Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 33.483-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Reolución N° 53/2009, con costas.
2Regular los honorarios del Contador Público Saúl Alfredo Torres en la suma de $ 1.021.842, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en la primera y segunda etapa procesal en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y en la suma de $1.991.153, equivalente a 267,67 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en la última etapa procesal en el carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3Regular los honorarios de la Contadora Pública María Belcastro en la suma de $ $298.590 a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta de la actora teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-44544577-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 5 de Mayo de 2022 Argentina SA) s/ apelación”. Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 33.483-I caratulado “Daimler Chrysler Argentina SA (hoy Mercedes Benz Argentina SA) s/ apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Que a fs. 70/95 Daimler Chrysler Argentina S.A. (hoy Mercedes Benz Argentina S.A.), en adelante MBA, interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°53/2009 dictada el 26 de noviembre de 2009 por la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero de 2004 a noviembre de 2006, disminuyendo los saldos técnicos a favor y los de libre disponibilidad declarados en dichos periodos por $9.953.002,62.
Relata que en dichos periodos efectuó operaciones a través del denominado “Plan Canje de Cereales” bajo el régimen del art. 6° de la RG (AFIP) N°1394/02, que consistía en la venta de automotores a productores de granos, quienes cancelaban la operación con cereales y oleaginosas. Es decir que, según explica, existía en realidad una permuta consistente en la entrega de cereales por parte del adquirente a cambio de una unidad, todo lo cual se llevaba a cabo con la intervención de un concesionario, que recibía una comisión por su servicio.
Señala que como carecía de experiencia en la comercialización de cereales y oleaginosas, así como del espacio para acopiar cereales, acordó con SACEIF Louis Dreyfus y Cia Ltda (LDC) que el adquirente del vehículo entregaría los granos en las dependencias de dicha firma, la que los recibiría por cuenta y orden de MBA, para luego comercializarlos pagando a ésta el valor de los mismos. A su vez, continúa, MBA facturaba la unidad a nombre del usuario final y confeccionaba el formulario C1116/B de adquisición de cereales y oleaginosas, salvo en los casos en que se trataba de un acopiador, en los que emitía factura y, por último, el concesionario facturaba y cobraba a MBA la comisión convenida por su participación en la operación de permuta.
Manifiesta que como consecuencia de las verificaciones realizadas tanto a MBA como a uno de sus concesionarios, el Fisco Nacional recabó información de contribuyentes que habían adquirido automotores a través del “Plan Canje de Cereal” y concluyó que algunos de ellos no tenían capacidad económica para efectuar tales operaciones, por lo que impugnó los créditos fiscales computados calificando a las operaciones como ficticias, realizadas por “interpósitas personas”. Afirma que el carácter ficticio de las operaciones no puede basarse en presunciones, sino que el organismo fiscal debe acreditar sobre la base de hechos y pruebas concretas tal circunstancia, lo que, según dice, no ha sucedido en el caso y señala que de las actuaciones administrativas se desprenden importantes errores e inconsistencias al valorar los indicios que sirvieron de base a la estimación. Sostiene que, sin perjuicio de ello, le corresponde a dicho ente efectuar los controles correspondientes para evitar supuestas maniobras de evasión, por las que no puede hacer responsable a MBA pues resulta ajena a cualquier situación irregular que pudiera haber ocurrido respecto de contribuyentes ajenos a ella.
Por último, ofrece prueba y solicita que, por las razones invocadas, se revoque la Resolución apelada, con costas.
A fs. 113/136 contesta el recurso la representación fiscal, quien por los argumentos que expone solicita se lo rechace, con costas.
A fs.145 se abre la causa a prueba, cuyos resultados obran agregados hasta fs.357, en que se clausura y se elevan los autos a la Sala. A fs. 359 se pusieron los autos para alegar, obrando los respectivos alegatos de la recurrente y del Fisco Nacional a fs. 366/378 y 381/385.
A fs. 385 se hizo saber a las partes que en virtud de los decretos 281/18 y 286/18 publicados en el Boletín Oficial el 9 de abril de 2018, esta Sala quedó integrada por quien suscribe como Vocal Titular de esta Vocalía y por los Dres. Edith Viviana Gómez, Vocal Titular de la 10° Nom. y Daniel Alejandro Martín, Vocal Titular de la 12° Nom. y se llamaron los autos a sentencia.
