Por último, interpretó que el contribuyente no tuvo ninguna ventaja impositiva que disminuya su carga fiscal. Y aclaró que el supuesto apareamiento de débitos y créditos tampoco tuvo ventajas para los proveedores al incluir en el mismo período el débito y el crédito fiscal, para el caso de diferir el momento de entrega del cereal y la unidad automotor. Y concluyó que ello neutralizaría una desventaja financiera de quienes operan en el sector primario pero no en el caso de MBA, quien consideró alcanzadas por el IVA tanto la venta del automotor como la de los cereales y oleaginosas.
Finalmente, citó jurisprudencia en apoyo de su postura, ofreció prueba, hizo reserva del caso federal, y peticionó que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 140/165vta. el fisco contestó el traslado del recurso. Acompañó los antecedentes administrativos -en adelante aa- y solicitó se confirme en todas sus partes la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 178/179 obra la sentencia del Tribunal en Pleno por la cual se resolvió no acumular el expediente que tramita bajo el Nº 33.483-I.
IV. Que a fs. 180/180vta. se abrió la causa a prueba, clausurándose a fs. 344 y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 349 se llamaron los autos para alegar, obrando el alegato del fisco a fs. 367/372 y de la actora a fs. 355/364. Finalmente a fs. 373 se pusieron autos para dictar sentencia.
V. Que corresponde expedirse con relación al agravio de nulidad articulado por la actora respecto de la resolución apelada, toda vez que el mismo, de ser acogido favorablemente, pondría fin al litigio. Al respecto, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (CSJN, Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
La apelante basó su defensa en la violación del principio de legalidad, en base a la utilización de presunciones ilegales para sustentar los ajustes.
En consonancia con lo establecido por la Sala IV de la CACAF en la causa “Joaquín Soto e Hijos S.A.”, de fecha 18/03/2014, corresponde señalar que según los arts. 16 y 18 de la ley 11.683 resulta admisible que el organismo recaudador, ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, pueda considerar -a efectos de establecer la materia imponible- el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente a través de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables.
Del análisis del acto recurrido, como de los aa, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549) y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no observándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya existido agravio alguno al derecho de defensa, resultando el planteo de la actora una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez del acto apelado. Ello así, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada.
Con relación a las costas, lo cierto es que el mismo no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683 sino como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del mismo, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, resulta improcedente la imposición de costas.
VI. Que respecto del fondo del asunto, del informe final de inspección (en adelante IFI) y de la resolución recurrida, surge que la recurrente se encuentra inscripta en la actividad de “Fabricación de vehículos automotores” -v. fs. 419/485 cpo. ppal., aa-.
A criterio de la fiscalización, las operaciones con los contribuyentes encuadran en el régimen de canje de cereales establecido en el art. 6 de la RG 1394 (AFIP) y consiste:
-Entre MBA y el productor se conviene una permuta en la que MBA entrega una unidad automotor y el productor, cereales y/u oleaginosas por el mismo valor.
-El productor entrega los cereales en las instalaciones de LDC, haciéndolo por cuenta y orden de MBA. -MBA entrega la unidad al productor haciéndolo a través de un concesionario, quien actúa como intermediario comisionista.
-MBA vende a LDC los cereales, procediendo ésta última empresa a acreditar el líquido producto en la cuenta bancaria de la empresa automotriz. MBA emite la correspondiente factura de venta de los cereales a nombre de LDC.
-Finalmente, el concesionario factura la comisión convenida, la que es cancelada por MBA a través de la cuenta de gestión.
-Con posterioridad, los productores realizan una cesión de la factura de venta de la unidad automotor a la concesionaria, la cual se encarga de comercializar los citados vehículos a los destinatarios finales. A partir de ello, y de una muestra de los principales proveedores que fueron circularizados; el fisco impugnó el crédito fiscal declarado por la recurrente, por las razones que se detallan a continuación:
1. Farias, Cristina Estela: Las operaciones datan de 06 y 07/2007. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripta como productor; en la ONCCA no registra inscripción, posee como actividad principal “Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas NCP” y, como secundaria, “Venta al por Mayor de Semillas”, desde 07/2005 y “venta al por Mayor en Comisión o Consignación de Cereales” desde 04/2007. Según la base E-fisco, entre 03 y 05/2007 adquirió unas 700 cartas de porte, otorgando una capacidad para trasladar 21.000tn. y un total de ventas estimadas de $ 10.500.000. Las retenciones sufridas durante el año 2006 fueron de 3 contribuyentes dados de baja del Registro Fiscal de Granos y Legumbres por insolventes.
De acuerdo con las entregas informadas por la ONCCA a un precio promedio por tonelada, se obtienen ventas de $ 466.365 para el año 2006 y $ 811.527 para el 2007. Teniendo en cuenta las entregas de cereales efectuadas por este proveedor y los rindes promedios para cada cultivo, debió explotar una extensión aproximada de 267 hectáreas en el 2006 y 395 en el año 2007. Considerando además que el origen de los granos entregados es proveniente de 16 localidades pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Tucumán y Santa Fe, tendría que ser propietario de campos ubicados en estas localidades o estar arrendándolos, o una combinación de ambas situaciones que totalicen las hectáreas necesarias para la producción.
De la consulta a la base E-fisco, este proveedor no posee registrados inmuebles rurales ni urbanos; no practica retenciones en concepto de arrendamientos rurales; no declara empleados; no registra vehículos ni maquinarias; fue incluida en la base APOC el 7/6/2007 por no tener capacidad económica; en el domicilio declarado funciona un local de venta de golosinas en el que desconocen a la Sra. Farias y con anterioridad existía una inmobiliaria y antes de ésta, una casa de regalos. A su vez, la Dirección Regional La Plata en su informe de 07/2007, con motivo del operativo de control de granos 2007, observó que: 1) Del sistema E-fisco se observa que presenta las DDJJ de IVA desde 10/2006 sin movimiento, no incluyendo débitos ni créditos, y no presenta la ddjj del IG del período 2006; 2) La ddjj del IG del período 2005 arroja un saldo a ingresar de $1.634 que es compensado con el saldo de libre disponibilidad de la ddjj de IVA de 09/2006, compensando también con dicha ddjj los 4 primeros anticipos del IG del año 2006 de $327, con los respectivos intereses.