II. Que según se desprende de los Considerandos de la Resolución en los que se reproducen las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, el ajuste en ella notificado se originó en la fiscalización efectuada a MBA -cuya actividad principal es la fabricación de vehículos automotores- en el impuesto al valor agregado declarado en los periodos fiscales enero de 2004 a noviembre de 2006, durante los cuales había comercializado vehículos a través de la modalidad de canje de cereal, en el curso del cual detectó una serie de inconsistencias en relación a determinados proveedores de cereal -Ricardo Daniel Flores, Prato Cereales SA, Mugliotti Miguel Antonio, Gre-Go SRL, Alejandro Gabriel Castelli, Maypun SA, Aquilino Martinez, Daniel Mario Batista, Klimar SA, Aras del Sur, Rho Walter José, Miguel Angel Delgado y Martínez Gustavo Héctor-, que la llevaron a concluir en su inexistencia y, por ende, a impugnar los créditos fiscales computados por operaciones con las mismas.
III. Vale aclarar que las transacciones no se hicieron al amparo de un régimen específico cuyo objeto fuera establecer planes especiales de canje de cereal, sino bajo la normativa de la RG (AFIP) N°1394/02, cuyo art. 1° estableció un régimen de retención del impuesto al valor agregado en operaciones de compraventa de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas, mientras que su art. 6°, a su vez, dispuso que dicho régimen de retención no sería aplicable cuando el pago por la compra de insumos y bienes de capital, y/o por la prestación de locaciones y servicios, se efectuara con la entrega de esos productos, es decir en especie. Asimismo, la citada Resolución reglamenta el funcionamiento del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas, así como un régimen especial de pago del gravamen, y establece que las operaciones primarias de compraventa de granos deberán estar formalizadas mediante los formularios C1116/B y C1116/C, que servirán de soporte documental de las mismas. Que cabe también dejar sentado que no existe controversia respecto de que MBA efectuó operaciones de compraventa de unidades mediante la modalidad denominada “plan canje de cereales”, es así que ambas partes concuerdan en que la operatoria, tal como se describe en la propia Resolución apelada, era la siguiente:
1. Entre MBA y un productor/acopiador de cereales se convenía una permuta en la que MBA entregaba un automotor y el productor, cereales por el mismo valor que el vehículo recibido.
2. Los cereales se entregaban en las instalaciones de Louis Dreyfus y Cía Ltda, que los recibía por cuenta y orden de MBA.
3. MBA entregaba la unidad al productor a través de un concesionario comisionista.
4. MBA facturaba la unidad a nombre del productor y confeccionaba el formulario 1116/B correspondiente a la adquisición de los cereales.
5. MBA vendía los cereales a Louis Dreyfus y Cía Ltda, que depositaba el líquido producto en cuentas bancarias de la empresa automotriz. 6) En algunos casos, con posterioridad, los productores cedían la factura de venta del automotor al concesionario, que lo comercializaba a otros destinatarios. Que, como se dijo, la impugnación del Fisco no recayó sobre la operatoria descripta ni sobre la documentación con la que se respaldó, sino que consistió en considerar que 13 de los productores intervinientes en las referidas permutas fueron interpósitas personas, esto es, sujetos que ocultaron el verdadero origen del cereal.
En efecto, en el acto recurrido se detallan las irregularidades detectadas en relación a cada uno de los proveedores impugnados, por lo que allí corresponde remitirse en mérito a la brevedad, aunque cabe enunciar, a modo de ejemplo, algunas circunstancias coincidentes en muchos de ellos que sirvieron de indicios al Fisco Nacional para sustentar su postura, tales como: la imposibilidad de ubicarlos en los domicilios oportunamente declarados ante el organismo fiscal, la falta de presentación o presentación “sin movimiento” de declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias y al valor agregado por los periodos en discusión, falta de registro de alta como empleadores, falta de aporte de escrituras de compra de automotores e inmuebles rurales, falta de documentación relativa al arrendamiento inmuebles y, en algunos casos, exclusión del Registro de Operadores de Granos y falta de coincidencia entre la actividad declarada y las operaciones efectuadas.