Las DDJJ de IVA presentadas corresponden al período 07/2005 a 03/2007, arrojando saldo a favor del contribuyente a partir de 09/2005. La ddjj del IBP del período 2006, arroja un saldo a ingresar de $175, mientras que las DDJJ de Seguridad Social están todas presentadas sin movimiento. Se confeccionó papel de trabajo con detalle de los débitos, créditos, retenciones y saldos declarados en las DDJJ de IVA presentadas, observando que las retenciones declaradas coinciden con las informadas y a su vez con los débitos fiscales declarados, ya que en los períodos anteriores a 03/2007, no se encontraba inscripta en el Registro de Operadores de Granos y sufría la retención del 100%. Se detallan las retenciones por operaciones efectuadas en el período 2007 que no fueron declaradas por la Sra.
Farias. 3) Se confeccionó papel de trabajo con detalle de las operaciones según la información obrante en la base de datos de la AFIP correspondiente a retenciones del IVA de los períodos 2005 y 2006. Se cotejaron los totales netos estimados contra los declarados, observando que el período 2005 coincide con lo declarado en la ddjj del IG del período, mientras que en 2006, el proveedor declara ingresos netos inferiores por un importe de $712.522,07; 4) Solicitó con fecha 10/09/2005 facturas tipo B 0001-00000001 al 100 autorizado al 25% con fecha de vencimiento de los comprobantes el 10/03/2006. 5) Se encuentra excluida del Registro de Operadores de Granos desde el 08/06/2007. 6) Se la cargó en la base E-Apoc con fecha 07/06/2007 con la condición “sin capacidad económica”. 7) Desde el Distrito Cañuelas se informó que la Sra.
Farias adquirió un camión Mercedes Benz Chasis con Cabina Modelo L1634 por U$S71.000, señalando que la operación fue realizada por los apoderados Juan José Puerta y Marcelo Alejandro Iribarne, habiendo actuado con sustento en un poder amplio de administración otorgado por escritura pública del 24/05/2007 por ante la escribana Alicia Susana Ferrari de la Ciudad de Madero, Partido de La Matanza, coincidiendo la fecha de la compra del camión con la fecha de la escritura. Constituido el Sr. Iribarne en la sede de la Administración, informó que desconoce a la Sra. Cristina Estela Farias, que nunca actuó como apoderado de ella, que desconoce a la escribana Ferrari y a la escritura de fecha 24/05/2007, que conoce al Sr.
Juan José Puerta desde el año 2003 quien fue dueño de una agencia en Rosario a la cual le compraba autos. Informó que hace tiempo no lo ve, pero aportó su número telefónico. Sin embargo, la apoderada de MBA informó con relación a las operaciones celebradas con la Sra. Farias que no existen evidencias de haber actuado por intermedio de apoderados.
2. Moreno, Ireneo Lorenzo Domingo: Las operaciones datan de 01 y 02/2005. Posee como actividad principal el “Cultivo de Soja” desde 08/2004 y como actividad secundaria, la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 08/2004. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripto como “productor” desde 10/2004 hasta el 11/2/2005 en que fue excluido por incorrecta conducta fiscal. Se encuentra cargado en la base E-APOC con fecha 18/1/2006 por no tener capacidad económica. Sólo presentó una ddjj en el IG por el ejercicio 2004, sin movimientos. En el IVA presentó DDJJ desde 08/2004 hasta 03/2005 sin movimiento o con saldo a su favor. Declara 5 automotores adquiridos en 03/2005 que fueron vendidos en forma inmediata y no registra bienes inmuebles. Posee acreditaciones bancarias por $ 5.949.264 en el año 2004, $ 10.309.234 en el año 2005 y $ 19.312.607 en el año 2007. Se constató que el domicilio declarado por el contribuyente es inexistente, dejándose constancia que no existe vivienda alguna con la numeración 501 de la calle Tucumán en la localidad de Puerto San Martín, provincia de Santa Fe. Se labró acta indicando que la primer numeración visualizada es el nro. 515 que corresponde a una vivienda de características humildes, construida en la esquina de la cuadra, de ladrillos huecos y chapas, con el número pintado en un pilar, lindera por calle Tucumán con una casa que no posee numeración, de revoque blanco y ventanas verdes. Se trata de un barrio marginal, de bajos recursos. En la numeración 515 fueron atendidos por una persona que manifestó desconocer al Sr. Moreno. Tampoco pudo ser localizado el Sr. Moreno en los domicilios alternativos. Del informe de la División Fiscalización Nro. 3 de la Dirección Regional Rosario 1 surge que en el marco de la verificación practicada a la firma Maypun SA -cuyas operaciones fueron impugnadas en la OI 258.157-, se constató que el Sr. Moreno figura como apoderado de la misma y de acuerdo con las manifestaciones vertidas por los hermanos Mónica Marco y Carlos Javier Marco, presidente y director suplente de Maypun SA, el Sr. Ireneo L. D. Moreno es su primo, el cual no es empresario, ni vende cereales, desconociendo su actual paradero.
3. Granero, Jorge Mario: Las operaciones datan de 01, 03 y 04/2007. Posee como actividad “Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas ncp” desde 01/1999 y “Transporte automotor de carga” desde 09/2008. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripto como “productor” hasta el 17/5/2008, fecha en la que el propio Sr. Granero solicitó la baja; fue incluido en la base APOC el 9/12/2008 por no tener capacidad económica. Según sus propias declaraciones, sólo reconoce las operaciones con la firma Gotte SA, que su actividad se encuentra limitada por la extensión de tierras que explota (180 has.) con una cosecha anual de 3.600 quintales, que arrienda un inmueble a la firma Cimafer SA. Afirmó que en una oportunidad firmó en un bar en la ciudad de Rosario una documentación a un Sr. llamado Antonio Astrada, para un préstamo que le iba a otorgar la Mutual de Ingresos Públicos, debido a que se encontraba atravesando una mala situación económica por problemas de salud que le impedían trabajar, por lo que obtuvo $1.500 de anticipo de préstamo en esa oportunidad y que con posterioridad no volvió a ver al Sr. Astrada, ni a recibir dinero suyo. De las actuaciones de la División Investigación en su informe del 10/10/2008 surge -entre otras cosas- que de la documentación recibida de Nidera SA, se observa al Sr. Astrada firmando en calidad de apoderado las operaciones efectuadas a nombre del Sr. Granero, quedando manifiesta la intención de aquél, en cuanto a la utilización de éste para comercializar cereal de origen marginal. Asimismo, el Sr. Granero declaró que su actividad cesó en 05/2008; no se observan diferencias entre lo declarado por el Sr. Granero y la firma Gotte SA, registra acreditaciones bancarias bajas, salvo en el ejercicio 2007 que fueron de $ 722.251, mayores a las ventas brutas declaradas; no posee bienes registrables ni empleados declarados; conforme las cartas de porte debería explotar unas 1.500 has. aprox.
4. Rattalino, José Miguel: Las operaciones datan de 01 y 02/2006. Posee como actividad principal el “Cultivo de soja, de maíz y cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche-” desde 01/2002 y en “Servicios de comunicación por medios de teléfono, telégrafo y télex” desde 09/2004; y a partir de 12/2005 declara la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales y el cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas NCP”. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripto como “productor” hasta el 26/4/2006 en que fue excluido por incorrecta conducta fiscal. Fue cargado en la base APOC el 28/03/2006 por resistencia a la fiscalización.
Del informe de la División Investigación de la Dirección Regional Río Cuarto del 17/03/2006, surge que con fecha 08/03/2006 el Sr. Rattalino manifestó lo siguiente: que sus actividades son el servicio de telefonía pública ofrecido en comodato (instala cabinas de Telecom en distintos tipos de negocios) y es productor agropecuario, para lo cual alquila 200 has., que las tareas de siembra y recolección son efectuadas mediante la contratación de servicios de terceros y que el rinde aproximado de la cosecha 2004/2005 fue de 24 QQ por ha, aclarando que dicha producción fue entregada a la Coop. Agrícola Ganadera de Justiniano Posse Ltda. y Coop. Unión de Justiano Posse Ltda. Asimismo, afirmó que realiza algunas actividades como comisionista en la compra de cereales, operando de la siguiente manera: se comunica con un productor de la zona, acuerda el precio, el cual es pagado al momento de retirar el cereal del campo, con el dinero que le envía el Sr.
Rubén Navarro, conjuntamente con la correspondiente carta de porte para dicha operación, por lo que percibe una comisión del 1,5%, aclarando que “no se efectúan depósitos bancarios, debido a que el dinero se envía en efectivo por parte del Sr. Navarro, con la concurrencia de una tercera persona que se lo trae de Buenos Aires (lugar donde reside el Sr. Navarro), no recordando el nombre de la tercera persona”. Ello así, el fisco infirió que el alquiler de los campos es efectuado para blanquear las operaciones de cereal efectuadas entre productores de la zona y el aludido Sr. Navarro, de la Pcia. Buenos Aires, por lo que se recomendó la pronta exclusión del contribuyente Rattalino del Registro de Operadores de Granos.
Luego, en el informe de la División Investigación de la Dirección Regional Río Cuarto del 13/12/2007, se agregó la siguiente información: 1) Que posee acreditaciones bancarias por $ 3.087.906 en el año 2005 y $ 4.727.772 en el año 2006, que no condicen con los ingresos provenientes de la actividad de las cabinas telefónicas y de las 200 has. que explota, considerando que paga con su producción el alquiler de las mismas. 2) Que registra inmuebles y poseía automóviles; registra presentaciones de DDJJ de IVA y ganancias con saldos a su favor o poco significativos, informándose retenciones y percepciones durante el ejercicio 2006 por $329.068,76; no registra inscripción como empleador.
5. Menica S.A.: La operación data de 10/2005. Posee como actividad principal el “cultivo de soja” y como actividad secundaria, la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 08/2004. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripta como “productor” y como “corredor” hasta el 10/11/2005 y 11/8/2005, respectivamente, habiendo sido excluida por incorrecta conducta fiscal. Se encuentra cargada en la base APOC con detección el 07/03/2008 bajo la condición “sin capacidad económica” por resistencia a la fiscalización. Presentó las DDJJ del IG por los ejercicios 2004, 2005 y 2006 en cero y las de IVA, sin movimiento desde 08/2004 hasta 07/2005; y desde 07/2006 hasta 10/2007.
Declara un empleado en el período 11/2005 hasta 05/2006. No posee inmuebles ni automotores. El Sr. Omar Adolfo Robles, quien fuera presidente de la firma, manifestó en Acta 013 Nro. 0055489 que la empresa fue vendida al Sr. Miguel Angel Kraljevich y a la Sra. Patricia Leonor Martínez con fecha 15/11/2004, entregando toda la documentación relacionada con la sociedad el 21/2/2005. Aclaró que hasta esa fecha no tuvo actividad y por ende nunca compraron cartas de porte. Por su parte, el Sr. Kraljevich manifestó -en acta celebrada el 03/12/2007- que trabajó en relación de dependencia desde 2001 hasta 2005, que no posee bienes muebles, inmuebles, ni cuentas bancarias, afirmó haber firmado unos papeles en el mes de 07/2005 para la Sra.