Que como consecuencia de todo ello, el organismo fiscal concluyó que las operaciones de canje se habían perfeccionado “…en cabeza de interpósita persona, cuya característica saliente es la insolvencia y carencia de capacidad contributiva” y consideró “…que la documentación que respalda la operación no refleja la realidad económica de la misma, pues opera como vendedor un sujeto ficticio”. Por lo que cabe merituar la prueba aportada por la recurrente en autos, puesto que a ella corresponde probar la real existencia de las operaciones con dichos proveedores, porque así se encuentra diseñado en proceso en la ley 11683, corolario del régimen de autodeclaración de la obligación tributaria que rige en el orden nacional.
Que en la pericia contable producida en autos, agregada a fs 323/329 -y anexos de fs.212/322- ambos peritos informan que las operaciones de compra de cereales y oleaginosas detalladas en la Resolución apelada se encuentran asentadas en los registros contables de la recurrente y respaldadas por las correspondientes facturas y formularios C1116/A (que detallan las condiciones de entrega, identificando al depositario y depositante del cereal, tipo de grano, cantidad, calidad, lugar y fecha de la entrega), C1116/B ( que detallan los datos de comprador, vendedor, mercadería entregada con referencia a los certificados de depósito transferible relacionados, importe bruto, IVA, forma de pago, retenciones y otras deducciones. Se emiten por el 98,5% de la operación) y C111/C (que detallan los mismos datos y se emiten por el 1,5% restante), todos ellos impresos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y facturas tipo A emitidas por la firma Prato Cereales en su carácter de acopiador de cereales. (v respuestas b) y c) a fs. 323 vta/324 vta).
Informan, asimismo, que las adquisiciones de cereales fueron canceladas mediante la entrega de unidades automotores facturadas por MBA y que la recurrente cumplió con los requisitos de verificar la inclusión del operador en el registro respectivo y constatar que no se encontrara incluido en las nóminas de bajas de la Administración federal de Ingresos Públicos. (v. fs. 324 vta/25). Indican también, que los cereales adquiridos fueron vendidos en su totalidad a Louis Dreyfus y Cia Ltda, habiendo MBA emitido las correspondientes facturas, que se encuentran agregadas al expediente administrativo y registradas en sus libros contables y habiendo a su vez, Louis Dreyfus y Cía Ltda facturado su comisión por la intermediación, en virtud de los contratos de locación de servicios celebrados entre ambas empresas, que los peritos tuvieron a la vista. (v. fs. 325 vta/326). A continuación, detallan las fechas de las últimas operaciones realizadas con cada uno de los proveedores de cereal impugnados, su fecha de inclusión en el Registro de Proveedores de Granos y, en su caso, fecha de baja del mismo, de lo que surge que al momento de realizarse las operaciones en cuestión, 8 de ellos se encontraban inscriptos en dicho Registro a ese momento y 2 presentan la baja un día antes de la última operación celebrada con la actora. En cuanto a la pregunta acerca de si las personas detalladas se encontraban a la fecha de las operaciones en la base APOC, responden que, según las consultas efectuadas a la página Web del organismo fiscal, ninguna de ellas se encontraba publicada en dicha base a esa fecha ( fs. 327 vta/328).
Por otra parte, los peritos manifiestan que existen facturas emitidas por los concesionarios de MBA por su participación en la venta de unidades (v. fs. 325).
En cuanto a la prueba informativa producida, resulta relevante la contestación al oficio dirigido a Louis Dreyfus y Cia Ltda agregada a fs. 173/174, donde dicha firma corrobora la realización de la operatoria descripta por la recurrente y acompaña un CD donde se detalla el listado de descargas de cereal en relación a los proveedores cuestionados. Por su parte, a fs. 194 la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) acompaña un CD con el detalle del registro de operaciones realizadas por la recurrente con los proveedores en cuestión, donde se hacen constar los datos del proveedor, de la cantidad de cereal vendida, carga y descarga del mismo, datos del transportista, número de carta de porte, etc. En cuanto al oficio dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos, el organismo remitió copia de los legajos de los proveedores impugnados, en los que consta su fecha de inscripción en el organismo recaudador, en el Registro de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas y otros datos relacionados con su situación tributaria.