Patricia Leonor Martínez en un bar, y a los pocos días inscripciones en AFIP, que fue acompañado por la Sra. Martínez quien costeó todos los gastos. Desconoció la firma inserta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nro. 1 de Menica SA del 21/02/2005, en la que se lo designa “accionista presidente”. Asimismo, manifestó que no compró o autorizó la compra de cartas de porte a la Sra. Martínez y/u otra persona a nombre de Menica SA. La inspección actuante se hizo presente en el domicilio del contador que suscribió las DDJJ del IG del ejercicio 2005 presentadas por la empresa, Horacio Pascual Rossi, siendo atendidos por su esposa, Sra. Guala, quien manifestó que su esposo falleció en el año 2003 y que no ejercía la profesión desde hacía mucho tiempo.
Por su parte, el único empleado de la firma, Sr. Facundo Trejo, declaró desconocer a los dueños, que el trato lo tuvo siempre con el Sr. Robles, que trabajó hasta 05/2006, en que presentó la renuncia y que los sueldos eran abonados por Robles en efectivo. La empresa no pudo ser localizada en los distintos domicilios declarados, como así tampoco la Sra. Martínez. Como conclusión, el fisco entendió que se trataría de una empresa tipificada prima facie como “usina” de facturas.
6. Oeste Plásticos S.R.L.: Las operaciones datan de 05, 06, 08 y 09/2006. Posee como actividad principal la “Fabricación de productos plásticos en formas básicas y art. de plástico n.c.p., excepto muebles” desde 01/2001 y, como secundarias, “cultivo de soja, de maíz, de trigo, sorgo granífero y de girasol”, desde 10/2004. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripto como “productor” hasta el 15/11/2006, en que fue excluida por incorrecta conducta fiscal. Fue cargada en la base APOC el 01/06/2007 por falta de capacidad económica. La División Investigación de la Dirección Regional Rosario II señaló en su informe del 31/05/2007, que los débitos fiscales que surgen de las DDJJ son inferiores a los débitos fiscales estimados en función de las retenciones sufridas, por lo que fue excluido del Registro de Operadores de Granos y Legumbres. No fue localizada en los domicilios declarados. Sin embargo, de las declaraciones informativas presentadas por el período 2005, los inspectores actuantes pudieron constatar que uno de los integrantes de la firma era el Sr. Hernán A. Aguirre, por lo que se apersonaron en su domicilio, siendo atendidos por el padre del Sr. Aguirre, quien informó y exhibió documentación de la venta de su participación en la firma, efectuada el 18/8/2004, siendo los adquirentes de las mismas los Sres. Gustavo Zapata y Héctor Martínez. Se constató que los domicilios que surgen del contrato no coinciden con los de las bases de datos del fisco, por lo que se envió F.8600 a sendos domicilios, siendo devueltos con la leyenda “plazo vencido –no reclamado” y “desconocido”. Asimismo, se informa que el Sr. Héctor Martínez no se encuentra inscripto ante la AFIP, no surge información respecto de bienes, acreditaciones, actividad económica, etc. y que el Sr. Gustavo Daniel Zapata fue citado para comparecer a las oficinas de la AFIP, diligencia que fue enviada al domicilio que surgía de las bases del fisco.
7. Corbett Negocios Agropecuarios S.A.: Las operaciones datan de 01/2007. Posee como actividad principal la “venta al por mayor de productos y subproductos de molienda n.c.p.” y como actividades secundarias, la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 10/2006 y el “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.” desde 07/2006. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripto como “productor” hasta el 15/03/2007, en que fue excluida por incorrecta conducta fiscal. Fue cargada en la base APOC el 27/05/2009 por falta de capacidad económica. Se destacó que el Contador Walter Pedro Tallarico es consignado en la ddjj del IG y de los contribuyentes Cereales Quequen SA y Cereales El Paisa SA, vinculadas con la causa 528/08. El titular de la imprenta que figura en las facturas reconoció el trabajo, aclarando que los retiró una persona en representación del Contador Tallarico, siendo uno de los domicilios comerciales indicados en los comprobantes: José Pacheco de Melo 2595 PB A, CABA, que figura además como domicilio fiscal de Enorcue SA, Saul Alberto Nudelman y Ricardo Alberto Terrazolo, todos involucrados en la causa 528/08. Presentó ddjj del IG por el ejercicio 2007 en cero; su contador también resulta ostentar el cargo en otras firmas investigadas por facturación apócrifa; no registra pagos de IVA; no declara empleados; posee acreditaciones bancarias de importancia durante el período 2006 a 2008; no presenta balances en la IGJ; no practica retenciones, pero sí las ha sufrido por importes superiores a los que declara. Se concluyó en que esta empresa no contaría con la capacidad operativa para desarrollar la actividad de producción y tampoco tendría forma de demostrar de dónde obtuvo el cereal vendido.
8. Cueser S.A.: Las operaciones datan de 09/2007. Declara como actividad principal “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 04/2005 y como secundaria, el “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.” desde 09/2005. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripta como “otro” hasta el 17/05/2006. Fue excluida por incorrecta conducta fiscal y cargada en la base APOC el 27/05/2009 por falta de capacidad económica; sus integrantes se encuentran bajo investigación por proveedores APOC, siendo el Sr. Saul Nudelman (presidente en 2005) incluido en la base APOC. Su representante legal, Sr. Roberto Prado, también desempeña la misma función en firmas Cereales Quequén SA, Enorcue S.A., Cereales El Paisa S.A., Agro 28 de Junio SRL, Cónsul Group de 9 de Julio SRL y Plasticolor SA, todas investigadas en la causa 528/08 de facturación apócrifa. Los representantes de la firma no pudieron ser localizados en los domicilios declarados. La imprenta encargada de realizar los trabajos de impresión, también realizó los de Cereales El Paisa SA, Cereales Quequen S.A., Cueser S.A., La Petisa S.A., (E)Norcue S.A., entre otros. Un empleado de la imprenta reconoció las impresiones e informó que fueron retiradas por el Sr. Nudelman. No posee bienes registrables; no presentó ddjj del IG; presentó las de IVA desde 4/2005 hasta 11/2005 sin movimiento y a partir del 12/2005 hasta 10/2006 con una relación débito/crédito de 1, y luego sin movimiento. No declaró personal; no registra pagos; no presentó balances en la IGJ, ni practicó retenciones por alquiler de campos, posee el mismo domicilio fiscal y el mismo representante legal que otras sociedades investigadas por facturación apócrifa, por lo que el fisco concluyó que no se encuadra dentro de parámetros razonables como para considerarla una empresa en marcha y no posee la capacidad operativa para efectuar las operaciones comerciales que dice haber realizado.
9. Dennehy Agroservicios S.A.: Declara como actividad principal la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 10/2006 y como actividades secundarias, el “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.” desde 10/2006 y el “cultivo de trigo” desde 11/2007. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripta como “productor” hasta el 14/2/2007, y luego desde el 9/8/2007 hasta el 7/7/2008, en que fue excluida, en ambos casos por incorrecta conducta fiscal. Fue cargada en la base APOC el 3/11/2008 por falta de capacidad económica. Del legajo de la firma surge un contrato de arrendamiento con la firma Meramar SA, siendo que la misma no posee bienes bajo su titularidad y quien figura como presidente de Dennehy Agroservicios SA resulta ser presidente de Meramar SA, Sra. Delia Sonia Martín. No pudo ser localizada en los domicilios declarados al igual que el Sr. Oscar Rafael Fons -director suplente-. No posee bienes registrables bajo su titularidad. Presentó DDJJ del IG por los ejercicios 2007 y 2008, éste último con ingresos de gran envergadura; presentó las DDJJ de IVA en cero por los años 2006 y 2007; y con un ratio débito/crédito de 1,69 en el año 2008; no se registra pagos de IVA, y en 09/2007 generó un saldo de libre disponibilidad considerable, aplicado al pago del IG del ejercicio 2008. No declara empleados; registra acreditaciones bancarias desde 12/2007 a 12/2008; no presenta balances en la IGJ. Ello así, se concluyó que la empresa no muestra signos de una empresa en marcha a la fecha del ajuste, observando no poseer la suficiente capacidad operativa para realizar las operaciones declaradas.
10. Enorcue S.A.: Las operaciones datan de 02/2007. Declara como actividad principal la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 11/2005 y como actividad secundaria el “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.” desde 01/2007. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripta como “otro” hasta el 15/05/2007, en que fue excluida por incorrecta conducta fiscal. Fue cargada en la base APOC el 27/05/2009 por falta de capacidad económica. Según la consulta al Boletín Oficial, el Sr. Norberto Javier Gabilondo es el presidente del directorio quien desconoció a la firma en cuestión y de las tareas periféricas efectuadas, se pudo conocer que la actividad que desarrolla es la de prestar el servicio de mandados a través de un ciclomotor y que vive en el Barrio Mercantil donde se aprecian viviendas humildes de igual características y construcción. La imprenta que surge de los comprobantes emitidos no pudo ser localizada en el domicilio denunciado. El contador y el domicilio fiscal coinciden con los de otros proveedores cuestionados (Eduardo Abel Hidalgo, Corbett Negocios Agropecuarios S.A.; Saul Alberto Nudelman; Ricardo Alberto Terrazolo; Cereales Quequen S.A. y Cueser S.A.). Asimismo, se constató que no posee bienes registrables, que presentó las DDJJ del IG desde 2005 hasta 2006 sin exteriorizar ingresos, que presentó las DDJJ de IVA desde 11/2005 hasta 12/2008 con relación débito/crédito baja o cero, no registra pagos de IVA o ganancias; no declara empleados; posee acreditaciones bancarias por el período 2006 a 2008; no presentó balances en la IGJ; no posee bienes registrables, ni la empresa ni el Sr. Gabilondo; no ha realizado ni ha sido sujeto de retenciones. Ello así, el fisco concluyó en que no muestra signos de una empresa en marcha, observando no poseer la suficiente capacidad operativa para realizar las operaciones declaradas.
11. Hidalgo, Eduardo Abel: Las operaciones datan de 02 y 05/2007. Declara como actividad principal la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde el 09/2006 y como actividad secundaria el “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.”, desde el 02/2007. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripto como “otro” hasta el 15/06/2007, fecha en la que fue excluido por incorrecta conducta fiscal. Fue cargado en la base APOC el 03/05/2007 por falta de capacidad económica. No pudo ser localizado en los domicilios declarados ni cumplió con los requerimientos que se le cursaron. No registra pagos en el IVA e IG. No declara empleados. Solo presentó la ddjj del IG del ejercicio 2006 con ingresos de cuarta categoría y presentó las DDJJ de IVA sin movimientos o con abultados saldos a su favor hasta 09/2007. No posee automotores ni maquinaria agrícola. Aparentemente, compró 4 tractores/camiones Mercedes Benz que fueron vendidos al mes o mes y medio de la adquisición (entre 04 y 08 de 2007). Posee el 50% de una propiedad ubicada en la localidad de Bragado valuada en $40.327, pero no se corresponde a un inmueble rural. El titular de una de las imprentas circularizadas reconoció el trabajo realizado aportando los datos correspondientes, pero no supo dar detalles de quién lo encargó, habiendo percibido el importe del trabajo en efectivo y sin entregar factura. Del informe del 28/04/2009 de la División Fiscalización Nro. 4 de la Dirección Regional Microcentro surge que el Sr. Hidalgo adquirió varios rodados que fueron vendidos entre 30 y 60 días después de la fecha de compra, dejándose constancia que no posee capacidad económica declarada para realizar la compra de dichos bienes. Por los motivos expuestos es que se concluyó que no presenta indicios de poseer capacidad operativa para realizar las operaciones que dice haber realizado.