Que a la luz de las probanzas producidas, cabe concluir que los elementos que tuvo en cuenta en Fisco Nacional para impugnar la existencia de las operaciones celebradas con los proveedores impugnados por sí solos no resultan suficientes para basar su pretensión, puesto que la prueba rendida -en especial, la pericial contable en cuya totalidad ambos peritos fueron coincidentes- ha dado como resultado la acreditación de los elementos aportados por la recurrente, por lo que resulta convincente para considerar acreditada la real y efectiva concreción de las operaciones. Que como dijo la Excma Cámara al resolver una cuestión análoga en autos “Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso c/DGI” con fecha 22 de mayo de 2014, “… si bien tal como fue invocado por la Administración el proveedor impugnado fue excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos (con fecha…), ello sucedió con posterioridad a las operaciones en estudio declaradas en los periodos fiscales involucrados. De este modo, tales hechos fueron posteriores a la emisión de las facturas que respaldaban las operaciones cuestionadas, por este motivo la actora no tenía oportunidad de conocer la situación allí plasmada, conclusión que también resulta aplicable respecto de su inclusión en la base E-APOC que data del…” (En el mismo sentido ha resuelto también la Alzada en autos “Atanor SCA c/DGI” del 25 de noviembre de 2014, donde se plantearon cuestiones de hecho de similares características a la de autos).
Con mayor razón si se tiene en cuenta que por las disposiciones de la Resolución General 1394/02, bajo el amparo de las cuales se realizaron las operaciones de autos, en especial, de su art. 6°, la recurrente no estaba obligada a actuar como agente de retención y por lo tanto, a verificar el cumplimiento por parte del operador de granos de los requisitos previstos en art 32 de la misma norma, cuya constatación se pone en cabeza de los esos agentes.
Ello sumado a las especiales características de las operaciones celebradas, en las que intervinieron otros sujetos en el carácter de intermediarios o terceros, tanto para la recepción y posterior venta del cereal dado en pago como para la entrega de las unidades automotores, hacen que no resulte razonable exigir a la actora la responsabilidad de constatar datos que no estaba a su alcance recabar, más allá de las verificaciones formales que efectivamente realizó en los Registros y bases de datos correspondientes, cuyos resultados se detallaron al reseñar las pruebas producidas.
Y es por esas especiales circunstancias que vienen dadas por la modalidad en que se realizaron las operaciones, que en este caso resultan aplicables las conclusiones emitidas por la Sra. Procuradora Fiscal al dictaminar en la causa “Bildown SA c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ordinario” -compartidas por el Alto Tribunal en fallo del 27 de diciembre de 2011- en cuanto a que convalidar en casos como éste el criterio fiscal, “…En primer lugar, equivale a constituir al contribuyente en una suerte de responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros, sin norma legal que así lo establezca. Y, en segundo término, lleva a que el Fisco se vea liberado de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por los contribuyentes, mediante la transferencia de esa responsabilidad hacia un tercero…”.
Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada, con costas.
El Dr. Martín dijo:
I. Que adhiere al considerando I expuesto por la Vocal Instructora.
II. Que en las presentes actuaciones el Fisco Nacional cuestiona el cómputo de créditos fiscales declarados en el Impuesto al Valor Agregado, los cuales son calificados como “apócrifos” y provienen de la adquisición de cereales en el marco de una operación de canje, donde Daimler Chrysler Argentina S.A. (en adelante DCM) entregaba automóviles a cambio de cereales.
Que en el caso bajo trato, no se cuestiona si los granos y cereales fueron recibidos y luego enajenados; sino si el dador formal del crédito fiscal es quien efectivamente realizó la operación. Que ello así, de las actuaciones administrativas se desprende que los proveedores Aquilino Martínez e Hijos, Alejandro Gabriel Castelli, Aras del Sur S.A, Gre-go SRL, Gustavo Hector Martínez, Klimar S.A, Mario Dabiel Batista, Maypun S.A, Miguel Ángel Delgado, Miguel Antonio Mugliotti, Pratto Cereales, Ricardo Daniel Flores y Walter Jose Rho, cerealeras que participaron en la operación de canje no disponen capacidad económica y financiera para operar, toda vez que los mismos han sido excluidos del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de granos y legumbres secas, se encuentran incluidos en la base apoc, muchos de ellos no pudieron ser localizados o desconocen haber realizado transacciones con la actora. No poseen bienes registrables así como tampoco registran el alta como empleador. A su vez, no presentaron las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor a Agregado en los períodos en que comerciaron con DCM.
Que en este orden de ideas, cabe señalar que a fs. 2417 del Cuerpo Principal Nº 13 surge que algunos de los cheques emitidos por Vertrauen Automotores (concesionaria de DCM) a los proveedores Prato Cereales, Alejandro Gabriel Castelli, y Aquilino Martínez e Hijos fueron cobrados por el presidente o un empleado de la concesionaria habiendo incluso tres cheques en blanco cobrados nuevamente por personal de dicha sociedad.