12. La Petisa S.A.: Las operaciones datan de 08 y 09/2005. Declara como actividad principal la de “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.” desde 03/2005 y como secundaria “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde el 09/2005. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y Legumbres se encuentra inscripta como “productor” hasta el 13/10/2005, fecha en la que fue excluida por incorrecta conducta fiscal. Fue incluida en la base APOC el 28/11/2008 por falta de capacidad económica. Según acta constitutiva del 20/11/2004, surgen como integrantes de la sociedad, el Sr. Andrés G. Capurro (presidente) y la Sra. Elba Inés Puppo, quienes con fecha 22/07/2005 venden las acciones a los Sres.
Héctor Darío Ovieta (presidente) y José Rodolfo Canonge (director suplente), realizando el cambio de domicilio fiscal a la calle San Martín 201, piso 4, dpto. 19, CABA. Con relación a la circularización a los domicilios de los directores, surge que se concurrió al domicilio denunciado por el Sr. Ovieta, constatándose que el mismo es inexistente y en el denunciado por el Sr. Capurro -quien vive allí- no se obtuvo información relacionada con la actividad de la firma. Del informe de fecha 23/11/2007 de la División Investigación de la Dirección Regional Microcentro surge que se labró requerimiento a la firma que fue recepcionado por el Sr. Alejandro Juan Serovic en el domicilio último de la calle San Martín y una vez operado el vencimiento, presentó F. 8400 informando que no hay nadie de la firma en el lugar, que la misma ya no tiene ese domicilio, que desconoce el actual y que no tiene ninguna vinculación con la empresa.
Registra alta en el IVA y en IG desde 03/2005 y los débitos fiscales declarados son inferiores a los estimados en función de las retenciones de IVA sufridas. No presentó ddjj del IG ni de IBP - participaciones societarias-. El encargado de la imprenta donde se realizaron los trabajos de impresión de los comprobantes, reconoció el trabajo y que su director, Sr. Ovieta, fue quien lo encargó. No pudo ser localizada en los domicilios denunciados; no posee bienes registrables; no ha presentado DDJJ de ganancias; presentó DDJJ de IVA con saldos a pagar siempre cancelados con retenciones; no registra pagos en IVA ni ganancias; no declara empleados; en el año 2006 posee acreditaciones bancarias pero no declara ingresos; no ha presentado balance en IGJ; no se detectaron retenciones practicadas.
Se advirtió que la firma analizada se relaciona con -entre otras- Cueser S.A., incluida en la causa 528/208 y posee el mismo domicilio fiscal que Cereales Quequen S.A. (calle San Martín 201, CABA).
13. Cereales Quequen S.A.: Las operaciones datan de 01/2006. Declara como actividad principal la “venta al por mayor en comisión o consignación de cereales” desde 08/2005 y como secundarias el “cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p.” desde 12/2005 y la “venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p.” desde 11/2006. En el Registro Fiscal de Operadores de Granos y legumbres se encuentra inscripta como “otro” hasta el 17/5/2006, fecha en la que fue excluida por incorrecta conducta fiscal. Fue cargada en la base APOC el 30/10/2007 por falta de capacidad económica. Si bien no presenta información al Régimen de Información de la RG 4120, se verificó de la consulta a sistemas tributarios la existencia de los integrantes de la sociedad: Diego Gabriel Sánchez (presidente) y José Francisco Etcheverry (director titular).
El 06/03/2009 se labró acta en el domicilio de la calle San Martín 201, piso 4, depto 19, CABA perteneciente al domicilio fiscal del Sr. Etcheverry, manifestando el encargado del edificio que el Sr. Etcheverry figuraba en dicha oficina como integrante de Cueser S.R.L. y que nunca escuchó nombrar a Cereales Quequén SA, agregando que el propietario del piso 4, 19 es la sociedad “El Corte Inglés SA” que actualmente funciona en el piso 4, 8. Se concurrió a dicho piso donde la vicepresidente de esta última firma, Sra. Dambsky, afirmó que el piso 4, 19 está arrendado por el Sr. Carlos Alberto González y que el Sr. Etcheverry firmaba el contrato de alquiler en representación de (E)Norcue S.A. Con fecha 10/03/2009 se labró acta en el domicilio fiscal perteneciente al Sr.
Sánchez, no siendo éste ni la sociedad localizados en el mismo. El Sr. Raúl Guillermo Balmaceda, empleado de la imprenta que figura en los comprobantes, reconoció los trabajos de impresión para Cereales Quequén SA y que fueron encargados por el Sr. Diego Sánchez. De los informes de la División Investigación de la Dirección Regional Norte -Exclusión del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas y del de la División Fiscalización Nro. 4 de la Dirección Regional Microcentro (22/04/2009) se desprende que la firma: a) No aportó documentación para la verificación de sus débitos y créditos; b) Sus proveedores se encuentran en su mayoría observados por APOC; c) El director de la firma, José Francisco Etcheverry, es también presidente de la firma (E)Norcue S.A., socio de la firma La Esperanza SH y de Los Charitos de Etcheverry José Francisco e Irizabal Horacio, la última excluida del registro fiscal de operadores, d) No pudo ser localizada en ninguno de los domicilios fiscal ni alternativos de la empresa ni de sus integrantes; e) Existe una reiterada maniobra de la sociedad y sus integrantes tendiente a dificultar su localización, como ser constantes cambios de domicilios y presentación de documentación adulterada, f) No posee bienes registrables; g) Presentó ddjj del IG por el ejercicio 2005, no exteriorizando ingresos; h) Presentó DDJJ de IVA desde 08/2005 hasta 04/2007, siendo en el año 2006 la relación débito/crédito similar a 1; i) No registra pagos de IVA ni IG, sí registra pagos de regímenes de Seguridad Social, por el período 2006 de escasa significatividad, j) Posee acreditaciones bancarias de gran envergadura por el período 2006 a 2008; k) No presentó balances en la IGJ; l) Sus integrantes no poseen solvencia patrimonial, no han sido localizados, además de ser integrantes de otras empresas involucradas en la causa 528/08 y estar uno de ellos incluido en la base APOC del organismo, m) Realizó y fue sujeto de retenciones por importes elevados.