Que los comprobantes detallados a fs. 1638/1678, 1684/1743, 1746/1753, 1764/1800; 1744/1745; 1081/1877 del Cuerpo Principal Nº 9 y 10 de las actuaciones administrativas se desprende que las facturas de venta emitidas por DCM a los proveedores impugnados son al contado y en todas ellas figura un certificado donde el contribuyente cede los derechos a Vertrauen Automotores, hecho que resulta sospechoso cuando proveedores como Mario Daniel Batista desconoce haber realizado operaciones con la actora. Lo mismo sucede con las facturas emitidas a favor del proveedor Miguel Antonio Mugliotti (fs. 729/736 Cuerpo Nº 2 A/A) toda vez que si bien los camiones recibidos por el contribuyente fueron vendidos a la brevedad a diferentes empresas; del relevamiento del subdiario IVA Compras se verifica que existen movimientos con importes muy superiores efectuados a Alberto Pérez y Pedro Trebe, Panlo Leopoldo y Fabricio Fernández; quienes dejaron de operar en el año 2001, y no conocen a Miguel Ángel Mugliotti.
Que respecto del proveedor Prato Cereales, a pesar de que a fs. 1/80 de las actuaciones administrativas surgen las facturas de venta que dicho contribuyente emite a favor de DCM, cabe señalar que atento a lo manifestado en el Informe de Auditoría de la División Selección y Control (fs. 2/8 Primer Cuerpo e A/A), la firma no compró cereal ni imputó los gastos como productor agropecuario de forma tal que justifique el origen del producto canjeado; por ello, luego de la labor desarrollada por el ente fiscal en la etapa de inspección, se verifica que la sociedad no posee respaldo patrimonial y fue creada para evadir impuestos; siendo en consecuencia el nexo de las operaciones de canje de cereal y automotores entre DCM y Vertrauen Automotores. (Operación simulada). Que si bien en los antecedentes administrativos surgen las facturas de venta que DCM emite a los proveedores impugnados (Cuerpo Principal 9 a 12), así como también las facturas que estos últimos realizaron a favor de la actora (Cuerpo Nº 2 de los antecedentes administrativos); cumpliendo ellas los requisitos formales que de estas se desprenden, lo cierto es que esta circunstancia no implica que los proveedores posean capacidad económica y financiera para operar. En efecto, para que una factura posea entidad suficiente para generar un crédito fiscal, debe encontrar sustento en la realidad fáctica de las operaciones, es decir debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, puesto que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
A dicha conclusión es posible arribar por estricta aplicación de lo que la doctrina ha dado en llamar la “concurrencia de los elementos materiales y formales del crédito fiscal”, según la cual “para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal). En tal sentido, la ley del IVA condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo -salvo excepciones no aplicables al caso-, es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo. Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal debe ser facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien este le hubiese sido facturado” (cfr. TFN, Sala A, “Nachon Jorge Héctor c/DGI”, sentencia del 4/02/2013, cita on line Thomson Reuters AP/JUR/775/2013).
Por consiguiente, cabe concluir que del resultado de la inspección efectuada por el Fisco Nacional surge que dichos contribuyentes no poseen capacidad económica y financiera para proveer los bienes que se documentaron. Por lo que, los sujetos involucrados en la operación de canje no son los verdaderos proveedores de los bienes; sino que por el contrario se trata de terceros consumidores que no se permiten identificar y acreditar la existencia del vendedor formal del cereal.
En virtud de lo expuesto, no corresponde el cómputo del crédito fiscal en las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado, por lo que, voto por confirmar la resolución apelada, con costas. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instrutora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Revocar la Reolución N° 53/2009, con costas.
2. Regular los honorarios del Contador Público Saúl Alfredo Torres en la suma de $ 1.021.842, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en la primera y segunda etapa procesal en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y en la suma de $1.991.153, equivalente a 267,67 UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en la última etapa procesal en el carácter de apoderado y patrocinante de la recurrente, teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular los honorarios de la Contadora Pública María Belcastro en la suma de $ $298.590 a cargo del Fisco Nacional, por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta de la actora teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto ley 16.638/57. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.05 14:18:47 -03:00 Date: 2022.05.05 14:19:22 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.05 14:26:34 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.05 14:26:35 -03:00
Fin de la sentencia