En suma, el organismo recaudador concluyó que se trata de una empresa que no posee suficiente capacidad económica para realizar las operaciones que dice haber efectuado, por lo que no existen motivos para revertir el carácter de entidad funcional a la emisión de facturas apócrifas que oportunamente le asignara.
En resumen, en forma general, los proveedores impugnados no pudieron ser localizados en sus domicilios; no han acreditado suficiente capacidad operativa; no poseen bienes; existen declaraciones por parte de terceros no reconociendo las firmas u operaciones impugnadas; pese a que formalmente respecto de algunas presentaron las DDJJ, las mismas no guardan relación con las operaciones cuestionadas; no registran inscripción como empleador; generalmente no se registran pagos en el IVA; varios proveedores de los impugnados se encuentran relacionados -mismo contador, mismo domicilio, misma imprenta-; se encuentran excluidos del RFOG por inconducta fiscal; de las circularizaciones a los propietarios o directores de las firmas manifiestan no haber realizado las operaciones, etc.
Por ello, el fisco concluyó que los proveedores cuestionados en los presentes actuados no son más que figuras interpuestas para disminuir la carga fiscal que le correspondió soportar a la apelante, al verse beneficiada por las particularidades del régimen establecido por la RG 1934/02.
VII. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros); ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
Resulta válido recordar que las transacciones se realizaron bajo la normativa de la RG 1394/02, la cual estableció un régimen de retención del IVA aplicable a las operaciones de comercialización de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas-. El art. 6 dispuso que dicho régimen de retención no sería aplicable cuando el pago por la compra de insumos y bienes de capital, y/o por la prestación de locaciones y servicios, se efectúe con la entrega de esos productos, es decir en especie.
Asimismo, la citada resolución reglamentó el funcionamiento del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas, así como un régimen especial de pago del gravamen a los fines del cómputo de las deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios y determinó que las operaciones primarias de compraventa de granos deberán estar formalizadas mediante los formularios C1116/B y C1116/C, que servirán de soporte documental de las mismas.
Dicho ello, corresponde ya anticipadamente ceñir la discusión de autos, para lo cual resulta imprescindible establecer los puntos sobre los que no existe controversia entre las partes, a saber:
1. que MBA efectuó operaciones de venta de unidades mediante la modalidad denominada “plan canje de cereales”;
2. la forma en que se instrumentó dicha modalidad, cuya operatoria fue detallada más arriba;
3. la real existencia de tales operaciones y los bienes intercambiados: cereales y oleaginosas por un lado, y vehículos automotor por el otro; la entrega de los mismos y los precios pactados;
4. la instrumentación formal de la operatoria y su debida registración contable, 5. la real existencia e intervención de dos de los tres sujetos de la operatoria: LDC y la actora. En conclusión, lo que se encuentra discutido es si la venta de cereal y/u oleaginosas efectuada por los proveedores cuestionados –a la vez compradores de los vehículos de la actora-, fue realizada efectivamente por tales sujetos o por terceros desconocidos.
En este sentido, en definitiva, encuentro que más allá del régimen especial denominado “plan canje cereal” en el que se desarrolló la operatoria, la cuestión versa sobre presunta facturación apócrifa; y el ajuste fiscal se basa únicamente en desconocer el “crédito fiscal” con origen en las facturas de los proveedores cuestionados; no existiendo ajuste en relación al impuesto a las ganancias (deducción del gasto), ni al impuesto especial a las salidas no documentadas. Tengo para mí entonces, que resulta inocuo en el análisis de la cuestión debatida que se trate de un régimen excepcional; porque, después de todo, la existencia de facturación apócrifa no genera nunca derecho al cómputo del crédito fiscal con origen en ellas, más allá del régimen de que se trate.
VIII. Que corresponde señalar que el art. 12 de la ley del IVA (LIVA t.o. en 1997 y sus modif.) establece que para que el crédito fiscal se genere deben configurarse los siguientes requisitos: a) que el crédito fiscal sea imputable al período fiscal que se liquida, b) que surja de una factura o documento equivalente válido, c) que se compute hasta el límite de aplicar el importe de la compra, importación, locación o prestación de servicio, la alícuota del impuesto, d) que se vincule con operaciones gravadas y, e) que “En todos los casos,…hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...”.
Al respecto, la CSJN tiene dicho que: “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso- de los vendedores de los bienes,…” (Fallos 338:169, considerando 9°). Dicho ello, corresponde entonces evaluar las pruebas rendidas en autos, recordando nuevamente que la discusión no versa sobre la verdadera existencia de las operaciones –cuya efectiva realización no se encuentra controvertida (vide pág.80 de la resolución apelada)- sino quien efectivamente las realizó con la actora: si los proveedores que figuran en las facturas cuestionadas o terceros desconocidos; es decir, quienes fueron los verdaderos realizadores de los hechos imponibles que podrían generar el derecho al cómputo del crédito fiscal por parte de la apelante. Al respecto, debo recordar en este sentido que correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente tales hechos (cfme. art. 377 del CPCCN), contrarrestando de tal manera las conclusiones a las que arribó el fisco respecto de cada proveedor impugnado.
En la pericia contable -fs. 286/311 y anexos 239/285- ambos peritos concuerdan que las operaciones de compra de cereales y oleaginosas detalladas en la resolución apelada se encuentran registradas en el libro Diario de MBA y respaldadas por la correspondiente documentación comercial exigible para este tipo de operaciones. Aclaran luego que para ello se observó: facturas A y formularios C1116/A -detallan las condiciones de entrega, identificando al depositario y depositante del cereal, tipo de grano, cantidad, calidad, lugar y fecha de la entrega-, C1116/B -detallan los datos del comprador, vendedor, mercadería entregada con referencia a los certificados de depósito transferible relacionados, importe bruto, IVA, forma de pago, retenciones y otras deducciones- y C1116/C -detallan condiciones de entrega, tipo de grano, cantidad, calidad, lugar y fecha de entrega-, todos ellos impresos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación -puntos “b” y “c”-.
Asimismo, en el punto “d” informan que las adquisiciones de cereales y oleaginosas fueron canceladas mediante la entrega de unidades automotores facturadas por MBA y en el punto “g” detallaron que en todos los casos existen facturas de concesionarios por comisiones correspondientes al canje de unidades automotores por cereales u oleaginosas. Indican también, que los cereales adquiridos fueron vendidos en su totalidad a LDC, habiendo MBA registrado las operaciones en sus libros contables. Asimismo informan que LDC facturó sus honorarios por los servicios prestados en relación a la administración de canjes de unidades automotores por cereales y/o oleaginosas, encontrándose registradas en la contabilidad de MBA -puntos “h” e “i”-.
Luego, en los incisos “i” y “ii” del punto “k” detallan las fechas de las operaciones realizadas con cada uno de los proveedores impugnados y su inclusión, o baja si existiese, en el RFOG, de lo que se desprende que al momento de realizarse las operaciones en cuestión, sólo 1 -Moreno Ireneo Lorenzo Domingo- presenta la baja en el mismo mes en que se celebró la última operación con la actora, el resto de ellos se encontraban inscriptos en dicho registro al momento de operar. Por último, en el inciso “iii” detallan las fechas de inclusión y publicación en la base apoc, de lo que surge que sólo dos operaciones realizadas con el proveedor Eduardo Abel Hidalgo se realizaron en el mismo mes en que se publicó el listado, para el resto de las operaciones, ninguno de los proveedores se encontraba en la base publicada a la fecha de la operación.
Tal como se observa, la pericia contable demuestra la debida instrumentación formal de las operaciones cuestionadas, pero no aporta ningún dato relevante que resulte demostrativo de que fueron efectivamente esos proveedores y no otros los que realizaron tales operaciones. En efecto, no encuentro en la prueba pericial contable ninguna información que controvierta las conclusiones a las que arribó el fisco -en cuanto a ese punto- en su tarea fiscalizadora.
En cuanto a la prueba informativa corresponde idéntica conclusión. En efecto, de la respuesta dada por LDC -fs. 190/217- surge que dicha firma coincide en cuanto a la operatoria descripta por la recurrente, confirma que cobraba una comisión por la prestación del servicio de administración y liquidación; y acompaña como anexos un detalle de las operaciones. Por su parte, la ONCCA -fs. 334/335- acompañó un CD con el detalle del registro de operaciones realizadas por la recurrente con los proveedores en cuestión, donde se hacen constar los datos del proveedor, de la cantidad de cereal vendida, carga y descarga del mismo, datos del transportista, número de carta de porte, etc.
Esta prueba arrima elementos demostrativos de la real existencia de las operaciones y de la entrega del cereal, ambas cuestiones NO discutidas en autos, pero no aporta nada en punto a demostrar que fueron los proveedores que figuran en las facturas los reales vendedores de los cereales a la actora. En el desarrollo de la causa, tanto en instancia administrativa como en sede de este Tribunal, no encuentro elementos probatorios que contradigan los resultados de las fiscalizaciones y tareas investigativas realizadas por el fisco y detalladas más arriba, en cuanto a que no fueron los proveedores que constan en las facturas cuestionadas, los verdaderos vendedores de los cereales. Adviértase que por lo particular de la operatoria, los mismos proveedores cuestionados que le habrían vendido el cereal a la actora –instrumentada mediante la emisión de las facturas cuestionadas y los formularios C1116/A, B y C- son los mismos que, a su vez, adquirieron los vehículos vendidos por la misma actora –instrumentado mediante las facturas de venta emitidas por ésta-, quienes, posteriormente, cedieron dichas facturas a concesionarios exclusivos de la marca MBA. Dicha circunstancia haría presumir, con cierto grado de verosimilitud, que como consecuencia de ello, MBA tuvo más contacto y pudo haber conocido mejor con quien llevaba a cabo la operatoria, ya que no solo recibió de éstos las facturas de venta del cereal y el cereal (si bien entregado directamente a LDC), sino que además, les emitió las facturas por la compra de los vehículos, y como si fuera poco, en muchos casos dichos vehículos terminaron en las agencias concesionarias exclusivas de la apelante. Sin embargo, a pesar de ello, la actora no ofreció ninguna prueba tendiente a ubicar a tales sujetos (proveedores) con el fin de que declaren, testifiquen, aporten documentación o elementos, reconozcan haber sido ellos los verdaderos proveedores, etc.; siendo que contaba con amplias posibilidades en sede de este Tribunal. Ni siquiera ofreció informativa a sus concesionarias para que aporten elementos vinculados a ellos, teniendo en cuenta que fueron dichas concesionarias –exclusivas de la marca- quienes recibieron los vehículos para su posterior venta.
Por todo lo expuesto, y considerando que la actora no logró rebatir con prueba fehaciente las conclusiones a las que arribó el fisco y que fueron fundamento de la resolución apelada; es decir, que las operaciones fueron realizadas con los proveedores que figuran en las facturas impugnadas, corresponde confirmar la resolución recurrida, con costas.
Finalmente, debo señalar que no desconozco la sentencia dictada en fecha 5/05/2022 por la Sala “D” de este Tribunal, homónima a la presente (pero N° 33.483-I), que sobre la base de hechos similares a los aquí analizados resolvió por mayoría revocar la resolución allí discutida; pero las consideraciones efectuadas a lo largo del presente me convencen de arribar a la decisión opuesta. Tampoco desconozco que dicho decisorio fue revocado por la CACAF en la reciente sentencia de fecha 5/10/2023.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE
Confirmar la Res. 105/2011, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.12.13 16:57:48 -03:00 Date: 2023.12.14 11:43:08 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.14 11:43:09 -03:00
Fin de la sentencia